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martes, 29 de junio de 2010

Una Nueva Oportunidad para Derogar la Ley de Cabotaje


Por Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com

La Ley de Cabotaje establece que para que se pueda transportar una mercadería en un buque entre dos puertos norteamericanos, digamos entre San Juan y Nueva York, es indispensable utilizar barcos fabricados en los Estados Unidos, de matrícula norteamericana, cuyos dueños sean norteamericanos y que los marinos también sean norteamericanos.  Esta es una ley monopolística, ya que no permite la libre competencia de barcos con bandera extranjera que generalmente ofrecen tarifas más económicas.

El Senador federal republicano John Machain sometió un proyecto de ley para derogar la Ley de Cabotaje. El Senador denuncia el enorme costo de mantener esta ley. La coyuntura histórica actual es especial por el derrame de petróleo del Golfo de México. En esa emergencia tan grave los buques de países extranjeros que tienen el equipo necesario para ayudar a paliar el daño, no pueden intervenir, porque muchas de sus actividades de ayuda violan la Ley de Cabotaje.

Esto presenta una nueva oportunidad para luchar por el desarrollo de nuestra economía y particularmente, fomentar el desarrollo pleno del Puerto de las Américas.

El Senador expresó de manera contundente el impacto económico de la Ley al decir que conforme a varios estudios de la Comisión Americana de Comercio Internacional, eliminar la ley rebajará los costo de transportación en un 22%, por lo que ocurrirá un ahorro de $656 millones de dólares. Esto representa un ahorro entre los $3,000 y $4,000 en los bienes de consumo que compran los ciudadanos de Alaska y Hawaii.

Es una regla básica de economía que si una empresa no tiene competencia, controla fácilmente el precio de sus productos en el mercado y si se trata de un producto esencial o de primera necesidad, los consumidores estamos obligados a adquirirlo al precio fijado. El sistema capitalista se basa en la premisa teórica de que la libre competencia permite innovación, agresividad empresarial, control de costos y motivación para penetrar nuevos mercados de consumidores mediante precios más bajos. El mercado ideal, que evidentemente no existe, es uno en que comerciantes compiten de igual a igual y están todo el tiempo buscando maneras de presentar su producto de la manera más barata al mercado, para que sea más atractivo al consumidor. Sin embargo, esa no es la realidad, porque en el mundo capitalista no todas las empresas tienen el mismo poderío e influencia. Además, existe legislación que protege monopolios o carteles empresariales que dominan el mercado, y por ende, establecen un precio que generalmente es mucho más alto para el consumidor.  Ese es el caso de la Ley de Cabotaje.

Las leyes de cabotaje protegen el dominio de la marina mercante norteamericana y el sistema empresarial que le apoya, y por ende, les confiere el poder de controlar el precio de la trasportación de los producto y mercaderías.  Los estudios comisionados en cuanto al costo para Puerto Rico de la Ley de Cabotaje concluyen, que dado el costo de la transportación marítima, cada producto que se importa a Puerto Rico desde Estados Unidos es de 25 a 30 por ciento más caro.  Como el 80% de los productos que recibimos del exterior provienen de Estados Unidos, el impacto inflacionario es devastador.

La Ley de Cabotaje tiene como fundamento histórico la protección de la marina mercante norteamericana para tenerla disponible en caso de un conflicto bélico. La teoría es que teniendo una marina mercante saludable económicamente, en caso de una conflagración, se pueden utilizar los barcos para dar apoyo a la marina de guerra mediante el transporte de suministros, combustible y tropas. Durante la segunda guerra mundial se utilizaron cientos de buques civiles para abastecer los esfuerzos de guerra en Europa y el Pacífico. Sin embargo, en la guerra del Golfo de 1991, la participación de la marina mercante norteamericana fue mínima. Lo mismo ha ocurrido con la guerra de Irak. El poderío que ha desarrollado la marina de guerra hace innecesario la utilización de barcos civiles, por tanto esa justificación no tiene validez en el mundo contemporáneo.

