Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Ley de Cabotaje establece que para que se pueda transportar una mercadería en un buque entre dos puertos norteamericanos, digamos entre San Juan y Nueva York, es indispensable utilizar barcos fabricados en los Estados Unidos, de matrícula norteamericana, cuyos dueños sean norteamericanos y que los marinos también sean norteamericanos. Esta es una ley monopolística, ya que no permite la libre competencia de barcos con bandera extranjera que generalmente ofrecen tarifas más económicas.
Es una regla básica de economía que si una empresa no tiene competencia, controla fácilmente el precio de sus productos en el mercado y si se trata de un producto esencial o de primera necesidad, los consumidores estamos obligados a adquirirlo al precio fijado. El sistema capitalista se basa en la premisa teórica de que la libre competencia permite innovación, agresividad empresarial, control de costos y motivación para penetrar nuevos mercados de consumidores mediante precios más bajos. El mercado ideal, que evidentemente no existe, es uno en que comerciantes compiten de igual a igual y están todo el tiempo buscando maneras de presentar su producto de la manera más barata al mercado, para que sea más atractivo al consumidor. Sin embargo, esa no es la realidad, porque en el mundo capitalista no todas las empresas tienen el mismo poderío e influencia. Además, existe legislación que protege monopolios o carteles empresariales que dominan el mercado, y por ende, establecen un precio que generalmente es mucho más alto para el consumidor. Ese es el caso de la Ley de Cabotaje.
Las leyes de cabotaje protegen el dominio de la marina mercante norteamericana y el sistema empresarial que le apoya, y por ende, les confiere el poder de controlar el precio de la trasportación de los producto y mercaderías. Los estudios comisionados en cuanto al costo para Puerto Rico de la Ley de Cabotaje concluyen, que dado el costo de la transportación marítima, cada producto que se importa a Puerto Rico desde Estados Unidos es de 25 a 30 por ciento más caro. Como el 80% de los productos que recibimos del exterior provienen de Estados Unidos, el impacto inflacionario es devastador.
La Ley de Cabotaje tiene como fundamento histórico la protección de la marina mercante norteamericana para tenerla disponible en caso de un conflicto bélico. La teoría es que teniendo una marina mercante saludable económicamente, en caso de una conflagración, se pueden utilizar los barcos para dar apoyo a la marina de guerra mediante el transporte de suministros, combustible y tropas. Durante la segunda guerra mundial se utilizaron cientos de buques civiles para abastecer los esfuerzos de guerra en Europa y el Pacífico. Sin embargo, en la guerra del Golfo de 1991, la participación de la marina mercante norteamericana fue mínima. Lo mismo ha ocurrido con la guerra de Irak. El poderío que ha desarrollado la marina de guerra hace innecesario la utilización de barcos civiles, por tanto esa justificación no tiene validez en el mundo contemporáneo.
Sin embargo, cerca de cien años de cabotaje han creado una madeja de intereses navieros, portuarios, laborales y políticos que luchan muy bien organizados por el sostenimiento de estas leyes, porque protegen sus negocios, empleos y poder político. Esto hace que la derogación o modificación requiera esfuerzos extraordinarios con una estrategia de envergadura nacional, agresiva y bien pensada.
La Ley de Cabotaje no es un asunto político partidista. Es un asunto de suma urgencia para nuestra economía y sociedad que ha levantado voces tan diversas como las del Hon. Salvador Casellas, juez de la Corte de Distrito Federal, el senador Pedro Roselló Gonzȧlez, el Gobernador Acevedo Vilá, el Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce, y otros funcionarios importantes del gobierno. Sin embargo, es poco lo que ha hecho en esa dirección. Es indispensable que la teoría se manifieste en acción concreta. La eliminación de las leyes de cabotaje debe estar entre las prioridades de la agenda.
La lucha contra la Ley de Cabotaje exige unidad de todos los sectores. Esta es una de las cadenas más duras de control económico y su eliminación es una de las maneras más efectivas de combatir la grave crisis económica que sufre Puerto Rico, ya que de abrirse los mercados a los barcos extranjeros, debe comenzar una disminución de los precios de la transportación marítima, y por tanto, de los productos que provienen de los Estados Unidos.
