Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La clase política puertorriqueña no se ha enterado del proceso de desindustrialización donde se está desmantelando aceleradamente el aparato productivo basado en la manufactura. El proceso normal era que las compañías locales y extranjeras que se dedican a desarmar y vender los equipos y piezas industriales, las recibían para almacenamiento y venta a consignación, de forma que la planta manufacturera recuperaba parte del costo cuando se vendiera el artículo. Sin embargo, hoy en día muchas compañías prefieren regalar los equipos y piezas al que las desmantele y se las lleve, pues les resulta mucho más económico que pagar almacenamiento y esperar una venta o uso posterior. La deindustrialización nos ha llevado a niveles de derrumbe económico estructural y de dependencia económica nunca antes vistos.
A pesar de este escenario, los políticos del gobierno central y con contadas excepciones, también los del Sur, quienes no hacen ni dicen nada sin preguntar o pedir permiso al gobierno central o al partido, están derrochando el tiempo en pequeñas e inconsecuentes luchas, actividades o en planteamientos ridículos y alocados, que no permiten la indispensable reconversión industrial basada en el Puerto y el Aeropuerto Mercedita para sacar a Puerto Rico del atolladero.
1. El desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago sigue en precario. Ya el contrato no va a estar listo para el mes de julio como se prometió. Tenemos al Secretario de Desarrollo Económico a estas alturas asesorándose sobre cómo culminar el proceso de negociación. Esto ocurre por no haber querido nombrar como Director Ejecutivo al Ing. Ramón Torres Morales, quien desarrolló el conocimiento, experiencia y la base conceptual para llegar al mejor acuerdo con UCW América.
2. Por otro lado, fracasó la estrategia del gobierno central de apoderarse del Puerto nombrando a dos miembros de la Junta de Directores del Puerto para tener la mayoría para escoger a otro Director Ejecutivo. En esta lucha de poder por el control de la Junta de Directores del Puerto, Fortuño no ha cumplido la promesa que le hizo a la Alcaldesa de nombrar al Ing. Pedro Gómez en la Junta de Directores; por tanto, también se encuentra en precario el que se nombre al puesto de Directora Ejecutiva a la candidata de la Alcaldesa. Cada una de esas estrategias y reyertas políticas han ido atrasando el proceso y sólo han permitido que en siete meses la Junta del Puerto se haya reunido dos veces.
3. A pesar de haber tenido en las manos la oportunidad única de asignarle fondos del plan de Obama al Puerto y a la infraestructura de valor añadido, todas las gestiones se quedaron en una simple carta que escribió la Alcaldesa. El presidente de la Junta de Directores del Puerto y Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, pertenece a todas las entidades, juntas y organismos que tienen que ver con los fondos, y no se preocupó, ni le importó asignar una partida, aunque fuera mínima, para el desarrollo del Puerto.
4. El Aeropuerto Internacional Mercedita sigue en un proceso de implosión dirigido por el Director de Puertos Sr. Alvaro Pilar. Primero, quiere escaparse del acuerdo que está en una sentencia que permite la expansión de la pista; se opone a que el aeropuerto pase al Municipio de Ponce; no tiene fondos ni proyectos para expandir el terminal y los hangares para permitir carga internacional; y, no hay forma de expandir el volumen de vuelos, porque no ha logrado que la aduana e inmigración federal ofrezcan servicio fuera de horas laborables.
Inacción ante la Desindustrialización, esa parece ser la realidad de la generalidad de la clase política de turno. Estamos en peligro claro e inminente de que el Sur pierda su única oportunidad histórica de desarrollo sostenido y sustentable.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
El Bufete Emmanuelli orienta jurídicamente mediante su boletín Del Derecho y del Revés:
miércoles, 15 de julio de 2009
EL PRINCIPIO DE PETER
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En un famoso libro de 1969, The Peter Principle, el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter elaboró un principio fundamental que puede resumirse de la siguiente manera: En una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo o a una persona a un cargo público, para el cual no estén cualificados.
Este Principio de Peter está muy relacionado a la conocida Ley de Murphy, del Ing. Edward A. Murphy Jr., quien en 1949 estipuló que “si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera” o dicho en forma sencilla "si algo puede salir mal, saldrá mal". Ambas leyes también tienen mucho que ver con la Ley de Parkinson del estudioso de la burocracia británica Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 estableció que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". Un trabajo va a tomar todo el tiempo que se le haya concedido. Es decir, que si para un trabajo se establece un término de seis meses, el trabajo va a durar todo ese tiempo y no va a terminar antes.
Bajo el Principio de Peter, promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia. Por ejemplo, una persona que sea muy competente en la redacción de escritos; que investigue muy bien, bosqueje y redacte con precisión, tenga buena ortografía y estilo, puede ganarse el favor de sus superiores. Sin embargo, la manera tradicional de premiar ese tipo de trabajo ha sido ascendiéndolo a otras posiciones, en muchas ocasiones gerenciales. Sin embargo, Peter nos dice, si el ascenso del empleado es hacia un área que no domina o en la que es incompetente, se afecta toda la organización, pues se llega a los niveles máximos de ineficiencia.
Nuestro sistema laboral, tanto privado como gubernamental, depende en gran medida de los ascensos, sin considerar que cada uno de nosotros tiene un conocimiento, una experiencia y unas competencias, tanto personales como sociales, que nos hacen muy efectivos para ciertas tareas, pero que si nos sacan de esos trabajos, nos enfrentamos a una gran probabilidad del fracaso.
Un buen ejemplo del Principio de Peter es cuando una persona que tiene una profesión u oficio, de repente decide hacerse político, función que requiere muchas otras destrezas poco usuales a los oficios y profesiones tradicionales. En muchos casos se hace evidente pronto que este cambio la ha llevado a unos niveles de ineficiencia que la hacen errar constantemente y asemejarse al estereotipo del político incompetente.
El problema con este tipo de persona que asciende a una posición que ni entiende y no puede manejar es que las mismas destrezas que no tiene para hacer la nueva función, nublan su juicio a la hora de contratar a otras personas para hacer tareas gerenciales o para que le asesoren. Los incompetentes con funciones gerenciales o políticas tienden a contratar y rodearse de otras personas incompetentes, porque generalmente no saben cuáles son las destrezas que deben tener y se entroniza la ineficiencia y la falta de competitividad. Es por eso que el tope de muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, está lleno de incompetencia y mediocridad.
Definitivamente, los principios de Peter, Murphy y Parkinson son la receta para el desastre y tienen que ver mucho con la baja competitividad empresarial de Puerto Rico y la manera burda en que se hace el trabajo en la burocracia gubernamental y el liderato político. No tengo que entrar en ejemplos. Lo que hace falta es buscar soluciones.
Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que contar con mecanismos que permitan manejar el Principio de Peter. Es indispensable que el progreso de los empleados en las plazas se fundamente en aumentos salariales y no meros cambios de posiciones o ascenso en las escalas jerárquicas de las compañías o el gobierno. Uno de estos mecanismos es que exista la oportunidad de que si se asciende a alguien a su nivel de incompetencia, la persona pueda regresar a la plaza que dominaba perfectamente, sin pérdida sustancial de beneficios o salario. Esto obliga al patrono o jefe gubernamental a estar muy seguro en su decisión de ascender. Además, el que sea ascendido y no dé el grado, puede volver a su plaza original sin que sienta el estigma de haber sido degradado en el empleo. Esto por supuesto, requiere de una rigurosidad a la hora de evaluar y ceñirse estrictamente al principio de mérito para evitar discrimen prohibido y tener un sistema laboral justo.
En el gobierno el Principio de Peter puede evitarse si existe el mecanismo de referéndum revocatorio o con el mecanismo de honor de la renuncia. Cuando una persona ordinaria que tiene un oficio o una profesión no relacionada a la política, decide postularse y recibe el favor electoral, existe un enorme riesgo y una alta probabilidad de que alcance su grado máximo de incompetencia. Es por eso que las democracias desarrolladas tienen el mecanismo de referéndum revocatorio donde el pueblo puede escoger vedarle el mandato a un líder. En otras democracias, por factores culturales, existe un decoro personal y político, por eso cuando el funcionario se encuentra en una situación de incompetencia, generalmente renuncia. Puerto Rico necesita implantar ambos mecanismos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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En un famoso libro de 1969, The Peter Principle, el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter elaboró un principio fundamental que puede resumirse de la siguiente manera: En una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo o a una persona a un cargo público, para el cual no estén cualificados.
Este Principio de Peter está muy relacionado a la conocida Ley de Murphy, del Ing. Edward A. Murphy Jr., quien en 1949 estipuló que “si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera” o dicho en forma sencilla "si algo puede salir mal, saldrá mal". Ambas leyes también tienen mucho que ver con la Ley de Parkinson del estudioso de la burocracia británica Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 estableció que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". Un trabajo va a tomar todo el tiempo que se le haya concedido. Es decir, que si para un trabajo se establece un término de seis meses, el trabajo va a durar todo ese tiempo y no va a terminar antes.
Bajo el Principio de Peter, promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia. Por ejemplo, una persona que sea muy competente en la redacción de escritos; que investigue muy bien, bosqueje y redacte con precisión, tenga buena ortografía y estilo, puede ganarse el favor de sus superiores. Sin embargo, la manera tradicional de premiar ese tipo de trabajo ha sido ascendiéndolo a otras posiciones, en muchas ocasiones gerenciales. Sin embargo, Peter nos dice, si el ascenso del empleado es hacia un área que no domina o en la que es incompetente, se afecta toda la organización, pues se llega a los niveles máximos de ineficiencia.
Nuestro sistema laboral, tanto privado como gubernamental, depende en gran medida de los ascensos, sin considerar que cada uno de nosotros tiene un conocimiento, una experiencia y unas competencias, tanto personales como sociales, que nos hacen muy efectivos para ciertas tareas, pero que si nos sacan de esos trabajos, nos enfrentamos a una gran probabilidad del fracaso.
Un buen ejemplo del Principio de Peter es cuando una persona que tiene una profesión u oficio, de repente decide hacerse político, función que requiere muchas otras destrezas poco usuales a los oficios y profesiones tradicionales. En muchos casos se hace evidente pronto que este cambio la ha llevado a unos niveles de ineficiencia que la hacen errar constantemente y asemejarse al estereotipo del político incompetente.
El problema con este tipo de persona que asciende a una posición que ni entiende y no puede manejar es que las mismas destrezas que no tiene para hacer la nueva función, nublan su juicio a la hora de contratar a otras personas para hacer tareas gerenciales o para que le asesoren. Los incompetentes con funciones gerenciales o políticas tienden a contratar y rodearse de otras personas incompetentes, porque generalmente no saben cuáles son las destrezas que deben tener y se entroniza la ineficiencia y la falta de competitividad. Es por eso que el tope de muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, está lleno de incompetencia y mediocridad.
Definitivamente, los principios de Peter, Murphy y Parkinson son la receta para el desastre y tienen que ver mucho con la baja competitividad empresarial de Puerto Rico y la manera burda en que se hace el trabajo en la burocracia gubernamental y el liderato político. No tengo que entrar en ejemplos. Lo que hace falta es buscar soluciones.
Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que contar con mecanismos que permitan manejar el Principio de Peter. Es indispensable que el progreso de los empleados en las plazas se fundamente en aumentos salariales y no meros cambios de posiciones o ascenso en las escalas jerárquicas de las compañías o el gobierno. Uno de estos mecanismos es que exista la oportunidad de que si se asciende a alguien a su nivel de incompetencia, la persona pueda regresar a la plaza que dominaba perfectamente, sin pérdida sustancial de beneficios o salario. Esto obliga al patrono o jefe gubernamental a estar muy seguro en su decisión de ascender. Además, el que sea ascendido y no dé el grado, puede volver a su plaza original sin que sienta el estigma de haber sido degradado en el empleo. Esto por supuesto, requiere de una rigurosidad a la hora de evaluar y ceñirse estrictamente al principio de mérito para evitar discrimen prohibido y tener un sistema laboral justo.
En el gobierno el Principio de Peter puede evitarse si existe el mecanismo de referéndum revocatorio o con el mecanismo de honor de la renuncia. Cuando una persona ordinaria que tiene un oficio o una profesión no relacionada a la política, decide postularse y recibe el favor electoral, existe un enorme riesgo y una alta probabilidad de que alcance su grado máximo de incompetencia. Es por eso que las democracias desarrolladas tienen el mecanismo de referéndum revocatorio donde el pueblo puede escoger vedarle el mandato a un líder. En otras democracias, por factores culturales, existe un decoro personal y político, por eso cuando el funcionario se encuentra en una situación de incompetencia, generalmente renuncia. Puerto Rico necesita implantar ambos mecanismos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 1 de julio de 2009
NEGOCIACIÓN DE PRINCIPIOS: DOS MÁS DOS NO SUMAN CUATRO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (APA) está compuesta por funcionarios del gobierno central, alcaldes y representantes del interés privado. La Junta de Directores tiene la función de establecer las políticas generales y tomar las decisiones que vinculan contractualmente a la APA. Es esta Junta de Directores la que decidió correctamente que el Puerto de Las Américas es un puerto de trasbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Dentro de la estructura de la Junta de Directores hace falta un brazo ejecutivo. Es decir, una persona que ejecute las políticas y órdenes de la Junta. Esta persona es el director o la directora ejecutiva. El director o directora ejecutiva tiene cierto grado de discreción, pero tiene que actuar siempre conforme a las instrucciones específicas que ha dado la Junta de Directores. Quienes mandan en una corporación son los directores. El director ejecutivo, es un empleado que ejecuta las órdenes. Si lo hace bien, la Junta de Directores puede alcanzar sus objetivos. Si no lo hace bien, por falta de información, ignorancia, dejadez, falta de relaciones profesionales o públicas, la Junta no va a poder alcanzar sus metas y objetivos.
