Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Durante el año 2003, se coordinaron todas las gestiones para terminar la revisión del Plan Territorial de Ponce, luego de un trabajo intenso de la Oficina de Ordenación Territorial, al mando el arquitecto Patrick Urbain, y teniendo como punta de lanza al fenecido alcalde Rafael Cordero Santiago.
El Plan Territorial de Ponce es un documento coherente y ponderado que conforme a la Ley de Municipios Autónomos determina el uso del terreno, pero a su vez, establece obligaciones de ley, tanto en el campo de la acción, como del presupuesto. Por tanto, obliga al gobierno central y a las agencias a cumplir con lo que se comprometieron en dicho Plan. Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal Supremo del caso Ponce en Marcha.
La Legislatura Municipal de Ponce aprobó el Plan el 14 de enero de 2003. Luego de un largo proceso, que requiere la aprobación de la Junta de Planificación y la firma del gobernador, en este caso la gobernadora Sila María Calderón, se aprobó el Plan final mediante la Orden Ejecutiva del 28 de diciembre de 2003, y entró en vigor el 12 de enero de 2004.
La belleza de este Plan es que contempla más de un billón de dólares en inversión certificada a realizarse en Ponce durante 8 años a partir del 2004. Ese era el sueño de todos los ponceños, ya que entre los proyectos se encuentra el desarrollo pleno del Puerto Las Américas, las obras de infraestructura de terrenos valor añadido y el plan Ponce en Marcha, entre otros proyectos de fundamental importancia.
Rafael Codero Santiago luchó por la aprobación de ese Plan contra viento y marea aún contra su propio partido y liderato. Lamentablemente, el alcalde Rafael Cordero Santiago falleció el 17 de enero de 2004, pocos días después de su aprobación. En su ausencia, han pasado seis años y estamos estancados en la inmensa mayoría de los proyectos, pues no tienen ni diseño ni presupuesto asignado.
El Plan Territorial de Ponce vigente el 12 de enero de 2004, es Ley y nunca los líderes que ha tenido Ponce desde la muerte de Rafael Cordero Santiago han tenido el valor de hacer todo lo que esté a su alcance para hacerlo cumplir. Ninguno de los sucesores de su Partido Popular Democrático ni del Partido Nuevo Progresista, que domina la administración actualmente, han prestado atención o luchado por el cumplimiento de este Plan.
Este es el sueño roto de los ponceños y ponceñas.
El plan es tan integral, coherente e inteligente que es un plan de desarrollo económico para la ciudad señorial. Ningún candidato, aspirante o electo a la poltrona municipal desde la muerte de Churumba, tenía que elaborar un programa político o de acción. Ya ese programa lo había elaborado Rafael Cordero Santiago con el apoyo de la ciudadanía que compareció a numerosas vistas públicas.
Lamentablemente, las personas que le sucedieron echaron a un lado el Plan por la política sectaria e inmadura de no reconocer la gestión de un respetable predecesor, aunque sea del mismo partido.
Ese es el vacío que existe luego de la muerte de Rafael Cordero Santiago. No ha existido la madurez ni voluntad personal y política para poder hacer cumplir un Plan de tal importancia para nuestra ciudad. La razón de esta irresponsabilidad es la sumisión política a los dictámenes de los partidos y sectas de San Juan.
El Municipio Autónomo de Ponce tiene la responsabilidad jurídica y ética de defender sus planes y lograr que se cumplan. Al Plan le quedan dos años de vigencia. Es ineludible hacer gestiones burocráticas, de cabildeo, expresiones públicas y de fuerza política de protesta junto a todos los sectores sociales de nuestra ciudad, teniendo al final de camino la alternativa de la litigación, para que se ordene el cumplimiento del Plan.
El famoso caso de Ponce en Marcha pasó por todas estas etapas. Rafael Cordero Santiago luchó en todos los niveles hasta que tuvo que radicar un pleito que todos conocemos el resultado. Luego de estas gestiones, al menos ya se ha completado casi el 50% de las obras de Ponce en Marcha que estuvieron canceladas por años.
Si se le hubiera dado seguimiento responsable al Plan Territorial de Ponce, las zonas de valor añadido ya estarían completadas y estaríamos en proceso de operación y expansión del Puerto Las Américas, porque conforme al Plan, todos los proyectos relacionados al Puerto culminaban antes del año 2009.
La madurez y seriedad que requiere la ciudad de Ponce no deja otra alternativa que luchar por el cumplimiento cabal del Plan Territorial de Ponce y su programa de acción vigente desde el 12 de enero de 2004. Actualmente, la administración municipal la controla la alcaldesa María Meléndez Altieri. Por tanto, tiene la palabra, la capacidad y responsabilidad de acción sobre este asunto.
El Plan Territorial de Ponce es Ley. Por tanto, debe cumplirse a cabalidad.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
