Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
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Cuando en la década de los 30 del siglo pasado, el abominable dictador Francisco Franco consolidó su poder en España, una de las primeras órdenes que impuso fue la eliminación de los colegios profesionales. Esto ocurre porque los colegios profesionales siempre han sido una voz militante en la defensa de los derechos del pueblo. Además, constituyen entes reguladores de la calidad profesional y ética de sus miembros. Ambas características no son deseables por los regímenes totalitarios.
El Colegio de Abogados de Puerto Rico siempre ha tenido que intervenir en controversias jurídicas donde ocurren violaciones de los derechos constitucionales. Por diseño político y jurídico, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos constitucionales en Puerto Rico ocurren únicamente por el Estado. En ese sentido, el Colegio de Abogados ha tenido que hacer frente a todas las administraciones políticas para defender ciertos derechos y prerrogativas.
Uno de los principios que ha defendido con mayor ahínco, por ser esencial dentro de nuestro ordenamiento, es el derecho a la libertad de expresión y el acceso de las personas marginadas al sistema de Justicia. Esto ha hecho que el Colegio de Abogados se involucre como mediador en luchas sociales y en procedimientos judiciales en donde el Estado ha sentido la amenaza del poder legitimo y democrático del pueblo. Además, ha creado diversos programas y servicios para que los indigentes puedan tramitar sus asuntos judiciales que en muchos casos reclaman contra el gobierno.
Cuando un gobierno carece de conocimiento y es incompetente, se vuelve intolerante y carpetea o etiqueta a toda persona que no esté de acuerdo con sus postulados como disidentes, delincuentes, sediciosos, opositores, comunistas, independentistas, terroristas, y muy recientemente chavistas. Esa es su manera de dividir la sociedad en buenos y malos, para justificar acciones represivas, porque tienen profundo miedo e ineptitud que les impide entender las diferencias que son parte integral del régimen político y económico en que vivimos.
El Colegio de Abogados sufrió una serie de ataques judiciales, tanto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde se cuestionó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Ambos tribunales resolvieron que la colegiación compulsoria es constitucional y se establecieron remedios apropiados y válidos jurídicamente para proteger los derechos de las personas que no están de acuerdo con algunas posturas que asuma el Colegio de Abogados. Por ende, el argumento de que la colegiación compulsoria viola el derecho constitucional a la asociación es flagrantemente falso. Por tanto, no solamente el Colegio de Abogados ha existido desde el 1840, sino que ha sido objeto de revisiones y determinaciones judiciales que han validado su existencia y legalidad.
Las organizaciones internacionales que agrupan los Colegios de Abogados han entendido que la colegiación compulsoria es la mejor manera de organizar la profesión y la mayoría de los estados de la Unión Europea y Estados Unidos tienen formas de colegiación compulsorias.
¿Qué pasó con el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogado se ha manifestado solidario con las personas que han sufrido los embates de los despidos de la Ley 7. También ha participado como mediador y observador en situaciones de tensión entre estudiantes y la Policía de Puerto Rico. La Ley 7 suspendió las garantías constitucionales de los empleados gubernamentales a un debido proceso de ley, al principio de mérito, a su permanencia; y el derecho de las uniones obreras a que no se menoscaben sus obligaciones contractuales. ¿Qué mejor escenario para la intervención legítima de una organización que defiende los derechos constitucionales?
La respuesta antidemocrática y Franquista del Gobernador y del Presidente del Senado de Puerto Rico fue bajar por descargue para aprobación una ley repudiada por la ciudadanía y el Colegio de Abogados. Esto se hizo sin tener ningún tipo de evaluación y sin que se hubiera presentado un informe positivo sobre su aprobación. La actuación de Rivera Shatz, admitido por él, fue a petición del Gobernador y para desviar la atención sobre el paro que se llevaría a cabo en 15 de octubre. Fue una manera de castigo y represalia al estilo Francisco Franco. Fue lamentable ver al gobernador Fortuño, quién como un niño horripilado, firmó la ley esa misma noche. Lo hizo tan rápido como si se tratará como una emergencia nacional. Lo hizo, como un perseguido de los hijos gemelos de Ares y Afrodita de la mitología griega que representan el miedo. Phobos es el pánico y Deimos, el terror.
Lo cierto es que se trató de un exabrupto discriminatorio que va a tener consecuencias gravísimas en el ejercicio de la profesión, en el acceso de los pobres a la justicia, en la intervención del Colegio como mediador en los conflictos sociales, en la separación de poderes gubernamentales y en la independencia de nuestra judicatura.
La Ley aprobada está plagada de errores. Tiene una serie de fechas de implantación que ya pasaron; confunde conceptos básicos de derecho constitucional, y tiene el único propósito de asfixiar económicamente al Colegio de Abogados. No conforme con esto, existen otros proyectos que están intentando cortar fondos por diferentes áreas y programas de ayuda a los indigentes para tratar de eliminar la voz del Colegio.
Sin embargo, la voz del Colegio sigue viva, elocuente y militante. Este pasado domingo se celebró una asamblea en Caguas con la presencia de más de 1,300 abogados y abogadas, que escucharon la explicación del contenido de la Ley y los diferentes proyectos que están pendientes. Además, avalaron la determinación de crear una comisión que estudie a la brevedad posible las consecuencias de esta legislación torcida y recomiende el curso de acción en los diferentes frentes disponibles.
Un gobierno que se dedica a desmantelar las instituciones en el país es uno que se sabe acorralado y que ha perdido la confianza del pueblo de Puerto Rico. Bajo esas circunstancias, si nos cruzamos de brazos, podrían continuar destruyendo instituciones necesarias y apreciadas. El Colegio de Abogados merece el apoyo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para evitar este daño social. Invitamos a todos los abogados y abogadas a mantener su colegiación y defender al Colegio.
Por mi parte, yo me considero un colegiado orgulloso e inquebrantable.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
