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domingo, 31 de mayo de 2009

La Agenda Urgente del Sur ante la visita del Senado de Puerto Rico



Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

El pasado viernes 29 de mayo se reunió el Senado de Puerto Rico en una “Comisión Total” en el Teatro La Perla de Ponce. No fue una Sesión Legislativa, sólo una Comisión Total –con la comparecencia de todos los senadores- porque la Constitución de Puerto Rico dispone en su Artículo III, Sección 13, que las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico. Esto es un buen ejemplo de la inflexibilidad de nuestro sistema de derecho en cuanto a permitir el desarrollo de la descentralización y regionalización del país.

La importancia de la distinción entre una Sesión Legislativa y una Comisión Total es que no podrán aprobar legislación que beneficie el Sur hasta que regresen al pleno del Hemiciclo en el Capitolio. Sin embargo, la información y voluntad unida que vean en torno a los proyectos del Sur será determinante en sus próximas acciones.

La visita del Senado de Puerto Rico a Ponce tuvo una gran importancia por dos factores fundamentales. En primer término, fue un reconocimiento directo del poder legislativo de que la Región Sur está desarrollando una voz, de múltiples timbres y armonías, pero enfocada en el bien común ejerciendo un poder político regional, no partidista, que es necesario escuchar y acatar.
En segundo término, nos ofreció a los Sureños la oportunidad de plantear de cerca y sin intermediarios las verdaderas necesidades y planes puntuales de nuestra Región Sur. La Región tuvo una oportunidad única de demostrar su madurez y unidad para establecer nuestra estrategia de desarrollo económico sin que venga impuesta desde San Juan.

Entre los planteamientos más importantes discutidos estuvieron:

1. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico coordinó un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la Región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur conocido como Manifiesto por el Sur, percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a la integración regional para el Sur.

2. Debe legislarse para permitir la autonomía regional mediante el fortalecimiento de la autonomía municipal para que DISUR pueda establecer sus planes estratégicos y operacionales de la Región Sur basados en el Manifiesto por el Sur, que pongan en marcha todas las iniciativas seleccionadas como beneficiosas y apropiadas a nuestros intereses. La preparación de estos planes justificarán que se apruebe un proyecto de Ley que permita que las regiones se vayan organizando y estructurando de manera que puedan, en su momento, reclamar la delegación de autoridades gubernamentales de los poderes de planificación y permisos regionales. De esta manera, los Sureños tendremos en nuestras manos el destino de nuestro desarrollo económico.

3. Además se expuso, que el efecto retroactivo de la moratoria a la Ley 212 de 2002, impuesto en la Ley 7 de 9 de marzo de 2009, paralizó la inversión privada y menoscabó obligaciones contractuales con efectos desastrosos para el desarrollo económico de los centros urbanos. Que el incumplimiento por parte del gobierno mediante la Ley 7, en honrar compromisos previamente contraídos con inversionistas y la banca, mina la confianza y credibilidad del Estado como agente de fomento económico. Por tanto, debe corregirse de inmediato el efecto retroactivo de la moratoria de la Ley 7, para no perjudicar los escenarios de inversión de los proyectos terminados y certificados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce; los proyectos terminados y en proceso de certificación por esta Oficina; los proyectos en construcción con beneficios aprobados por la Oficina; y los proyectos en distintas etapas de diseño, planificación y permisos con los beneficios aprobados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce. La Ley 7 sólo debe aplicarse a los proyectos nuevos que se presenten después del 9 de marzo de 2009.

4. Por último, pero no menos importante, es fundamental que se ordene la citación del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Hon. José Ramón Pérez Riera, a los fines de que explique en una vista de interpelación, las razones por las cuáles se ha atrasado el desarrollo de la apertura y operaciones del Puerto de las Américas para el primer trimestre de 2010; por qué no se ha terminado el proceso de negociación con UCW América; por qué no se ha continuado con el proceso de negociación con Jones Lang Lassalle para la administración de las zonas de valor añadido; por qué no se ha nombrado a estas alturas un director o directora ejecutiva para que se cumpla con la Ley del Puerto y se pueda negociar válidamente con UCW América y Jones Lang Lassalle; por qué en lo que va de año la Junta de Directores sólo se ha reunido una vez; y por último, que se le requiera que presente un plan convincente y realista para poder adelantar las obras del Puerto y salvar el atraso de los primeros seis meses de 2009; semestre ya perdido en el desarrollo del Puerto de las Américas.

Esperamos que la visita del Senado de Puerto Rico haya sido sincera, productiva y que pueda poner en marcha lo antes posible las aspiraciones y planes concretos de la Región Sur, que con su voluntad y valentía, poco a poco se ha ido convirtiendo en ejemplo a seguir por el resto de nuestro país.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

domingo, 24 de mayo de 2009

El Asunto Fundamental de Ponce y los Sureños: Que se nombre un Director o Directora Ejecutiva de la APA

El Asunto Fundamental de Ponce y los Sureños:

Que se nombre un Director o Directora Ejecutiva de la APA

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Para el Sur, en estos momentos no es importante cuánto es el déficit del Municipio de Ponce, ni lo que le dijo Sagardía a Vega Ramos, ni lo que le va a pasar al Padre Alberto. El asunto más importante que nos concierne a los Sureños es que se nombre urgentemente a un Director o Directora Ejecutiva de la Junta del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, para que no se sigan atrasando el trámite de comienzo de operaciones que ya lo llevan por el primer trimestre del año 2010.

