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domingo, 28 de noviembre de 2010

La Reforma Contributiva de Fortuño

En el Estado ideal los ciudadanos no tendríamos que pagar contribuciones sobre los ingresos netos individuales o corporativos. El Estado tendría fuentes de financiamiento o ingresos que harían innecesario incomodar a los ciudadanos con tributos productos de sus sudor y esfuerzo individual y colectivo, que en el caso de Puerto Rico, actualmente son evidentemente confiscatorios.

Estas fuentes de financiamiento o ingresos podrían ser empresas estatales eficientes y productivas o impuestos razonables a las cadenas de valor, importación o exportaciones o en los procesos que tienen costo ambiental, social o económico que requieren reparación.

En el caso de empresas estatales eficientes y productivas esto no debiera ser problema por la capacidad del gobierno de fundar monopolios sobre productos o servicios esenciales que les permita generar ganancias y distribuirlas equitativamente en el conjunto social. El problema es que el control del partidismo las hace vulnerables al saqueo de sus recursos y por eso tenemos una AAA y AEE, que a pesar de ser empresas monopolísticas, tienen pérdidas económicas, porque son botines de guerra de los partidos que se turnan en el poder.

En los casos de las empresas que tienen un costo ambiental, social o económico, podríamos tomar como ejemplo un impuesto a las empresas que emiten dióxido de carbono o cualquier otro contaminante, no para conferirles impunidad, sino para estimularlas a buscar maneras eficientes y limpias de producir los bienes y servicios. Bajo este sistema, la Autoridad de Energía Eléctrica tendría dos opciones, o se mueve a la energía verdaderamente verde y renovable, o paga cuantiosos impuestos por el daño ambiental que nos ocasiona todos los días de año.

En el caso de las cadenas de valor, se pueden imponer impuestos a las etapas de producción, mercadeo y distribución de bienes y servicios no esenciales de manera que no afecten a los más pobres en la satisfacción de sus necesidades básicas y que se conviertan en meros costos de producción. Estos impuestos no pueden tener naturaleza regresiva o que afecten a los ciudadanos en desproporción a su condición económica. De modo que no representen una carga irrazonable a las personas de menos recursos económicos.

Estas maneras de financiar el Estado deben propiciar la innovación, el trabajo, el ahorro, la transparencia y la productividad para lograr ganancias individuales y corporativas disminuyendo la evasión contributiva que ocurre con el disimulo u ocultación de las ganancias.

Un Estado con la capacidad de funcionar sin imponer tributos sobre los ingresos netos individuales o colectivos tiene que contar con unas reglas de disciplina fiscal muy estrictas y con mecanismos de responsabilidad y control que permitan a los ciudadanos revocar los mandatos de los funcionarios que las violen.

Por supuesto que estamos hablando del Estado ideal. Puerto Rico dista mucho de contar con estas características.

En Puerto Rico tenemos impuestos en todas las etapas de la producción, cadena de valor, importaciones y exportaciones, la propiedad, los ingresos y las ventas de consumo. Encima de esto, el Estado y sus empresas monopolísticas derrochan el dinero y no existen maneras de control ciudadanos para impedir la impunidad en la irresponsabilidad fiscal ni la revocación del mandato de funcionarios delincuentes en asuntos fiscales.

Para colmo de males, tenemos una crisis fiscal sin precedentes producto de la irresponsabilidad partidista y del colapso del modelo económico que sostenía la estructura de producción del país. Esto con el agravante de que el gobierno carece de imaginación para estructurar un nuevo modelo económico sostenible por incompetencia crasa y porque entiende que le puede perjudicar en sus intenciones de obtener la Estadidad Federada que se amparan en aumentar la dependencia, pobreza y marginación de la mayoría del Pueblo, para que se aferre al anexionismo como mecanismo de subsistencia y seguridad económica.

Esto es lo que le produce los votos al PNP para que luego puedan disponer impunemente y esquilmar el presupuesto para beneficios exclusivo de los Señores del partido.

El gobernador Fortuño, que tiene la desfachatez de querer volver a ser reelecto gobernador en el 2012, está asediado por dos años de desatinos y gobierno para los poderosos, despidos, nuevos impuestos confiscatorios, ingresos fiscales en curva descendente perpetua, destrucción de los servicios estatales para las personas más vulnerables, menoscabo malintencionado de las protecciones del ambiente y los derechos de las comunidades, abuso policiaco y represión de libertades, criminalidad y deterioro de la salud mental sin precedentes, caída en espiral de la condición económica de los ciudadanos y las empresas, abandono de los proyectos de estratégicos de desarrollo y por dar palos a ciegas para tratar de revitalizar la economía.

Es por eso que el gobernador ahora se inventa la llamada reforma contributiva que de ninguna manera atiende los fundamentos que hemos expresado previamente que deben existir para que sea equitativa y que fomente el desarrollo económico.

La reforma de Fortuño se funda en propósitos políticos partidistas. Sólo pretende aliviar temporeramente el bolsillo de las personas de ingresos limitados, lo que es loable, pero no con el propósito de aumentar disminuir la dependencia y sustentar las funciones del Estado para lograr desarrollo. No, su único propósito es que estas personas se olviden de lo que ha pasado en estos dos años y voten por Fortuño en el año 2012.

