Para el Periódico La Perla del Sur
Luego de que en septiembre de 2010 no renovara el Memorando de Entendimiento con la Autoridad del Puerto de Las Américas (APA), la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, gestionó la Ley 240 -la llamada “Solución Ponceña”- por presiones públicas y electorales.
La Legislatura de su partido, sin embargo, aprobó la Ley en secreto, sin vistas públicas y por descargue. El Memorando de Entendimiento era el documento que le entregaba el Puerto de Ponce a la APA, una vez se consiguiera un operador de calibre internacional. Este documento se renovaba anualmente y ya iba por su novena edición.
Es decir, entre los años 2001 y 2009, el Gobierno Municipal de Ponce aceptó la entrega del Puerto al Gobierno Central, término durante el cual Meléndez Altieri avaló el trámite -con su firma- en dos ocasiones.
La “Solución Ponceña” se aprobó en diciembre de 2011, es decir, transcurrido más de un año desde que no se renovó el Memorando de Entendimiento con la APA. Durante este tiempo, el Municipio se mantuvo con los brazos cruzados, contemplando el deterioro del Puerto.
Decir que las enmiendas del proyecto 1419 le quitan el Puerto a Ponce es una gran mentira. Estas enmiendas no solo dejan intacta la titularidad, sino que propician el desarrollo del terminal marítimo. La “Solución Ponceña” eliminó la entrega del Puerto a la APA, pero la sustituyó con la entrega a una nueva y huérfana entidad jurídica que llamó Autoridad del Puerto de Ponce (APP).
Esta entidad no tiene capacidad de financiamiento, ni apoyo económico del gobierno. Además, su junta de directores se nombra entre el ayuntamiento y el Gobierno Central.
Cualquier persona, sea político de carrera, oportunis-ta, incompetente o comisario sectario, cualifica para esta junta, pues la ley no contempla criterio alguno de selección de sus miembros.
La “Solución Ponceña” también perpetúa el velo de confidencialidad de su junta de directores y la falta de transparencia que tantos problemas y dudas ha ocasionado, al no imponer obligación alguna para que se divulgen informes sobre sus gestiones.
Tampoco establece criterios sobre cuál es y será la política pública que rija el desarrollo del Puerto y la región sur, dando carta blanca -y sin fiscalización- a una junta de directores política e imperita.
Tampoco describe términos para la transferencia de los activos del Puerto y la APA a la nueva entidad. Mucho menos, dispone asignaciones de fondos para lograr el inicio de las operaciones del Puerto, ni obli-ga al Gobierno Central a la construcción de obras indispensables en los muelles de Ponce y su periferia, expresas desde el año 2003 en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ponce.
Incluso, la nueva APP no tiene un solo centavo o propiedad. El Municipio y la APA tienen toda la infraestructura, los derechos y las deudas. La Ley de la Solución Ponceña dispuso que había que constituir la junta de directores y negociar la transferencia de los activos a la APP. Nada de esto ocurrió desde la pasada administración hasta ahora.
En dos años la alcaldesa no pudo ejecutar una sola estrategia para que la APP funcionara. Ni si quiera identificó y nombró a los directores de su Junta. Dos años adicionales que se perdieron, lo que desde el año 2009 añade cinco años de inacción total en el Puerto de Ponce.
La llamada “Solución Ponceña” se convirtió entonces en el “Problemón Ponceño” cuando se le sumaron la inacción, falta de interés e incompetencia del Gobierno Municipal.
En las vistas públicas de la Comisión DISUR que preside el representante Víctor Vassallo Anadón, sobre una veintena de deponentes recomendaron abrumadoramente la derogación de la “Solución Ponceña”.
Aún así, y tras recibir el informe final del proceso, el gobernador Alejandro García Padilla declinó dar un golpe político tan rudo a la alcaldesa, por lo que propuso se elaboraran enmiendas sensatas a la Ley que la sacaran del estancamiento.
La Coalición del Sur se dedicó a estudiar detenidamente y resolver los escollos que había ocasionado el “Problemón Ponceño”. De ahí surgen las enmiendas a la Ley 240 del Proyecto de la Cámara 1419, aprobado por ambas cámaras legislativas y que al cierre de esta edición se aproxima a convertirse en ley.
El proyecto incorpora recomendaciones de múltiples sectores y corrige todas las deficiencias graves de la “Solución Ponceña” para que el Puerto pueda arrancar lo antes posible, aprovechando la ventana de oportunidades que ofrece la ampliación del Canal de Panamá, una brecha que se cerrará entre los años 2014 y 2015.
La ampliación del Canal de Panamá va a permitir el paso de buques Post-Panamax, que muy bien pueden escoger a Ponce, si ya está preparado.
Sin embargo, para que Ponce esté listo hace falta un operador de calibre internacional y un administrador de la Zona de Valor Añadido que preparen un coherente plan de desarrollo económico y social integral para Ponce y la región sur.
Lo que dice la alcaldesa sobre el supuesto despojo a Ponce del Puerto también es falso. Por eso no presenta evidencia.
La prueba que sí está disponible es que su “Solución Ponceña” traspasaba el Puerto a la APP. Peor que todo, lo entregaba para siempre.
No obstante, los cambios propuestos por la Coalición del Sur a la Ley 240 rescatan el Puerto para Ponce, porque el traspaso que se realiza es en usufructo, y establecen que en diez años regresará a Ponce con todas las inversiones y derechos que hará el Gobierno Central, el operador y el administrador de la Zona de Valor Añadido.
Decir que las enmiendas del proyecto 1419 le quitan el Puerto a Ponce es una gran mentira. Todo lo contrario. Estas enmiendas no solo dejan intacta la titularidad, sino que propician el desarrollo del terminal marítimo, lo posicionan en el plano internacional, y lo entregan al pueblo activo y con ganancias.
Basta ya de demagogia. Hay que trabajar en el beneficio de Ponce y la región sur.
Es hora de que la alcaldesa claudique al sabotaje y se una al esfuerzo de la Coalición del Sur. Sus actuaciones defienden otros intereses y la perpetúan públicamente como la mayor opositora al desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
No creo que ese sea el legado histórico que ella prefiera para su país.
La Coalición espera por ella para la unidad del Sur.
(El autor es abogado notario, presidente del Bufete Emmanuelli, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y columnista de La Perla del Sur. Para más información vea http://www.bufete-emmanuelli.com)
27 de noviembre de 2013
Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D. LL.M.
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