La inacción de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de las Américas (APA) ya ha pospuesto la operación del Puerto por más de 9 meses.

La Junta de Directores de la APA está paralizada por su presidente el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sr. José Ramón Pérez Riera. Decimos que la Junta está paralizada, porque no le han permitido nombrar a un Director o Directora Ejecutiva por una mera pugna política local enfocada en quién será el próximo candidato a alcalde por el PPD en Ponce en las elecciones del 2012. Eso es un asunto pequeño y perjudicial para todos los intereses y expectativas de la comunidad Sureña.

El dilema que confronta Fortuño y su subalterno Pérez Riera es que no pueden nombrar a una persona con experiencia y méritos, porque confrontarían un problema político con personas de su partido que temen perder las elecciones en 2012. Por eso han dejado el asunto sobre la mesa y el gobernador ha llegado al extremo de decir que eso no es una prioridad. Nada más lejos de la verdad.

Sin un Director o Directora Ejecutiva, la Junta de la APA no puede negociar válidamente con el candidato a operador UCW América. La Ley de la APA es clara. La persona con facultad para negociar con el operador es el Director o Directora Ejecutiva.

Recientemente trascendió y se comprobó que Pérez Riera, ante la ausencia de tiempo para atender este asunto tan vital para los Sureños, delegó la negociación con UCW América a dos jóvenes norteamericanos, recién graduados de universidad y con mínima experiencia en asuntos de esta envergadura. Esto es un grave error que pone en riesgo la negociación con UCW porque, además de que no hay garantía de que hagan el trabajo bien, la negociación estaría sujeta a ataques judiciales por ser fuera de la autoridad de ley o ultravires.

La ventana de oportunidad para terminar el acuerdo con UCW América se está cerrando. En estos tiempos de crisis económicas estas tardanzas innecesarias destruyen las expectativas de negocios. UCW América podría determinar interesarse en otro puerto. Entonces la APA tendría que empezar de nuevo y el atraso podría ser de más de dos años.

Con leer la Ley de la APA, Pérez Riera se hubiera dado cuenta de su error al delegar este asunto a principiantes sin haber nombrado a un Director o Directora Ejecutivo. Sin embargo, luego de señalado el problema por este periódico, se empeño en defender su decisión.

Es indispensable nombrar un Director o Directora Ejecutiva. El que sea. Si no nombran al que está preparado, conoce todos los aspectos del Puerto y tiene el apoyo de Fortuño, la Junta de Directores y de las fuerzas vivas de la Región Sur; que entonces nombren a la correligionaria que tiene las cualificaciones mínimas para hacer el trabajo.

Ahora bien, en el segundo caso, dónde lo importante es meramente atajar el miedo a perder las elecciones en el 2012, cargarán entonces con las consecuencias sociales, económicas y políticas de su decisión.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

viernes, 15 de mayo de 2009

DISUR: CONSTRUYENDO NUESTRO PAÍS DEL SUR

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.


rolando@bufete-emmanuelli.com

No cabe duda de que uno de los principales problemas de planificación e incoherencia de las estrategias urbanas y de desarrollo socioeconómico de Puerto Rico es la estructura de 78 entidades municipales. La mayoría de los municipios no han podido cumplir con los requisitos de la Ley de Municipios Autónomos para poder recibir la delegación de poderes del gobierno central y convertirse en autónomos. Esto ocurre en gran medida porque no cuentan con los recursos económicos para implantar el proceso de autonomía. Además, más de 30 municipios en Puerto Rico están al borde de la bancarrota y no pueden cumplir con sus funciones básicas de administración y obras públicas.

Tampoco cabe duda de que las 78 municipalidades de Puerto Rico tienen una identidad y orgullo que las distingue y que se crearían innumerables controversias con meramente plantear la eliminación o consolidación de algunos. Por otro lado, la propuesta de elevar a rango constitucional la autonomía municipal es importante para los municipios que ya la disfrutan, pero no presenta alternativa viable y práctica para los que no podrán cumplir con sus requisitos. Es por eso que se impone otro modelo.

Debe fortalecerse la autonomía municipal para que pueda darse paso a la colaboración e intercambio de recursos intermunicipales, y al establecimiento de las alianzas o consorcios municipales que permitan a los municipios ahorrar dinero mediante la consolidación de servicios o la implantación de estrategias comunes de desarrollo económico. En la unión está la fuerza y ha llegado el momento en que los municipios exploren las ventajas de coaligarse.

Por otro lado, el desarrollo de proyectos regionales como el gasoducto, ahora acueducto, y el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago con sus zonas de valor añadido que podrían dar paso a un tren que atraviese la mayoría de los municipios del Sur, requieren una planificación que mire el contexto de toda una región, por la gente que la conoce y le interesa su desarrollo pleno con calidad de vida. El gazapo monumental del gasoducto no hubiera ocurrido si el proyecto se hubiera planificado desde el Sur por la gente del Sur.

El modelo de planificación nacional centralizado en San Juan ha fracasado. No existe un plan de uso de terrenos y prevalece una gran incongruencia e incertidumbre sobre el establecimiento de dicho plan ante los planes de ordenamiento territorial de los municipios autónomos. ¿Puede la Junta de Planificación desde sus recintos centralizados en San Juan determinar algo distinto en cuanto al uso de un terreno a lo dispuesto por la Oficina de Ordenamiento Territorial de Ponce? Entiendo que no, pero existe la amenaza de un conflicto que finalice en los tribunales.

