Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
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Hasta ahora la democracia representativa se ha desempeñado al revés. En vez de funcionar al servicio del Pueblo, opera sólo para beneficio de los políticos.
Los políticos se pasan el tiempo inventando ideas que en muchos casos no tienen correspondencia con las necesidades y aspiraciones de sus constituyentes.
Generalmente estas ideas tienen que ver directamente con beneficios a un sector o clase al que pertenece el funcionario, o con el propósito de generar dividendos políticos o económicos que les permitan perpetuarse en el poder.
Tomando en cuenta estos objetivos, algunos políticos llegan al extremo de plantear propuestas enteramente alocadas, como trenes, parques de diversiones y centros de convenciones, sin contar con estudios o recursos que los hagan viables. Esto lo hacen con el ánimo demagógico de apelar a las pasiones del Pueblo y lograr su favor en las urnas.
Estas ideas son tan atolondradas y desvinculadas de la realidad socioeconómica a la cual se pretenden aplicar, que una vez el político o el partido sale favorecido en las elecciones, convenientemente las olvidan y se incumple con las propuestas con la esperanza de que en cuatro años, ya nadie se acuerde.
Por otro lado, a veces las propuestas parecen razonables y loables, pero nunca se cumplen o se ponen en vigor. La experiencia que se ha tenido a partir del 2 de enero de 2009 con el Gobernador Fortuño es un ejemplo claro de este problema democrático. El Gobernador Fortuño prometió unas cosas para salir electo, e inmediatamente, sin demora, comenzó a hacer todo lo contrario.
Como el Pueblo no tiene mecanismos inmediatos para revocar los mandatos de los políticos que incumplen crasamente con las promesas que le hicieron al Pueblo, nuestra democracia es totalmente impotente y el Pueblo se encuentra en un estado continuo de indefensión y desesperanza.
La solución a esta situación de incompetencia democrática es la Democracia Participativa.
En la Democracia Participativa son los individuos en el marco de su familia, de su comunidad, de su municipio y su región, los que definen hacia dónde debe ir el gobierno. Bajo esta organización social se configuran foros y mecanismos de desarrollo, deliberación y ejercicio del poder político, para mantener a los políticos en la raya de cumplimiento estricto de lo prometido.
El último ejemplo del éxito de la democracia participativa fue la huelga estudiantil. Si existe una razón predominante sobre por qué los estudiantes fueron tan efectivos en sus estrategias es porque tomaron las determinaciones fundamentales en foros de democracia participativa. La participación y el respeto a las determinaciones democráticas genera articulación de muchos en un solo propósito. Se forja poder político.
Bajo el mandato del difunto Rafael Cordero Santiago se desarrolló un modelo primitivo de Democracia Participativa que se configuró en el Plan Territorial del 2004. Pero el modelo quedó trunco porque su naturaleza permitió que fuera abandonado por el Dr. Francisco Zayas Seijo y por la presente administración municipal.
En la medida que el Plan representa la aspiración de los ponceños que fue evaluada y ratificada en vistas públicas, se entiende que el Pueblo configuró ideas generales, pero claras, de hacia dónde se quería dirigir. Sin embargo, aunque el modelo de Plan Territorial contó con la participación ciudadana mediante vistas públicas, tampoco satisfizo a cabalidad del concepto de Democracia Participativa, porque no existió el respeto a la determinación ni la voluntad política de los incumbentes para convertirla en realidad.
El abandono del Plan Territorial ha sido una alta traición a las aspiraciones democráticas de los ponceños, porque sólo responde al interés de proteger al partido en el poder. Los populares lo abandonaron para no hacerle daño a Aníbal y los PNP no lo reconocen para no afectar a Fortuño. Así no se puede aspirar a dirigir nuestra ciudad.
La Democracia Participativa en Ponce debe consistir en la organización comunitaria para determinar las necesidades y proyectos de cada comunidad, de forma que se vayan articulando en un programa concreto que surja desde la base y que se presente a los aspirantes políticos. Todo aspirante político debe expresar si está de acuerdo y si va a impulsar esos proyectos hasta que se completen.
En Ponce se ha avanzado mucho en esa dirección, porque en los pasados cinco años diferentes personas y organizaciones han trabajado para la generación de consensos mínimos que sean adoptados por los políticos de turno.
Ejemplo de estos consensos son el Manifiesto por el Sur que recoge el sentir de una multiplicidad de organizaciones multisectoriales que han determinado 12 principios que todas las administraciones municipales deben seguir.
Sin embargo, no es suficiente con que las organizaciones empresariales, profesionales y multisectoriales se expresen. Es necesario que las comunidades también participen en este proceso, para que aumente el poder político para generar cumplimiento.
La democracia representativa ponceña debe transformarse en una Democracia Participativa. Las comunidades deben involucrarse en su futuro, pero al margen de los partidos. Los líderes comunitarios deben comenzar a articular programas participativos para que los políticos determinen si están de acuerdo o no están de acuerdo y se invierta el proceso democrático. Ya no es el político el que propone. Es el Pueblo el que formula la ruta y el político debe obedecer.
Todas las organizaciones sociales deben involucrarse en este esfuerzo. Es la única manera de comenzar a controlar nuestro futuro.
Los políticos que no estén de acuerdo en empujar los proyectos participativos, no deben ser favorecidos en las elecciones. Los políticos que estén de acuerdo y sean favorecidos en las elecciones, debe sufrir el castigo del Pueblo mediante la denuncia vocal, certera y concreta para que renuncien o enderecen su curso al cumplimiento específico.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