Desde que empezó el año, la alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri se percató de que la Junta de Directores y la comunidad sureña estaban satisfechas con el trabajo que había realizado el Ing. Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la APA. Por esta razón, trató de alterar el balance de poder en la Junta y recomendó para Directores a dos personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista a los fines de poder tener una mayoría que le permitiera nombrar como directora ejecutiva a su persona preferida. Con esta propuesta, la Alcaldesa tendría en la Junta a los funcionarios del gobierno y los dos nuevos directores, que junto a su voto, constituirían una clara mayoría para nombrar a la Directora Ejecutiva. Evidentemente, la ecuación de la Alcaldesa contaba con el apoyo del gobierno central. Apoyo que es evidente no se materializó.
Lo que no estuvo presente en el cálculo de la Sra. Alcaldesa es que el gobierno central tiene interés en acaparar el poder de la Junta de Directores a los fines de nombrar una persona que le responda como director ejecutivo al Gobernador Fortuño y de esa manera, secuestrar el Puerto de Las Américas para los intereses del norte. Por esa razón fue que el Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, sin encomendarse a nadie y sin avisarle previamente a la Alcaldesa ni al Senador Larry Seilhamer, les echó un balde de agua fría en la Comisión Total del Senado del 29 de mayo de 2009, al anunciar los nombramientos a la Junta del Dr. Carlos Dundee Martínez y del Lcdo. Paul Calvesbert.
Mientras tanto, todo este forcejeo político ha ocasionado que la Junta del Puerto se haya reunido sólo dos veces en lo que va de año, que todavía no cuente con un director ejecutivo y que no se tenga idea del estado de las negociaciones con el operador, ni fecha cierta para el comienzo de los trabajos del Puerto.
Para complicar esta situación, sorpresivamente, la Alcaldesa aceptó que Pérez Riera fuera el presidente de la Junta de Directores en contra de la idea del Senador Seilhamer de que ella fuera la presidenta de la Junta y fue entonces a negociar las posiciones de la Junta de Directores con el gobernador Fortuño y con el Secretario Pérez Riera.
No cabe duda de que los principios y las prerrogativas del Puerto de las Américas, de Ponce y la Región Sur no deben ser negociables. Cuando se negocian los principios, siempre hay pérdidas. Lo que el Pueblo pide es la defensa férrea de los principios, no su negociación perdidosa.
Bajo la negociación, la Alcaldesa aceptó que se nombrara a Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez como miembros de la Junta y que luego se nombraría al Ing. Pedro Gómez, uno de sus recomendados, para que ocupe la plaza vencida del Sr. Arturo Valdelluly. Bajo esa propuesta de transacción, se le permitiría a la Alcaldesa que se nombrara a Ronda Castillo como Directora Ejecutiva del Puerto.
Lamentablemente, bajo esta negociación de principios dos más dos no suman cuatro. En primer término hay que reiterar que los que mandan en una junta de directores son los directores y no el director o directora ejecutiva. Por ende, la alcaldesa cedió dos jefes al norte a cambio de tener una empleada, y que tampoco cuenta con el reconocimiento y el endoso de las fuerzas activas sureñas. A la Alcaldesa le prometieron que iban a designar al Ing. Pedro Gómez para ocupar la plaza de Arturo Valdelluly. Sin embargo, a esta hora ese nombramiento no se ha efectuado. No me sorprendería que nunca se efectúe. Además, con este nombramiento están sustituyen un ponceño con otro ponceño. No hay ganancia para Ponce y el Sur, y todo se cancela, por ende, el resultado neto es cero.
Las negociaciones que ha llevado a cabo la Dra. María Meléndez Altieri llegan al saldo de que el norte tendrá dos nuevos miembros en la junta que son jefes de la persona que la Alcaldesa quiere que sea la directora ejecutiva. El balance de poder definitivamente se fue al norte y la ganancia de Ponce y la Región Sur será cero.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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La Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (APA) está compuesta por funcionarios del gobierno central, alcaldes y representantes del interés privado. La Junta de Directores tiene la función de establecer las políticas generales y tomar las decisiones que vinculan contractualmente a la APA. Es esta Junta de Directores la que decidió correctamente que el Puerto de Las Américas es un puerto de trasbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Dentro de la estructura de la Junta de Directores hace falta un brazo ejecutivo. Es decir, una persona que ejecute las políticas y órdenes de la Junta. Esta persona es el director o la directora ejecutiva. El director o directora ejecutiva tiene cierto grado de discreción, pero tiene que actuar siempre conforme a las instrucciones específicas que ha dado la Junta de Directores. Quienes mandan en una corporación son los directores. El director ejecutivo, es un empleado que ejecuta las órdenes. Si lo hace bien, la Junta de Directores puede alcanzar sus objetivos. Si no lo hace bien, por falta de información, ignorancia, dejadez, falta de relaciones profesionales o públicas, la Junta no va a poder alcanzar sus metas y objetivos.
Desde que empezó el año, la alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri se percató de que la Junta de Directores y la comunidad sureña estaban satisfechas con el trabajo que había realizado el Ing. Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la APA. Por esta razón, trató de alterar el balance de poder en la Junta y recomendó para Directores a dos personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista a los fines de poder tener una mayoría que le permitiera nombrar como directora ejecutiva a su persona preferida. Con esta propuesta, la Alcaldesa tendría en la Junta a los funcionarios del gobierno y los dos nuevos directores, que junto a su voto, constituirían una clara mayoría para nombrar a la Directora Ejecutiva. Evidentemente, la ecuación de la Alcaldesa contaba con el apoyo del gobierno central. Apoyo que es evidente no se materializó.
Lo que no estuvo presente en el cálculo de la Sra. Alcaldesa es que el gobierno central tiene interés en acaparar el poder de la Junta de Directores a los fines de nombrar una persona que le responda como director ejecutivo al Gobernador Fortuño y de esa manera, secuestrar el Puerto de Las Américas para los intereses del norte. Por esa razón fue que el Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, sin encomendarse a nadie y sin avisarle previamente a la Alcaldesa ni al Senador Larry Seilhamer, les echó un balde de agua fría en la Comisión Total del Senado del 29 de mayo de 2009, al anunciar los nombramientos a la Junta del Dr. Carlos Dundee Martínez y del Lcdo. Paul Calvesbert.
Mientras tanto, todo este forcejeo político ha ocasionado que la Junta del Puerto se haya reunido sólo dos veces en lo que va de año, que todavía no cuente con un director ejecutivo y que no se tenga idea del estado de las negociaciones con el operador, ni fecha cierta para el comienzo de los trabajos del Puerto.
Para complicar esta situación, sorpresivamente, la Alcaldesa aceptó que Pérez Riera fuera el presidente de la Junta de Directores en contra de la idea del Senador Seilhamer de que ella fuera la presidenta de la Junta y fue entonces a negociar las posiciones de la Junta de Directores con el gobernador Fortuño y con el Secretario Pérez Riera.
No cabe duda de que los principios y las prerrogativas del Puerto de las Américas, de Ponce y la Región Sur no deben ser negociables. Cuando se negocian los principios, siempre hay pérdidas. Lo que el Pueblo pide es la defensa férrea de los principios, no su negociación perdidosa.
Bajo la negociación, la Alcaldesa aceptó que se nombrara a Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez como miembros de la Junta y que luego se nombraría al Ing. Pedro Gómez, uno de sus recomendados, para que ocupe la plaza vencida del Sr. Arturo Valdelluly. Bajo esa propuesta de transacción, se le permitiría a la Alcaldesa que se nombrara a Ronda Castillo como Directora Ejecutiva del Puerto.
Lamentablemente, bajo esta negociación de principios dos más dos no suman cuatro. En primer término hay que reiterar que los que mandan en una junta de directores son los directores y no el director o directora ejecutiva. Por ende, la alcaldesa cedió dos jefes al norte a cambio de tener una empleada, y que tampoco cuenta con el reconocimiento y el endoso de las fuerzas activas sureñas. A la Alcaldesa le prometieron que iban a designar al Ing. Pedro Gómez para ocupar la plaza de Arturo Valdelluly. Sin embargo, a esta hora ese nombramiento no se ha efectuado. No me sorprendería que nunca se efectúe. Además, con este nombramiento están sustituyen un ponceño con otro ponceño. No hay ganancia para Ponce y el Sur, y todo se cancela, por ende, el resultado neto es cero.
Las negociaciones que ha llevado a cabo la Dra. María Meléndez Altieri llegan al saldo de que el norte tendrá dos nuevos miembros en la junta que son jefes de la persona que la Alcaldesa quiere que sea la directora ejecutiva. El balance de poder definitivamente se fue al norte y la ganancia de Ponce y la Región Sur será cero.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
sábado, 27 de junio de 2009
Senado confirma por descargue el nombramiento del Dr. Carlos Dundee Martínez en la Junta del Puerto de las Américas
Ser sureño es condición necesaria pero no suficiente para ocupar puestos estratégicos en el proyecto más importante de la Región Sur. Además de sureño, el nominado debe contar con cualificaciones determinantes para estar en la Junta del Puerto Las Américas. No es racional nombrar a una persona a esa junta que no conoce ni tiene experiencia alguna relacionada con un puerto de transbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Lamentablemente, nadie pudo explicar cómo el Dr. Dundee Martínez podía aportar al proceso decisional de la Junta de la Autoridad del Puerto. Este trabajo tenía que hacerlo el gobernador y sólo lo hizo para el Lcdo. Calversbert. Nombramiento que está pendiente y con serias objeciones por apariencia de conflicto de intereses.
Por esas razones, la Cámara de Comercio del Sur y la Alianza Pro Sur se opusieron a los dos nombramientos.
Lamentablemente, en cuanto al Dr. Dundee Martínez, lo acaban de confirmar, por descargue, sin vistas públicas ni oportunidad de ponencias, con el voto en contra de los Senadores Larry Seilhamer y Luis Berdiel junto a la delegación Popular.
Esto reitera las serias dudas que había con su nombramiento.
Otra vez el Sur y el Puerto de Las Américas sufrieron un atropello.
De todos modos, felicitamos la valentía de los Senadores Seilhamer y Luis Berdiel que enfrentaron a su propio partido y al Presidente del Senado en defensa de los intereses del Sur y del Puerto de Las Américas. Deben dar la misma batalla, pero con éxito, en contra del nombramiento del Lcdo. Calversbert.
Rolando Emmanuelli Jiménez
Lamentablemente, nadie pudo explicar cómo el Dr. Dundee Martínez podía aportar al proceso decisional de la Junta de la Autoridad del Puerto. Este trabajo tenía que hacerlo el gobernador y sólo lo hizo para el Lcdo. Calversbert. Nombramiento que está pendiente y con serias objeciones por apariencia de conflicto de intereses.
Por esas razones, la Cámara de Comercio del Sur y la Alianza Pro Sur se opusieron a los dos nombramientos.
Lamentablemente, en cuanto al Dr. Dundee Martínez, lo acaban de confirmar, por descargue, sin vistas públicas ni oportunidad de ponencias, con el voto en contra de los Senadores Larry Seilhamer y Luis Berdiel junto a la delegación Popular.
Esto reitera las serias dudas que había con su nombramiento.
Otra vez el Sur y el Puerto de Las Américas sufrieron un atropello.
De todos modos, felicitamos la valentía de los Senadores Seilhamer y Luis Berdiel que enfrentaron a su propio partido y al Presidente del Senado en defensa de los intereses del Sur y del Puerto de Las Américas. Deben dar la misma batalla, pero con éxito, en contra del nombramiento del Lcdo. Calversbert.
Rolando Emmanuelli Jiménez
Oposición sureña a designaciones realizadas por Fortuño a la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto Las Américas
COMUNICADO DE PRENSA
27 de junio de 2009
Contacto: Sandra Caro – Sandra Caro Public Relations, PSC
Tel: (787) 479-1062
Correo electrónico: sandra@sandracaropr.com
Oposición sureña a designaciones realizadas por Fortuño a la
Junta de Directores de la Autoridad del Puerto Las Américas
Ponce - Los presidentes de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), Dra. Elena Colón Parrilla y Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, manifestaron hoy su oposición a las designaciones realizadas por el gobernador Luis Fortuño Burcet a la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto Las Américas ya que no toman en cuenta la recomendación de sectores sureños de nombrar personas vinculadas y leales a la Región Sur que entiendan las particularidades de desarrollo socioeconómico del Puerto y de la Región Sur.
El gobernador Luis Fortuño Burcet nombró al Lcdo. Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez para ocupar dos plazas vacantes en la Junta del Puerto Las Américas.
De acuerdo con los opositores, el Lcdo. Paul Calvesbert se ha desempeñado como abogado litigante representando intereses marítimos relacionados al Puerto de San Juan lo que representa intereses encontrados con la operación del Puerto Las Américas, ya que al igual que en el Puerto de San Juan, manejará carga mediante contenedores.
“Es evidente que el Puerto de San Juan y el Puerto Las Américas tienen que dividirse un mercado de contenedores local, y el hecho de que el Lcdo. Calvesbert sea representante legal de esos intereses navieros lo ubica en una posición de apariencia de conflicto de intereses al poder tomar determinaciones dentro de la Junta de Directores del Puerto Las Américas que podrían no beneficiar a la Región Sur”, expresó Emmanuelli.
Por otro lado, Emmanuelli Jiménez alegó que el Dr. Carlos Dundee Martínez es un odontólogo de profesión, que ha estado desvinculado a la ciudad de Ponce por decenas de años y que no tiene experiencia ni conocimiento relacionado a los manejos de un puerto.
“La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), se oponen a que estos dos nombramientos sean aprobados por el Senado de Puerto Rico. De igual forma reiteramos nuevamente nuestra solicitud al gobernador para que la presidencia de la Cámara de Comercio del Sur tenga una silla en la Junta de Directores del Puerto Las Américas, ya que esta organización representa a más de quinientos empresarios que ven el Puerto Las Américas como una herramienta de desarrollo socioeconómico”, acotó Colón Parrilla.
Por otro lado, las dos organizaciones sureñas recomiendan la aprobación del proyecto del Senador Larry Seilhamer que propone que los miembros de la Junta de Directores del sector privado sean residentes bonafide de la Región Sur.