Además de la posibilidad de que los municipios compartan recursos y consoliden funciones, existe el camino para que también podamos reclamar la autoridad para poder llevar a cabo la evaluación, planificación y autorización de proyectos regionales. Los Municipios Autónomos pueden planificar su territorio y conceder permisos de construcción y de uso dentro de sus fronteras. Pero qué pasa si se programa un bosque protegido colindante con una zona de desarrollo industrial y comercial de otro municipio. Este posible conflicto asoma también con el nuevo acueducto del sur y con la determinación del gobierno central de fortalecer el enfoque agrícola de nuestra Región Sur. ¿Se planificarán estos proyectos en total armonía, o al menos, en sintonía con lo que necesita el Sur si la gente que los trabaja no viven en nuestra región? La historia no ofrece ejemplos que sirvan de precedentes optimistas. Hace falta poder tener una visión más amplia y los poderes para implantarla, pero desde el Sur y para el Sur.

Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR) es una corporación bajo la Ley de Municipios Autónomos que tiene como propósito integrar los esfuerzos de los 15 municipios que componen la región del Sur de Puerto Rico para establecer iniciativas de planificación regional y propiciar el desarrollo socioeconómico sustentable, sostenido y la calidad de vida. En ese sentido, tiene como propósito el fortalecer los recursos y procesos de planificación urbana, rural, ambiental e industrial de una manera coherente y costo eficiente para toda la Región Sur.

La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico coordinó un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la Región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur conocido como Manifiesto por el Sur, percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a la integración regional para el Sur.

Las energías de los sectores no gubernamentales deben estar enfocadas en que DISUR se convierta en un organismo supra-municipal que capitalice sobre los activos regionales y coordine las voluntades de política pública de los municipios para evitar la duplicidad de esfuerzos, potenciar iniciativa de desarrollo económico que incluyan varios municipios o subregiones, abogar colectivamente por la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo, y promocionar y mercadear la región a nivel global como una zona de alto valor para la inversión turística, empresarial e industrial.

Bajo el liderato del Honorable Abel Nazario, Alcalde de Yauco, DISUR se encuentra encaminando esta Visión mediante dos proyectos fundamentales. El primero es la preparación de una recopilación de toda la información y conocimiento regional que guíe los esfuerzos de desarrollo económico y de planificación. Este esfuerzo se ha trabajado durante los últimos dos años por los sectores académicos de DISUR y se encuentra prácticamente listo para que la Junta de Directores se pueda expresar ofreciendo dirección específica al comité interuniversitario que lo trabaja para que comience la redacción del Plan Estratégico y Operacional de la Región del Sur, que pongan en marcha todas las iniciativas seleccionadas. La preparación de este Plan Estratégico y Operacional dará base a que se apruebe un proyecto de Ley que permita que las regiones se vayan organizando y estructurando de manera que puedan, en su momento, reclamar la delegación de autoridades gubernamentales de los poderes de planificación y permisos regionales. De esta manera, los Sureños tendremos en nuestras manos el destino de nuestro desarrollo económico.

Recientemente en el 4to Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago se presentó una gráfica por los Arquitectos Javier de Jesús y Abel Misla en la que se presentaban todas las características de fronteras municipales y regionales, recursos naturales, infraestructura de comunicaciones, carreteras, energía y agua, hospitales, universidades, viviendas, zonas industriales, territorio protegido, biodiversidad, áreas turísticas etc. En fin, todos los elementos necesarios para pensarnos a la manera del Honorable Willie Miranda Marín como un país. Le llamé nuestro País del Sur. Caguas no es un País, con mucho respeto lo digo, pero los 15 municipios de la Región Sur si tienen todo lo necesario para considerarse una región con suficiente autonomía para decidir su destino con éxito y valentías.

El otro proyecto de DISUR que es fundamental para nuestro desarrollo como región es el Catálogo para la Planificación y Promoción de la Región Sur de Puerto Rico. Este instrumento que se presentará en varios formatos incluyendo una página de Internet y un libro, contendrá toda la información vital para que los puertorriqueños y extranjeros entiendan las ventajas y las normas que rigen los procesos de inversión, de apertura y mantenimiento de negocios en la Región Sur. Este catálogo permitirá descentralizar y fortalecer las energía de promoción de la inversión en el Sur para que cada uno de nosotros sea un promotor o embajador potencial para atraer nuevas industrias y empresas de servicios.

No es posible lograr un desarrollo económico, sustentable y sostenido si cada municipio es una isla que decide sus asuntos sin contar con el contexto regional. Por ende, es indispensable fortalecer a DISUR mediante la incorporación de todos los municipios, universidades y empresas emblemáticas de la región, apoyando el Manifiesto o la declaración de principios esenciales de la Cámara de Comercio del Sur, y encaminando a DISUR como el planificador y coordinador regional de las estrategias de desarrollo socioeconómico que se deben implantar en el Sur.

En estos momentos DISUR se encuentra en un proceso de consolidación de las fuerzas más vivas de la Región. La membresía está abierta para cualquier empresa, comunidad o entidad educativa que quiera fortalecer su conocimiento de la Región Sur e influenciar en la formulación de políticas de desarrollo económico para nuestra Región. Les exhorto a que llamen al 787-284-8424 para que inicien las gestiones para incorporarse a esta importante organización.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 13 de mayo de 2009

Hacia el Acueducto del Sur: De la victoria a la nueva agenda de trabajo

Por Luis Rey Quiñones Soto, Economista

La lucha honrada y sin descanso de una parte importante de la población de la Región Sur de Puerto Rico, encabezada por el Frente Amplio Contra el Gasoducto, ha entregado al resto del País una contundente y significativa victoria con el anuncio del gobernador Fortuño de utilizar materiales y la ruta del gasoducto para la construcción del Acueducto del Sur.