El autor es abogado notario, socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
El Bufete Emmanuelli orienta jurídicamente mediante su boletín Del Derecho y del Revés:
miércoles, 23 de julio de 2008
jueves, 17 de julio de 2008
DISUR: HERRAMIENTA PARA LA REGIONALIZACIÓN EN PUERTO RICO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
No cabe duda de que uno de los principales problemas de planificación e incoherencia de las estrategias urbanas y de desarrollo socioeconómico es la estructura municipal de 78 entidades autónomas o cuasi autónomas. La mayoría de los municipios no han podido cumplir con las especificaciones de la Ley de Municipios Autónomos para poder recibir la delegación de poderes del gobierno central. Esto ocurre en gran medida porque no cuentan con los recursos económicos para implantar el proceso de autonomía. Además, más de 30 municipios en Puerto Rico están al borde de la bancarrota y no pueden cumplir con sus funciones básicas de administración y obras públicas.
Tampoco cabe duda de que las 78 municipalidades de Puerto Rico tienen una identidad y orgullo que las distingue y que se crearían innumerables controversias con meramente plantear la eliminación o consolidación de algunos.
Por otro lado, la propuesta de elevar a rango constitucional la autonomía municipal es importante para los municipios que ya la disfrutan, pero no presenta alternativa viable para los que no podrán cumplir con sus requisitos. Es por eso que se impone otro modelo. Debe fortalecerse la autonomía municipal, pero a fines de que se fomente la regionalización mediante las alianzas o consorcios municipales que permitan a los municipios ahorrar dinero mediante la consolidación de servicios o la implantación de estrategias comunes de desarrollo económico. En la unión está la fuerza y ha llegado el momento en que los municipios exploren las ventajas de coaligarse.
Desarrollo Integral del Sur (DISUR) es una corporación bajo la Ley de Municipios Autónomos que tiene como propósito integrar los esfuerzos de los 15 municipios que componen la región del Sur de Puerto Rico para establecer iniciativas de planificación regional y propiciar el desarrollo socioeconómico sustentable y la calidad de vida. En ese sentido, tiene como propósito inicial el compartir los recursos y procesos de planificación urbana, rural e industrial de una manera coherente y costo eficiente.
Como informamos en la columna pasada, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está gestando el desarrollo de un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a integración regional para el Sur.
Las energías de los sectores no gubernamentales deben estar enfocadas en que DISUR se convierta en un organismo supra-municipal que capitalice sobre los activos regionales y coordine las voluntades de política pública de los municipios para evitar la duplicidad de esfuerzos, potenciar iniciativa de desarrollo económico que incluyan varios municipios o subregiones, abogar colectivamente por la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo económico y promocionar y mercadear la región a nivel global como una zona de alto valor para la inversión turística, empresarial e industrial.
No es posible lograr un desarrollo económico, sustentable y sostenido si cada municipio es una isla que decide sus asuntos sin contar con el contexto regional. Por ende, es indispensable fortalecer a DISUR mediante la incorporación de todos los municipios, universidades y empresas emblemáticas de la región, apoyando el Manifiesto o la declaración de principios esenciales de la Cámara de Comercio del Sur y encaminándolo a convertirlo en el planificador y coordinador regional de las estrategias de desarrollo que se deben implantar en el Sur.
El autor es abogado notario, socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
No cabe duda de que uno de los principales problemas de planificación e incoherencia de las estrategias urbanas y de desarrollo socioeconómico es la estructura municipal de 78 entidades autónomas o cuasi autónomas. La mayoría de los municipios no han podido cumplir con las especificaciones de la Ley de Municipios Autónomos para poder recibir la delegación de poderes del gobierno central. Esto ocurre en gran medida porque no cuentan con los recursos económicos para implantar el proceso de autonomía. Además, más de 30 municipios en Puerto Rico están al borde de la bancarrota y no pueden cumplir con sus funciones básicas de administración y obras públicas.