La reforma de Fortuño es temporera porque por admisión de su Rasputín, Marcos Rodríguez Pujada, no existen mecanismos para financiarla luego del 2012. Es decir, que los alivios contributivos presentes no tienen probabilidades de continuidad. Por eso constituyen otro engaño monumental de Fortuño. Es un coje bobos para cazar votos para su posible reelección.

La reforma contributiva no puede fundarse en propósitos meramente electorales.

Una reforma contributiva integral tiene que atender y balancear muchos asuntos como financiar apropiadamente el gobierno, desalentar el consumismo; reducir la economía subterránea; reducir sustancialmente la tasa de contribución sobre ingreso; promover el ahorro en la clase empresarial y de las personas asalariadas; y, que este ahorro pueda invertirse en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.

Dentro de la crisis económica actual, una reforma contributiva debe estar dirigida primordialmente a atender el problema económico no a la pesca de votos.

Los proyectos sometidos por Fortuño deben denunciarse y rechazarse si no pueden enmendarse para que apoyen nuestro desarrollo económico y social.

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Rolando@bufete-Emmanuelli.com
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Ubicación:Ave Esmeralda,Guaynabo,Puerto Rico

sábado, 13 de noviembre de 2010

EL RESCATE DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS



Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.  Find us on Facebook  Follow us on Twitter 
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En este momento el Puerto de las Américas es un elefante blanco. Aproximadamente 215 millones de inversión que espera ociosa por un operador que le de función y sentido. Sin embargo, en vez de un elefante blanco, prefiero verlo como un elefante que se quedó dormido de aburrimiento por la dejadez e inacción de la Autoridad del Puerto de las Américas (APA). Afortunadamente, es un elefante que a pesar de su largo sueño, le podemos desperezar con una gran sacudida.

Pero para lograr ese acto de brusca interrupción onírica, se cuenta con muy poco tiempo y requiere un acto de voluntad heroíca ponceñista de impacto regional. La Alcaldesa de Ponce no debe renovar el memorando de entendimiento entre el Municipio Autónomo de Ponce y la APA, por lo que debe retener las instalaciones portuarias para ejecutar un Plan que sacuda al pesado elefante dormido del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.

Sin embargo, para que este Plan sea exitoso a corto plazo, debe contar con seis requisitos fundamentales. El Plan debe ser participativo, detallado, multidisciplinario, no partidista, transparente y regional. No incluir alguno de estos elementos fundamentales, nos dejará patinando en el mismo círculo vicioso de los últimos dos años bajo el control de la APA.

El Plan debe ser participativo para que todos los sectores empresariales, universitarios, las comunidades, asociaciones de empresas, gremiales y los municipios de la Region Sur puedan aportar sus ideas y por tanto, se sientan incluidos y escuchados. De esta manera, podrán planificar inversiones y gestiones a tono con sus deseos, intereses y necesidades.

Con la participación de todos en el Plan, lograremos el compromiso y acción que se requiere para adelantar el proyecto. Todos estos sectores están ya agrupados en DISUR. Por tanto, existe la entidad participativa, democrática, multisectorial, perita en muchas materias, no partidista, transparente y regional, que entiende el Puerto y está comprometida con su desarrollo. DISUR debe ser un protagonista junto al Municipio Autónomo de Ponce en esta importante gesta de poder regional.

El Plan debe ser multidisciplinario, es decir, que no solo debe contar con la participación multisectorial, sino que debe contar con el apoyo y conocimiento de individuos y organizaciones científicas y peritas en todos los ámbitos de las ciencias sociales y naturales. Agrupando conocimiento detrás del Puerto estaremos seguros que las decisiones estarán validadas y a tono con las últimas tendencias de los mercados globales.

El Plan debe ser detallado, con la metodología y precisión de un plan estratégico. No sólo debe contener visión, misión, metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, sino mucho más importante, debe expresar las personas encargadas, el tiempo disponible para descargar la responsabilidad y los mecanismos de rendición de cuentas. La participación de todos los sectores en la redacción del Plan, garantizará que se lleven a la mesa las mejores ideas y que todos seamos responsables de su ejecución de forma coherente y científica.

El Plan debe ser no partidista. El Puerto no puede visualizarse de manera excluyente, como botín político y en beneficio de una secta en particular. Ningún partido cuenta con la legitimidad y todos los recursos humanos de la calidad necesaria para administrar un proyecto de tanta envergadura. Las personas y entidades capacitadas y comprometidas están dentro de todos los partidos y también fuera. Por tanto, el criterio para incorporar recursos humanos a la ejecución del Plan debe ser el mérito y no el partido al que pertenecen. Es la única forma de romper el Principio de Peter que dispone que nunca se debe contratar o ascender a una persona a un trabajo para el que no está cualificada. Promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual, puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia El Principio de Peter impone el yugo de la incompetencia que malogra la buena administración pública.

