Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La oferta electoral de los partidos políticos en Puerto Rico es como un catálogo de Sears. Sólo constituyen una enumeración de objetivos sin información sobre cómo es viable alcanzarlos. Por eso la oferta de los partidos políticos no es creíble. Por eso no hay confianza en el electorado de que los partidos puedan mejorar la situación económica y social.
La historia de Puerto Rico testimonia que el objetivo de los partidos políticos es alcanzar el poder para controlar el presupuesto. Esto ha conducido a una irresponsabilidad fiscal que nos ha llevado al descalabro de las finanzas del gobierno. Esto a su vez hundió en una recesión a nuestra economía, pues depende fundamentalmente de la actividad gubernamental para su crecimiento.
Recientemente un grupo de economistas se reunió para debatir las ideas que son indispensables para sacar a Puerto Rico de la recesión. Todos hablaron de las estrategias. Sin embargo, ninguno habló de las actividades específicas que se deben llevar a cabo para implantar esas estrategias. El mencionar las estrategias es un paso de adelanto, pero todavía faltan cuatro elementos esenciales: ¿Qué pasos específicos hay que llevar a cabo para implantar las estrategias? ¿Quiénes los deben realizar? ¿Cómo vamos a medir el éxito de las actividades? ¿Cuáles son los mecanismos de corrección que se utilizarán para hacer ajustes en el camino?
No es casualidad que las estrategias planteadas por los economistas van directamente a controlar el poder de los partidos políticos de tener mano libre para el uso de los dineros del Pueblo. Las estrategias planteadas son las siguientes:
(1) Pacto social: Llevar a cabo un contrato social en el cual los sectores gubernamentales, académicos, obreros y empresariales establezcan la agenda de desarrollo de Puerto Rico. Esta agenda sería vinculante para todos los partidos políticos. Sin un consenso sobre cómo hacer las cosas es muy difícil echar el país hacia delante. Los últimos cuatro años hemos visto cómo la falta de consenso y la oposición arbitraria e irrazonable a cualquier tipo de propuesta han sido la orden del día. Las consecuencias las conocemos todos.
(2) Sindicar el presupuesto. Plantean los economistas que es necesario crear una comisión de ciudadanos del sector privado, académico y laboral que fiscalicen directamente los gastos del gobierno para evitar los desmanes en la ejecución del presupuesto. Esto debe ayudar a que no se invierta dinero en gastos publicitarios innecesarios y en contratos de servicios profesionales que sólo benefician los intereses particulares.
(3) Presupuesto base cero. Las circunstancias sobre las cuales se funda el presupuesto vigente son muy distintas a las que se existían cuando se creó cada agencia. Es indispensable reinventar el presupuesto partiendo de cero y de la realidad de ingreso vigente en el gobierno. Hay que establecer las prioridades que exige el momento, descartando todo gasto que sea superfluo o anacrónico.
(4) Reforma tributaria integral. Es evidente que el país requiere reformar la manera en que se recaudan y se utilizan los ingresos. No puede haber reforma contributiva sin reforma fiscal y viceversa. Lo único que se ha hecho en Puerto Rico en los últimos años es remendar desordenadamente una estructura fiscal y contributiva que requiere cirugía mayor.
(5) Fortalecimiento del sector privado. Hasta ahora el modelo de propiciar la inversión privada ha descansado en los incentivos contributivos. Está por verse el efecto de la nueva ley de incentivos. Mientras tanto, los economistas plantean que es indispensable patrocinar que el sector privado invierta en el desarrollo económico del país sin los apoyos o incentivos contributivos gubernamentales. No cabe duda de que ya no se puede depender del gobierno como principal motor de la economía, pero todavía queda mucho por trabajar, particularmente en la excesiva reglamentación gubernamental y el atraso burocrático en los procesos de autorización y permisos. No es posible mantener una economía en crecimiento si los procesos de autorización para nuevos negocios tardan meses o años.
Estos son cinco principios que requieren pensamiento detallado para hacerlos operacionales. Ya están planteadas las estrategias, faltan las actividades, las personas a cargo, el tiempo para implantarlas, los mecanismos de medición y los procesos de ajustes y correcciones. Los partidos políticos han hecho mutis sobre las propuestas de los economistas. Los partidos políticos no son expertos en las materia económicas y sociales. Si no hacen caso a los expertos, no tendremos esperanzas.
El autor es abogado notario, socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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