La victoria es el resultado de la voluntad militante, expresada desde las comunidades, para participar de manera activa en las decisiones que, hasta ahora, se tomaban de espaldas al Pueblo, en los pasillos legislativos de Puerta de Tierra.

La celebración de vistas públicas en las municipalidades de las comunidades afectadas es el resultado de la voluntad ciudadana por construir, desde abajo, un nuevo Puerto Rio más esperanzador, honrado, participativo y democrático.

Entonces, ante este nuevo proyecto de Acueducto del Sur, conviene que nos convoquemos para adecuar el nuevo uso a las necesidades de las comunidades, al mismo tiempo que se aseguren remedios efectivos a los problemas que afectan los acuíferos del sur y se facilite un desarrollo sustentable y ordenado de la Región Sur, con epicentro en el Puerto Internacional de Trasbordo y de valor añadido Rafael Cordero Santiago.

De manera que ante el reto que nos plantea a todos los pobladores de esta región la construcción de un acueducto regional es necesario asegurar que la toma de decisiones, si desea contar con el aval de los ciudadanos de la Región Sur, debe asegurar que el proceso cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

1. Que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), retire de inmediato de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) la propuesta del proyecto del Gasoducto del Sur,

2. Que la Junta de Calidad Ambiental certifique el retiro por parte de la AEE de la propuesta para el Gasoducto del Sur de la JPPR,

3. Que se someta una nueva consulta de ubicación como lo exigen los reglamentos de las agencias concernientes conforme al nuevo uso, y se proceda a la redacción de una nueva declaración de impacto ambiental para el caso específico de un acueducto regional,

4. Que se dispongan en un lugar adecuado, mientras comienzan las obras, los tubos cercanos a la comunidades,

5. Que el nuevo proyecto, Acueducto del Sur, considere una ruta alterna a la del gasoducto, y el uso adecuado de maquinaria y equipo, para evitar toda posibilidad de efectos no deseables sobre los recursos naturales, la vida cotidiana y propiedad de los vecinos de las comunidades aledañas a la nueva ruta,

6. Que, desde sus inicios mismo, el proceso de toma de decisiones sea diáfano y transparente, por lo que es necesario poner a disposición de las comunidades e interesados los documentos relativos al la nueva propuesta de Acueducto del Sur, de manera que sea posible una participación ciudadana y comunitaria bien documentada,

7. Que la mayor disponibilidad de agua, a la cual tiene que incorporarse el abasto de Cerrillos, no dé paso al desparramamiento urbano en detrimento de los inventarios de tierras agrícolas,

8. Que, para evitar la dilapidación de tierras agrícolas, se establezca prioridad para suplir agua necesaria para el reciclaje de los centros urbanos de la Región Sur como espacios habitacionales, los cuales han sido objeto de importantes obras de infraestructuras de acueducto y alcantarillado, por lo que es económicamente rentable densificar, revitalizar y rescatar este espacio urbano tan importante.

Sobre la base anterior es posible satisfacer necesidades y proyectos que, en la cultura del mollero y de la imposición política, son claramente antagónicos porque privilegian los intereses de unos pocos en desmedro de los genuinos intereses de las grandes mayorías.

Sobre esa base, los sureños todos transitamos entusiasmados en la construcción de una nueva cultura política de participación directa que conduzca a la transformación radical del País en términos económicos, políticos y sociales.

sábado, 9 de mayo de 2009

Ley 212: Inversión y crecimiento: El caso de Ponce

Luis Rey Quiñones Soto, Economista
AEPR # 0503

Taller de Estudios Económicos y Sociales: TECyS

Teléfono: (787) 929-0404

Ponce Puerto Rico

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Ley 212: Inversión y crecimiento:

El caso de Ponce



Por Luis Rey Quiñones Soto


I. Introducción

El presente trabajo intenta arrojar luz sobre la toma de decisiones relativa a la Ley 212 ─Ley para la revitalización de los centros urbanos─, en el contexto de la Ley Núm.7 de marzo de 2009, a partir de datos específicos del centro urbano de Ponce.

De manera que, con el ámbito y la periodización del objeto de estudio, se busca cuantificar el posible efecto de los proyectos bajo el manto de la Ley 212 sobre el fisco y el crecimiento económico, para el lapso que va del primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.

En lo concerniente a la metodología para la proyección de los efectos fiscales y económicos atados a la inversión y al crédito contributivo de la Ley 212, se trabaja con escenarios mínimos. Para cada uno de las proyecciones se utiliza siempre el menor dato o proporción para el cálculo del efecto sobre los ingresos fiscales.

Para la medición del empleo y el ingreso asalariado se parte de la especificidad del Centro Historio de Ponce en términos de las dificultades que presentan el espacio y el tipo de estructuras ─ruinas, solares pequeños, demoliciones, rehabilitación─, a la logística típica para el ramo de la construcción, lo que resulta en una menor productividad o utilización menos eficiente de.maquinaria y mano de obra.

