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Ante el evidente deterioro en todos los aspectos sociales, económicos y políticos que vive Puerto Rico, varios líderes de diferentes sectores han planteado la necesidad de celebrar una actividad de resultados autoejecutables que cuente con el apoyo del gobierno y los sectores no gubernamentales, a los fines de reestructurar nuestra sociedad para implantar planes consensuales que permitan un desarrollo integral y el balance apropiado de los diferentes intereses y posturas. Esta actividad es indispensable ante la incapacidad del gobierno para articular planes balanceados, sensibles y coherentes para sacar a Puerto Rico del atolladero.
El objetivo sería aprobar con fuerza de ley durante el año 2010 una recomendación documentada y apoyada por todos los sectores participantes de nuestra sociedad y con el visto bueno y final del Pueblo, para establecer un Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico 2011-2021.
El Plan contemplaría, entre otros asuntos, la forma específica de alcanzar los siguientes objetivos: Prohibir so pena de despido todo tipo de activismo político en el empleo público; romper el control que tienen los partidos sobre el sistema electoral para propiciar la entrada de candidatos independientes y eliminar la inversión política; enmendar la Constitución para implantar una legislatura unicameral, establecer la obligatoriedad de los mandatos del Pueblo, establecer medidas y mecanismos de democracia participativa y el poder del referéndum revocatorio para el gobernador y el presidente de la legislatura; implantar una verdadera reforma contributiva y fiscal para asegurar que cada uno pague conforme a sus recursos, la efectiva inversión de los dineros del Estado en beneficio del Pueblo y la reducción de la deuda pública; lograr una reforma integral de los programas de beneficencia pública para incentivar la entrada de las personas al mundo del trabajo; establecer un plan universal de salud; comenzar la revolución del sistema de cuidado de la salud mental con el establecimiento de un programa de medicación de adictos para destruir los réditos del narcotráfico y reducir sustancialmente los delitos contra la persona y la propiedad; reestructurar toda la legislación urbanista y de permisos para evitar el desorden urbano y lograr armonía con el ambiente; reenfocar los recursos de inversión y delegación regional de poderes a consorcios municipales para propiciar cuatro polos de desarrollo económico y distribuir de manera equitativa la riqueza del país; reducir sustancialmente la dependencia del automóvil con el establecimiento de un sistema integral de transportación en toda el país; establecer un mecanismo procesal apropiado para resolver el problema colonial de Puerto Rico que incluya la inmediata exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje, la limpieza de Vieques y otros lugares seriamente contaminados por la actividad militar e industrial, y apoyo económico para la transición hacia el nuevo status no colonial.
Todos estos objetivos tienen ramificaciones importantes que se deben atender paralelamente y que deben abordarse con la misma seriedad, como por ejemplo: La aprobación de un nuevo Código Civil; el reconocimiento y protección de los derechos de personas que pertenecen a sectores marginados socialmente; la creación de un Código Laboral sensible y que asegure los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, etc.
El asunto más importante en este momento es crear el mecanismo procesal apoyado por todos los sectores que permita el que las personas representativas se puedan sentar y discutir libre y responsablemente cómo alcanzar estas metas y la manera de implantarlas de manera inmediata. Estas conclusiones deben pasar a la evaluación del Pueblo para asegurar su participación plena y democrática. La semana que viene escribiremos sobre el mecanismo preciso para alcanzar estos objetivos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