El Plan debe ser transparente. Uno de los factores más devastadores para la confianza que se requiere para impulsar un proyecto de esta naturaleza ha sido la secretividad y falta de transparencia con que se ha manejado este proyecto durante los últimos dos años. Esta secretividad ha aumentado ante el evidente fracaso de la APA en conseguir un operador y lamentablemente continúa hoy en muchas otras dimensiones. Nadie va a confiar e invertir en proyectos pertinentes si los asuntos del Puerto siguen siendo secretos de estado. Deben abrirse las puertas de la información sobre el Puerto para que las personas y empresas interesadas puedan hacer sus planes y programar sus inversiones.

Por último, el Plan debe ser regional. La envergadura de un puerto de transbordo internacional de hondo calado, con valor añadido y zona libre, lo proyecta fuera de las fronteras del municipio anfitrión. Sólo la sinergia de los 15 municipios agrupados en DISUR junto a los sectores sociales y económicos fundamentales, tiene la capacidad de potenciar el desarrollo pleno del Puerto.

En la unión está la fuerza. La Región Sur es vital para el éxito del único proyecto de desarrollo socioeconómico que tenemos a nuestro alcance. Debemos alinearnos y fortalecer a DISUR para que con su capital intelectual y de acción, sea coprotagonista en esta gran proeza junto al Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa Hon. María Eloísa Meléndez Altieri.


Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M. rolando@bufete-emmanuelli.com El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Año 2010: segundo año perdido para el puerto de las américas








Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.  Find us on Facebook  Follow us on Twitter  rolando@bufete-emmanuelli.com


El gobernador Fortuño admitió a este semanario que las actividades del Puerto de Las Américas no van a comenzar durante este año.  Esto significa que a pesar de las promesas de la Autoridad del Puerto de las Américas (APA), no va a completarse el acuerdo de operación que es indispensable para el comienzo de los negocios portuarios.

Pero las expresiones de Fortuño de abandono del proyecto fueron mucho más contundentes, pues reiteró que el gobierno central no aportará un centavo adicional al PLA. Además, expresó fríamente que no va a intervenir en la disputa entre el Banco Gubernamental de Fomento y la APA en torno al desembolso de los 40 millones de dólares restantes de la línea de crédito de 250 millones que se aprobó por ley para terminar las fases 1, 2, 3ª del Puerto.

Lo que esto significa es que a pesar de que el dinero fue aprobado por la Legislatura, el Banco conservará el poder de determinar si le desembolsa el dinero restante a la APA. Los 40 millones de la línea de crédito se necesitan para pagar al contratista que está terminando la zona de valor añadido del Puerto. Si ese dinero no se desembolsa, el PLA no contará con la finca principal para desarrollar actividades de negocios relacionados al Puerto.

El balance neto de las actuaciones de estos funcionarios y entidades gubernamentales es que tenemos un gran puerto que no comenzará a funcionar por no tener operador, por faltarle terrenos desarrollados para actividades de valor añadido, y peor aún, por faltar voluntad e interés en echarlo hacia delante.

Esto implica la materialización de los peores augurios. El 2010 también va a ser un año perdido para el Puerto de Las Amerícas.

A pesar del clamor en contra, el pasado 30 de junio de 2010, la alcaldesa de Ponce renovó el memorando de entendimiento entre el Municipio de Ponce y la Autoridad del Puerto de Las Américas, que permite el traspaso del Puerto una vez se cierre el contrato con el operador, pero condicionado a que se terminara todo el proceso de negociación en el término de 90 días.  La alcaldesa se comprometió a retener el control del Puerto en caso de que la APA no cierre el acuerdo con el operador en el dicho término. El término de 90 días vence el 30 de septiembre de 2010.

La admisión que ha hecho el gobernador Fortuño de que el Puerto no empezará a funcionar durante este año, no le deja otra alternativa a la alcaldesa de Ponce que dejar expirar el memorando de entendimiento y asumir el control del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.

Sin embargo, el que la alcaldesa cumpla con su promesa de asumir la responsabilidad sobre el Puerto de las Américas, no es una tarea fácil.  Para que esta gestión tenga éxito, la alcaldesa de Ponce tiene que recabar el apoyo de DISUR, donde se agrupa el sector público, el académico, el empresarial, junto a las comunidades, y se consolida la planificación y voluntad de desarrollo económico de nuestra Región Sur.

El apoyo y la intervención de DISUR en los planes de desarrollo del Puerto de Las Américas le ofrece a la gestión de la alcaldesa la legitimidad de estar contando con todos los sectores fundamentales de nuestra Región Sur y con el talento del sector universitario, que ya lleva varios años listo para proveer educación y estrategia para el desarrollo portuario.

La alcaldesa no puede confiar más en lo que le dice José Pérez Riera, presidente de la Junta de Directores del PLA, ni lo que dice Fortuño sobre el Puerto.  El fracaso está probado.  Es el momento de explorar nuevas alternativas.

La alcaldesa tiene entonces la última palabra y tiene en sus manos el futuro del desarrollo del Puerto de Las Américas.  Si la alcaldesa se plega al partidismo y vuelve a renovar el memorando de entendimiento, el Puerto de Las Américas pasará a la historia como un gran fracaso que costó al pueblo de Puerto Rico 250 millones de dólares.



El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.