Sin embargo, cerca de cien años de cabotaje han creado una madeja de intereses navieros, portuarios, laborales y políticos que luchan muy bien organizados por el sostenimiento de estas leyes, porque protegen sus negocios, empleos y poder político. Esto hace que la derogación o modificación requiera esfuerzos extraordinarios con una estrategia de envergadura nacional, agresiva y bien pensada.

La Ley de Cabotaje no es un asunto político partidista.  Es un asunto de suma urgencia para nuestra economía y sociedad que ha levantado voces tan diversas como la Cámara de Comercio del Sur, la Alianza ProSur, el Hon. Salvador Casellas, juez de la Corte de Distrito Federal, el senador Pedro Roselló Gonzȧlez, el Gobernador Acevedo Vilá, el Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce y otros funcionarios importantes del gobierno.  Sin embargo, es poco lo que ha hecho en esa dirección. Es indispensable que la teoría se manifieste en acción concreta.  La eliminación de las leyes de cabotaje debe estar entre las prioridades de la agenda.

La lucha contra la Ley de Cabotaje exige unidad de todos los sectores.  Esta es una de las cadenas más duras de control económico y su eliminación es una de las maneras más efectivas de combatir la grave crisis económica que sufre Puerto Rico, ya que de abrirse los mercados a los barcos extranjeros, debe comenzar una disminución de los precios de la transportación marítima, y por tanto, de los productos que provienen de los Estados Unidos. 

Por otro lado, y de gran importancia para Ponce y el Sur de Puerto Rico, la derogación de esta nefasta ley permitirá que el Puerto de las Américas pueda desarrollar rutas comerciales desde Asia y Europa usando barcos de bandera extranjera que transborden en Ponce y partan hacia Estados Unidos, para duplicar así la rentabilidad del Puerto. Esto es lo que hemos llamado, el desarrollo pleno del Puerto.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la  Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550.  Para mayor información vea: www.debidoproceso.com

sábado, 19 de junio de 2010

LLEGÓ LA HORA CERO PARA EL PUERTO DE LAS AMÉRICAS

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.    
rolando@bufete-emmanuelli.com


Como anticipamos, fracasaron las negociaciones entre la Autoridad del Puerto de las Américas (APA) y KBCT, que es el candidato a operador de Corea del Sur.  Por otro lado, el memorando de entendimiento entre el Municipio Autónomo de Ponce y la Autoridad del Puerto Las Américas vence el próximo 30 de junio de 2010. La Lcda. Ronda Castillo, Directora Ejecutiva de la APA, ha dicho que  de continuar el proceso de negociación, podría tomar al menos 6 meses adicionales. Ante esta situación, la Alcaldesa de Ponce tiene que decidir si extiende o no el memorando de entendimiento a la Autoridad del Puerto Las Américas para que continúe intentando negociar con los coreanos, aunque tome hasta el final del año para cerrar el contrato.

Los coreanos no desean negociar con la APA ni con el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio José Pérez Riera.  Esto ocurre por las exigencias de la APA y Pérez Riera de que hagan un depósito irrazonable para operar el Puerto. Esta exigencia insensata ha descarrilado las negociaciones.  Es como si usted fuera a alquilar una casa que vale 100,000 dólares, y además de pagar la renta, el dueño le exija un depósito de 50,000 para poder arrendarla.

Esta exigencia de la APA y Pérez Riera no tiene que ver nada con el desarrollo socioeconómico de Ponce y la Región Sur.  Solamente tiene que ver con el deseo del Banco Gubernamental de Fomento de sacarle el jugo al Puerto de Las Américas.  Esto no va a beneficiar en nada a la Región, y todo lo contrario, la va a perjudicar porque esta exigencia irrazonable ha atrasado el proceso de negociación por 18 meses, y si la Alcaldesa renueva el memorando de entendimiento, por lo menos lo va a retrazar seis meses adicionales. Esto nos llevaría a la tragedia de sumar dos años de paralización en las operaciones del Puerto. Las necesidades de desarrollo económico de la Región Sur no pueden esperar seis meses adicionales. La situación es urgente y no actuar de conformidad puede ocasionar daños irreparables a nuestra precaria situación socioeconómica.

