Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Desde sus orígenes, el Puerto de las Américas ha tenido grandes controversias que han afectado su proceso de desarrollo. En primer término, se discutió la ubicación. Luego, el alcance del Puerto, que desde su origen fue concebido como un Puerto de Transbordo Internacional. Luego, el alcalde de Ponce, Hon. Francisco Zayas Seijo, comenzó a impulsar la idea de que el Puerto fuera de naturaleza doméstica, es decir, para solamente embarcar productos entre Puerto Rico y Estado Unidos, bajo las Leyes de Cabotaje. Esto levantó severas críticas, particularmente de la Cámara de Comercio del Sur, quien adoptó el proyecto del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago como el modelo de desarrollo económico de la Región Sur. Todos los esfuerzos de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico han ido dirigidos a desarrollar plenamente el Puerto de las Américas, esto incluye trabajar, según resuelto por su Asamblea, con las Leyes de Cabotaje, con el “Homeland Security Act”, con las tarifas de acarreo terrestre, las zonas de valor añadido y con el Aeropuerto Mercedita. Por eso es que se celebró el año pasado el Primer Simposio del Puerto de las Américas para discutir las implicaciones económicas y sociales de una ciudad puerto y este próximo viernes 4 de mayo se celebrará la segunda edición del Simposio, dedicado esta vez, al desarrollo de las zonas de valor añadido.
La controversia sobre la viabilidad, alcance y propósito del Puerto se ha complicado con los planes que está desarrollando el alcalde Francisco Zayas Seijo, en una interesante alianza con el Comisionado Residente Luis Fortuño, de convertir el Puerto en uno meramente doméstico y turístico. Ambos políticos, de mucho coincidencia ideológica en torno al futuro del país, quieren evadir la realidad de que Puerto Rico necesita un modelo de desarrollo económico a tono con la globalización y que esto requiere enfrentar los obstáculos a este proceso como lo son las Leyes de Cabotaje, de “Homeland Security” y la transportación terrestre y aérea. Entienden estos funcionarios que si el puerto es turístico, no es necesario atender el asunto de las Leyes de Cabotaje. Esto dado el hecho de que la actividad de cruceros está exenta de la Ley.
El Puerto las Américas Rafael Cordero Santiago no puede ser solamente un Puerto turístico y doméstico, porque estaría reproduciendo innecesariamente el esquema del Puerto de San Juan y no fomentaría el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional que apoye zonas industriales de valor añadido, que son las que van a generar empleo e inyectar dinero nuevo en nuestra economía. Cambiar el modelo del Puerto a uno turístico y doméstico, por limitaciones ideológicas, es un grave error que pagaremos nosotros y las generaciones futuras.
Todas las personas que hemos estado laborando por el desarrollo pleno del Puerto, que no significa meramente viable, sino que significa que debe ser motor de múltiples ejes de actividad económica y de empleo, debemos estar alertas para que no se lleve a efecto este cambio en el modelo original de desarrollo que soñó nuestro Alcalde Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
El Bufete Emmanuelli orienta jurídicamente mediante su boletín Del Derecho y del Revés:
miércoles, 18 de abril de 2007
sábado, 7 de abril de 2007
ESENCIAL DESARROLLAR LAS AREAS DE VALOR AÑADIDO PARA PROGRESO ECONOMICO DEL SUR
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de las Americas Rafael Cordero Santiago es una realidad que va progresando y en el término de 20 meses, contará con un moderno terminal que podrá manejar buques post panamax y un volumen de 250,000 furgones al año. Para ese momento, ya se debe contar con un operador internacional que pueda traer volumen de carga e incentivar el establecimiento de las industrias de valor añadido que apoyen el desarrollo económico de la región. Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes. Las empresas de valor añadido son las que van a traer el empleo que hace falta para la región Sur, que lamentablemente es la región más pobre de todo el país.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Ponce contempla el desarrollo de unas grandes fincas que pertenecen a diferentes propietarios para que se conviertan en un área de desarrollo industrial de valor añadido. Para la aprobación del Plan, las agencias gubernamentales de infraestructura se comprometieron a llevar a cabo unas obras que incluyen conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones. Estas obras de infraestructura son compromisos de ley conforme a lo resuelto en el caso de Ponce en Marcha. Por tanto, deben estar listas para cuando se termine la segunda etapa del Puerto en un término de 20 meses. Si estas obras no se terminan en un tiempo mencionado, el operador no tendrá unas áreas donde se puedan establecer las industrias de valor añadido como fuente de promoción del Puerto y de empleo. Es urgente que el gobierno empiece la planificación detallada de cumplimiento legal de las obras de infraestructura para las fincas de valor añadido.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y su Comité del Puerto, presidido por la economista Elena Colón Parilla, convocó a los dueños de tierras que están zonificadas como áreas de valor añadido para explicarles en detalle lo que significa para sus terrenos y para constituir una fuerza que abogue porque se cumpla con el mandato legal de las obras de infraestructura. En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Sur celebrará su segundo Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago donde el tema será: El Valor Añadido. El Departamento de Desarrollo Económico se ha comprometido a presentar en el Simposio el plan de desarrollo, pero ha informado que solamente cuenta con 6 millones para llevar acabo este importante proyecto.
