Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
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Especial para La Perla del Sur
En una pasada columna, se analizó cuáles podrían ser los resultados del proceso en contra del ex gobernador Dr. Pedro Rosselló González. Ya que conocemos que no hubo causa probable, y que por tanto, no se puede procesar al ex gobernador, debemos analizar qué implicaciones tiene esto para el Estado de Derecho puertorriqueño. En primer término, hay que señalar que todo el mundo perdió en este trámite, menos el Dr. Pedro Rosselló González. La Oficina del Fiscal Especial Independiente demostró que tiene deficiencias en la ley, cuando determinó que no tenía jurisdicción para procesar al Dr. Pedro Rosselló González. La interpretación que hizo el panel especial de ex jueces fue cuestionada, pero el Secretario de Justicia no siguió los canales apelativos para lograr que se revocara por el Tribunal Supremo. En ese sentido, la ley del fiscal especial independiente debe mejorarse para evitar interpretaciones que conduzcan a que no pueda atender casos de gran importancia como el del ex gobernador Pedro Rosselló González. El Departamento de Justicia perdió 2 veces, por un lado, decidió llevar el caso en contra del ex gobernador, sin agotar los remedios apelativos para revisar la determinación del fiscal especial independiente, lo que dio la apariencia pública de que se trataba de una persecución política, ya que se estaba procesando al adversario de su jefe, el gobernador Hon. Aníbal Acevedo Vilá. Por otro lado, a pesar de tener dos oportunidades o turnos al bate ante juezas distintas, no pudo probar el criterio mínimo de causa probable.
La Rama Judicial sufrió una de las sacudidas más grande de su historia por todo el proceso que se siguió que ocasionó cuestionamientos a la integridad del proceso decisional, múltiples inhibiciones, cuestionamientos a los procesos de asignación de casos, consideraciones especiales dependiendo del ciudadano que está imputado, y resaltó el problema de independencia judicial que existe en Puerto Rico, por la naturaleza política de los nombramientos de los jueces y juezas. Hay que recalcar que el comentario de uno de los fiscales que intentó procesar al Dr. Rosselló González, de que el sistema judicial puertorriqueño no está maduro para procesar un ex gobernador, es un reflejo de la opinión jurídica que existe en el país de que todavía es necesario hacer mucho para fortalecer la independencia judicial. No cabe duda de que el sistema de nombramiento político de los jueces y juezas a un término definido, independientemente de la calidad de la inmensa mayoría de estos servidores públicos, hace que la Rama Judicial tenga unas debilidades estructurales que afectan su desempeño y la confianza del público en su imparcialidad.
Por otro lado, al considerar el impacto político de la determinación de no causa, tenemos que señalar que las consecuencias políticas del proceso contra el Dr. Rosselló González pueden ser insospechadas. Nadie podía anticipar qué iba a pasar si se encontraba causa probable, puesto que el resultado podría fortalecer las aspiraciones del ex gobernante, como también podía debilitarlas ante el reto del Comisionado Residente Luis Fortuño. Ya que sabemos que no hubo causa contra el ex gobernador Pedro Rosselló González, lo cierto es que su posición en el Partido Nuevo Progresista se ha fortalecido, lo que reduce las oportunidades de Luis Fortuño para ganar en una primaria. También reduce sustancialmente las oportunidades de “los auténticos”, es decir, los legisladores que siguen al senador Kenneth McClintock
, de que sean reintegrados al partido. Sin embargo, si no se permite a “los auténticos” que se reintegren al Partido, hay un potencial grande de división del Partido Nuevo Progresista. Con una división, sería difícil un triunfo del Dr. Rosselló González.
Lo cierto es que el proceso contra el Dr. Pedro Rosselló González ha sacudido los cimientos de nuestro sistema político constitucional. El Departamento de Justicia, la Rama Judicial, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, tendrán que evaluar por mucho tiempo el impacto de la determinación de no causa a favor de Pedro Rosselló González.
El deber de todo ciudadano responsable es analizar esta situación y en su momento, en las urnas, escoger los candidatos que aboguen por una reestructuración en nuestra Constitución y leyes para que se fortalezca la independencia judicial. De esta forma podremos reducir las dudas que afloraron en el enfrentamiento del Dr. Pedro Rosselló González, ante su debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