Lo anterior resulta, para el centro urbano de Ponce, en costos de construcción promedios mayores a lo promedios del mercado para el conjunto del ramo de la construcción de viviendas, lo que impone un importante disuasivo que limita la inversión del sector privado en la construcción en los centros urbanos. Ese hecho, y la búsqueda de revitalización de los deteriorados centros urbanos, inducen al legislador a incentivar la construcción privada mediante el otorgamiento de créditos contributivos para la construcción en los cascos urbanos (Ley 212).

Por último, se tomaron los datos de los 43 proyectos de construcción terminados para establecer estadígrafos de tendencia central con respecto al tiempo que discurre desde el permiso de construcción al permiso de uso de la construcción. Los datos arrojaron una media de 2.1, mediana de 2.0 y moda de 1.9.

Estas medidas son esenciales para la poder atisbar, con bastante precisión, la fecha en que el crédito contributivo entra en la contabilidad de los proponentes y del Departamento de Hacienda.

En rigor, por la consistencia en las tres medidas centrales, hay que concluir que, por término medio, el Departamento de Hacienda, comenzará el proceso de evaluación y otorgamiento del crédito contributivo después de pasados los dos años en que el proponente obtiene el permiso de construcción. El rezago se explica por razones de incertidumbre en que fueron subsumidos los créditos de la Ley 212 desde sus inicios y por los parámetros reglamentarios para la construcción en el Centro Histórico.

Asimismo, el rezago se refuerza porque los proyectos en Ponce cobijados por la Ley 212 presentan tres fases bien diferenciadas ─construido, en construcción o con permiso de construcción, o algún otro permiso, de las oficinas municipales correspondientes. Por consiguiente, esos tres escenarios imponen también diferentes itinerarios a la otorgación y disponibilidad del crédito contributivo por parte del Departamento de Hacienda, lo que le permite al fisco importantes ingresos, al menos dos años antes, de otorgar el crédito. Hoy, la incertidumbre es mayor, por lo que el rezago es una realidad que debe ser ponderado en cualquier tipo de análisis.

En los apartados subsecuentes se demuestra que, por cada dólar de crédito contributivo concedido o a conceder, la economía recibe de manera directa $1.18 centavos, veintisiete de los cuales van a manos del gobierno. En esa misma dirección se comporta la inversión total en construcción, pues por cada dólar invertido en construcción, 23.1 centavo es inversión que proviene del bolsillo del proponente y los restante 76.9 centavos son los que se otorgan como crédito por parte del gobierno; de los cuales, como se argumentó, al gobierno revierten 27 centavos. Por consiguiente desde las arcas gubernamentales, la aportación neta se reduce a 49.9 centavos por cada dólar de inversión para la elaboración y construcción de los proyectos en el Centro Histórico de Ponce bajo los beneficios contributivos de la Ley 212.

II. Inversión, crédito y desenvolvimiento económico

La base de datos suministrada por las oficinas de ordenamiento territorial y de permisos del Municipio Autónomo de Ponce, documenta el registro de 223 proyectos bajo los auspicios de La Ley 212, los cuales suponen invertir $ 213.4 millones, con créditos contributivos de $ 164.2 millones, 1,057 unidades habitacionales, cuya construcción debe crear 3,041 empleos y $ 74.7 millones en salarios para trabajadores directos de construcción.

T. Base. Ponce Ley 212: Todos los 223 Proyectos, empleos en construcción, número de viviendas


(Inversión, crédito, salarios e IVU: en millones de dólares)



Tipo de proyecto


# Proyectos



$ Inversión



$ Crédito



# Viviendas




Empleos*



$ Salarios*



Terminados



43



28.9



22.3



145



520



10.1



En
construcción



32



28.9



22.2



108



520



10.1



Con Permisos



148



155.6



119.7



804



2,001



54.5



Totales



223



213.4



164.2



1,057



3,041



74.7


Fuente:
Oficina de Ordenación Territorial y Oficina de Permisos, Municipio Autónomo de
Ponce, abril 2009. *Proyección del economista.

A partir de esa base se elabora un ejercicio predictivo sobre las variables principales para las tres modalidades en que avanzan los 223 proyectos en Ponce bajo la Ley 212. (T. Base.)

Primero, con una inversión de $213.4 millones, resulta que al fisco ingresan $ 44.06 millones. Es decir, por el efecto rezago, por cada dólar de crédito a conceder, veintisiete centavos (0.2683) entran en manos del gobierno mucho antes ─dos años promedio─ de otorgar crédito contributivo alguno (T.1.)

Asimismo, por cada dólar de inversión (hard y softs costs), para la totalidad del los proyectos, el crédito contributivo se limita a 76.9 centavos, por lo que los individuos y las empresas privadas vienen obligados a invertir 23.1 centavos en otros costos ─los softs costs, según la jerga de la construcción─, no vinculados a mano de obra y materiales.



T.1. Ponce Ley 212 Todos los proyectos: Ingresos directos mínimos al fisco: ($ en millones)





Tipo
de ingreso ($)



Construidos



En
construcción



Con permisos



$ Totales



$ Arbitrios construcción



1.09



1.08



6.46



8.63



$ Radicaciones Ponce



0.135



0.127



0.673



0.935



$ Radicaciones Hacienda



0.062



0.045



0.21



0.317



$ IVU materiales



0.58



0.58



2.1



3.26



$ Impuesto al gasto
asalariado



1.5



1.5



8.2



11.2



$ IVU al gasto asalariado



0.203



0.203



1.17



1.576



$
pagos marginales al salario



2.02



2.02



10.9



14.94



$
Impuesto a las ganancias



0.5



0.5



2.2



3.2



$ Ingreso gubernamental



6.09



6.055



31.913



44.058



Proyección del Economista a partir base de datos
OOT y OP, Ponce.

