Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Actualmente, estamos viviendo un proceso difícil en la historia de Puerto Rico. Nos encontramos en una profunda recesión económica y todavía no hemos tocado fondo. Se debate el estatus, pero no se anticipa una solución al problema centenario. El gobierno federal, a través de sus agencias de persecución del crimen, ha intervenido en prácticamente todos los sectores del pueblo puertorriqueño y se encuentran en una indiscriminada investigación del Gobernador de Puerto Rico. Los problemas sociales de salud, drogadicción y criminalidad siguen alcanzando desarrollos insospechados.
En columnas pasadas hemos mencionado el cambio paradigmático como una transformación dramática en la manera de pensar que nos permite implantar soluciones más agresivas o efectivas para los grandes problemas que enfrentamos. Un paradigma es un modelo, teoría o patrón en cualquier disciplina científica o social. Este término también se utiliza para describir el conjunto de experiencias, herencias y valores que afectan la forma en que una persona percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Algunas personas de manera arrogante les llaman verdades sociales. A veces un paradigma se convierte en una venda que nos ciega de dogmatismo, en gríngolas que nos impiden ver hacia otros lares, o en verdades que de soplarlas se despedazan. Los paradigmas vigentes en las áreas políticas, sociales y económicas agotaron todas sus posibilidades. Ya no cumplen sus propósitos. No sirven para interpretar la realidad y actuar sobre ella.
Ante los nuevos retos de los problemas que hemos mencionado, es indispensable adoptar una nueva cosmovisión, que no es otra cosa que una nueva manera de ver nuestro mundo. Tenemos que descartar los viejos paradigmas y crear nuevos.
Hace falta cambios dramáticos. Pero para poder empezar a cambiar nuestra sociedad, es indispensable que nosotros empecemos a cambiar como individuos y seres humanos. El ser humano que hace falta para la sociedad puertorriqueña debe ser una persona con suficiente introspección, o capacidad de verse a sí mismo, como para identificar sus áreas de deficiencias, con el propósito de diseñar el crecimiento que es necesario emprender. Ese crecimiento debe basarse en la educación. Debemos educarnos para poder ser más audaces en la búsqueda de soluciones personales y colectivas. Cuando se habla de educación, no nos referimos necesariamente a la formal. Existen tantas fuentes de información y conocimiento disponibles. Sólo basta con hacer una búsqueda en la Internet sobre algún asunto pertinente como por ejemplo "mejoramiento personal"; o meramente ir a www.wikipedia.com. En mi caso, soy aficionado a los libros de audio que escucho en mi auto o en mi Ipod. Comience su búsqueda de información sobre cómo mejorar. Será un viaje extraordinario de crecimiento personal.
Con la educación alcanzamos nuevas maneras de relacionarnos. Podremos mejorar nuestra convivencia, entender la tolerancia, y fomentar nuevas maneras de ver a los demás para alcanzar la paz. Los prejuicios políticos, raciales, económicos, culturales, religiosos, de orientación sexual, etc., están desgarrando nuestra sociedad. ¿No creen que el mundo sería mejor si aprendiéramos a entender y aceptar las diferencias entre los seres humanos?
Solo si nos miramos profundamente e identificamos qué tenemos que cambiar como individuos, podremos comenzar a trabajar en nuestras circunstancias, y de la misma forma, comenzar a impactar al resto de nuestra sociedad. El cambio empieza por uno mismo. Comencemos a mirarnos.
El Bufete Emmanuelli orienta jurídicamente mediante su boletín Del Derecho y del Revés:
lunes, 5 de noviembre de 2007
viernes, 26 de octubre de 2007
DE PERROS, GATOS Y SERES HUMANOS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La noticia de que mataron decenas de perros y gatos dejó consternada a la prensa en Puerto Rico y a la de otros lugares del mundo. No hay duda de que ese fue un acto abominable y merece que los culpables paguen por sus delitos. No obstante, esa noticia no debe ser excusa para disimular, olvidar o maquillar el problema subyacente que existe en Puerto Rico: la violencia.