Tampoco cabe duda de que las 78 municipalidades de Puerto Rico tienen una identidad y orgullo que las distingue y que se crearían innumerables controversias con meramente plantear la eliminación o consolidación de algunos.
Por otro lado, la propuesta de elevar a rango constitucional la autonomía municipal es importante para los municipios que ya la disfrutan, pero no presenta alternativa viable para los que no podrán cumplir con sus requisitos. Es por eso que se impone otro modelo. Debe fortalecerse la autonomía municipal, pero a fines de que se fomente la regionalización mediante las alianzas o consorcios municipales que permitan a los municipios ahorrar dinero mediante la consolidación de servicios o la implantación de estrategias comunes de desarrollo económico. En la unión está la fuerza y ha llegado el momento en que los municipios exploren las ventajas de coaligarse.
Desarrollo Integral del Sur (DISUR) es una corporación bajo la Ley de Municipios Autónomos que tiene como propósito integrar los esfuerzos de los 15 municipios que componen la región del Sur de Puerto Rico para establecer iniciativas de planificación regional y propiciar el desarrollo socioeconómico sustentable y la calidad de vida. En ese sentido, tiene como propósito inicial el compartir los recursos y procesos de planificación urbana, rural e industrial de una manera coherente y costo eficiente.
Como informamos en la columna pasada, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está gestando el desarrollo de un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a integración regional para el Sur.
Las energías de los sectores no gubernamentales deben estar enfocadas en que DISUR se convierta en un organismo supra-municipal que capitalice sobre los activos regionales y coordine las voluntades de política pública de los municipios para evitar la duplicidad de esfuerzos, potenciar iniciativa de desarrollo económico que incluyan varios municipios o subregiones, abogar colectivamente por la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo económico y promocionar y mercadear la región a nivel global como una zona de alto valor para la inversión turística, empresarial e industrial.
No es posible lograr un desarrollo económico, sustentable y sostenido si cada municipio es una isla que decide sus asuntos sin contar con el contexto regional. Por ende, es indispensable fortalecer a DISUR mediante la incorporación de todos los municipios, universidades y empresas emblemáticas de la región, apoyando el Manifiesto o la declaración de principios esenciales de la Cámara de Comercio del Sur y encaminándolo a convertirlo en el planificador y coordinador regional de las estrategias de desarrollo que se deben implantar en el Sur.
El autor es abogado notario, socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
viernes, 11 de julio de 2008
LOS PRINCIPIOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DEL SUR
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
El Puerto de Las Américas ha ido incrementando el conocimiento sobre la importancia de los puertos para el desarrollo económico y ha ido gestando una serie de iniciativas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra región Sur. Estas iniciativas incluyen el Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR), la Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur) y muchas otras entidades y proyectos que han ido creando una visión holística de lo que debe ser la Ciudad de Ponce y la región Sur.
Las circunstancias contemporáneas obligan a que las empresas y organizaciones se involucren cada vez más en los asuntos públicos. Los individuos y las organizaciones son los constituyentes y quienes deben dictar las pautas para la generación de una sana política pública. Es por eso que la sociedad civil en la región Sur deben organizarse en apoyo a los principios esenciales e irreductibles de un modelo económico sustentable y sostenido.
Entiendo por desarrollo sustentable y sostenido el identificar y valorar todos los recursos disponibles en la región Sur a los fines de utilizarlos en actividades productivas en armonía con el ambiente y la comunidad, de manera que garanticen el disfrute equitativo por la sociedad contemporánea, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.
La Cámara de Comercio del Sur ha tomado la iniciativa de convocar a todas las personas y entidades de la sociedad civil para suscribir un Manifiesto sobre lo que necesita la región Sur para su desarrollo económico. Este Manifiesto debe seguir como guía estricta para los funcionarios públicos que sean electos en noviembre para que cumplan con los deseos, necesidades y desarrollo de nuestra región sureña. El Manifiesto debe incluir al menos los siguientes doce asuntos:
1. Impulsar a DISUR como el organismo institucional idóneo no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los quince municipios del sur, a saber, Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco, donde los sectores empresariales, académicos y sin fines de lucro sean los líderes de los esfuerzos para lograr la adopción de un plan de integración regional para el Sur.