La Alcaldesa reconoce el dilema en el que se encuentra. Tiene que decidir entre confiar ciegamente en la APA, que ha fracasado en la negociaciones con KBCT y que sólo defiende los intereses del Banco Gubernamental de Fomento, o pararse en su poder y no renovar el memorando de entendimiento para asumir el control definitivo del Puerto. La Alcaldesa ha manifestado a este Periódico que está evaluando tres cursos de acción:  1.  Renovar el memorando de entendimiento; 2.  Enmendar el memorando de entendimiento; o, 3.  Dejar expirar el memorando y asumir el proceso de negociación para conseguir un operador del Puerto.

Renovar o enmendar el memorando de entendimiento debe estar fuera de toda consideración.  La APA no protege los intereses del Puerto ni de Ponce mucho menos de la Región Sur. El Banco Gubernamental de Fomento y José Pérez Riera tienen conflicto de intereses con la Región Sur. Por eso no quieren desembolsar los 40 millones que faltan para terminar la construcción en curso y no les importa cuánto se tome la negociación, siempre y cuando le rinda frutos exclusivos al gobierno central. Renovar el memorando de entendimiento por décima vez sería entregarle un cheque en blanco que solamente nos perjudicaría.  Por otro lado, enmendar el memorando de entendimiento para "mejorar" sus condiciones no resuelve el problema, porque el puerto continuaría bajo el poder y a merced de la APA. Por tanto, la única alternativa viable, necesaria y conveniente es que el Municipio de Ponce no renueve el memorando de entendimiento. 

La Alcaldesa se encuentra en un momento histórico donde puede erigirse y afirmar el poder de Ponce y la Región Sur ante el gobierno central.  Esta actuación aglutinará a todos los sectores luchadores de la Región y podrá utilizar toda esa fuerza para llegar a un acuerdo con los coreanos que beneficie a todas las partes, para comenzar inmediatamente una promoción a nivel global de las virtudes del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.

Para lograr el objetivo de llevar el Puerto a un desarrollo pleno, la Alcaldesa tiene cuatro alternativas:  1. Crear un departamento municipal para manejar la negociación y promoción del Puerto; 2. Delegar la faena a la Junta actual del Puerto de Ponce; 3. Encomendar la gestión a una compañía consultora privada; o, 4. Recabar el apoyo de los sectores interesados de la Región Sur y llegar a un acuerdo con DISUR para que le apoye en las negociaciones con el operador y se convierta en catalítico de promoción global del Puerto.

Las primeras tres opciones de la alcaldesa tienen desventajas que son evidentes.  El Municipio Autónomo de Ponce no cuenta en este momento con el tiempo para conseguir los recursos suficientes para crear entidades municipales, para asignárselos a la Junta del Puerto o para financiar los honorarios de una entidad consultora.  La mejor alternativa lista y disponible para el Municipio Autónomo de Ponce es que entre en un acuerdo de colaboración con DISUR, para que pueda apoyar a las gestiones de negociación y promoción del Puerto.

DISUR tiene en su membresía 13 municipios y 2 que se encuentran en proceso de ingreso. Cuenta con cerca de 30 empresas con o sin fines de lucro del sector privado, incluyendo poderosas e influyentes organizaciones que agrupan cientos de profesionales y empresarios. Además, se honra con la membresía y aportación intelectual de 13 universidades e instituciones educativas. Este grupo amplio, diverso, democrático, de inteligencia y comprometido, tiene la capacidad de asistir al Municipio de Ponce en el proceso de negociación y de promoción del Puerto para garantizar el éxito de estas gestiones.

No estamos planteando necesariamente que DISUR haga el papel de la APA.  El acuerdo con DISUR no requiere transferirle las instalaciones del Puerto.  Lo que si es necesario es unir toda la sinergia, recursos, relaciones e intelecto que se aglutina en DISUR, para poder llevar a cabo el mejor trabajo para el desarrollo pleno del Puerto. 

