La matemática no puede ser más desalentadora. El gobierno tiene que conseguir un mínimo de $3,400 millones para la deuda que vence este año, $940 millones para pagar las penalidades y aceleraciones de la degradación, y $820 millones para balancear el presupuesto. Es decir, $5,140 millones, lo que dejará solo $2,890 millones para cubrir todos los demás gastos del gobierno. Esto conllevará al descalabro total y la quiebra de las finanzas del Estado.
POR ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ, J.D., LL.M.
Publicado en el Periódico La Perla del Sur
Para muchos puertorriqueños la degradación por varias agencias clasificadoras del crédito de Puerto Rico parece un evento ajeno y problema exclusivo del gobierno.
Sin embargo, la degradación tendrá efectos trágicos en la totalidad del tejido económico y social.
El efecto directo de la degradación de la deuda es que el gobierno no podrá tomar más dinero prestado. Esto es así, porque los inversionistas no tendrán interés en comprar unas obligaciones del gobierno de Puerto Rico que están llenas de incertidumbre, porque no se sabe si las va a poder honrar.
Por otro lado, si el gobierno pudiera emitir nueva deuda, tendría que pagar unos intereses tan altos, que junto al principal a pagar, podría hacer imposible el saldo a los inversionistas, lo que profundizaría la crisis.
A primera vista, el que el gobierno no pueda tomar prestado es algo positivo. Puerto Rico ha sufrido de décadas de endeudamiento compulsivo que han elevado la deuda pública a niveles impagables de más de $70,000 millones.
El gobierno, sus corporaciones públicas y municipios encaran un déficit acumulado, es decir, una deficiencia entre activos y obligaciones, de más de $40,000 millones. Si se vendiera o liquidara todo lo que tiene el gobierno, no daría para saldar las deudas.
Anualmente el pago, o como le llaman los financieros, el servicio a esta deuda, es decir, lo que derrochamos para no caer en incumplimiento, alcanza los $3,400 millones. Algunos economistas dicen que es cerca de $4,000 millones.
Estos pagos, normalmente, lo que satisfacen son intereses y vencimientos parciales, y se saldan mediante refinanciamientos. Es decir, emitiendo deuda nueva para cubrir la vieja. Esto ha disparado el déficit acumulado y nos ha llevado a la insolvencia.
El que el gobierno no pueda tomar dinero prestado ocasionará que no pueda cumplir con el servicio a la deuda de no menos de $3,400 millones. Si no puede refinaciar para poder cumplir, tendrá que sacar este dinero del presupuesto del fondo general: el mismo que suple los gastos operacionales del gobierno de Puerto Rico. Es decir, nómina, salud, educación, infraestructura, entre otros.
El gobierno se encuentra ahora en esfuerzos desenfrenados por lograr emitir más deuda para cubrir esta suma. Pero como explicamos, el acceso a los mercados de bonos podría ser impráctico o imposible.
Por otro lado, tampoco el gobierno podrá cubrir el déficit estructural que tiene en su presupuesto anual de operaciones. Desde hace décadas, el presupuesto de Puerto Rico ha operado con más gastos que ingresos.
Esta diferencia entre gastos e ingresos fue cubierta de forma irresponsable con emisiones de nueva deuda. Es decir, Puerto Rico gastó más de lo que podía. Tomó de la tarjeta de crédito para pagar sus gastos operacionales ordinarios.
Y los gobernantes de turno nos enredaron en este entuerto por razones político partidistas. Querían comprar, comprar y comprar para ganar elecciones, y que los que vinieran después resolvieran.
Esta degradación obliga a que por primera vez en mucho tiempo el gobierno tenga la necesidad de establecer un presupuesto balanceado. Es decir, que tenga igualdad entre ingresos y gastos.
Esto, evidentemente resultará en recortes profundos en el gasto del gobierno que se estiman en alrededor de $820 millones y que van a perjudicar a empleados, suplidores, contratistas y otras personas o entidades a las cuales el gobierno les debe dinero.
Aunque el gobierno podría hacer un esfuerzo por mantener sus aportaciones para los presupuestos de salud, educación y otros servicios esenciales, la situación se agrava al tomar en cuenta que, además de las deudas ordinarias del gobierno, hay que pagar las penalidades que se impusieron por la degradación de los bonos.
Se estima que el efecto de la degradación por penalidades y aceleraciones de deudas, obligará al gobierno este año a tener que conseguir $940 millones adicionales: $940 millones que tienen que restarse del fondo general y que se suman al recorte de $820 millones indispensable para cuadrar el presupuesto.
Por lo tanto, como mínimo, el gobierno tendrá que restar $1,740 millones de su dinero para atender directamente el problema de la degradación. Es decir, que si tomamos de referencia los $9,770 millones del presupuesto de este año fiscal 2013-14, quedarán $8,030 millones para cubrir todos los gastos del gobierno.
La matemática no puede ser más desalentadora. El gobierno tiene que conseguir un mínimo de $3,400 millones para la deuda que vence este año, $940 millones para pagar las penalidades y aceleraciones de la degradación y $820 millones para balancear el presupuesto. Es decir, $5,140 millones, lo que dejará solo $2,890 millones para cubrir todos los demás gastos del gobierno.
Esto conllevará al descalabro total y quiebra de las finanzas del gobierno.
No es posible conseguir este dinero en tan poco tiempo, sin recurrir a emitir nueva deuda. Sin duda emitir deuda nueva agravará el problema y lo que hará será posponer, otra vez, la toma de decisiones fundamentales para corregir el problema.
Para entender la gravedad del problema, solo hay que mirar un dato. Fuentes gubernamentales estiman que podrían tener que despedir más de 20 mil empleados públicos. El gobierno tendrá que hacer un esfuerzo definitivo por cuadrar su presupuesto, pero será a costa de muchas entidades, personas y empleados que confían en la operación fiscal saludable para poder sobrevivir económicamente.
Además, estos recortes presupuestarios van a afectar la calidad de los servicios, las reparaciones de los edificios públicos y de las carreteras.
Un problema adicional que tiene el gobierno es que la Constitución establece que primero hay que pagar la deuda pública antes de pagar cualquier otra cosa. Nos obliga a pagar la financiera, incluso, antes que comer.
Tal parece que estamos en un callejón sin salida. Las alternativas no son muchas, pero todavía existen algunas efectivas. Si no tomamos acción inmediata, llegaremos a lo que el economista Luis Rey Quiñones Soto ha denominado “La Miseria”.
Retumban las palabras de Rey: “Rolando, nos comeremos hasta las raíces”.
En la próxima columna abordaremos alternativas viables a esta crisis de grandes proporciones que nos tiene al borde del abismo social y económico.
12 de febrero de 2014
Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D. LL.M.
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