Tercero, por cada dólar de crédito contributivo, para los 223 proyectos en Ponce, la nómina asalariada es de 45.5 centavos, de los cuales 36.7 centavos se consumen por los trabajadores directos de la construcción en bienes y servicios, lo que crea y retiene empleos en esos dos sectores de la economía isleña, de manera inmediata. La demanda agregada de estos trabajadores en bienes y servicios totaliza $ 60.3 millones, lo que da nuevos bríos a la economía del centro de la ciudad al tiempo que aporta al crecimiento de la economía en su conjunto (T.2.)[1]


T.2. Ponce Ley 212 Todos los proyectos: Ventas
en millones de dólares


Efectos Directos e inmediatos sobre demanda en otros sectores:




Sector/Ventas



$ Construidos



En construcción



$ Con Permisos



$ Ventas



Comercio al por menor



4.14



4.14



22.35



30.63



Servicios



4.04



4.04



21.58



29.66



Totales



8.18



8.18



43.93



60.29



Ibídem.

Además, por cada dólar de crédito a conceder, agréguese la inversión de 31.4 centavos en materiales de construcción y relacionados que demanda la construcción de 1,057 unidades en los 223 proyectos examinados, lo cual crea y retiene empleo en ese subsector de comercio al por mayor orientado a contratistas de la construcción.

Por tanto, por cada dólar de crédito contributivo que se conceda en Ponce bajo la Ley 212 para los 223 proyectos, 26.8 centavos entra de manera directa al gobierno, 23.1 centavos deben ser, invertidos por los proponentes, 36.7 se revierten en gasto de consumo de los trabajadores y 31.4 centavos demandan materiales de construcción y relacionados.

El efecto total es contundente: por cada dólar de crédito contributivo bajo la Ley 212 en los 223 proyectos del Centro Histórico de Ponce, la economía de boricua, desde Ponce, recibe de manera directa un dólar con dieciocho centavos ($1.18); mientras, la banca cobra intereses al inversionista, y éste debe esperar por dos años, con rezago e incertidumbre, el crédito contributivo.


III. Proyectos terminados: inversión, crédito, certidumbre y economía

De conformidad con los registros de la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce, a la fecha de este escrito, 43 proyectos han sido terminados, con crédito contributivo certificados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce por $ 32 millones; de los cuales se han otorgado $ 13.5 millones por el Departamento de Hacienda, pero sólo han estado disponibles como instrumentos negociables en el mercado, $ 9.0 millones.

T.3. Proyectos terminados y en espera
otorgamiento crédito Por Hacienda en 2009



Municipio Autónomo de Ponce: Créditos en millones de dólares



Condición



# Proyectos



$ Crédito a otorgar



$ Crédito otorgado



$ Crédito

cobrado



$ Crédito a

cobrar



Terminados



13



9.0



9.0



9.0



0.0



Terminados



5



4.5



4.5



0.0



4.5



Terminados



25



18.5



0.0



0.0



18.5



Totales



43



32.0



13.5



9.0



23.0



Fuente: OOT, Ponce.

En consecuencia, existen $4.5 millones en créditos contributivos que deben ser redimidos de inmediato para que contabilicen en el año contributivo 2008; los otros $18.5 millones en créditos contributivos, los cuales pasan a la contabilidad de Hacienda y del proponente para año contributivo 2009, también deben estar disponibles antes del cierre de año natural 2009, por lo que la totalidad de créditos a ser convalidados por Hacienda, para el año natural 2009, es $23 millones (T.3.)

La venta del crédito contributivo por el inversionista está sujeta a que el Departamento de Hacienda haga disponible, como instrumento negociable en el mercado, y adjudique en sus libros, el crédito para el año contributivo en que se otorgó el mismo.

Así, por ejemplo, para los cinco proyectos con $ 4.5 millones los créditos fueron otorgados por Hacienda, pero no están disponibles como instrumento negociable en el mercado. Esa disponibilidad como instrumento negociable es crucial para que el inversionista se libere de intereses con la venta del crédito a la banca.

Por tanto, esa cantidad de $4.5 millones en crédito contributivo debe hacerse disponible, sin dilación, como instrumento negociable en el mercado, para el año contributivo 2008. Para los otros 25 proyectos, con créditos de $18.5 millones, la otorgación y disponibilidad del crédito debe estar para el año contributivo 2009.

Sólo con hechos será posible devolver la confianza y la certidumbre que necesita este segmento del mercado de la construcción.

Para que ese proceso otorgamiento y disponibilidad del crédito contributivo en Hacienda tenga credibilidad, ante los inversionistas y la banca, es necesario dejar de lado toda ambigüedad en la Ley 212 e incorporar en la Ley Núm.7 del 9 de marzo de 2009 un lenguaje que no dé margen a interpretaciones por el Departamento de Hacienda sobre su obligatoriedad de otorgar y hacer disponible el crédito contributivo, una vez el inversionista haya cumplido con todos los requisitos que se le impone de acuerdo a la Carta Circular (04-04) vigente emitida por el Departamento de Hacienda.

Recuérdese, desde la óptica fiscal, que el otorgamiento y disponibilidad del crédito en 2009, para año contributivo 2008, se limita a $ 4.5 millones; para el año contributivo 2009, a $18.5 millones, respecto a los proyectos terminados.

