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lunes, 22 de septiembre de 2008

AGENDA CONTRA LA RECESIÓN: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

En la pasada columna comentamos sobre las estrategias recomendadas por los economistas para luchar contra la recesión. Estas estrategias son las siguientes: establecer un nuevo pacto social, sindicar el presupuesto, establecer un presupuesto base cero, reforma tributaria-fiscal integral y fortalecer el sector privado para que sea el motor de la economía.

En esta columna abordaremos el pacto social. El concepto del pacto o contrato social proviene de la filosofía y la ciencia política con antecedentes en La República de Platón, desarrollándose a través de Cicerón, Tomás Hobbes, John Locke, y culminando con el libro titulado “El contrato social” de Jean-Jacques Rousseau. Esta teoría se fundamenta en la necesidad de que los seres humanos se pongan de acuerdo sobre cómo debe ser el estado, la sociedad y la economía. Los principios o acuerdos del contrato social generalmente se incorporan en una Constitución que establece las premisas económicas. El ámbito de la economía es tan complicado que a la luz de los poderes fundados en la constitución, los grupos o partidos políticos que controlan los gobiernos han ido estableciendo y ejecutando múltiples teorías y procesos sobre cómo atender el desarrollo económico. Los ejemplos más prominentes son el capitalismo, la social democracia y el socialismo existente.

El espectro de ejecución económica que se divide popularmente en gobiernos de izquierda o derecha, se fundamenta principalmente en el control que se reserva y ejerce el estado para dirigir la economía. El socialismo existente con su planificación económica centralizada y el neoliberalismo norteamericano de desregulación y privatización representan dos extremos que ofrecen visiones antagónicas, pero que tienen un impacto muy serio en la calidad de vida, y en los derechos civiles y humanos. Ambos sistemas tienen propósitos loables, pero severas deficiencias que no los hacen deseables.

Bajo estas premisas generales, a mayor control y reglamentación, más a la izquierda se encuentra el gobierno. Por ejemplo, el Partido Republicano en el poder en Estados Unidos aboga por la disminución de la reglamentación de los procesos económicos, mientras los demócratas abogan por una intervención del estado más decisiva para controlar los vaivenes y problemas de los mercados. Pero como la economía está llena de sutilezas y claroscuros, irónicamente, el Republicano Bush ha tenido que recurrir a procesos de control e intervención del estado en los mercados con el propósito de atenuar la debacle financiera. Las intervenciones han sido tan agresivas que pueden catalogarse como nacionalizaciones mucho más dramáticas que las de Chávez en Venezuela.

La economía es compleja y delicada. No cabe duda de que el haber puesto en vigor políticas de liberalización de los mercados es uno de los fundamentos principales de la especulación desmedida que ha ocasionado la debacle en los mercados hipotecarios y del petróleo. El proceso de estabilización financiera en los Estados Unidos conllevará un incremento considerable en la reglamentación de los mercados contrario a las principales tesis de los republicanos. Este aumento en la reglamentación económica se hará aunque el ocupante de la Casa Blanca en el 2009 sea el republicano John McCain. El elemento fundamental para llevar a cabo los cambios económicos es la autoridad de los poderes soberanos de Estados Unidos.

Por muchos años Puerto Rico ha seguido un modelo de capitalismo de estado con empresas gubernamentales y reglamentación exigente en el limitado ámbito de poder sobre los asuntos económicos que permite la relación colonial. La falta de poder limita severamente lo que puede hacer el gobierno para mejorar la economía, por lo que se depende de las medidas que se tomen en Estados Unidos y que generalmente responden a problemas diferentes.

Es evidente que el modelo de desarrollo económico que se ha llevado a cabo en Puerto Rico a la luz del pacto social que se celebrara en la creación del Estado Libre Asociado se ha agotado completamente. Para colmo, son muy pocas las opciones que tendrá el próximo gobierno electo en noviembre para lidiar con la economía si no se trabaja con el problema de la falta de poderes soberanos. Por eso los economistas no hablan de meramente hacer leyes nuevas. Nos dicen que es indispensable la reformulación de los principios de nuestro contrato social para poder salir del atolladero.

Una de las opciones fundamentales para poder reconstruir o reformular el pacto social es la Asamblea Constitucional de Status. La Asamblea Constitucional de Status se convoca mediante ley para que se celebren elecciones para escoger los mejores representantes de la sociedad civil que puedan llevar a cabo una investigación detallada sobre las circunstancias políticas, sociales y económicas de Puerto Rico, con el propósito de deliberar sobre la viabilidad de las diferentes propuestas de status y hacer planes consensuales de desarrollo económico y social.

La Asamblea Constitucional de Status tiene la importancia de que puede atender el problema de poderes políticos que tiene Puerto Rico de una manera organizada y científica, a los fines de poder tener las herramientas para insertar a Puerto Rico en la economía global. La resolución del problema del status liberaría la carga a que nos somete el estar divididos en tres tribus que sólo plantean diferentes formas de resolver el status. Una vez resuelto el status, podrá enfocarse toda la energía en la solución a los problemas económicos y sociales.

La reformulación del pacto social es indispensable para salir de la recesión y encaminar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico. El mecanismo para otorgar este nuevo contrato social es la Asamblea Constitucional de Status.

El autor es abogado notario, socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.