Estoy de buena fe convencido de que el Puerto de Las Américas es un modelo de desarrollo económico que traerá calidad de vida a Ponce, la región Sur y al resto del país. Para eso es indispensable trabajar y cabildear desde todos los ángulos para que el gobierno cumpla con los compromisos de ley. La Cámara de Comercio del Sur continuará reuniéndose con los propietarios de las fincas de valor añadido por lo que cualquier persona que tenga terrenos que hayan sido zonificados de esa forma, debe comunicarse con la Sra. Elena Colón Parrilla al (787) 844-4400, para estar enterado de cuándo es la próxima reunión.
Sin el cumplimiento del gobierno de sus obligaciones para el desarrollo de infraestructura, las áreas del valor añadido continuarán siendo fincas baldías. Con fincas baldías, el Puerto de las Américas no tendrá el impacto económico que todos esperamos. La región Sur tiene derecho a que el gobierno central cumpla con estas obras de infraestructura. Esto es brindarnos nuestro derecho al Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de las Americas Rafael Cordero Santiago es una realidad que va progresando y en el término de 20 meses, contará con un moderno terminal que podrá manejar buques post panamax y un volumen de 250,000 furgones al año. Para ese momento, ya se debe contar con un operador internacional que pueda traer volumen de carga e incentivar el establecimiento de las industrias de valor añadido que apoyen el desarrollo económico de la región. Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes. Las empresas de valor añadido son las que van a traer el empleo que hace falta para la región Sur, que lamentablemente es la región más pobre de todo el país.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Ponce contempla el desarrollo de unas grandes fincas que pertenecen a diferentes propietarios para que se conviertan en un área de desarrollo industrial de valor añadido. Para la aprobación del Plan, las agencias gubernamentales de infraestructura se comprometieron a llevar a cabo unas obras que incluyen conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones. Estas obras de infraestructura son compromisos de ley conforme a lo resuelto en el caso de Ponce en Marcha. Por tanto, deben estar listas para cuando se termine la segunda etapa del Puerto en un término de 20 meses. Si estas obras no se terminan en un tiempo mencionado, el operador no tendrá unas áreas donde se puedan establecer las industrias de valor añadido como fuente de promoción del Puerto y de empleo. Es urgente que el gobierno empiece la planificación detallada de cumplimiento legal de las obras de infraestructura para las fincas de valor añadido.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y su Comité del Puerto, presidido por la economista Elena Colón Parilla, convocó a los dueños de tierras que están zonificadas como áreas de valor añadido para explicarles en detalle lo que significa para sus terrenos y para constituir una fuerza que abogue porque se cumpla con el mandato legal de las obras de infraestructura. En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Sur celebrará su segundo Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago donde el tema será: El Valor Añadido. El Departamento de Desarrollo Económico se ha comprometido a presentar en el Simposio el plan de desarrollo, pero ha informado que solamente cuenta con 6 millones para llevar acabo este importante proyecto.
Estoy de buena fe convencido de que el Puerto de Las Américas es un modelo de desarrollo económico que traerá calidad de vida a Ponce, la región Sur y al resto del país. Para eso es indispensable trabajar y cabildear desde todos los ángulos para que el gobierno cumpla con los compromisos de ley. La Cámara de Comercio del Sur continuará reuniéndose con los propietarios de las fincas de valor añadido por lo que cualquier persona que tenga terrenos que hayan sido zonificados de esa forma, debe comunicarse con la Sra. Elena Colón Parrilla al (787) 844-4400, para estar enterado de cuándo es la próxima reunión.
Sin el cumplimiento del gobierno de sus obligaciones para el desarrollo de infraestructura, las áreas del valor añadido continuarán siendo fincas baldías. Con fincas baldías, el Puerto de las Américas no tendrá el impacto económico que todos esperamos. La región Sur tiene derecho a que el gobierno central cumpla con estas obras de infraestructura. Esto es brindarnos nuestro derecho al Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
martes, 3 de abril de 2007
DEMOCRACIA NO ES IGUAL A POLÍTICA, EL DEBATE SOBRE LA UNICAMERALIDAD
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
En Puerto Rico existe la tendencia a confundir la Política con la Democracia. La Democracia es el sistema de gobierno que en teoría establece nuestra Constitución, donde el poder político está dividido en tres ramas, dos de las cuales son electas directamente por el pueblo, y se supone que respondan a nuestros deseos y aspiraciones. La política, entre otras cosas, es la ciencia que estudia el comportamiento de los ciudadanos, de sus estructuras de participación y de los partidos políticos en relación a los procesos de alcanzar y administrar el poder gubernamental. Política no es igual a Democracia, porque la política puede ejercerse correcta y prudentemente dentro de una dictadura.