También reclaman que se aclare, en la Ley del Puerto, que la Junta de Directores no debe contar con un representante del Departamento de Desarrollo Económico y otro de PRIDCO, porque representan dos votos de una misma agencia o sector, ya que el Secretario de Desarrollo Económico y el Director de PRIDCO son jefe y subalterno respectivamente. Finalmente denuncian que la Autoridad del Puerto Las Américas es la única corporación pública que no tiene un jefe de agencia en estos momentos y ambas organizaciones respaldan que sea el Ing. Ramón Torres Morales quien ocupe la Dirección de esta Agencia.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico es una organización empresarial centenaria que agrupa más de quinientos empresarios de la Región Sur. La Alianza de Profesionales por el Sur, Alianza Pro Sur, es un grupo de cinco profesionales en diferentes campos que se dedican a materializar proyectos de desarrollo económico relacionados al Puerto de Las Américas.
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miércoles, 24 de junio de 2009
LA TRAGICOMEDIA DE LA LEY 212: ERRORES Y HORRORES
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
24 de junio de 2009
La Ley 212 del 2002, concede créditos contributivos por mano de obra y materiales a los que inviertan dinero en proyectos de construcción en los cascos urbanos. La Ley hace viables los proyectos porque permite que el banco que financia la construcción compre el crédito y lo pueda aplicar a la hipoteca, reduciendo sustancialmente los costos de financiamiento. Bajo esta Ley se han invertido decenas de millones de dólares en proyectos meritorios de revitalización del centro histórico Ponceño. Actualmente existen varios proyectos terminados esperando por el crédito contributivo, decenas de proyectos en etapas de construcción que dependen del crédito contributivo para su viabilidad, y 148 proyectos en diferentes etapas de concepción, diseño, permisos o financiamiento, con una inversión privada planeada de $155.6 millones.
Estos tres escenarios de inversión y esperanza de crecimiento se fueron abajo con la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, conocida como la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal. La Ley 7 estableció una moratoria en la consideración u otorgación de incentivos contributivos bajo la Ley 212. Esto interrumpió inmediatamente cualquier empeño de invertir un centavo en nuestro centro histórico, lo que representa un rudo golpe a las aspiraciones de crecimiento económico de la ciudad de Ponce.
Como la Ley 7 se aprobó a la carrera, se construyó una Torres de Babel, pues a pesar de la intención de paralizar el crédito contributivo de los cascos urbanos, se equivocaron, y el que afectaron fue el de las obras de infraestructura. Al percatarse de este error, el Secretario de Hacienda decidió, sin encomendarse a nadie, determinar que aunque la Ley 7 no estaba afectando el incentivo de los cascos urbanos, él lo iba a paralizar de todos modos. Esta determinación la hizo por encima de la Ley, y nadie lo ha reprendido hasta el presente, a pesar de todas las gestiones y advertencias que se han hechos de que esa acción es ilegal y gravemente perjudicial.
Los proponentes de proyectos de Ley 212 y los líderes políticos regionales, iniciaron entonces una serie de confusas gestiones para enfrentar el dilema de un estado de derecho claro sobre qué crédito contributivo se había paralizado, pero con la oposición y amargura de personas con poder político descomedidas y con la ofuscación de la impunidad.
Este dilema creo dos teorías de cursos de acción, uno ingenuo que planteaba que el Secretario de Hacienda tenía que obedecer la Ley como estaba; y otro realista, pero cuesta arriba, que planteaba que la Ley debía enmendarse para evitar el efecto retroactivo de la paralización del crédito y para fortalecer el lenguaje de protección al incentivo de cascos urbanos.
Los proponentes de proyectos se han reunido bajo el auspicio del corredor de bienes raíces Abraham García, y se ha recibido en varias ocasiones a líderes políticos que incluyen al Senador Larry Seilhamer, la Alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri y los Representantes Luis “Tato” León, Salvador Vassallo y Luis Farinacci. Todos los debates bizantinos sobre el curso de acción a seguir para enfrentar el dilema de la Ley versus el Secretario de Hacienda no han conseguido una solución satisfactoria al ser inefectivos por trivialidades que incluyen ingenuidad, intriga, rivalidades, mentiras y mera ignorancia. Todo parece circunscribirse a marginalidades del tema, olvidándose de que la unión firme y valiente de todos los sectores sureños es indispensable para defenderse de este ataque del poder político del norte. Lamentablemente, a solo días de que termine la Sesión Legislativa el 30 de junio de 2009, todavía no existe certeza sobre qué va a pasar con la Ley 212.
La relación entre la Ley 7 y la Ley 212 es una tragicomedia de errores y horrores. En el centro del problema está el error legislativo de querer una cosa y aprobar otra, junto a un Secretario de Hacienda que no respeta lo que dice la Ley. Por un lado, los legisladores electos por el Partido Nuevo Progresista en la Región Sur votaron a favor de la Ley 7, que paraliza la Ley 212; por otro lado, ahora todos están haciendo gestiones desesperadas para que se corrija este problema. Por arriba, la Alcaldesa Dr. María Meléndez Altieri dice que la Ley 7 no debe enmendarse, pero no plantea cómo hacer que el Secretario de Hacienda la obedezca; y por abajo, entre dos aguas contradictorias, los proponentes de proyectos abogan porque se enmiende la Ley para que se evite la incertidumbre y la banca vuelva a confiar protegiendo los tres escenarios de inversión.
Si no se corrige el problema de la Ley 212 antes del 30 de junio de 2009, se profundizará la crisis económica que sufre el Municipio de Ponce y se malograrán las posibilidades de desarrollo de nuestra Región Sur. Es indispensable un esfuerzo final y contundente de unidad y de estruendo de todos los sectores para que se enmiende la Ley 7 de manera que fortalezca la Ley 212 y puedan salvarse todos los escenarios de inversión. A saber, los proyectos con certificado de elegibilidad de la Oficina de Ordenación Territorial, los que están en construcción y los ya terminados.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
24 de junio de 2009
La Ley 212 del 2002, concede créditos contributivos por mano de obra y materiales a los que inviertan dinero en proyectos de construcción en los cascos urbanos. La Ley hace viables los proyectos porque permite que el banco que financia la construcción compre el crédito y lo pueda aplicar a la hipoteca, reduciendo sustancialmente los costos de financiamiento. Bajo esta Ley se han invertido decenas de millones de dólares en proyectos meritorios de revitalización del centro histórico Ponceño. Actualmente existen varios proyectos terminados esperando por el crédito contributivo, decenas de proyectos en etapas de construcción que dependen del crédito contributivo para su viabilidad, y 148 proyectos en diferentes etapas de concepción, diseño, permisos o financiamiento, con una inversión privada planeada de $155.6 millones.
Estos tres escenarios de inversión y esperanza de crecimiento se fueron abajo con la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, conocida como la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal. La Ley 7 estableció una moratoria en la consideración u otorgación de incentivos contributivos bajo la Ley 212. Esto interrumpió inmediatamente cualquier empeño de invertir un centavo en nuestro centro histórico, lo que representa un rudo golpe a las aspiraciones de crecimiento económico de la ciudad de Ponce.
Como la Ley 7 se aprobó a la carrera, se construyó una Torres de Babel, pues a pesar de la intención de paralizar el crédito contributivo de los cascos urbanos, se equivocaron, y el que afectaron fue el de las obras de infraestructura. Al percatarse de este error, el Secretario de Hacienda decidió, sin encomendarse a nadie, determinar que aunque la Ley 7 no estaba afectando el incentivo de los cascos urbanos, él lo iba a paralizar de todos modos. Esta determinación la hizo por encima de la Ley, y nadie lo ha reprendido hasta el presente, a pesar de todas las gestiones y advertencias que se han hechos de que esa acción es ilegal y gravemente perjudicial.
Los proponentes de proyectos de Ley 212 y los líderes políticos regionales, iniciaron entonces una serie de confusas gestiones para enfrentar el dilema de un estado de derecho claro sobre qué crédito contributivo se había paralizado, pero con la oposición y amargura de personas con poder político descomedidas y con la ofuscación de la impunidad.
Este dilema creo dos teorías de cursos de acción, uno ingenuo que planteaba que el Secretario de Hacienda tenía que obedecer la Ley como estaba; y otro realista, pero cuesta arriba, que planteaba que la Ley debía enmendarse para evitar el efecto retroactivo de la paralización del crédito y para fortalecer el lenguaje de protección al incentivo de cascos urbanos.
Los proponentes de proyectos se han reunido bajo el auspicio del corredor de bienes raíces Abraham García, y se ha recibido en varias ocasiones a líderes políticos que incluyen al Senador Larry Seilhamer, la Alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri y los Representantes Luis “Tato” León, Salvador Vassallo y Luis Farinacci. Todos los debates bizantinos sobre el curso de acción a seguir para enfrentar el dilema de la Ley versus el Secretario de Hacienda no han conseguido una solución satisfactoria al ser inefectivos por trivialidades que incluyen ingenuidad, intriga, rivalidades, mentiras y mera ignorancia. Todo parece circunscribirse a marginalidades del tema, olvidándose de que la unión firme y valiente de todos los sectores sureños es indispensable para defenderse de este ataque del poder político del norte. Lamentablemente, a solo días de que termine la Sesión Legislativa el 30 de junio de 2009, todavía no existe certeza sobre qué va a pasar con la Ley 212.
La relación entre la Ley 7 y la Ley 212 es una tragicomedia de errores y horrores. En el centro del problema está el error legislativo de querer una cosa y aprobar otra, junto a un Secretario de Hacienda que no respeta lo que dice la Ley. Por un lado, los legisladores electos por el Partido Nuevo Progresista en la Región Sur votaron a favor de la Ley 7, que paraliza la Ley 212; por otro lado, ahora todos están haciendo gestiones desesperadas para que se corrija este problema. Por arriba, la Alcaldesa Dr. María Meléndez Altieri dice que la Ley 7 no debe enmendarse, pero no plantea cómo hacer que el Secretario de Hacienda la obedezca; y por abajo, entre dos aguas contradictorias, los proponentes de proyectos abogan porque se enmiende la Ley para que se evite la incertidumbre y la banca vuelva a confiar protegiendo los tres escenarios de inversión.
Si no se corrige el problema de la Ley 212 antes del 30 de junio de 2009, se profundizará la crisis económica que sufre el Municipio de Ponce y se malograrán las posibilidades de desarrollo de nuestra Región Sur. Es indispensable un esfuerzo final y contundente de unidad y de estruendo de todos los sectores para que se enmiende la Ley 7 de manera que fortalezca la Ley 212 y puedan salvarse todos los escenarios de inversión. A saber, los proyectos con certificado de elegibilidad de la Oficina de Ordenación Territorial, los que están en construcción y los ya terminados.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
sábado, 20 de junio de 2009
ZONA LIBRE DEL SUR: HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En la década de los treinta, Estados Unidos atravesó por una depresión económica que puso el sistema capitalista al borde del colapso. Muchas de las medidas económicas que han resultado en el Estado Benefactor que vivimos en nuestros tiempos se implantaron en esa época de crisis. Las reformas impactaron a los sectores sociales, económicos y al comercio internacional. En esa época surgió el concepto de la zona libre que en términos generales permite la importación y exportación de productos extranjeros sin pagar derechos de aduana. A estos beneficios iniciales se le han sumado una serie de incentivos contributivos que son la base económica del éxito de la Zona Libre del Sur y la expectativa de que se convierta en una herramienta esencial para el desarrollo de la actividad económica alredor del Puerto de las Américas.
Hoy vivimos una situación de crisis global de grandes proporciones que rivaliza con la Gran Depresión de los Años 30. Se impone revisar todas las herramientas que posibiliten la activación del comercio y la economía para lograr la mayor eficiencia y competitividad. La Zona Libre del Sur representa entonces una gran oportunidad.
La Zona Libre del Sur es una entidad que opera como una corporación creada en Ponce bajo la Ley de Municipios Autónomos que mediante la autorización del Departamento de Comercio Federal puede permitir que los empresarios de todo Puerto Rico se beneficien de ventajas logísticas, exenciones contributivas de aduanas y sobre la propiedad mueble (CRIM). Estos beneficios permiten unos ahorros en los costos de operación que aumentan la competitividad y supervivencia de nuestras empresas.
Los exenciones de la Zona Libre del Sur crean una gran oportunidad de negocios para las compañías que decidan importar y exportar productos porque pueden multiplicar su eficiencia operacional y de costos al sumarle las ventajas estratégicas y de logística que ofrece el Puerto de Ponce.
El modelo de desarrollo económico del Puerto de Las Américas se complementa con la Zona Libre del Sur, pues el primer paso de desarrollo es la creación de centros de distribución que importen productos de Asia y Europa, los cuales con o sin valor añadido, se exportarán al resto de Latinoamérica. Por tanto, un empresario que quiera aprovecharse de esta combinación del Puerto de Las Américas y la Zona Libre del Sur, puede conseguir líneas de productos extranjeros que sean necesarias para los países hermanos de Latinoamérica y podría establecer los almacenes para su distribución bajo los auspicios de la Zona Libre del Sur. De esta manera los productos que entran al país y que luego se exportan para Latinoamérica no pagaría derechos de aduana ni contribución sobre la propiedad mueble. Estos beneficios abaratarían los costos y maximizarían las operaciones de los centros de distribución.
La Zona Libre del Sur está disponible para cualquier empresario local que tenga importaciones y exportaciones. Los beneficios que se obtienen pueden ser la diferencia entre continuar operando y crecer o tener que cerrar operaciones. Le exhortamos a todos los empresarios a comunicarse con la Zona Libre del Sur para que indaguen cómo esta oportunidad puede beneficiar a su negocio. Pueden ver más información en la página www.zonalibredelsur.com.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En la década de los treinta, Estados Unidos atravesó por una depresión económica que puso el sistema capitalista al borde del colapso. Muchas de las medidas económicas que han resultado en el Estado Benefactor que vivimos en nuestros tiempos se implantaron en esa época de crisis. Las reformas impactaron a los sectores sociales, económicos y al comercio internacional. En esa época surgió el concepto de la zona libre que en términos generales permite la importación y exportación de productos extranjeros sin pagar derechos de aduana. A estos beneficios iniciales se le han sumado una serie de incentivos contributivos que son la base económica del éxito de la Zona Libre del Sur y la expectativa de que se convierta en una herramienta esencial para el desarrollo de la actividad económica alredor del Puerto de las Américas.