La alcaldesa tiene ante sí una oportunidad histórica de pararse en su poder y de encaminar a Ponce y la Región Sur a una mayor autonomía, esperanza y capacidad para planificar su futuro.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 9 de junio de 2010

En peligro inminente una década de trabajo


Recientemente discutimos la ausencia de liderazgo e ideas en el gobierno central para sacarnos de la crisis económica. Lamentablemente, este problema también asola al Gobierno Municipal Autónomo de Ponce, pues no ha ocurrido nada nuevo que cambie este panorama, aunque todavía existen alternativas que propongo deben explorarse.
En primer término, el Plan de Ordenación Territorial aprobado en el 2004 y que cuenta con cientos de millones de dólares en compromisos del gobierno para Ponce ha sido abandonado.
Ese fue el principal logro de Churumba antes de su muerte.
En este plan está acordada la inversión para terminar todas las fases del Puerto de Las Américas (PLA), las zonas de valor añadido y muchas obras de infraestructura indispensables para lanzar nuestra economía a niveles de crecimiento.
Esos compromisos son ley, como lo es el Plan Ponce en Marcha.
Decir que el Plan de Ordenación Territorial es ley significa que la planificación e inversión acordada por el Gobierno Central puede ponerse en vigor por los tribunales.
El pasado alcalde Francisco Zayas Seijo no lo puso en vigor porque no tenía la voluntad, ni el valor de litigar en defensa de los derechos de Ponce ante su propio partido político. Siempre he dicho que el líder que necesita Ponce es el que tenga el compromiso y la voluntad de luchar frente al Gobierno Central por las prerrogativas y autonomía de Ponce, aún cuando esté controlado por su partido, como lo hizo Rafael Cordero Santiago en su último cuatrienio.
Cualquier candidato o candidata a la Alcaldía de Ponce debe hacer el compromiso solemne de que no escatimará en sus esfuerzos, seriedad y militancia a la hora de reclamar al Gobierno Central y sus agencias los derechos y prerrogativas de nuestra Ciudad y de la región Sur.
Quien no esté a la altura de ese compromiso, no debe favorecerse en las elecciones o debe renunciar.
La administración actual del Municipio de Ponce tampoco habla del Plan de Ordenación o lo impulsa como política pública para lograr inversiones millonarias que permitan poner en vigor la planificación del desarrollo de nuestra Ciudad.
Ignorar este Plan es un error extraordinario que ya estamos pagando y pagarán las próximas generaciones ponceñas.
Empezando el cuatrienio, la infame Ley 7 de 2009 paralizó el incentivo de la Ley 212 y, a pesar de las enmiendas realizadas posteriormente, los bancos se retiraron del negocio ante la inestabilidad creada por el gobierno.
Así se perdieron más de $200 millones de inversión privada en 197 proyectos en el casco histórico de Ponce.
Estos proyectos de construcción iban a crear más de tres mil empleos. Nada se ha hecho para restablecer la confianza de los bancos o crear las avenidas para que se puedan materializar los proyectos pendientes.
Por otro lado, la tragicomedia de la lucha de la alcaldesa María Meléndez Altieri para que se nombrara una Directora Ejecutiva del PLA sin conocimiento en la materia -pero que fuera PNP- en sustitución de la persona que conocía la materia y que había tenido importantes logros en el desarrollo del proyecto -pero que no era PNP- afectó irremediablemente el proyecto.
Se atrasó hasta agosto de 2009 el comienzo de las actividades administrativas de la Autoridad del Puerto y se permitió que Luis Fortuño Burset nombrara a la Junta de Directores a personas que no tienen relación o pertinencia con Ponce y la Región Sur, con el objetivo concreto de secuestrar el Puerto.
Esta ópera bufa tuvo su apoteosis el pasado 23 de mayo con la elección del ingeniero Ramón Torres Morales como presidente del Comité Municipal del PPD.
La determinación de la Alcaldesa de impulsar la sustitución de Torres Morales como Director Ejecutivo del PLA es un fantasma que la va a perseguir durante todo el cuatrienio.