El sistema democrático puertorriqueño establece que cuando se quiera hacer alguna reforma constitucional hay que someter el asunto a un referéndum donde puedan votar todos los electores hábiles. La Constitución puertorriqueña establece que una vez el pueblo hace su determinación sobre el referéndum, es necesario implantarlo. No hay discreción para que los cuerpos políticos gubernamentales hagan caso omiso de un mandato del pueblo, porque estarían contradiciendo un postulado democrático básico. Cuando la legislatura determinó consultar al pueblo sobre la Unicameralidad bajo el procedimiento extraordinario de referéndum, se había vinculado u obligado claramente con el resultado del referéndum. No hay base jurídica o constitucional que le permita a la legislatura obviar el mandato del pueblo. El mandato del pueblo no depende de la cantidad de personas que hayan votado, depende de que la elección haya sido válida e incuestionable. Hasta este momento, no se ha hecho ningún planteamiento jurídico sobre la validez del referéndum de la Unicameralidad.
Ante el proceso judicial que sigue unos ciudadanos responsables en contra de la legislatura para que se valide la voluntad del pueblo de una sola cámara, es indispensable analizar las consecuencias políticas y sociales de que se desatienda el mandato del pueblo. Si la Asamblea Legislativa no respeta el mandato del pueblo, está incurriendo en un acto tiránico y antidemocrático. Por ende, está violando la Constitución. El Tribunal Superior en su Sala de San Juan, determinó que no tenía autoridad para obligar a los legisladores a cumplir con el mandato del pueblo. Con mucho respeto, diferimos. Los Tribunales están para interpretar la Constitución. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, es el último interprete de la Constitución de Puerto Rico. En su momento, cuando el caso se discuta en el Tribunal Supremo, tendrá que decir si en Puerto Rico existe una democracia o existe una aparente democracia, con capacidad de que sus líderes políticos se conviertan en tiranos.
A mi juicio, esta la respuesta es bien sencilla. El Tribunal Supremo, en su momento, debe decidir que cuando el pueblo es consultado y emite su opinión, no hay discreción para evadir ese mandato. La Unicameralidad es algo que se viene debatiendo por muchos años. No importa que en este momento pueda haber opiniones sobre si es buena o es mala. Ya el pueblo decidió esa cuestión. Lo que es indispensable es que se haga cumplir el mandato del pueblo para que se cumpla con nuestro debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
En Puerto Rico existe la tendencia a confundir la Política con la Democracia. La Democracia es el sistema de gobierno que en teoría establece nuestra Constitución, donde el poder político está dividido en tres ramas, dos de las cuales son electas directamente por el pueblo, y se supone que respondan a nuestros deseos y aspiraciones. La política, entre otras cosas, es la ciencia que estudia el comportamiento de los ciudadanos, de sus estructuras de participación y de los partidos políticos en relación a los procesos de alcanzar y administrar el poder gubernamental. Política no es igual a Democracia, porque la política puede ejercerse correcta y prudentemente dentro de una dictadura.
El sistema democrático puertorriqueño establece que cuando se quiera hacer alguna reforma constitucional hay que someter el asunto a un referéndum donde puedan votar todos los electores hábiles. La Constitución puertorriqueña establece que una vez el pueblo hace su determinación sobre el referéndum, es necesario implantarlo. No hay discreción para que los cuerpos políticos gubernamentales hagan caso omiso de un mandato del pueblo, porque estarían contradiciendo un postulado democrático básico. Cuando la legislatura determinó consultar al pueblo sobre la Unicameralidad bajo el procedimiento extraordinario de referéndum, se había vinculado u obligado claramente con el resultado del referéndum. No hay base jurídica o constitucional que le permita a la legislatura obviar el mandato del pueblo. El mandato del pueblo no depende de la cantidad de personas que hayan votado, depende de que la elección haya sido válida e incuestionable. Hasta este momento, no se ha hecho ningún planteamiento jurídico sobre la validez del referéndum de la Unicameralidad.
Ante el proceso judicial que sigue unos ciudadanos responsables en contra de la legislatura para que se valide la voluntad del pueblo de una sola cámara, es indispensable analizar las consecuencias políticas y sociales de que se desatienda el mandato del pueblo. Si la Asamblea Legislativa no respeta el mandato del pueblo, está incurriendo en un acto tiránico y antidemocrático. Por ende, está violando la Constitución. El Tribunal Superior en su Sala de San Juan, determinó que no tenía autoridad para obligar a los legisladores a cumplir con el mandato del pueblo. Con mucho respeto, diferimos. Los Tribunales están para interpretar la Constitución. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, es el último interprete de la Constitución de Puerto Rico. En su momento, cuando el caso se discuta en el Tribunal Supremo, tendrá que decir si en Puerto Rico existe una democracia o existe una aparente democracia, con capacidad de que sus líderes políticos se conviertan en tiranos.
A mi juicio, esta la respuesta es bien sencilla. El Tribunal Supremo, en su momento, debe decidir que cuando el pueblo es consultado y emite su opinión, no hay discreción para evadir ese mandato. La Unicameralidad es algo que se viene debatiendo por muchos años. No importa que en este momento pueda haber opiniones sobre si es buena o es mala. Ya el pueblo decidió esa cuestión. Lo que es indispensable es que se haga cumplir el mandato del pueblo para que se cumpla con nuestro debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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