2. Fortalecer la Ley de Municipios Autónomos para garantizar la autonomía de la región por mediación de la autonomía municipal. La autonomía municipal debe estar orientada a generar planes regionales con objetivos puntuales para el desarrollo de infraestructuras y planes de crecimiento y desarrollo económico.
3. Completar la infraestructura para generar actividades de valor añadido que mejoren la cadena de suministros local e internacional:
a. Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago
b. Aeropuerto Mercedita
c. Tren del Sur
d. Zonas de valor añadido
e. Plan Vial
4. Completar las obras de Ponce en Marcha e impulsar un proyecto del Sur en Marcha.
5. Apoyar la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la competitividad del Puerto de Las Américas.
6. Adoptar un sistema uniforme de métricas sobre los indicadores socioeconómicos regionales para apoyar objetivamente la dirección estratégica de la Región Sur.
7. Mercadear el Sur a nivel global, bajo la marca Porta Caribe y la estructura de DISUR, como una región competitiva en la cadena de suministros global que incluye su zona libre, de alto valor para la inversión turística, industrial y comercial.
8. Iniciar y concretar contactos internacionales a los fines de exportar e importar productos a través del Puerto de Las Américas.
9. Iniciar y concretar vuelos internacionales desde el Aeropuerto Mercedita con el Caribe, Centroamérica, Suramérica y otros destinos para viabilizar la integración del mercado global.
10. Apoyar las iniciativas que promuevan el uso y generación de energía de fuentes renovables.
11. Apoyar e incentivar una educación de excelencia y calidad mundial a todos los niveles como vehículo indispensable para la competitividad regional que aspiramos.
12. Luchar, mediante programas concretos y compromisos presupuestarios, para erradicar la pobreza y la desigualdad social.
Aplaudimos la iniciativa de la Cámara de Comercio del Sur y exhortamos a todas las personas e identidades con o sin fines de lucro y que tengan interés en el desarrollo de nuestra región Sur, a que se unan a la iniciativa y suscriban el Manifiesto.
El autor es abogado notario, Socio del Bufete Cancio Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli, C.S.P. en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.debidoproceso.com
El Puerto de Las Américas ha ido incrementando el conocimiento sobre la importancia de los puertos para el desarrollo económico y ha ido gestando una serie de iniciativas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra región Sur. Estas iniciativas incluyen el Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR), la Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur) y muchas otras entidades y proyectos que han ido creando una visión holística de lo que debe ser la Ciudad de Ponce y la región Sur.
Las circunstancias contemporáneas obligan a que las empresas y organizaciones se involucren cada vez más en los asuntos públicos. Los individuos y las organizaciones son los constituyentes y quienes deben dictar las pautas para la generación de una sana política pública. Es por eso que la sociedad civil en la región Sur deben organizarse en apoyo a los principios esenciales e irreductibles de un modelo económico sustentable y sostenido.
Entiendo por desarrollo sustentable y sostenido el identificar y valorar todos los recursos disponibles en la región Sur a los fines de utilizarlos en actividades productivas en armonía con el ambiente y la comunidad, de manera que garanticen el disfrute equitativo por la sociedad contemporánea, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.
La Cámara de Comercio del Sur ha tomado la iniciativa de convocar a todas las personas y entidades de la sociedad civil para suscribir un Manifiesto sobre lo que necesita la región Sur para su desarrollo económico. Este Manifiesto debe seguir como guía estricta para los funcionarios públicos que sean electos en noviembre para que cumplan con los deseos, necesidades y desarrollo de nuestra región sureña. El Manifiesto debe incluir al menos los siguientes doce asuntos:
1. Impulsar a DISUR como el organismo institucional idóneo no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los quince municipios del sur, a saber, Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco, donde los sectores empresariales, académicos y sin fines de lucro sean los líderes de los esfuerzos para lograr la adopción de un plan de integración regional para el Sur.