Hoy vivimos una situación de crisis global de grandes proporciones que rivaliza con la Gran Depresión de los Años 30. Se impone revisar todas las herramientas que posibiliten la activación del comercio y la economía para lograr la mayor eficiencia y competitividad. La Zona Libre del Sur representa entonces una gran oportunidad.
La Zona Libre del Sur es una entidad que opera como una corporación creada en Ponce bajo la Ley de Municipios Autónomos que mediante la autorización del Departamento de Comercio Federal puede permitir que los empresarios de todo Puerto Rico se beneficien de ventajas logísticas, exenciones contributivas de aduanas y sobre la propiedad mueble (CRIM). Estos beneficios permiten unos ahorros en los costos de operación que aumentan la competitividad y supervivencia de nuestras empresas.
Los exenciones de la Zona Libre del Sur crean una gran oportunidad de negocios para las compañías que decidan importar y exportar productos porque pueden multiplicar su eficiencia operacional y de costos al sumarle las ventajas estratégicas y de logística que ofrece el Puerto de Ponce.
El modelo de desarrollo económico del Puerto de Las Américas se complementa con la Zona Libre del Sur, pues el primer paso de desarrollo es la creación de centros de distribución que importen productos de Asia y Europa, los cuales con o sin valor añadido, se exportarán al resto de Latinoamérica. Por tanto, un empresario que quiera aprovecharse de esta combinación del Puerto de Las Américas y la Zona Libre del Sur, puede conseguir líneas de productos extranjeros que sean necesarias para los países hermanos de Latinoamérica y podría establecer los almacenes para su distribución bajo los auspicios de la Zona Libre del Sur. De esta manera los productos que entran al país y que luego se exportan para Latinoamérica no pagaría derechos de aduana ni contribución sobre la propiedad mueble. Estos beneficios abaratarían los costos y maximizarían las operaciones de los centros de distribución.
La Zona Libre del Sur está disponible para cualquier empresario local que tenga importaciones y exportaciones. Los beneficios que se obtienen pueden ser la diferencia entre continuar operando y crecer o tener que cerrar operaciones. Le exhortamos a todos los empresarios a comunicarse con la Zona Libre del Sur para que indaguen cómo esta oportunidad puede beneficiar a su negocio. Pueden ver más información en la página www.zonalibredelsur.com.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 17 de junio de 2009
SE GESTA ALIANZA MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DEL SUR
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago ha incrementado el conocimiento sobre la importancia de los puertos para el desarrollo económico y ha gestado una serie de iniciativas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra Región Sur. Estas iniciativas incluyen Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR), el Comité del Puerto de las Américas de la Cámara de Comercio del Sur, la Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), Zona Libre del Sur y muchas otras entidades y proyectos que han ido fortaleciendo una visión holística de lo que debe ser el desarrollo económico regional a base de un proyecto estratégico eslabonado con los atributos y oportunidades de una región de gran extensión territorial que da cara al mundo a través del Mar Caribe.
Recientemente hemos señalado ejemplos concretos que establecen un afán de centralización por parte del poder ejecutivo y particularmente del Secretario de Desarrollo Económico José Pérez Riera, que afectan las aspiraciones de desarrollo económico de las Regiones que aspiran a organizarse y definir sus destinos. Es por eso que las fuerzas vivas en la Región Sur han incrementado sus conversaciones y acciones dirigidas a unirse en una gran Alianza Multisectorial en apoyo a los principios esenciales e irreductibles de un modelo económico sustentable y sostenido. Esta Alianza está inspirada en principios claros no político partidistas que disipan el riesgo de fragmentación o tribalismo. Las circunstancias contemporáneas obligan a que las empresas y organizaciones se involucren cada vez más en los asuntos públicos. Los individuos y las organizaciones son los constituyentes y quienes deben dictar las pautas para la generación de una sana política gubernamental.
El año pasado la Cámara de Comercio del Sur tomó la iniciativa de convocar a todas las personas y entidades preocupadas por nuestro futuro regional para suscribir un Manifiesto sobre lo que necesita la Región Sur para su desarrollo económico. El Manifiesto fue suscrito por un gran número de organizaciones e individuos y se le entregó a los candidatos a la gobernación de las pasadas elecciones con un mensaje claro sobre cuáles son las aspiraciones de la Región Sur. El Manifiesto dispone lo siguiente:
1. Impulsar a DISUR como el organismo institucional idóneo no partidista, para promover los esfuerzos de desarrollo económico y social de los quince municipios que componen la región sur de Puerto Rico, donde los sectores institucionales, empresariales, académicos y comunitarios sean los líderes del esfuerzo para lograr la adopción de un plan de integración regional para el Sur. Además, promover y perseguir que reciba las herramientas y recursos necesarios para alcanzar los objetivos trazados para el mejoramiento de la Zona Sur.
2. Impulsar que la Junta de Planificación defina la región sur de Puerto Rico como aquella compuesta por los siguientes 15 municipios: Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco y promueva la integración de los planes de desarrollo municipales bajo un plan regional coordinado por DISUR, sustentado en un sistema uniforme de indicadores socioeconómicos regionales que apoyen objetivamente la dirección estratégica de la Región Sur.
3. Modificar la Ley de Municipios Autónomos para garantizar la autonomía de la región por medio de la autonomía municipal. La autonomía municipal debe estar orientada a implantar y ejecutar el plan regional coordinado por DISUR con objetivos puntuales para el desarrollo de infraestructuras e iniciativas de crecimiento y desarrollo económico.
4. Completar, mantener e integrar la infraestructura necesaria para fomentar un modelo de desarrollo económico sustentado en los principio del concepto Puerto-Región, bajo un nuevo paradigma de logística que nos incorpore a una cadena global de distribución, internacionalizando así la región Sur, mejorando la eficiencia de la cadena de suministros en el Sur de Puerto Rico y la Cuenca del Caribe y estimulando la generación de actividades de valor añadido que permitan la creación de nueva actividad económica y empleos bien remunerados con obras tales como:
a. Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, a su máxima capacidad, y los demás puertos de la región, tales como Guayanilla, Las Mareas, Guánica, Guayama y otros.
b. Aeropuerto Mercedita y los demás aeropuertos privados de la región.
c. Tren del Sur de Arroyo a Guánica con capacidad para transportar carga y pasajeros
d. Zonas de valor añadido, centros de logística y distribución
e. Carreteras y conectores viales
f. Reservas agrícolas y de piscicultura
g. Obras de Ponce en Marcha
5. Promover la eliminación o la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la competitividad de Puerto Rico, al igual que la liberalización de la inspección de carga de trasbordo puro que se maneje en el Puerto de Las Américas.
6. Mercadear y promover el Sur a nivel global bajo la marca Porta Caribe como una región de alto valor para el desarrollo e inversión turística, e impulsar el establecimiento de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Mercedita para viabilizar la integración al comercio internacional.
7. Fomentar una cultura de intercambio mercantil internacional estableciendo lazos locales e internacionales a los fines de exportar e importar productos mediante los elementos de logística de la zona.
8. Impulsar a la Zona Libre del Sur, concesionaria de la Zona Libre Núm. 163, como herramienta de competitividad para las empresas que desarrollen comercio internacional y las que lleven a cabo actividades de valor añadido.
9. Generar y apoyar iniciativas viables de investigación y desarrollo que promuevan el uso y generación de energía renovable.
10. Apoyar e incentivar una educación de excelencia y calidad a todos los niveles como instrumento para la generación de conocimiento.
11. Promover una cultura de autogestión y responsabilidad comunitaria que genere mejores oportunidades económicas y calidad de vida.
El Manifiesto por el Sur es un documento seminal, formal y constitutivo de la unidad necesaria para que la Región Sur pueda hacer valer sus reclamos de autonomía para pautar nuestro desarrollo económico. Todas las Regiones del país tienen derecho a organizarse y romper con el modelo de control y planificación central que ha demostrado su ineficacia y anacronismo. Los representantes electos, tanto a nivel local como nacional, deben responder a esta unidad y cumplir con el mandato de nuestra Región Sur eliminando las taras de una visión gubernamental de control y centralización que ha desembocado en un fracaso histórico rotundo.
El autor es abogado notario, Presidente delBufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago ha incrementado el conocimiento sobre la importancia de los puertos para el desarrollo económico y ha gestado una serie de iniciativas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra Región Sur. Estas iniciativas incluyen Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR), el Comité del Puerto de las Américas de la Cámara de Comercio del Sur, la Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), Zona Libre del Sur y muchas otras entidades y proyectos que han ido fortaleciendo una visión holística de lo que debe ser el desarrollo económico regional a base de un proyecto estratégico eslabonado con los atributos y oportunidades de una región de gran extensión territorial que da cara al mundo a través del Mar Caribe.
Recientemente hemos señalado ejemplos concretos que establecen un afán de centralización por parte del poder ejecutivo y particularmente del Secretario de Desarrollo Económico José Pérez Riera, que afectan las aspiraciones de desarrollo económico de las Regiones que aspiran a organizarse y definir sus destinos. Es por eso que las fuerzas vivas en la Región Sur han incrementado sus conversaciones y acciones dirigidas a unirse en una gran Alianza Multisectorial en apoyo a los principios esenciales e irreductibles de un modelo económico sustentable y sostenido. Esta Alianza está inspirada en principios claros no político partidistas que disipan el riesgo de fragmentación o tribalismo. Las circunstancias contemporáneas obligan a que las empresas y organizaciones se involucren cada vez más en los asuntos públicos. Los individuos y las organizaciones son los constituyentes y quienes deben dictar las pautas para la generación de una sana política gubernamental.
El año pasado la Cámara de Comercio del Sur tomó la iniciativa de convocar a todas las personas y entidades preocupadas por nuestro futuro regional para suscribir un Manifiesto sobre lo que necesita la Región Sur para su desarrollo económico. El Manifiesto fue suscrito por un gran número de organizaciones e individuos y se le entregó a los candidatos a la gobernación de las pasadas elecciones con un mensaje claro sobre cuáles son las aspiraciones de la Región Sur. El Manifiesto dispone lo siguiente:
1. Impulsar a DISUR como el organismo institucional idóneo no partidista, para promover los esfuerzos de desarrollo económico y social de los quince municipios que componen la región sur de Puerto Rico, donde los sectores institucionales, empresariales, académicos y comunitarios sean los líderes del esfuerzo para lograr la adopción de un plan de integración regional para el Sur. Además, promover y perseguir que reciba las herramientas y recursos necesarios para alcanzar los objetivos trazados para el mejoramiento de la Zona Sur.
2. Impulsar que la Junta de Planificación defina la región sur de Puerto Rico como aquella compuesta por los siguientes 15 municipios: Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco y promueva la integración de los planes de desarrollo municipales bajo un plan regional coordinado por DISUR, sustentado en un sistema uniforme de indicadores socioeconómicos regionales que apoyen objetivamente la dirección estratégica de la Región Sur.
3. Modificar la Ley de Municipios Autónomos para garantizar la autonomía de la región por medio de la autonomía municipal. La autonomía municipal debe estar orientada a implantar y ejecutar el plan regional coordinado por DISUR con objetivos puntuales para el desarrollo de infraestructuras e iniciativas de crecimiento y desarrollo económico.
4. Completar, mantener e integrar la infraestructura necesaria para fomentar un modelo de desarrollo económico sustentado en los principio del concepto Puerto-Región, bajo un nuevo paradigma de logística que nos incorpore a una cadena global de distribución, internacionalizando así la región Sur, mejorando la eficiencia de la cadena de suministros en el Sur de Puerto Rico y la Cuenca del Caribe y estimulando la generación de actividades de valor añadido que permitan la creación de nueva actividad económica y empleos bien remunerados con obras tales como:
a. Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, a su máxima capacidad, y los demás puertos de la región, tales como Guayanilla, Las Mareas, Guánica, Guayama y otros.
b. Aeropuerto Mercedita y los demás aeropuertos privados de la región.
c. Tren del Sur de Arroyo a Guánica con capacidad para transportar carga y pasajeros
d. Zonas de valor añadido, centros de logística y distribución
e. Carreteras y conectores viales
f. Reservas agrícolas y de piscicultura
g. Obras de Ponce en Marcha
5. Promover la eliminación o la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la competitividad de Puerto Rico, al igual que la liberalización de la inspección de carga de trasbordo puro que se maneje en el Puerto de Las Américas.
6. Mercadear y promover el Sur a nivel global bajo la marca Porta Caribe como una región de alto valor para el desarrollo e inversión turística, e impulsar el establecimiento de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Mercedita para viabilizar la integración al comercio internacional.
7. Fomentar una cultura de intercambio mercantil internacional estableciendo lazos locales e internacionales a los fines de exportar e importar productos mediante los elementos de logística de la zona.
8. Impulsar a la Zona Libre del Sur, concesionaria de la Zona Libre Núm. 163, como herramienta de competitividad para las empresas que desarrollen comercio internacional y las que lleven a cabo actividades de valor añadido.
9. Generar y apoyar iniciativas viables de investigación y desarrollo que promuevan el uso y generación de energía renovable.
10. Apoyar e incentivar una educación de excelencia y calidad a todos los niveles como instrumento para la generación de conocimiento.
11. Promover una cultura de autogestión y responsabilidad comunitaria que genere mejores oportunidades económicas y calidad de vida.
El Manifiesto por el Sur es un documento seminal, formal y constitutivo de la unidad necesaria para que la Región Sur pueda hacer valer sus reclamos de autonomía para pautar nuestro desarrollo económico. Todas las Regiones del país tienen derecho a organizarse y romper con el modelo de control y planificación central que ha demostrado su ineficacia y anacronismo. Los representantes electos, tanto a nivel local como nacional, deben responder a esta unidad y cumplir con el mandato de nuestra Región Sur eliminando las taras de una visión gubernamental de control y centralización que ha desembocado en un fracaso histórico rotundo.
El autor es abogado notario, Presidente delBufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 10 de junio de 2009
Urge una Reconversión Industrial y de Servicios
Por Rolando Emmanuelli JIménez, J.D.. LL.M.
