| Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M. Por décadas nuestros cascos urbanos han agonizando con inmenso dolor social y económico. Salvo esfuerzos espectaculares en algunos municipios como Ponce con el plan Ponce en Marcha y la Ley 212, que siempre han estado asolados y en precario, el resto de los municipios han visto languidecer sin esperanzas lo que fue en un tiempo comunidades vibrantes y que fueron la espina dorsal de la economía municipal. Todos conocemos que a pesar de la importancia del Plan Ponce en Marcha para la revitalización de la ciudad, lamentablemente estuvo totalmente paralizado y en litigio desde el 1993 al 2000, y en los pasados 10 años, luego de una sentencia clara del Tribunal Supremo, se ha estado luchando para completar la mitad de las obras que estaban pendientes contra un gobierno central facineroso y en desacato. A pesar de sus virtudes, la ley 212 siempre tuvo la oposición ilegal del Departamento de Hacienda en concierto y común acuerdo con los gobernadores de turno; y finalmente, la malsana Ley 7 de 2009 de la administración Fortuño la mutiló y dejó desangrar, con el resultado funesto de malograr más de 200 millones de dólares de inversión privada en el casco urbano de Ponce. Ahora, el centro de la ciudad de Ponce está lleno de letreros sucios y perdiendo su lustre original, ante edificios en ruinas o a medio construir, que anuncian otro proyecto imposible bajo los auspicios de la Ley 212. Descanse en paz Ley 212. Estos dos eventos por sí solos han puesto en entredicho la viabilidad económica de nuestro centro urbano que se encuentra con decenas de locales vacíos, perdiendo población, con los negocios restantes languideciendo, suciedad, criminalidad, drogas y deambulancia en total desesperanza. El deterioro de los centros urbanos tiene muchas razones o causas. La mala planificación y el desparramamiento urbano permitido o fomentado colateralmente por decisiones de las agencias reguladoras del territorio, han ocasionado que se busquen terrenos más baratos, se construya de manera horizontal, utilizando grandes extensiones de terreno de la manera menos eficiente e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en infraestructura adicional que ya existía en los centros municipales. Eso ha dado a paso a la creación de los famosos suburbios y de los pueblos o comunidades dormitorios, donde la gente vive a las afueras de la ciudad, pero tiene que regresar al área urbana todos los días para su trabajo y actividades diarias. Todo esto ocasionó una fuga de población de los centros urbanos que deterioró la inversión y el gasto en los comercios del centro urbano lo que dio paso al cierre y quiebra de cientos de pequeños negocios. Con la desaparición de una vida comercial fuerte, se dio paso al abandono, deterioro y concentración de males sociales y urbanos. Por otro lado, el establecimiento de enormes centros comerciales puso una presión competitiva extraordinaria en el comercio tradicional de los centros históricos que hizo desaparecer prácticamente todas las grandes y famosas tiendas que quedaban, dejando únicamente tiendas en economía de subsistencia. Se creó entonces un sombrío círculo vicioso. No hay comercio porque se perdió la población-no hay población porque se perdió el comercio. Por eso la vital importancia de los planes de acción extraordinarios como Ponce en Marcha y la Ley 212. Las iniciativas de rehabilitación de los cascos urbanos son vitales para la calidad de vida. Entre las iniciativas están obviamente la rehabilitación de la infraestructura de energía eléctrica, comunicaciones, agua, calles, vivienda y de edificios que pueden albergar diferentes actividades que generen tráfico humano que comprará y hará su vida diaria en el centro de la ciudad. Pero todo plan de revitalización debe estar enmarcado en un proyecto de Ciudad. Es decir, cuáles son las fortalezas de Ponce que vamos a promover a nivel global. Esta presencia humana y comercial fomentará la preservación del patrimonio arquitectónico, el desarrollo de las artes y el turismo, y la difusión de nuevas ideas para el mejoramiento de la vida en sociedad. Lo más importante que ha ocurrido recientemente a los fines de que el casco histórico de Ponce comience a tomar vida es el establecimiento de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. No es el mero hecho de que se esté ubicando la Escuela de Arquitectura que puede albergar entre 300 a 400 personas en su momento de mayor volumen, sino la oportunidad y visión de que pueda ser la primera piedra para establecer otras actividades afines que traigan mucho más público y estudiantes que vivan en el casco histórico, dando paso a demanda por bienes y servicios que se satisfarán con una nueva generación de empresarios urbanos. Pero para colmo de males y nadando contra la corriente de desarrollo urbano racional, recientemente se anunció por la alcaldesa y se aprobó por la Legislatura Municipal la construcción de un centro gubernamental municipal lejos del centro de la ciudad. Pero aún, va estar ubicado en fincas de Vallas Torres que tienen el potencial de ubicar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto de las Américas que dedicadas a su uso programado, generarán grandes cantidades de empleos. Se intenta justificar este entuerto con que el municipio paga muchas rentas de edificios que están desperdigados por la ciudad. Es decir, que muchos arrendadores se benefician de estos contratos lo que distribuye en una base amplia los gastos municipales apoyando una economía diversa. Se van a desvestir muchos santos para vestir a uno solo cuyos intereses no coinciden con los nuestros, pues se trata de inversionistas de San Juan que se van a enriquecer a costas de las arcas municipales. Por ende, la justificación principal es otra entrega de nuestros activos, derechos y prerrogativas a personas y entidades que no son de Ponce. Además, esta acción presenta dudas sobre su legalidad al considerar lo dispuesto por la Ley 212 que ordena la inversión estatal en los centros urbanos y lo dispuesto por el Plan Territorial de Ponce, que es Ley que el Municipio debe respetar. ¿Por qué se anuncia y se aprueba esto tan atropelladamente, sin discusión, vistas públicas, análisis, trasparencia, y sin solicitar propuestas a otros licitadores que ofrezcan alternativas racionales y más económicas? Aterra el mero atisbo de la idea de que se esté volviendo a los tiempos de los gobiernos municipales de los años 70 del siglo pasado. La construcción de este centro gubernamental municipal va tener un efecto devastador en el volumen del tráfico de personas que viven y consumen en el centro de Ponce y será una estocada de muerte a la imperiosa necesidad de darle vida a nuestro casco histórico Ponceño. No entiendo ninguna de las justificaciones que están detrás del proyecto de establecer este centro gubernamental municipal fuera del centro urbano. Pero las consecuencias sí las tengo claras. Menos gente significa más suciedad, problemas económicos, sociales, deambulancia, junto a edificios y locales abandonados o en franco deterioro. Si la alcaldesa de Ponce quiere una gran oficina en un piso alto con un enorme ventanal para apreciar nuestra hermosa ciudad, esa vanidad es tolerable, pero que haga el edificio donde corresponde; en el casco histórico de Ponce. Lo que no podemos tolerar es la destrucción de los sueños de cientos de comerciantes y empresarios del centro histórico de Ponce que desaparecerán con la insensatez de unos políticos de paso. |
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