A la fecha de este escrito, abril de 2009, entre los 43 proyectos terminados, se han otorgado nueve (9) millones de dólares en créditos contributivos, pero los mismos produjeron $ 6.09 en ingresos directos para el gobierno, crearon 520 empleos directos en construcción, con nómina de $10.1 millones. Aquellos 520 trabajadores compraron bienes y servicios por $ 8.18 millones.

En el comercio al por mayor de materiales de construcción para contratista, los 43 proyectos, con su demanda, relanzan el empleo y el ingreso; y, con ello, insuflan mayor demanda por bienes y servicios por los trabajadores de ese subsector.

El gasto de los asalariados, y la demanda por materiales de construcción por el contratista, en tiempos de profunda crisis, al crear y retener, de manera inmediata, empleos en el comercio y en el sector de los servicios, impulsa a estos últimos al consumo de más bienes y servicios, incluidas nueva viviendas, lo que permite ampliar el efecto multiplicador y retroalimentar la inversión en el sector de la construcción.

Ese efecto multiplicador se difunde hacia los ingreso del gobierno mediante la captación de más impuestos al gasto y a los ingresos de los diferentes nuevos actores económicos que se incorporan al torrente económico a partir de aquella inversión inicial en construcción bajo la Ley 212

IV. Proyectos en construcción: Inversión, crédito y desenvolvimiento económico

A las cifras relativas al año contributivo 2009 hay que agregar el potencial de $ 26.0 millones en créditos contributivos de proyectos en construcción o a construir que, quizá, deban ser otorgados y tengan que estar disponibles para ser honrados por Hacienda para esa fecha.

Entonces, para el año contributivo 2009, el crédito potencial a reclamar ascendería a $ 44.5 millones, si se suman los $18.5 millones de proyectos terminados en 2008, pero con fecha de reclamo para 2009 (T.4.).



T.4.
Proyectos en construcción o a construir: crédito para año contributivo 2009


Municipio Autónomo de Ponce: Créditos en millones de dólares




Condición



# Proyectos



$ Crédito a otorgar



$ Cr. otorgado



$ Cr. cobrado



$ Cr. a cobrar



En construcción



31



17.0



0.0



0.0



17.0



A iniciar construc.



5



9.0



0.0



0.0



9.0



Totales



36



26.0



0.0



0.0



26.0



Fuente: Ibídem.



V. Proyectos con permisos: Potencial de inversión, crédito y desenvolvimiento económico

No es difícil imaginar que, en el ambiente adecuado de credibilidad y certidumbre, buena parte de los inversionistas con 148 proyectos con algún permiso, estarán dispuesto a construir, por lo que se hará realidad el potencial de captación de ingresos por el fisco, entre 2009 a 2011, de aquellos $ 31.91 millones que vienen obligados a desembolsar al gobierno el conjunto de estos proyectos. Este ingreso gubernamental funge de amortiguador para el otorgamiento y disponibilidad de créditos para las fecha contributivas de 2009 a 2011.

En este sentido, para posibilitar ese potencial de financiar con aquellos ingresos gubernamentales de $ 31.91 millones, autogenerados con la Ley 212, y para crear el clima de certidumbre adecuado para la banca y los inversionistas, el procedimiento para la solicitud y concesión de crédito contributivo por inversión en los centros urbanos debe continuar de manera expedita, sin cortapisas ni en las oficinas de ordenamiento territorial, ni en el Departamento de Hacienda.

En ese sentido, para evitar posibles retiros de inversionistas del mercado de la construcción en el Centro Histórico de Ponce, conviene asegurar que los proyectos que inicien construcción en el año natural 2009 puedan reclamar crédito contributivo para el año contributivo 2011. Los restante, los que comiencen construcción en 2010 y 2011, que serán la mayoría de los 148 proyectos con permisos, por el efecto rezago y de manera natural, vendrán obligados a reclamar el crédito contributivo después del 1 de enero de 2012.


T.5. Ponce Ley 212: Proyectos con permisos: empleos en construcción, número de viviendas


(Inversión, crédito, salarios e IVU: en millones de dólares)




Tipo de proyecto



# Proyectos



$ Inversión



$ Crédito



# Viviendas



Empleos*



$ Salarios*



Con Permisos



148



155.6



119.7



804



2,001



54.5




Del análisis por fase de los 148 proyectos con algún tipo de permisos, pero que todavía, en abril de 2009 no han comenzado la fase de construcción, suponen aportar $ 31.93 millones en ingreso al gobierno ─72.5 % de todos los proyectos.

Es decir, los 148 proyectos que no han iniciado construcción, en ambiente y certidumbre adecuados, de mayo de 2009 en adelante, con 155.6 millones de inversión, pueden aportar cerca de $32 millones al gobierno dos años antes de que ese mismo gobierno reconozca y conceda los créditos contributivos correspondientes. En medio del vendaval de la crisis, esos 148 proyectos prometen generar 2,001 puestos de trabajo e ingresos asalariados por $ 54.5 millones, que inducen consumo asalariado de bienes y servicios por $ 43.93 millones.

En resumen, parece poco prudente desalentar esa inversión de los 148 proyectos mediante una moratoria al crédito contributivo, dado el contexto de crisis económica y la ventaja para el fisco del rezago entre ingreso gubernamental y otorgación por el Departamento de Hacienda del crédito contributivo.