El aparato financiero global se ha derrumbado por la avaricia y la falta de reglamentación del sector financiero, y la crisis ha resultado tan profunda que ha afectado dramáticamente la capacidad de compra de los consumidores y la manera en que se producen los bienes y servicios de la economía tangible. Por eso es que el planeta ha sucumbido a una profunda y prolongada recesión. El Bufete Emmanuelli, C.S.P., es un bufete de abogados que ubica en Ponce, Puerto Rico y se dedica a la práctica y litigación de derecho civil, laboral, corporativo, daños y perjuicios, contratos, comercial, salud, marca y nombres comerciales, monopolio y derecho empresarial en general.Son ingenuas las pretensiones de las iniciativas de estímulo económico, tanto Federal como Criollo, cuando en general se fundamentan en la inversión en proyectos de infraestructura, que una vez terminados, no van a generar más que un efímero crecimiento económico. Este corto crecimiento no podrá revivirse con otra inyección de capital gubernamental, porque la deuda pública se convertiría en inmanejable. Para que la inversión sea efectiva, debe dedicarse a los proyectos que fomentarán la reconversión industrial y de servicios. ¿Qué es la reconversión industrial y de servicios? Al desestabilizarse dramáticamente las fuerzas de oferta y demanda de la economía real, es indispensable echar mano a la creatividad a los fines de fomentar la producción de nuevos bienes y servicios que sean indispensables para las nuevas circunstancias económicas. Todos debemos enfocar los esfuerzos privados y públicos en las áreas más efectivas de desarrollo para lograr el mejor uso de los recursos disponibles. Hay varios factores claros que indican donde estará el desarrollo de nuevos sectores industriales y de servicios que den vida a la alicaída economía: 1. La dependencia en los combustibles fósiles tiene dos gravísimas consecuencias, pues agrava la situación del cambio climático por el calentamiento global y representa un costo insostenible en los procesos productivos. Por ende, las oportunidades de negocios y de producción industrial en el área de la energía renovable son extraordinarias y deben ser uno de los focos para esta reconversión industrial. No deben iniciarse proyectos privados o públicos sin tener en cuenta la autonomía energética mediante el uso de energía renovable. Además, la industria de maquinaria y de vehículos de motor livianos y pesados debe forzarse a perfeccionar las tecnologías híbridas y eléctricas, que permitan una mayor economía en el consumo del combustible. 2. La energía renovable presenta enormes oportunidades en la educación para investigación y desarrollo de tecnologías imprescindibles para la supervivencia y calidad de vida humana. La implantación de las tecnologías de energía renovable requerirá de nuevos profesionales y técnicos que tendrán que educarse en programas académicos de nuestras universidades y colegios. 3. Recientemente transcendió que en Puerto Rico solamente se consume el 15% de la necesidad local de alimentos de los productos hechos en Puerto Rico. Esto es insostenible en cualquier país. Es indispensable regresar a lo básico de la producción humana. Sin agricultura no hay comida. En ese sentido, Puerto Rico tiene que volver a la raíces para poder alcanzar la sustentabilidad económica en términos de alimentos. Por ende, parte de la reconversión industrial en Puerto Rico tiene que incluir el fortalecimiento del apoyo a la agricultura, que no es meramente plantar y cosechar, sino que es indispensable establecer cadenas de transportación y logística confiables, que lleven los productos desde la finca hasta las plantas elaboradoras, y de ahí a los consumidores y a la exportación. 4. Paralelo a la reconversión industrial, hay que maximizar la efectividad de la prestación de servicios técnicos, profesionales, turísticos y de apoyo a los procesos productivos empresariales y gubernamentales. Para ello, es indispensable alcanzar altos niveles de sofisticación tecnológica utilizando la telecomunicaciones y la Internet. Los servicios que presta el gobierno deben automatizarse mediante la Internet y las empresas de servicios deben virtualizar sus sistemas de trabajo para darle acceso a todos los ciudadanos sin tener que invertir en costos de transportación y acceso. Para que pueda lograrse esto, es indispensable fortalecer nuestra infraestructura de telecomunicaciones e Internet que actualmente es muy limitada y poco confiable. Las áreas de nuestro país que no tienen servicios de Internet o que están mal servidas son significativas. El gobierno de Puerto Rico, los municipios y los consorcios municipales deben aprovechar los fondos disponibles para poner las redes de telecomunicaciones e Internet a la altura de nuestros tiempos. La base de la reconstrucción económica, no es ayudar a que se vendan casas o que se construyan cunetones, aceras y se repavimente las carreteras. La base tiene que ser la creación de industrias de producción y servicios de capital local y extranjero que por sus innovaciones creen los empleos necesarios para estabilizar las fuerzas de la oferta y la demanda. El autor es abogado notario, Presidente delBufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información veawww.debidoproceso.com. |
miércoles, 3 de junio de 2009
Desde el Ponceñismo al Sureñismo.
País del SurPor Rolando Emmanuelli Jiménez
En las pasadas semanas la suerte de los ponceños ha dejado mucho que desear. Si bien es cierto que los ponceños han participado en organizaciones como la Cámara de Comercio del Sur, DISUR, la Alianza Pro Sur, Frente Unido contra el Gasoducto y otras organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, que han unificado sus voces por un trabajo continuo de reclamo de derechos y prerrogativas para todo el Sur, los resultados han sido en algunos casos esperanzadores, pero en otros devastadores.
Todavía es necesario intensificar la unidad de propósito y acción para alcanzar nuestra metas de desarrollo integral para todos los 15 municipios de la Región Sur.
No es suficiente para alcanzar las metas descansar en el peso y prestigio de nuestra ciudad Ponce. Es el momento de pasar del Ponceñismo al Sureñismo.
Los últimos acontecimientos demuestran que todavía el mensaje de unidad Sureña no ha alcanzado su desarrollo y efectividad máxima frente al gobierno central y los intereses político partidistas, porque todavía existe un doble discurso contradictorio y muy perjudicial a nuestros intereses regionales.
Por un lado, el Senado de Puerto Rico compareció al Teatro la Perla para realizar una Comisión Total en la que escucharon en pleno los problemas principales que aquejan a la Región Sur. Además, hicieron promesas y cultivaron esperanzas de atender nuestros asuntos con premura y responsabilidad.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda, del poder ejecutivo se reciben sin cesar golpes mortales de centralización y despojo de las prerrogativas Sureñas, que no sólo afectan nuestra economía y desarrollo económico, sino que demuestran un claro menosprecio por el liderazgo local, particularmente el político, que se supone que tenga mayor acceso, influencia y determinación en los procesos decisionales del Gobernador Fortuño y de sus subalternos José Ramón Pérez Riera, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y Álvaro Pilar, Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.
Para muestra, con diez botones basta:
1. A pesar de que se le ha mencionado reiteradamente al Secretario Pérez Riera que la Ley de la APA dice claramente que quien tiene la autoridad para negociar el contrato con UCW América es el Director Ejecutivo, sigue ignorando el mandato claro de la Ley dejando vacante la plaza de Director Ejecutivo.
2. A pesar de que los miembros de la Junta de Directores de la APA son los que tienen la facultad de nombrar el Director Ejecutivo, pues son los que ejercen el poder de los votos, por presión del gobierno central han renunciado a su deber fiduciario de llevar los asuntos de la APA conforme a la Ley nombrando a un Director Ejecutivo, para que pueda negociar válidamente con UCW América.
3. A pesar del consenso de las fuerzas vivas regionales de que es indispensable nombrar al Ingeniero Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la Autoridad del Puerto de las Américas (APA), todavía el Secretario Pérez Riera dice que no sabe quién es la persona idónea para dirigir la APA.
4. A pesar de que la Alcaldesa María Meléndez Altieri hizo su recomendación sobre el nombramiento de la Lcda. Rhonda Castillo como Directora Ejecutiva de la APA, es evidente que Fortuño y Pérez Riera no quieren seleccionarla.
5. A pesar de que la Alcaldesa de Ponce propuso a dos distinguidos ciudadanos nacidos y residentes en Ponce, para ser miembros de la Junta de Directores de la APA, el Ing. Pedro Gómez y el Dr. Alejandro Román, el Secretario Pérez Riera anunció que el Gobernador Fortuño nombró dos personas que no cuentan con el reconocimiento ni apoyo de la Región Sur ni de la Alcaldesa Meléndez Altieri.
6. A pesar de que el Senado aprobó el proyecto del Senador Seilhamer que permitiría que la Alcaldesa de Ponce sea la Presidenta de la Junta de Directores para que el PLA pueda marchar con la urgencia necesaria, Fortuño y Pérez Riera han intimado que el proyecto será vetado cuando llegue al escritorio correspondiente en la Fortaleza.
7. A pesar de que el Sur ha exigido transparencia sobre los asuntos que conciernen al PLA, el Secretario Pérez Riera anunció la creación de un Comité negociador y se negó a decir los nombres de los integrantes en una entrevista radial de la semana pasada.
8. A pesar de que el Municipio Autónomo de Ponce tiene que aprobar en última instancia el acuerdo entre UCW América y la APA, por ser el Municipio el dueño del Puerto, el Secretario Pérez Riera no incluyó en el proceso de negociación a la Alcaldesa de Ponce y sólo a exigencias del Senador Larry Seilhamer, fue que aceptó incluir representación del Municipio, pero sólo como miembro Ex Officio. Es decir, no como integrante en propiedad.
9. A pesar de que el Aeropuerto Mercedita es elemento indispensable de la logística y ventajas competitivas del PLA, el Director Ejecutivo de Puertos sigue pensando que el aeropuerto del PLA es el de Aguadilla.
10. A pesar de que se anunció con bombos y platillos, por la pasada administración y por el Gobernador Fortuño, que se iban a asignar los fondos necesarios para la expansión del aeropuerto para poder recibir aviones de carga que son complemento indispensable del PLA, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Sr. Álvaro Pilar, ordenó recientemente que se presentara una moción de relevo de sentencia para retirarse del acuerdo establecido en una Sentencia por estipulación del 13 de noviembre de 2008, en el caso civil JPE-1992-0222 (604) de la Sucesión Serrallés, Inc. vs. Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. Esta Sentencia permite finalmente el uso de los terrenos necesarios para construir la expansión del Aeropuerto Mercedita. Este pleito se presentó en el año 1992, por lo que tomó 16 años resolver el asunto, con el consecuente atraso en nuestro desarrollo de transportación aérea. El Director Ejecutivo Álvaro Pilar no ha explicado cómo va a expandir la pista del aeropuerto incumpliendo la estipulación consignada en la Sentencia.
Las actuaciones del gobierno central en estos asuntos que son vitales para el desarrollo socioeconómico del Sur demuestran un afán de control y centralización extrema contrario a nuestros consensos y aspiraciones de alcanzar nuevas competencias y una autonomía regional con distribución equitativa de fondos por conducto de DISUR. Por tanto, se requiere que se fortalezcan las voces e influencias regionales mediante un reclamo firme, valiente y unificado para que el Poder Ejecutivo entienda, al igual que lo hizo el Senado de Puerto Rico, que no es sólo Ponce quien protesta y reclama, que es toda la Región Sur la que se levanta. Por tanto, ha llegado el momento de presentar nuestros reclamos justos en conjunto, transcendiendo valientemente en actitud liberadora desde el Ponceñismo al Sureñismo.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
domingo, 31 de mayo de 2009
La Agenda Urgente del Sur ante la visita del Senado de Puerto Rico
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El pasado viernes 29 de mayo se reunió el Senado de Puerto Rico en una “Comisión Total” en el Teatro La Perla de Ponce. No fue una Sesión Legislativa, sólo una Comisión Total –con la comparecencia de todos los senadores- porque la Constitución de Puerto Rico dispone en su Artículo III, Sección 13, que las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico. Esto es un buen ejemplo de la inflexibilidad de nuestro sistema de derecho en cuanto a permitir el desarrollo de la descentralización y regionalización del país.
La importancia de la distinción entre una Sesión Legislativa y una Comisión Total es que no podrán aprobar legislación que beneficie el Sur hasta que regresen al pleno del Hemiciclo en el Capitolio. Sin embargo, la información y voluntad unida que vean en torno a los proyectos del Sur será determinante en sus próximas acciones.
La visita del Senado de Puerto Rico a Ponce tuvo una gran importancia por dos factores fundamentales. En primer término, fue un reconocimiento directo del poder legislativo de que la Región Sur está desarrollando una voz, de múltiples timbres y armonías, pero enfocada en el bien común ejerciendo un poder político regional, no partidista, que es necesario escuchar y acatar.
En segundo término, nos ofreció a los Sureños la oportunidad de plantear de cerca y sin intermediarios las verdaderas necesidades y planes puntuales de nuestra Región Sur. La Región tuvo una oportunidad única de demostrar su madurez y unidad para establecer nuestra estrategia de desarrollo económico sin que venga impuesta desde San Juan.
Entre los planteamientos más importantes discutidos estuvieron:
1. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico coordinó un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la Región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur conocido como Manifiesto por el Sur, percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a la integración regional para el Sur.
2. Debe legislarse para permitir la autonomía regional mediante el fortalecimiento de la autonomía municipal para que DISUR pueda establecer sus planes estratégicos y operacionales de la Región Sur basados en el Manifiesto por el Sur, que pongan en marcha todas las iniciativas seleccionadas como beneficiosas y apropiadas a nuestros intereses. La preparación de estos planes justificarán que se apruebe un proyecto de Ley que permita que las regiones se vayan organizando y estructurando de manera que puedan, en su momento, reclamar la delegación de autoridades gubernamentales de los poderes de planificación y permisos regionales. De esta manera, los Sureños tendremos en nuestras manos el destino de nuestro desarrollo económico.
