Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
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El Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (PLA) está perdiendo la batalla con el cáncer político partidista que carcome nuestra sociedad. Al terminar el año 2008 las autoridades del PLA habían seleccionado a UCW America para llevar a cabo la operación del Puerto y sólo faltaba finalizar el contrato de concesión; las grúas estaban programadas para llegar a Puerto Rico en este verano y existía la expectativa razonable de que ya estas alturas del año, el Puerto estuviera operando. Sin embargo, aún estaba vigente el problema de que la obras de infraestructura de las zonas de valor añadido en las fincas de Vallas Torres, es decir, carreteras, energía eléctrica, acueductos, alcantarillados y telecomunicaciones, que son indispensables para establecer los parques industriales, no se habían iniciado. Estas obras de infraestructura se habían prometido por el gobierno central en el año 2003 y no se construyeron.
Comenzado el año 2009, el Secretario de Desarrollo Económico José Pérez Riera realizó una ofensiva para asumir el control de la Junta de Directores del PLA para que los intereses del norte decidieran qué hacer con nuestro Puerto. Esa batalla la perdió el Municipio Autónomo de Ponce y la Alcaldesa, ya que cedió a todas las presiones para que la Junta tuviera una mayoría de personas que le respondieran al gobierno central. Esta batalla impidió el nombramiento del Ing. Ramón Torres Morales como director ejecutivo y ocasionó la dilación de más de 7 meses en el nombramiento de una persona para dirigir los destinos del Puerto. Por esa pugna, el Puerto se hundió en un limbo, al no contar con el único empleado que podía dar trámite a los asuntos que quedaron sobre la mesa en diciembre de 2008. Entre estos el principal objetivo: la firma del contrato de concesión con UCW América para operar el Puerto.
Los resultados de esta pugna no se hicieron a esperar. Las grúas ahora llegarán en diciembre y estarán instaladas en marzo de 2010. Por otro lado, a estas alturas no se ha firmado el contrato con el operador portuario. Si no se firma el contrato con UCW America el Puerto quedará sin la entidad de calibre internacional que puede mercadearlo para lograr tráfico marítimo y empresarismo de valor añadido. Si las negociaciones con UCW America fracasan, habría que empezar un nuevo proceso de licitación por la operación del Puerto que podría tomar dos años adicionales. Bajo ese escenario, habría que buscar otra alternativa de desarrollo para enfrentar la crisis económica que sin duda se avecina cuando cerca del 2012, se hayan agotado los $6,000 millones asignados a Puerto Rico por el Plan de Obama.
Para colmo, las gestiones que ha realizado el senador Seilhamer bajo sus poderes investigativos senatoriales para indagar el estado de los proyectos de infraestructura y de disponibilidad de fondos para construir las zonas de valor añadido han destapado la mala noticia de que el gobierno central no ha hecho gestiones para lograr la asignación de fondos del Plan de Obama disponibles para las instalaciones portuarias. Esos fondos se pudieron asignar a la finca Percon que albergará la principal zona de valor añadido aledaña al Puerto y que necesita infraestructura de acceso. El problema se ha agravado porque quienes tienen el deber de reclamar esos fondos, han hecho mutis y se han convertido en cómplices de esa actitud de indiferencia hacia nuestro Puerto.
Antes de las elecciones escribí un artículo en el que expuse que el líder que necesitaba la ciudad de Ponce era aquel que se atreviera a reclamar valiente, vocalmente y en unión a todos los sectores de la sociedad activa sureña los derechos que tiene Ponce y la Región Sur, aunque sea en contra de su propio partido, como lo hizo en su momento el fenecido Rafael Cordero Santiago. Ese tipo de líder tendría el apoyo multisectorial necesario que fortalecería el poder político para impulsar los proyectos emblemáticos de nuestra Región.
A pesar de las promesas de la alcaldesa, ella no ha resultado ser esa líder. Si no da el paso de unirse a la lucha multisectorial contra al gobierno central para que asigne el dinero indispensable para las obras de las zonas de valor añadido, el proyecto del Puerto no pasará de ser una quimera.
Todas estas circunstancias han retrazado el desarrollo del PLA de una manera irrazonable que va a ocasionar daños irreparables a la economía de la Región Sur. La pasada administración del Partido Popular le ungió los santos óleos al Puerto cuando no reclamó los compromisos del 2003. Hoy, con su pasividad y obediencia jerárquica, la Alcaldesa de Ponce le pondrá el último clavo al ataúd del Puerto de Las Américas.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