VI. Conclusión y recomendaciones

Ahora es posible concluir que la disponibilidad del crédito como instrumento negociable en el mercado, por parte del Departamento de Hacienda para la fechas fiscales 2008 a 2009, para el caso de Ponce, no tendrá un efecto fiscal mayor de 2009 y 2011, pues la entrada en construcción de los proyectos con permisos aportará cerca de 32 millones de dólares al fisco para los años fiscales en cuestión; lo que amortigua el efecto fiscal, al tiempo que impulsa le economía en momentos de dura contracción y caída de los ritmos de crecimiento económico.

Además, existen importantes efectos positivos colaterales de la revitalización de los centros urbanos que no son materia de consideración en las líneas precedentes.

Primero, se tienen 223 casos que revitalizan el Centro Histórico de Ponce con 1,057 nuevas unidades de viviendas y alrededor de 3,000 personas, con potencial de consumo para impulsar o consolidar pequeños y medianos negocios en esta zona crítica de la Ciudad Señorial.

En segundo lugar, por cada cien metros de solar que requiere, como promedio, la unidad de vivienda en el Centro Histórico de Ponce, las 1,057 unidades nuevas le ahorran a Ponce 300 de los 4000 metros que demanda a la unidad terrera. Ello implica detener en parte las ingentes inversiones públicas que exige el desparramamiento para la construcción de vivienda para 1,057 familias.

Luego, Ponce y Puerto Rico atraviesan, más que una penuria de orden cíclica, una crisis que carcome el parque industrial y el resto de la base económica. Se trata de una economía que vino a menos porque el modelo de crecimiento, cimentado sobre una endeble institucionalidad colonial, la entrega del mercado de Estados Unidos a sus empresas y una generosa política impositiva y de incentivos, fue superado por una nueva forma del comercio internacional donde el amplio mercado estadounidense fue entregado a los competidores de Puerto Rico por mediación de tratados de libre comercio, para lo cual hay que ostentar soberanía.

En esa tesitura de crisis estructural, los datos en el mercado de empleo acusan un grave deterioro que se profundiza mes a mes. El Anejo 3 evidencia que de febrero de 2008 a febrero de 2009, Ponce perdió 3,818 puestos de trabajo, el desempleo creció de 10.5 % a 13.4 % para el mismo lapso, y aparecieron 1,618 nuevos desempleados.

Y eso no es todo, de 2000 a esta fecha, de Ponce han emigrado más de 7,122 personas. No se olvide que la variable poblacional es crítica en una economía, pues es pivote del crecimiento porque son las personas las que consumen, producen y transforman el medio.

Por último, de la crisis se sale con trabajo y más trabajo, pero no uno cualquiera, sino trabajo productivo que cree más riquezas, infraestructuras, nuevas maquinaria y equipos y más viviendas.

Sería un error grave detener la Ley 212 en medio del vendaval que asola el mercado de trabajo y que mina al conjunto de la economía.

La crisis en Puerto Rico y Ponce es una de deterioro en el aparato productivo y pérdida acelerada de empleos; la retención y generación de nuevos empleos en esta fase crítica de las economías ponceña y boricua, antojan ser políticas públicas adecuadas para combatir la tendencia a la destrucción de empleos y a la dilapidación de ingresos.

En ese entorno de crisis económica de orden estructural, la inversión pública debe estar orientada a sanear, ampliar y diversificar el aparato productivo del País. El inventario de viviendas, como las infraestructuras, es parte esencial de ese patrimonio que necesita ser transformado para retomar la senda del crecimiento económico.

En ese esfuerzo por reestructurar y relanzar la economía, estas líneas recomiendan:

1. Que el procedimiento para la solicitud y concesión de crédito contributivo por inversión en los centros urbanos debe continuar de manera expedita, tanto en las oficinas de ordenamiento territorial, como en el Departamento de Hacienda,

2. Que el crédito contributivo esté disponible como instrumento negociable en el mercado para año natural 2009 para los proyectos construidos en o antes de 2008, pero que todavía no le han sido otorgados el crédito o que el mismo no este disponible,

3. Que se hagan disponibles, de inmediato, los crédito contributivos, como instrumento negociable, para aquellos cinco proyectos, con créditos contributivos de $4.5 millones otorgados para año contributivo 2008,

4. Que los proyectos que inicien construcción en el año natural 2009 puedan reclamar crédito contributivo para el año contributivo 2011.

Para cerrar, se recomienda un lenguaje taxativo, preciso y mandatorio, tanto en la enmienda a la Ley Núm. 7 del 9 marzo de 2009, como en la sección 1040M, Subcapítulo C del Subtítulo A de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994 ─Código de Rentas Internas de Puerto Rico─ que afirme que la moratoria no aplicará a los casos arriba enumerados.



[1] Como puede observar el lector, para mantener el modelo dentro del análisis de efectos mínimos, se deja de lado el efecto multiplicador directo e indirecto de las ganancias del contratista y de los inversionistas.

Rolando Emmanuelli Jiménez es abogado-notario, Presidente del Bufete Emmanuelli. Entre sus actividades como abogado se dedica a promover el desarrollo pleno del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago y escribe artículos, opiniones, pensamientos, publica fotos y ofrece conferencias y seminarios sobre diferentes temas socioeconómicos y jurídicos:


Para mayor información puede referirse a las siguientes páginas en la Internet:

Página del Bufete Emmanuelli:

Página de la Alianza Pro Sur:

Blog del Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez:

Perfil del Rolando Emmanuelli Jiménez:

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