3. Además se expuso, que el efecto retroactivo de la moratoria a la Ley 212 de 2002, impuesto en la Ley 7 de 9 de marzo de 2009, paralizó la inversión privada y menoscabó obligaciones contractuales con efectos desastrosos para el desarrollo económico de los centros urbanos. Que el incumplimiento por parte del gobierno mediante la Ley 7, en honrar compromisos previamente contraídos con inversionistas y la banca, mina la confianza y credibilidad del Estado como agente de fomento económico. Por tanto, debe corregirse de inmediato el efecto retroactivo de la moratoria de la Ley 7, para no perjudicar los escenarios de inversión de los proyectos terminados y certificados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce; los proyectos terminados y en proceso de certificación por esta Oficina; los proyectos en construcción con beneficios aprobados por la Oficina; y los proyectos en distintas etapas de diseño, planificación y permisos con los beneficios aprobados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce. La Ley 7 sólo debe aplicarse a los proyectos nuevos que se presenten después del 9 de marzo de 2009.
4. Por último, pero no menos importante, es fundamental que se ordene la citación del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Hon. José Ramón Pérez Riera, a los fines de que explique en una vista de interpelación, las razones por las cuáles se ha atrasado el desarrollo de la apertura y operaciones del Puerto de las Américas para el primer trimestre de 2010; por qué no se ha terminado el proceso de negociación con UCW América; por qué no se ha continuado con el proceso de negociación con Jones Lang Lassalle para la administración de las zonas de valor añadido; por qué no se ha nombrado a estas alturas un director o directora ejecutiva para que se cumpla con la Ley del Puerto y se pueda negociar válidamente con UCW América y Jones Lang Lassalle; por qué en lo que va de año la Junta de Directores sólo se ha reunido una vez; y por último, que se le requiera que presente un plan convincente y realista para poder adelantar las obras del Puerto y salvar el atraso de los primeros seis meses de 2009; semestre ya perdido en el desarrollo del Puerto de las Américas.
Esperamos que la visita del Senado de Puerto Rico haya sido sincera, productiva y que pueda poner en marcha lo antes posible las aspiraciones y planes concretos de la Región Sur, que con su voluntad y valentía, poco a poco se ha ido convirtiendo en ejemplo a seguir por el resto de nuestro país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
domingo, 24 de mayo de 2009
El Asunto Fundamental de Ponce y los Sureños: Que se nombre un Director o Directora Ejecutiva de la APA
El Asunto Fundamental de Ponce y los Sureños:
Que se nombre un Director o Directora Ejecutiva de la APA
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Para el Sur, en estos momentos no es importante cuánto es el déficit del Municipio de Ponce, ni lo que le dijo Sagardía a Vega Ramos, ni lo que le va a pasar al Padre Alberto. El asunto más importante que nos concierne a los Sureños es que se nombre urgentemente a un Director o Directora Ejecutiva de la Junta del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, para que no se sigan atrasando el trámite de comienzo de operaciones que ya lo llevan por el primer trimestre del año 2010.
La inacción de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de las Américas (APA) ya ha pospuesto la operación del Puerto por más de 9 meses.
La Junta de Directores de la APA está paralizada por su presidente el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sr. José Ramón Pérez Riera. Decimos que la Junta está paralizada, porque no le han permitido nombrar a un Director o Directora Ejecutiva por una mera pugna política local enfocada en quién será el próximo candidato a alcalde por el PPD en Ponce en las elecciones del 2012. Eso es un asunto pequeño y perjudicial para todos los intereses y expectativas de la comunidad Sureña.
El dilema que confronta Fortuño y su subalterno Pérez Riera es que no pueden nombrar a una persona con experiencia y méritos, porque confrontarían un problema político con personas de su partido que temen perder las elecciones en 2012. Por eso han dejado el asunto sobre la mesa y el gobernador ha llegado al extremo de decir que eso no es una prioridad. Nada más lejos de la verdad.
Sin un Director o Directora Ejecutiva, la Junta de la APA no puede negociar válidamente con el candidato a operador UCW América. La Ley de la APA es clara. La persona con facultad para negociar con el operador es el Director o Directora Ejecutiva.
Recientemente trascendió y se comprobó que Pérez Riera, ante la ausencia de tiempo para atender este asunto tan vital para los Sureños, delegó la negociación con UCW América a dos jóvenes norteamericanos, recién graduados de universidad y con mínima experiencia en asuntos de esta envergadura. Esto es un grave error que pone en riesgo la negociación con UCW porque, además de que no hay garantía de que hagan el trabajo bien, la negociación estaría sujeta a ataques judiciales por ser fuera de la autoridad de ley o ultravires.
La ventana de oportunidad para terminar el acuerdo con UCW América se está cerrando. En estos tiempos de crisis económicas estas tardanzas innecesarias destruyen las expectativas de negocios. UCW América podría determinar interesarse en otro puerto. Entonces la APA tendría que empezar de nuevo y el atraso podría ser de más de dos años.
Con leer la Ley de la APA, Pérez Riera se hubiera dado cuenta de su error al delegar este asunto a principiantes sin haber nombrado a un Director o Directora Ejecutivo. Sin embargo, luego de señalado el problema por este periódico, se empeño en defender su decisión.
Es indispensable nombrar un Director o Directora Ejecutiva. El que sea. Si no nombran al que está preparado, conoce todos los aspectos del Puerto y tiene el apoyo de Fortuño, la Junta de Directores y de las fuerzas vivas de la Región Sur; que entonces nombren a la correligionaria que tiene las cualificaciones mínimas para hacer el trabajo.
Ahora bien, en el segundo caso, dónde lo importante es meramente atajar el miedo a perder las elecciones en el 2012, cargarán entonces con las consecuencias sociales, económicas y políticas de su decisión.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
viernes, 15 de mayo de 2009
DISUR: CONSTRUYENDO NUESTRO PAÍS DEL SUR
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
No cabe duda de que uno de los principales problemas de planificación e incoherencia de las estrategias urbanas y de desarrollo socioeconómico de Puerto Rico es la estructura de 78 entidades municipales. La mayoría de los municipios no han podido cumplir con los requisitos de la Ley de Municipios Autónomos para poder recibir la delegación de poderes del gobierno central y convertirse en autónomos. Esto ocurre en gran medida porque no cuentan con los recursos económicos para implantar el proceso de autonomía. Además, más de 30 municipios en Puerto Rico están al borde de la bancarrota y no pueden cumplir con sus funciones básicas de administración y obras públicas.
Tampoco cabe duda de que las 78 municipalidades de Puerto Rico tienen una identidad y orgullo que las distingue y que se crearían innumerables controversias con meramente plantear la eliminación o consolidación de algunos. Por otro lado, la propuesta de elevar a rango constitucional la autonomía municipal es importante para los municipios que ya la disfrutan, pero no presenta alternativa viable y práctica para los que no podrán cumplir con sus requisitos. Es por eso que se impone otro modelo.
Debe fortalecerse la autonomía municipal para que pueda darse paso a la colaboración e intercambio de recursos intermunicipales, y al establecimiento de las alianzas o consorcios municipales que permitan a los municipios ahorrar dinero mediante la consolidación de servicios o la implantación de estrategias comunes de desarrollo económico. En la unión está la fuerza y ha llegado el momento en que los municipios exploren las ventajas de coaligarse.
Por otro lado, el desarrollo de proyectos regionales como el gasoducto, ahora acueducto, y el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago con sus zonas de valor añadido que podrían dar paso a un tren que atraviese la mayoría de los municipios del Sur, requieren una planificación que mire el contexto de toda una región, por la gente que la conoce y le interesa su desarrollo pleno con calidad de vida. El gazapo monumental del gasoducto no hubiera ocurrido si el proyecto se hubiera planificado desde el Sur por la gente del Sur.
El modelo de planificación nacional centralizado en San Juan ha fracasado. No existe un plan de uso de terrenos y prevalece una gran incongruencia e incertidumbre sobre el establecimiento de dicho plan ante los planes de ordenamiento territorial de los municipios autónomos. ¿Puede la Junta de Planificación desde sus recintos centralizados en San Juan determinar algo distinto en cuanto al uso de un terreno a lo dispuesto por la Oficina de Ordenamiento Territorial de Ponce? Entiendo que no, pero existe la amenaza de un conflicto que finalice en los tribunales.
Además de la posibilidad de que los municipios compartan recursos y consoliden funciones, existe el camino para que también podamos reclamar la autoridad para poder llevar a cabo la evaluación, planificación y autorización de proyectos regionales. Los Municipios Autónomos pueden planificar su territorio y conceder permisos de construcción y de uso dentro de sus fronteras. Pero qué pasa si se programa un bosque protegido colindante con una zona de desarrollo industrial y comercial de otro municipio. Este posible conflicto asoma también con el nuevo acueducto del sur y con la determinación del gobierno central de fortalecer el enfoque agrícola de nuestra Región Sur. ¿Se planificarán estos proyectos en total armonía, o al menos, en sintonía con lo que necesita el Sur si la gente que los trabaja no viven en nuestra región? La historia no ofrece ejemplos que sirvan de precedentes optimistas. Hace falta poder tener una visión más amplia y los poderes para implantarla, pero desde el Sur y para el Sur.
Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR) es una corporación bajo la Ley de Municipios Autónomos que tiene como propósito integrar los esfuerzos de los 15 municipios que componen la región del Sur de Puerto Rico para establecer iniciativas de planificación regional y propiciar el desarrollo socioeconómico sustentable, sostenido y la calidad de vida. En ese sentido, tiene como propósito el fortalecer los recursos y procesos de planificación urbana, rural, ambiental e industrial de una manera coherente y costo eficiente para toda la Región Sur.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico coordinó un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la Región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur conocido como Manifiesto por el Sur, percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a la integración regional para el Sur.
Las energías de los sectores no gubernamentales deben estar enfocadas en que DISUR se convierta en un organismo supra-municipal que capitalice sobre los activos regionales y coordine las voluntades de política pública de los municipios para evitar la duplicidad de esfuerzos, potenciar iniciativa de desarrollo económico que incluyan varios municipios o subregiones, abogar colectivamente por la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo, y promocionar y mercadear la región a nivel global como una zona de alto valor para la inversión turística, empresarial e industrial.
Bajo el liderato del Honorable Abel Nazario, Alcalde de Yauco, DISUR se encuentra encaminando esta Visión mediante dos proyectos fundamentales. El primero es la preparación de una recopilación de toda la información y conocimiento regional que guíe los esfuerzos de desarrollo económico y de planificación. Este esfuerzo se ha trabajado durante los últimos dos años por los sectores académicos de DISUR y se encuentra prácticamente listo para que la Junta de Directores se pueda expresar ofreciendo dirección específica al comité interuniversitario que lo trabaja para que comience la redacción del Plan Estratégico y Operacional de la Región del Sur, que pongan en marcha todas las iniciativas seleccionadas. La preparación de este Plan Estratégico y Operacional dará base a que se apruebe un proyecto de Ley que permita que las regiones se vayan organizando y estructurando de manera que puedan, en su momento, reclamar la delegación de autoridades gubernamentales de los poderes de planificación y permisos regionales. De esta manera, los Sureños tendremos en nuestras manos el destino de nuestro desarrollo económico.
Recientemente en el 4to Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago se presentó una gráfica por los Arquitectos Javier de Jesús y Abel Misla en la que se presentaban todas las características de fronteras municipales y regionales, recursos naturales, infraestructura de comunicaciones, carreteras, energía y agua, hospitales, universidades, viviendas, zonas industriales, territorio protegido, biodiversidad, áreas turísticas etc. En fin, todos los elementos necesarios para pensarnos a la manera del Honorable Willie Miranda Marín como un país. Le llamé nuestro País del Sur. Caguas no es un País, con mucho respeto lo digo, pero los 15 municipios de la Región Sur si tienen todo lo necesario para considerarse una región con suficiente autonomía para decidir su destino con éxito y valentías.
El otro proyecto de DISUR que es fundamental para nuestro desarrollo como región es el Catálogo para la Planificación y Promoción de la Región Sur de Puerto Rico. Este instrumento que se presentará en varios formatos incluyendo una página de Internet y un libro, contendrá toda la información vital para que los puertorriqueños y extranjeros entiendan las ventajas y las normas que rigen los procesos de inversión, de apertura y mantenimiento de negocios en la Región Sur. Este catálogo permitirá descentralizar y fortalecer las energía de promoción de la inversión en el Sur para que cada uno de nosotros sea un promotor o embajador potencial para atraer nuevas industrias y empresas de servicios.
No es posible lograr un desarrollo económico, sustentable y sostenido si cada municipio es una isla que decide sus asuntos sin contar con el contexto regional. Por ende, es indispensable fortalecer a DISUR mediante la incorporación de todos los municipios, universidades y empresas emblemáticas de la región, apoyando el Manifiesto o la declaración de principios esenciales de la Cámara de Comercio del Sur, y encaminando a DISUR como el planificador y coordinador regional de las estrategias de desarrollo socioeconómico que se deben implantar en el Sur.
En estos momentos DISUR se encuentra en un proceso de consolidación de las fuerzas más vivas de la Región. La membresía está abierta para cualquier empresa, comunidad o entidad educativa que quiera fortalecer su conocimiento de la Región Sur e influenciar en la formulación de políticas de desarrollo económico para nuestra Región. Les exhorto a que llamen al 787-284-8424 para que inicien las gestiones para incorporarse a esta importante organización.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 13 de mayo de 2009
Hacia el Acueducto del Sur: De la victoria a la nueva agenda de trabajo
Por Luis Rey Quiñones Soto, Economista
La lucha honrada y sin descanso de una parte importante de la población de la Región Sur de Puerto Rico, encabezada por el Frente Amplio Contra el Gasoducto, ha entregado al resto del País una contundente y significativa victoria con el anuncio del gobernador Fortuño de utilizar materiales y la ruta del gasoducto para la construcción del Acueducto del Sur.
La victoria es el resultado de la voluntad militante, expresada desde las comunidades, para participar de manera activa en las decisiones que, hasta ahora, se tomaban de espaldas al Pueblo, en los pasillos legislativos de Puerta de Tierra.
La celebración de vistas públicas en las municipalidades de las comunidades afectadas es el resultado de la voluntad ciudadana por construir, desde abajo, un nuevo Puerto Rio más esperanzador, honrado, participativo y democrático.