2. Fortalecer la Ley de Municipios Autónomos para garantizar la autonomía de la región por mediación de la autonomía municipal. La autonomía municipal debe estar orientada a generar planes regionales con objetivos puntuales para el desarrollo de infraestructuras y planes de crecimiento y desarrollo económico.
3. Completar la infraestructura para generar actividades de valor añadido que mejoren la cadena de suministros local e internacional:
a. Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago
b. Aeropuerto Mercedita
c. Tren del Sur
d. Zonas de valor añadido
e. Plan Vial
4. Completar las obras de Ponce en Marcha e impulsar un proyecto del Sur en Marcha.
5. Apoyar la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la competitividad del Puerto de Las Américas.
6. Adoptar un sistema uniforme de métricas sobre los indicadores socioeconómicos regionales para apoyar objetivamente la dirección estratégica de la Región Sur.
7. Mercadear el Sur a nivel global, bajo la marca Porta Caribe y la estructura de DISUR, como una región competitiva en la cadena de suministros global que incluye su zona libre, de alto valor para la inversión turística, industrial y comercial.
8. Iniciar y concretar contactos internacionales a los fines de exportar e importar productos a través del Puerto de Las Américas.
9. Iniciar y concretar vuelos internacionales desde el Aeropuerto Mercedita con el Caribe, Centroamérica, Suramérica y otros destinos para viabilizar la integración del mercado global.
10. Apoyar las iniciativas que promuevan el uso y generación de energía de fuentes renovables.
11. Apoyar e incentivar una educación de excelencia y calidad mundial a todos los niveles como vehículo indispensable para la competitividad regional que aspiramos.
12. Luchar, mediante programas concretos y compromisos presupuestarios, para erradicar la pobreza y la desigualdad social.
Aplaudimos la iniciativa de la Cámara de Comercio del Sur y exhortamos a todas las personas e identidades con o sin fines de lucro y que tengan interés en el desarrollo de nuestra región Sur, a que se unan a la iniciativa y suscriban el Manifiesto.
El autor es abogado notario, Socio del Bufete Cancio Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli, C.S.P. en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.debidoproceso.com
miércoles, 2 de julio de 2008
TODOS TENEMOS QUE CUMPLIR NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Los consumidores somos cada día más conscientes de la necesidad de que todos aporten al bienestar y la calidad de vida de la sociedad, y de cómo nuestras preferencias y acciones tienen impacto económico. Por eso, en el mundo capitalista contemporáneo las empresas han reconocido que la capacidad de discernimiento de los consumidores les obliga a que aporten parte de sus ganancias para el bienestar social. Este fenómeno se ha denominado Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
La RSE es la aportación voluntaria y consciente que hacen las empresas para mejorar el entorno ambiental, económico y social, con el propósito de mejorar su efectividad y competitividad en el mundo global. La RSE pone su grano de arena en la dirección de balancear la desigualdad social y económica, y apoya los esfuerzos del gobierno por incrementar el desarrollo económico y mejorar el ambiente.
Para que la RSE sea válida y creíble las empresas deben comenzar mejorando sus estructuras y procedimientos para que reflejen valores éticos elevados, democracia, excelentes relaciones laborales y trato al cliente, y la producción de bienes y servicios de calidad excelente. Además, es fundamental que las empresas estén ajenas a toda apariencia de conflicto de interés o de corrupción, económica, política, personal o electoral.
La Responsabilidad Social Empresarial es una estrategia de competitividad que pueden utilizar todas las empresas, desde la más grande y de manufactura, hasta la más pequeña de servicios. El involucrarse en una estrategia de RSE mejora la percepción que tiene el público de los productos y servicios de la empresa y permite que los consumidores puedan discriminar y escoger a las compañías que hagan su aportación para mejorar la calidad de vida.
