El Vocero
Por (AP)
04 de mayo de 2009 05:00 pm
PONCE - La Ley 7, llamada de “emergencia fiscal”, arruinaría una inversión de 213.4 millones de dólares en obras en el casco urbano de Ponce, advirtió el lunes la Alianza Pro Sur, organización compuesta por miembros de la Cámara de Comercio del Sur, empresarios y profesionales.
El grupo empresarial por voz de sus portavoces, Rolando Emmanuelli Jiménez y el economista Rey Quiñones, precisaron que la Ley 7 privaría a Ponce de unos 3,041 nuevos empleos porque el estatuto aprobado por el gobierno de Luis Fortuño elimina durante dos años los incentivos contributivos que concede la Ley 212 de Rehabilitación de los Cascos Urbanos lo que afecta los proyectos.
“La congelación de esos incentivos (de la Ley 212) como parte del plan de estabilización fiscal del gobierno de Luis Fortuño, ha profundizado la crisis económica, ya que la consecuencia inmediata ha sido la paralización de las obras de construcción, la pérdida de la creación de nuevos empleos y la disminución de una inversión estimada de $213.4 millones”, sostuvo Emmanuelli Jiménez presidente de la Alianza.
A juicio del dirigente empresarial, Fortuño “está mal asesorado” en cuanto al impacto de la Ley 7 sobre la rehabilitación de los muchas veces olvidados cascos urbanos, indicando que el gobierno recupera la mitad de los créditos contributivos que concede.
Aseguró, que de no haber de inmediato enmiendas a la Ley 7, en el caso de Ponce, habría inversionistas y dueños de propiedades que podrían “quebrar”, afectándose además instituciones financieras locales.
El abogado ponceño dijo en rueda de prensa que por medio de la Ley 212 han sido ofrecidos incentivos contributivos en Ponce por “el monto de la obra y materiales para la construcción y restauración de proyectos” como el mecanismo para revitalizar el casco urbano ponceño.
Destacó además que la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio de Ponce documenta 223 proyectos bajo la Ley 212 con inversión privada de $213.4 millones, contando con “créditos contributivos a otorgar en su momento por $164.2 millones”.
Según Emmanuelli Jiménez, los proyectos que se desarrollan bajo la Ley 212 contemplan la creación de 1,057 viviendas, lo que produciría 3,041 nuevos empleos y $74.7 millones en salarios para trabajadores en la construcción.
La ley 7 elimina por dos años los créditos contributivos que concede la Ley 212.