Entonces, ante este nuevo proyecto de Acueducto del Sur, conviene que nos convoquemos para adecuar el nuevo uso a las necesidades de las comunidades, al mismo tiempo que se aseguren remedios efectivos a los problemas que afectan los acuíferos del sur y se facilite un desarrollo sustentable y ordenado de la Región Sur, con epicentro en el Puerto Internacional de Trasbordo y de valor añadido Rafael Cordero Santiago.
De manera que ante el reto que nos plantea a todos los pobladores de esta región la construcción de un acueducto regional es necesario asegurar que la toma de decisiones, si desea contar con el aval de los ciudadanos de la Región Sur, debe asegurar que el proceso cumpla con las siguientes condiciones mínimas:
1. Que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), retire de inmediato de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) la propuesta del proyecto del Gasoducto del Sur,
2. Que la Junta de Calidad Ambiental certifique el retiro por parte de la AEE de la propuesta para el Gasoducto del Sur de la JPPR,
3. Que se someta una nueva consulta de ubicación como lo exigen los reglamentos de las agencias concernientes conforme al nuevo uso, y se proceda a la redacción de una nueva declaración de impacto ambiental para el caso específico de un acueducto regional,
4. Que se dispongan en un lugar adecuado, mientras comienzan las obras, los tubos cercanos a la comunidades,
5. Que el nuevo proyecto, Acueducto del Sur, considere una ruta alterna a la del gasoducto, y el uso adecuado de maquinaria y equipo, para evitar toda posibilidad de efectos no deseables sobre los recursos naturales, la vida cotidiana y propiedad de los vecinos de las comunidades aledañas a la nueva ruta,
6. Que, desde sus inicios mismo, el proceso de toma de decisiones sea diáfano y transparente, por lo que es necesario poner a disposición de las comunidades e interesados los documentos relativos al la nueva propuesta de Acueducto del Sur, de manera que sea posible una participación ciudadana y comunitaria bien documentada,
7. Que la mayor disponibilidad de agua, a la cual tiene que incorporarse el abasto de Cerrillos, no dé paso al desparramamiento urbano en detrimento de los inventarios de tierras agrícolas,
8. Que, para evitar la dilapidación de tierras agrícolas, se establezca prioridad para suplir agua necesaria para el reciclaje de los centros urbanos de la Región Sur como espacios habitacionales, los cuales han sido objeto de importantes obras de infraestructuras de acueducto y alcantarillado, por lo que es económicamente rentable densificar, revitalizar y rescatar este espacio urbano tan importante.
Sobre la base anterior es posible satisfacer necesidades y proyectos que, en la cultura del mollero y de la imposición política, son claramente antagónicos porque privilegian los intereses de unos pocos en desmedro de los genuinos intereses de las grandes mayorías.
Sobre esa base, los sureños todos transitamos entusiasmados en la construcción de una nueva cultura política de participación directa que conduzca a la transformación radical del País en términos económicos, políticos y sociales.
La lucha honrada y sin descanso de una parte importante de la población de la Región Sur de Puerto Rico, encabezada por el Frente Amplio Contra el Gasoducto, ha entregado al resto del País una contundente y significativa victoria con el anuncio del gobernador Fortuño de utilizar materiales y la ruta del gasoducto para la construcción del Acueducto del Sur.
La victoria es el resultado de la voluntad militante, expresada desde las comunidades, para participar de manera activa en las decisiones que, hasta ahora, se tomaban de espaldas al Pueblo, en los pasillos legislativos de Puerta de Tierra.
La celebración de vistas públicas en las municipalidades de las comunidades afectadas es el resultado de la voluntad ciudadana por construir, desde abajo, un nuevo Puerto Rio más esperanzador, honrado, participativo y democrático.
Entonces, ante este nuevo proyecto de Acueducto del Sur, conviene que nos convoquemos para adecuar el nuevo uso a las necesidades de las comunidades, al mismo tiempo que se aseguren remedios efectivos a los problemas que afectan los acuíferos del sur y se facilite un desarrollo sustentable y ordenado de la Región Sur, con epicentro en el Puerto Internacional de Trasbordo y de valor añadido Rafael Cordero Santiago.
De manera que ante el reto que nos plantea a todos los pobladores de esta región la construcción de un acueducto regional es necesario asegurar que la toma de decisiones, si desea contar con el aval de los ciudadanos de la Región Sur, debe asegurar que el proceso cumpla con las siguientes condiciones mínimas:
1. Que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), retire de inmediato de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) la propuesta del proyecto del Gasoducto del Sur,
2. Que la Junta de Calidad Ambiental certifique el retiro por parte de la AEE de la propuesta para el Gasoducto del Sur de la JPPR,
3. Que se someta una nueva consulta de ubicación como lo exigen los reglamentos de las agencias concernientes conforme al nuevo uso, y se proceda a la redacción de una nueva declaración de impacto ambiental para el caso específico de un acueducto regional,
4. Que se dispongan en un lugar adecuado, mientras comienzan las obras, los tubos cercanos a la comunidades,
5. Que el nuevo proyecto, Acueducto del Sur, considere una ruta alterna a la del gasoducto, y el uso adecuado de maquinaria y equipo, para evitar toda posibilidad de efectos no deseables sobre los recursos naturales, la vida cotidiana y propiedad de los vecinos de las comunidades aledañas a la nueva ruta,
6. Que, desde sus inicios mismo, el proceso de toma de decisiones sea diáfano y transparente, por lo que es necesario poner a disposición de las comunidades e interesados los documentos relativos al la nueva propuesta de Acueducto del Sur, de manera que sea posible una participación ciudadana y comunitaria bien documentada,
7. Que la mayor disponibilidad de agua, a la cual tiene que incorporarse el abasto de Cerrillos, no dé paso al desparramamiento urbano en detrimento de los inventarios de tierras agrícolas,
8. Que, para evitar la dilapidación de tierras agrícolas, se establezca prioridad para suplir agua necesaria para el reciclaje de los centros urbanos de la Región Sur como espacios habitacionales, los cuales han sido objeto de importantes obras de infraestructuras de acueducto y alcantarillado, por lo que es económicamente rentable densificar, revitalizar y rescatar este espacio urbano tan importante.
Sobre la base anterior es posible satisfacer necesidades y proyectos que, en la cultura del mollero y de la imposición política, son claramente antagónicos porque privilegian los intereses de unos pocos en desmedro de los genuinos intereses de las grandes mayorías.
Sobre esa base, los sureños todos transitamos entusiasmados en la construcción de una nueva cultura política de participación directa que conduzca a la transformación radical del País en términos económicos, políticos y sociales.
sábado, 9 de mayo de 2009
Ley 212: Inversión y crecimiento: El caso de Ponce
Luis Rey Quiñones Soto, Economista
AEPR # 0503
Taller de Estudios Económicos y Sociales: TECyS
Teléfono: (787) 929-0404
Ponce Puerto Rico
___________________________________________
Ley 212: Inversión y crecimiento:
El caso de Ponce
I. Introducción
El presente trabajo intenta arrojar luz sobre la toma de decisiones relativa a la Ley 212 ─Ley para la revitalización de los centros urbanos─, en el contexto de la Ley Núm.7 de marzo de 2009, a partir de datos específicos del centro urbano de Ponce.
De manera que, con el ámbito y la periodización del objeto de estudio, se busca cuantificar el posible efecto de los proyectos bajo el manto de la Ley 212 sobre el fisco y el crecimiento económico, para el lapso que va del primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.
En lo concerniente a la metodología para la proyección de los efectos fiscales y económicos atados a la inversión y al crédito contributivo de la Ley 212, se trabaja con escenarios mínimos. Para cada uno de las proyecciones se utiliza siempre el menor dato o proporción para el cálculo del efecto sobre los ingresos fiscales.
Para la medición del empleo y el ingreso asalariado se parte de la especificidad del Centro Historio de Ponce en términos de las dificultades que presentan el espacio y el tipo de estructuras ─ruinas, solares pequeños, demoliciones, rehabilitación─, a la logística típica para el ramo de la construcción, lo que resulta en una menor productividad o utilización menos eficiente de.maquinaria y mano de obra.
Lo anterior resulta, para el centro urbano de Ponce, en costos de construcción promedios mayores a lo promedios del mercado para el conjunto del ramo de la construcción de viviendas, lo que impone un importante disuasivo que limita la inversión del sector privado en la construcción en los centros urbanos. Ese hecho, y la búsqueda de revitalización de los deteriorados centros urbanos, inducen al legislador a incentivar la construcción privada mediante el otorgamiento de créditos contributivos para la construcción en los cascos urbanos (Ley 212).
Por último, se tomaron los datos de los 43 proyectos de construcción terminados para establecer estadígrafos de tendencia central con respecto al tiempo que discurre desde el permiso de construcción al permiso de uso de la construcción. Los datos arrojaron una media de 2.1, mediana de 2.0 y moda de 1.9.
Estas medidas son esenciales para la poder atisbar, con bastante precisión, la fecha en que el crédito contributivo entra en la contabilidad de los proponentes y del Departamento de Hacienda.
En rigor, por la consistencia en las tres medidas centrales, hay que concluir que, por término medio, el Departamento de Hacienda, comenzará el proceso de evaluación y otorgamiento del crédito contributivo después de pasados los dos años en que el proponente obtiene el permiso de construcción. El rezago se explica por razones de incertidumbre en que fueron subsumidos los créditos de la Ley 212 desde sus inicios y por los parámetros reglamentarios para la construcción en el Centro Histórico.
Asimismo, el rezago se refuerza porque los proyectos en Ponce cobijados por la Ley 212 presentan tres fases bien diferenciadas ─construido, en construcción o con permiso de construcción, o algún otro permiso, de las oficinas municipales correspondientes. Por consiguiente, esos tres escenarios imponen también diferentes itinerarios a la otorgación y disponibilidad del crédito contributivo por parte del Departamento de Hacienda, lo que le permite al fisco importantes ingresos, al menos dos años antes, de otorgar el crédito. Hoy, la incertidumbre es mayor, por lo que el rezago es una realidad que debe ser ponderado en cualquier tipo de análisis.
En los apartados subsecuentes se demuestra que, por cada dólar de crédito contributivo concedido o a conceder, la economía recibe de manera directa $1.18 centavos, veintisiete de los cuales van a manos del gobierno. En esa misma dirección se comporta la inversión total en construcción, pues por cada dólar invertido en construcción, 23.1 centavo es inversión que proviene del bolsillo del proponente y los restante 76.9 centavos son los que se otorgan como crédito por parte del gobierno; de los cuales, como se argumentó, al gobierno revierten 27 centavos. Por consiguiente desde las arcas gubernamentales, la aportación neta se reduce a 49.9 centavos por cada dólar de inversión para la elaboración y construcción de los proyectos en el Centro Histórico de Ponce bajo los beneficios contributivos de la Ley 212.
II. Inversión, crédito y desenvolvimiento económico
La base de datos suministrada por las oficinas de ordenamiento territorial y de permisos del Municipio Autónomo de Ponce, documenta el registro de 223 proyectos bajo los auspicios de La Ley 212, los cuales suponen invertir $ 213.4 millones, con créditos contributivos de $ 164.2 millones, 1,057 unidades habitacionales, cuya construcción debe crear 3,041 empleos y $ 74.7 millones en salarios para trabajadores directos de construcción.
T. Base. Ponce Ley 212: Todos los 223 Proyectos, empleos en construcción, número de viviendas
(Inversión, crédito, salarios e IVU: en millones de dólares)
Tipo de proyecto | # Proyectos | $ Inversión | $ Crédito | # Viviendas | Empleos* | $ Salarios* |
Terminados | 43 | 28.9 | 22.3 | 145 | 520 | 10.1 |
En construcción | 32 | 28.9 | 22.2 | 108 | 520 | 10.1 |
Con Permisos | 148 | 155.6 | 119.7 | 804 | 2,001 | 54.5 |
Totales | 223 | 213.4 | 164.2 | 1,057 | 3,041 | 74.7 |
Fuente:
Oficina de Ordenación Territorial y Oficina de Permisos, Municipio Autónomo de
Ponce, abril 2009. *Proyección del economista.
A partir de esa base se elabora un ejercicio predictivo sobre las variables principales para las tres modalidades en que avanzan los 223 proyectos en Ponce bajo la Ley 212. (T. Base.)
Primero, con una inversión de $213.4 millones, resulta que al fisco ingresan $ 44.06 millones. Es decir, por el efecto rezago, por cada dólar de crédito a conceder, veintisiete centavos (0.2683) entran en manos del gobierno mucho antes ─dos años promedio─ de otorgar crédito contributivo alguno (T.1.)
Asimismo, por cada dólar de inversión (hard y softs costs), para la totalidad del los proyectos, el crédito contributivo se limita a 76.9 centavos, por lo que los individuos y las empresas privadas vienen obligados a invertir 23.1 centavos en otros costos ─los softs costs, según la jerga de la construcción─, no vinculados a mano de obra y materiales.
T.1. Ponce Ley 212 Todos los proyectos: Ingresos directos mínimos al fisco: ($ en millones)
Tipo | Construidos | En construcción | Con permisos | $ Totales |
$ Arbitrios construcción | 1.09 | 1.08 | 6.46 | 8.63 |
$ Radicaciones Ponce | 0.135 | 0.127 | 0.673 | 0.935 |
$ Radicaciones Hacienda | 0.062 | 0.045 | 0.21 | 0.317 |
$ IVU materiales | 0.58 | 0.58 | 2.1 | 3.26 |
$ Impuesto al gasto asalariado | 1.5 | 1.5 | 8.2 | 11.2 |
$ IVU al gasto asalariado | 0.203 | 0.203 | 1.17 | 1.576 |
$ pagos marginales al salario | 2.02 | 2.02 | 10.9 | 14.94 |
$ Impuesto a las ganancias | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 3.2 |
$ Ingreso gubernamental | 6.09 | 6.055 | 31.913 | 44.058 |
Proyección del Economista a partir base de datos
OOT y OP, Ponce.
