Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como señalamos en una columna previa, el 2009 fue el año perdido del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago. En una publicación de la propia Autoridad del Puerto de las Américas (APA), llena de colores y de palabras entusiastas, se menciona que los únicos logros en el año 2009 fueron:
1. Avance en las negociaciones con las entidades interesadas en invertir en el Puerto.
2. Reactivar la adquisición de las grúas Super Post Panamax.
3. Petición de 70 millones en fondos federales “Tiger”.
4. Finalizar el proceso de dragado.
5. Completar las instalaciones de estacionamiento para el manejo de 250 mil contenedores al año.
Los abogados tienen un dicho muy valioso: “admisión de parte relevo de prueba”. De todas estas gestiones, la única que no estaba programada y en proceso desde el año 2008 es la petición de fondos “Tiger”. Ya se publicó en este periódico que la solicitud de fondos se hundió. Esta petitoria estaba abocada a la ruina porque no contaba con planos ni permisos. ¿Cómo se va a adjudicar un dinero a una obra que no se conoce si se puede realizar correctamente y legalmente? Lo que no dice la APA es que este gazapo costó una fortuna en fondos públicos.
El que transcurrieran 14 meses sin que se haya avanzado ni un ápice tiene una explicación concreta. La Autoridad del Puerto de las Américas perdió su razón de ser y se encuentra a la deriva por la falta de liderato y el sectarismo político partidista.
Los primeros ocho meses del año 2009 se invirtieron en una lucha intrapartido entre el Municipio de Ponce y el gobierno central representado por el Sr. José Pérez Riera, Secretario de Desarrollo Económico, quien preside la Junta de la APA. La disputa se circunscribía a quién debía tener el control de la Autoridad. Este control se manifiesta en los nombramientos de los miembros con voz y voto de la Junta y la dirección ejecutiva.
Esta lucha la perdió Ponce y el Sur de Puerto Rico, porque las autoridades del Municipio negociaron las plazas de la Junta por el cargo de la directora ejecutiva, y ya es evidente y está en la voz del pueblo, que salvo honrosas excepciones, los componentes de la APA y su dirección ejecutiva responden exclusivamente a los intereses de Pérez Riera.
Esta lucha ocasionó que la APA estuviera ocho meses paralizada para luego entrar en un periodo de aprendizaje que lamentablemente no ha terminado, y que ni tan siquiera ha materializado el plan de trabajo concreto que requiere la Ley.
Todo esto ocurrió ante los ojos atónitos de las fuerzas activas sureñas que estuvieron denunciando estos eventos y ofreciendo públicamente ayuda al Municipio en la lucha por normalizar y equilibrar el balance de poder en la Junta de la APA. Se llegó al avance de aprobar en el Senado de Puerto Rico un proyecto de ley para que los nombramientos del interés público en la Junta fueran personas residentes bonafide del territorio definido por DISUR.
La Alcaldesa de Ponce rechazó este proyecto de Ley y no fue aprobado en la Cámara de Representantes. Desafortunadamente, el sectarismo y la política de exclusión imperante hizo que estos reclamos fueran ignorados y ahora todos estamos pagando las consecuencias.
Todo este problema se reduce a una raíz principal: Los intereses del gobierno central en torno al Puerto de las Américas no coinciden con los de la Región Sur. Mientras exista esta lucha, el Puerto navegará sin rumbo y como es previsible, la imposición del gobierno central sobre lo que debe ser el Puerto destruirá nuestros sueños de desarrollo económico.
Venturosamente, existe una solución rápida, viable legalmente y extraordinariamente productiva para la Región Sur: El Municipio Autónomo de Ponce debe desistir de transferir sus instalaciones físicas a la Autoridad del Puerto de las Américas y debe delegarlas a DISUR. El concurso de los 15 alcaldes, la academia, el sector privado con y sin fines de lucro, junto a las comunidades, permitirá decisiones democráticas sobre lo que más conviene al Sur, y se podrá desarrollar el Puerto sin interferencia de intereses ajenos a nuestro porvenir.
Esta solución es rápida porque sólo requiere la firma de la Alcaldesa de un memorando de entendimiento con DISUR y la acción de la Legislatura Municipal para autorizar el traspaso.
Esta solución es viable legalmente porque el dueño del Puerto es el Municipio Autónomo de Ponce y lo único que hay que negociar es el pago de la deuda de la inversión que hizo la APA en el proyecto.
Esta solución es extraordinariamente productiva para el Sur porque permitirá que DISUR negocie rápidamente y a tono con nuestros intereses, la operación del Puerto con entidades comprometidas y con el poder para hacerlo bien, y que fueron marginadas arbitrariamente por Pérez Riera.
La Autoridad del Puerto de las Américas ya no responde a los intereses de nuestra Región. El Municipio Autónomo de Ponce sabe que esta afirmación es una realidad porque ha sufrido en carne propia muchos atropellos.
El Puerto de Ponce no debe pasar a la APA y debe trasferirse a DISUR para que sean los Sureños los dueños de su destino.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