Torres Morales es ahora el presidente del comité municipal y virtual candidato a la alcaldía de Ponce. Si lo hubieran dejado en donde estaba a gusto trabajando por el desarrollo del Puerto y negociando con el operador, ya el Puerto estaría operando para el crédito de la Alcaldesa, y no tendría la amenaza real y contundente de enfrentar a Torres Morales en las elecciones del 2012.
Esta situación se le anticipó en muchas ocasiones -pública y privadamente- a los líderes del PNP que querían sustituir a Torres Morales, pero no hicieron caso. La suerte ya está echada en ese asunto.
Para lidiar con la mala impresión sobre el manejo del Puerto, la Alcaldesa anunció un “caucus” del Puerto en el antiguo Casino de Ponce, el jueves 5 de noviembre de 2009, para informar a todas las personas que tenían interés en el proyecto.
La Alcaldesa llegó a anunciar que para el inicio del año 2010, ya iban a empezar a llegar los buques Post Panamax. La actividad no se materializó. Tampoco tuvimos un operador y no se ha visto ningún Post Panamax por el horizonte.
El resultado catastrófico de este ‘dramma giocoso’ es que luego de 18 meses desde que se seleccionó al candidato a operador, naufragaron las negociaciones para contratar el operador del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
Con esto se golpea rudamente las aspiraciones de la Región Sur de emprender un desarrollo socioeconómico sostenido y sustentable.
Esto atrasará las gestiones de operación del Puerto por lo menos dos años más. La Autoridad del Puerto de las Américas ha fracasado en sus objetivos de ley, por eso debe dejar de existir para que los ponceños y la Región Sur tomen control del Puerto -a través de DISUR- y lo puedan encaminar hacia su pleno desarrollo.
La Alcaldesa anunció en enero la “Guancha Adventure Park” y el Sistema Integrado de Transportación. El proyecto de transportación tiene un costo estimado de $287 millones y tomará 72 meses de desarrollo, contará con un tren liviano que incluirá una nueva red de Autobuses Ecológicos y Sistemas Inteligentes de Rotulación.
Independientemente de las buenas intenciones y aspiraciones, queda por explicar cómo estos proyectos pueden ser viables si no existe una economía robusta que los sostenga y les de razón de ser.
La Alcaldesa pretendió mudar oficinas municipales a un proyecto en Vallas Torres que sólo iba a beneficiar a los inversionistas proponentes de San Juan y que arremetía contra la política pública de revitalización del casco histórico, en evidente detrimento de la viabilidad económica de los comerciantes del centro de Ponce.
La Alcaldesa ha dicho que desistió de la mudanza. Sin embargo, se niega a derogar la ordenanza municipal que le autoriza a firmar el contrato para el traslado. Hasta que no se derogue esta ordenanza la amenaza de mudanza continúa, por lo que hay que seguir vigilantes.
Ya la Alcaldesa tiene que darse cuenta de que no es suficiente con que su Gobierno Central le de la palabra de que va a cumplir con los proyectos.
Ante esta situación es indispensable recurrir por última vez al llamado de la unión multisectorial para salvar a Ponce del marasmo socioeconómico en que se encuentra.
Esta unión traerá ideas nuevas y viables, y fuerza para realizar con valentía los reclamos de los derechos de Ponce y la Región Sur.
La experiencia ha sido que por la ausencia de esta unión es que el Gobierno Central secuestró el PLA, que el aeropuerto Mercedita no se ha transferido al Gobierno Municipal, que el Gobierno Central ha decidido no invertir un centavo más en el Puerto, que todavía se sigue luchando con el Plan Ponce en Marcha -y este año las agencias tampoco presupuestaron los dineros necesarios- y que no hay dinero para invertir en las zonas de valor añadido.
El Gobierno Central no va hacer caso a los reclamos de Ponce mientras no exista una unión fuerte entre todos los sectores aglutinados alrededor de la figura de la Alcaldesa, que tengan objetivos y planes de trabajo concretos y consensuados.
Si esto no se empieza ahora, tendremos que echar a pérdidas este cuatrienio.



El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.