Tercero, por cada dólar de crédito contributivo, para los 223 proyectos en Ponce, la nómina asalariada es de 45.5 centavos, de los cuales 36.7 centavos se consumen por los trabajadores directos de la construcción en bienes y servicios, lo que crea y retiene empleos en esos dos sectores de la economía isleña, de manera inmediata. La demanda agregada de estos trabajadores en bienes y servicios totaliza $ 60.3 millones, lo que da nuevos bríos a la economía del centro de la ciudad al tiempo que aporta al crecimiento de la economía en su conjunto (T.2.)[1]
T.2. Ponce Ley 212 Todos los proyectos: Ventas
en millones de dólares
Efectos Directos e inmediatos sobre demanda en otros sectores:
Sector/Ventas | $ Construidos | En construcción | $ Con Permisos | $ Ventas |
Comercio al por menor | 4.14 | 4.14 | 22.35 | 30.63 |
Servicios | 4.04 | 4.04 | 21.58 | 29.66 |
Totales | 8.18 | 8.18 | 43.93 | 60.29 |
Ibídem.
III. Proyectos terminados: inversión, crédito, certidumbre y economía
De conformidad con los registros de la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce, a la fecha de este escrito, 43 proyectos han sido terminados, con crédito contributivo certificados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce por $ 32 millones; de los cuales se han otorgado $ 13.5 millones por el Departamento de Hacienda, pero sólo han estado disponibles como instrumentos negociables en el mercado, $ 9.0 millones.
T.3. Proyectos terminados y en espera
otorgamiento crédito Por Hacienda en 2009
Municipio Autónomo de Ponce: Créditos en millones de dólares
Condición | # Proyectos | $ Crédito a otorgar | $ Crédito otorgado | $ Crédito cobrado | $ Crédito a cobrar |
Terminados | 13 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
Terminados | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
Terminados | 25 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
Totales | 43 | 32.0 | 13.5 | 9.0 | 23.0 |
Fuente: OOT, Ponce.
En consecuencia, existen $4.5 millones en créditos contributivos que deben ser redimidos de inmediato para que contabilicen en el año contributivo 2008; los otros $18.5 millones en créditos contributivos, los cuales pasan a la contabilidad de Hacienda y del proponente para año contributivo 2009, también deben estar disponibles antes del cierre de año natural 2009, por lo que la totalidad de créditos a ser convalidados por Hacienda, para el año natural 2009, es $23 millones (T.3.)
La venta del crédito contributivo por el inversionista está sujeta a que el Departamento de Hacienda haga disponible, como instrumento negociable en el mercado, y adjudique en sus libros, el crédito para el año contributivo en que se otorgó el mismo.
Así, por ejemplo, para los cinco proyectos con $ 4.5 millones los créditos fueron otorgados por Hacienda, pero no están disponibles como instrumento negociable en el mercado. Esa disponibilidad como instrumento negociable es crucial para que el inversionista se libere de intereses con la venta del crédito a la banca.
Por tanto, esa cantidad de $4.5 millones en crédito contributivo debe hacerse disponible, sin dilación, como instrumento negociable en el mercado, para el año contributivo 2008. Para los otros 25 proyectos, con créditos de $18.5 millones, la otorgación y disponibilidad del crédito debe estar para el año contributivo 2009.
Sólo con hechos será posible devolver la confianza y la certidumbre que necesita este segmento del mercado de la construcción.
Para que ese proceso otorgamiento y disponibilidad del crédito contributivo en Hacienda tenga credibilidad, ante los inversionistas y la banca, es necesario dejar de lado toda ambigüedad en la Ley 212 e incorporar en la Ley Núm.7 del 9 de marzo de 2009 un lenguaje que no dé margen a interpretaciones por el Departamento de Hacienda sobre su obligatoriedad de otorgar y hacer disponible el crédito contributivo, una vez el inversionista haya cumplido con todos los requisitos que se le impone de acuerdo a la Carta Circular (04-04) vigente emitida por el Departamento de Hacienda.
Recuérdese, desde la óptica fiscal, que el otorgamiento y disponibilidad del crédito en 2009, para año contributivo 2008, se limita a $ 4.5 millones; para el año contributivo 2009, a $18.5 millones, respecto a los proyectos terminados.
A la fecha de este escrito, abril de 2009, entre los 43 proyectos terminados, se han otorgado nueve (9) millones de dólares en créditos contributivos, pero los mismos produjeron $ 6.09 en ingresos directos para el gobierno, crearon 520 empleos directos en construcción, con nómina de $10.1 millones. Aquellos 520 trabajadores compraron bienes y servicios por $ 8.18 millones.
En el comercio al por mayor de materiales de construcción para contratista, los 43 proyectos, con su demanda, relanzan el empleo y el ingreso; y, con ello, insuflan mayor demanda por bienes y servicios por los trabajadores de ese subsector.
El gasto de los asalariados, y la demanda por materiales de construcción por el contratista, en tiempos de profunda crisis, al crear y retener, de manera inmediata, empleos en el comercio y en el sector de los servicios, impulsa a estos últimos al consumo de más bienes y servicios, incluidas nueva viviendas, lo que permite ampliar el efecto multiplicador y retroalimentar la inversión en el sector de la construcción.
Ese efecto multiplicador se difunde hacia los ingreso del gobierno mediante la captación de más impuestos al gasto y a los ingresos de los diferentes nuevos actores económicos que se incorporan al torrente económico a partir de aquella inversión inicial en construcción bajo la Ley 212
IV. Proyectos en construcción: Inversión, crédito y desenvolvimiento económico
A las cifras relativas al año contributivo 2009 hay que agregar el potencial de $ 26.0 millones en créditos contributivos de proyectos en construcción o a construir que, quizá, deban ser otorgados y tengan que estar disponibles para ser honrados por Hacienda para esa fecha.
T.4.
Proyectos en construcción o a construir: crédito para año contributivo 2009
Municipio Autónomo de Ponce: Créditos en millones de dólares
Condición | # Proyectos | $ Crédito a otorgar | $ Cr. otorgado | $ Cr. cobrado | $ Cr. a cobrar |
En construcción | 31 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
A iniciar construc. | 5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Totales | 36 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
Fuente: Ibídem.
V. Proyectos con permisos: Potencial de inversión, crédito y desenvolvimiento económico
No es difícil imaginar que, en el ambiente adecuado de credibilidad y certidumbre, buena parte de los inversionistas con 148 proyectos con algún permiso, estarán dispuesto a construir, por lo que se hará realidad el potencial de captación de ingresos por el fisco, entre 2009 a 2011, de aquellos $ 31.91 millones que vienen obligados a desembolsar al gobierno el conjunto de estos proyectos. Este ingreso gubernamental funge de amortiguador para el otorgamiento y disponibilidad de créditos para las fecha contributivas de 2009 a 2011.
En este sentido, para posibilitar ese potencial de financiar con aquellos ingresos gubernamentales de $ 31.91 millones, autogenerados con la Ley 212, y para crear el clima de certidumbre adecuado para la banca y los inversionistas, el procedimiento para la solicitud y concesión de crédito contributivo por inversión en los centros urbanos debe continuar de manera expedita, sin cortapisas ni en las oficinas de ordenamiento territorial, ni en el Departamento de Hacienda.
En ese sentido, para evitar posibles retiros de inversionistas del mercado de la construcción en el Centro Histórico de Ponce, conviene asegurar que los proyectos que inicien construcción en el año natural 2009 puedan reclamar crédito contributivo para el año contributivo 2011. Los restante, los que comiencen construcción en 2010 y 2011, que serán la mayoría de los 148 proyectos con permisos, por el efecto rezago y de manera natural, vendrán obligados a reclamar el crédito contributivo después del 1 de enero de 2012.
T.5. Ponce Ley 212: Proyectos con permisos: empleos en construcción, número de viviendas
(Inversión, crédito, salarios e IVU: en millones de dólares)
Tipo de proyecto | # Proyectos | $ Inversión | $ Crédito | # Viviendas | Empleos* | $ Salarios* |
Con Permisos | 148 | 155.6 | 119.7 | 804 | 2,001 | 54.5 |
Del análisis por fase de los 148 proyectos con algún tipo de permisos, pero que todavía, en abril de 2009 no han comenzado la fase de construcción, suponen aportar $ 31.93 millones en ingreso al gobierno ─72.5 % de todos los proyectos.
Es decir, los 148 proyectos que no han iniciado construcción, en ambiente y certidumbre adecuados, de mayo de 2009 en adelante, con 155.6 millones de inversión, pueden aportar cerca de $32 millones al gobierno dos años antes de que ese mismo gobierno reconozca y conceda los créditos contributivos correspondientes. En medio del vendaval de la crisis, esos 148 proyectos prometen generar 2,001 puestos de trabajo e ingresos asalariados por $ 54.5 millones, que inducen consumo asalariado de bienes y servicios por $ 43.93 millones.
En resumen, parece poco prudente desalentar esa inversión de los 148 proyectos mediante una moratoria al crédito contributivo, dado el contexto de crisis económica y la ventaja para el fisco del rezago entre ingreso gubernamental y otorgación por el Departamento de Hacienda del crédito contributivo.
VI. Conclusión y recomendaciones
Ahora es posible concluir que la disponibilidad del crédito como instrumento negociable en el mercado, por parte del Departamento de Hacienda para la fechas fiscales 2008 a 2009, para el caso de Ponce, no tendrá un efecto fiscal mayor de 2009 y 2011, pues la entrada en construcción de los proyectos con permisos aportará cerca de 32 millones de dólares al fisco para los años fiscales en cuestión; lo que amortigua el efecto fiscal, al tiempo que impulsa le economía en momentos de dura contracción y caída de los ritmos de crecimiento económico.
Además, existen importantes efectos positivos colaterales de la revitalización de los centros urbanos que no son materia de consideración en las líneas precedentes.
Primero, se tienen 223 casos que revitalizan el Centro Histórico de Ponce con 1,057 nuevas unidades de viviendas y alrededor de 3,000 personas, con potencial de consumo para impulsar o consolidar pequeños y medianos negocios en esta zona crítica de la Ciudad Señorial.
En segundo lugar, por cada cien metros de solar que requiere, como promedio, la unidad de vivienda en el Centro Histórico de Ponce, las 1,057 unidades nuevas le ahorran a Ponce 300 de los 4000 metros que demanda a la unidad terrera. Ello implica detener en parte las ingentes inversiones públicas que exige el desparramamiento para la construcción de vivienda para 1,057 familias.
Luego, Ponce y Puerto Rico atraviesan, más que una penuria de orden cíclica, una crisis que carcome el parque industrial y el resto de la base económica. Se trata de una economía que vino a menos porque el modelo de crecimiento, cimentado sobre una endeble institucionalidad colonial, la entrega del mercado de Estados Unidos a sus empresas y una generosa política impositiva y de incentivos, fue superado por una nueva forma del comercio internacional donde el amplio mercado estadounidense fue entregado a los competidores de Puerto Rico por mediación de tratados de libre comercio, para lo cual hay que ostentar soberanía.
En esa tesitura de crisis estructural, los datos en el mercado de empleo acusan un grave deterioro que se profundiza mes a mes. El Anejo 3 evidencia que de febrero de 2008 a febrero de 2009, Ponce perdió 3,818 puestos de trabajo, el desempleo creció de 10.5 % a 13.4 % para el mismo lapso, y aparecieron 1,618 nuevos desempleados.
Y eso no es todo, de 2000 a esta fecha, de Ponce han emigrado más de 7,122 personas. No se olvide que la variable poblacional es crítica en una economía, pues es pivote del crecimiento porque son las personas las que consumen, producen y transforman el medio.
Por último, de la crisis se sale con trabajo y más trabajo, pero no uno cualquiera, sino trabajo productivo que cree más riquezas, infraestructuras, nuevas maquinaria y equipos y más viviendas.
Sería un error grave detener la Ley 212 en medio del vendaval que asola el mercado de trabajo y que mina al conjunto de la economía.
La crisis en Puerto Rico y Ponce es una de deterioro en el aparato productivo y pérdida acelerada de empleos; la retención y generación de nuevos empleos en esta fase crítica de las economías ponceña y boricua, antojan ser políticas públicas adecuadas para combatir la tendencia a la destrucción de empleos y a la dilapidación de ingresos.
En ese entorno de crisis económica de orden estructural, la inversión pública debe estar orientada a sanear, ampliar y diversificar el aparato productivo del País. El inventario de viviendas, como las infraestructuras, es parte esencial de ese patrimonio que necesita ser transformado para retomar la senda del crecimiento económico.
En ese esfuerzo por reestructurar y relanzar la economía, estas líneas recomiendan:
1. Que el procedimiento para la solicitud y concesión de crédito contributivo por inversión en los centros urbanos debe continuar de manera expedita, tanto en las oficinas de ordenamiento territorial, como en el Departamento de Hacienda,
2. Que el crédito contributivo esté disponible como instrumento negociable en el mercado para año natural 2009 para los proyectos construidos en o antes de 2008, pero que todavía no le han sido otorgados el crédito o que el mismo no este disponible,
3. Que se hagan disponibles, de inmediato, los crédito contributivos, como instrumento negociable, para aquellos cinco proyectos, con créditos contributivos de $4.5 millones otorgados para año contributivo 2008,
4. Que los proyectos que inicien construcción en el año natural 2009 puedan reclamar crédito contributivo para el año contributivo 2011.
Para cerrar, se recomienda un lenguaje taxativo, preciso y mandatorio, tanto en la enmienda a la Ley Núm. 7 del 9 marzo de 2009, como en la sección 1040M, Subcapítulo C del Subtítulo A de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994 ─Código de Rentas Internas de Puerto Rico─ que afirme que la moratoria no aplicará a los casos arriba enumerados.
[1] Como puede observar el lector, para mantener el modelo dentro del análisis de efectos mínimos, se deja de lado el efecto multiplicador directo e indirecto de las ganancias del contratista y de los inversionistas.
Rolando Emmanuelli Jiménez es abogado-notario, Presidente del Bufete Emmanuelli. Entre sus actividades como abogado se dedica a promover el desarrollo pleno del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago y escribe artículos, opiniones, pensamientos, publica fotos y ofrece conferencias y seminarios sobre diferentes temas socioeconómicos y jurídicos:
Para mayor información puede referirse a las siguientes páginas en la Internet:
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