No es necesario contar con grandes sumas de dinero para involucrarse en una campaña de RSE. Por ejemplo, los profesionales pueden aportar sus conocimientos a la comunidad mediante seminarios, talleres, boletines informativos, que ayuden a que las personas puedan desarrollarse adecuadamente en la compleja sociedad contemporánea. Por otro lado, las pequeñas empresas pueden participar para mejorar el ornato de la comunidad, la limpieza, establecer programas de reciclajes y conservación de energía. Otra área importante de colaboración es aliarse con instituciones sin fines de lucro y apoyar campañas generales o específicas a favor de las mujeres maltratadas, de los niños, de los pacientes de SIDA, etc.
El desarrollo sustentable y sostenido de una sociedad requiere satisfacer hoy nuestras necesidades, sin perjudicar la capacidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Para que esto sea posible todo ciudadano tiene la responsabilidad de hacer su aportación a la comunidad y al resto de la sociedad. En el Puerto Rico de hoy tenemos mucho taller, pues existen miles de asuntos que requieren atención y mejoramiento. Participe y ayude, tanto en el plano personal y familiar, como el empresarial, para que podamos hacer de Puerto Rico un lugar óptimo para vivir, tanto para nosotros, como para las generaciones futuras.
El autor es abogado notario, Socio del Bufete Cancio Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli, C.S.P. en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.debidoproceso.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Los consumidores somos cada día más conscientes de la necesidad de que todos aporten al bienestar y la calidad de vida de la sociedad, y de cómo nuestras preferencias y acciones tienen impacto económico. Por eso, en el mundo capitalista contemporáneo las empresas han reconocido que la capacidad de discernimiento de los consumidores les obliga a que aporten parte de sus ganancias para el bienestar social. Este fenómeno se ha denominado Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
La RSE es la aportación voluntaria y consciente que hacen las empresas para mejorar el entorno ambiental, económico y social, con el propósito de mejorar su efectividad y competitividad en el mundo global. La RSE pone su grano de arena en la dirección de balancear la desigualdad social y económica, y apoya los esfuerzos del gobierno por incrementar el desarrollo económico y mejorar el ambiente.
Para que la RSE sea válida y creíble las empresas deben comenzar mejorando sus estructuras y procedimientos para que reflejen valores éticos elevados, democracia, excelentes relaciones laborales y trato al cliente, y la producción de bienes y servicios de calidad excelente. Además, es fundamental que las empresas estén ajenas a toda apariencia de conflicto de interés o de corrupción, económica, política, personal o electoral.
La Responsabilidad Social Empresarial es una estrategia de competitividad que pueden utilizar todas las empresas, desde la más grande y de manufactura, hasta la más pequeña de servicios. El involucrarse en una estrategia de RSE mejora la percepción que tiene el público de los productos y servicios de la empresa y permite que los consumidores puedan discriminar y escoger a las compañías que hagan su aportación para mejorar la calidad de vida.
No es necesario contar con grandes sumas de dinero para involucrarse en una campaña de RSE. Por ejemplo, los profesionales pueden aportar sus conocimientos a la comunidad mediante seminarios, talleres, boletines informativos, que ayuden a que las personas puedan desarrollarse adecuadamente en la compleja sociedad contemporánea. Por otro lado, las pequeñas empresas pueden participar para mejorar el ornato de la comunidad, la limpieza, establecer programas de reciclajes y conservación de energía. Otra área importante de colaboración es aliarse con instituciones sin fines de lucro y apoyar campañas generales o específicas a favor de las mujeres maltratadas, de los niños, de los pacientes de SIDA, etc.
El desarrollo sustentable y sostenido de una sociedad requiere satisfacer hoy nuestras necesidades, sin perjudicar la capacidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Para que esto sea posible todo ciudadano tiene la responsabilidad de hacer su aportación a la comunidad y al resto de la sociedad. En el Puerto Rico de hoy tenemos mucho taller, pues existen miles de asuntos que requieren atención y mejoramiento. Participe y ayude, tanto en el plano personal y familiar, como el empresarial, para que podamos hacer de Puerto Rico un lugar óptimo para vivir, tanto para nosotros, como para las generaciones futuras.
El autor es abogado notario, Socio del Bufete Cancio Nadal, Rivera & Díaz a cargo de la oficina del Bufete Emmanuelli, C.S.P. en Ponce, pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.debidoproceso.com
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