  
A casi dos años de que la alcaldesa María Meléndez Altieri decidiera no entregar el Puerto de Ponce a la Autoridad del Puerto de las Américas, nos acabamos de enterar, gracias al poder investigativo de este periódico, que nueve de las diez grúas del Puerto no funcionan.
Esto ocurre luego de cinco meses de que se aprobara, sin vistas públicas o participación ciudadana, la Ley que viabiliza la mal llamada "Solución Ponceña".
Esa "Solución Ponceña" debe llamarse "Solución Sanjuanera", porque el efecto neto es que le arrebata a Ponce el puerto para entregárselo a una entidad del gobierno central, y se priva a nuestro puerto de la oportunidad de obtener respaldo y financiamiento gubernamental para su desarrollo.
Con eso, los intereses navieros y el sector de distribución de productos que viven del Puerto de San Juan lograron su mayor triunfo. Desarticularon el Puerto de Las Américas para evitar toda amenaza de competencia.
Lo que sorprende es el cinismo o ignorancia de quienes pregonan y se dan golpes de pecho repitiendo que esa "Solución Ponceña" salva el puerto para Ponce y permite su desarrollo.
Pero el problema principal no estriba en mero cinismo o ignorancia.
El problema principal, que llevamos denunciando desde hace tres años, ha sido la falta de transparencia con que los funcionarios estatales y municipales, junto a sus asesores, han manejado el proyecto.
En un principio, meramente ocultaban su incompetencia. Sin embargo, ahora se conoce que han encubierto su insidiosa complicidad en el proceso de destrucción del Puerto de Las Américas.
Esta falta de transparencia ha ocasionado que el Pueblo descubra esta traición, cuando probablemente, ya no tiene remedio.
El Puerto no tiene grúas funcionales, por lo que ha perdido su capacidad operacional. No asignaron los dineros suficientes para su mantenimiento y reparación. Con razón es que se han pasado dos años diciendo que la Visión y Misión del Puerto debe cambiar, para que se convierta en un simple "puertito común".
Hace casi dos años que la administración municipal está en control del Puerto. Desde entonces, no solo se ha estancado, sino que ya no cuenta con los activos mínimos para funcionar. ¿A quién le van a echar la culpa ahora?
Recuerdo cuando a mediados del año 2009, la Alcaldesa, junto a Jorge Hernández, Rhonda Castillo y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, anunciaron que los buques post-panamax llegaban en enero de 2010.
Recuerdo cuando anunciaron -ese mismo día- que en noviembre de 2009 celebrarían un simposio para ilustrar al Pueblo sobre los negocios que iba a traer el Puerto.
Ni se celebró el simposio, ni llegaron los buques al Puerto. Sobre estos asuntos, luego de mentirle al Pueblo, estas personas guardaron silencio sepulcral.
A principios del año 2010 pensé que meramente se había cumplido mi profecía cuando escribí en este periódico una columna sobre el Principio de Peter.
En aquella ocasión, dije que en una jerarquía laboral o política, las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Alertaba en ese momento contra la incompetencia burocrática que se atisbaba en la administración municipal y del Puerto.
Pero me equivocaba. No fue simple incompetencia. No me cabe la menor duda de que fue un plan deliberado para desarticular el Puerto, para proteger a intereses minoritarios y contrarios a nuestra Región Sur. Los hechos hablan por si mismos.
El resultado neto de esta administración en torno al desarrollo del Puerto es que destruyeron la Misión y Visión del Puerto, anularon las funciones y poderes de la Autoridad del Puerto de Las Américas, perdiendo el respaldo del gobierno para el financiamiento; no consiguieron el operador ni un centro de distribución; no ha llegado ni uno solo contenedor y no han terminado las obras de la finca de valor añadido.
Tampoco han terminado la expansión del estacionamiento de contenedores, entregaron el Puerto a los intereses del gobierno central y sus protegidos empresarios navieros y de distribución de San Juan, no tienen plan de negocios, no saben hacia dónde mirar, no han conseguido los fondos del gobierno que reclaman, y ahora, para colmo, no funcionan las grúas.
Todos estos funcionarios son culpables de destruir el Puerto. Son culpables de dilapidar cerca de $300 millones en inversión gubernamental. Son culpables de robar los sueños de toda la Región Sur.
En cualquier otro lugar, un funcionario que haya dilapidado tanta propiedad y fondos públicos es oblogado a renunciar y luego a ser procesado penalmente por acciones -y omisiones- lesivas a los deberes e intereses públicos.
Ha llegado el momento de adjudicar responsabilidades sobre el fracaso del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
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Rolando Emmanuelli Jiménez es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Segundo Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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