En Puerto Rico existe violencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Asesinan a un promedio de dos personas diarias. La violencia contra los niños, la mujer, los ancianos y los impedidos es desayuno, almuerzo y comida. La criminalidad contra la persona y la propiedad está incontrolable. Los medios de comunicación se embelesan con los actos de crueldad y de violencia que parecen competir por el galardón del libro Guinness. Sin embargo, las autoridades encargadas de la formulación de política pública no tienen planes concretos para atender el problema de la violencia en Puerto Rico.
El narcotráfico, la drogadicción, y el crimen resultante, son responsables de gran parte de la violencia en Puerto Rico. Además, no hay duda de que uno de los elementos fundamentales que promueven la violencia es la desigualdad socioeconómica. Sin embargo, como concluimos en la columna anterior, muy pocos se atreven a confrontar este problema con soluciones radicales, es decir, que vayan a la raíz. Hasta ahora, lo que se ve son proyectos individuales inconexos y que a todas luces conducen a la satisfacción de algunos intereses particulares o políticos, que no son los superiores de nuestra sociedad.
Puerto Rico deambula como el poema de Sylvia Rexach. Somos una nave sin rumbo. Hace falta establecer un plan estratégico nacional para atender el problema de desigualdad socioeconómica y el narcotráfico. Mi oído está en tierra para un candidato responsable y sobresaliente. Hasta ahora, sólo silencio.
Mientras no exista un plan estratégico nacional de desarrollo económico seguiremos teniendo asesinatos de perros, gatos y seres humanos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
La noticia de que mataron decenas de perros y gatos dejó consternada a la prensa en Puerto Rico y a la de otros lugares del mundo. No hay duda de que ese fue un acto abominable y merece que los culpables paguen por sus delitos. No obstante, esa noticia no debe ser excusa para disimular, olvidar o maquillar el problema subyacente que existe en Puerto Rico: la violencia.
En Puerto Rico existe violencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Asesinan a un promedio de dos personas diarias. La violencia contra los niños, la mujer, los ancianos y los impedidos es desayuno, almuerzo y comida. La criminalidad contra la persona y la propiedad está incontrolable. Los medios de comunicación se embelesan con los actos de crueldad y de violencia que parecen competir por el galardón del libro Guinness. Sin embargo, las autoridades encargadas de la formulación de política pública no tienen planes concretos para atender el problema de la violencia en Puerto Rico.
El narcotráfico, la drogadicción, y el crimen resultante, son responsables de gran parte de la violencia en Puerto Rico. Además, no hay duda de que uno de los elementos fundamentales que promueven la violencia es la desigualdad socioeconómica. Sin embargo, como concluimos en la columna anterior, muy pocos se atreven a confrontar este problema con soluciones radicales, es decir, que vayan a la raíz. Hasta ahora, lo que se ve son proyectos individuales inconexos y que a todas luces conducen a la satisfacción de algunos intereses particulares o políticos, que no son los superiores de nuestra sociedad.
Puerto Rico deambula como el poema de Sylvia Rexach. Somos una nave sin rumbo. Hace falta establecer un plan estratégico nacional para atender el problema de desigualdad socioeconómica y el narcotráfico. Mi oído está en tierra para un candidato responsable y sobresaliente. Hasta ahora, sólo silencio.
Mientras no exista un plan estratégico nacional de desarrollo económico seguiremos teniendo asesinatos de perros, gatos y seres humanos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
Drogas y Criminalidad
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como dijimos en una columna anterior, para enderezar la democracia debemos hacer los planteamientos de manera valiente y exigir a los aspirantes a cargos públicos la adopción de las propuestas de los entendidos en las materias que con más probabilidad puedan resolver los serios problemas que tiene Puerto Rico. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los políticos le piden el voto a los ciudadanos a base de propuestas acomodaticias, sin imaginación y que está probado que no resuelven los graves problemas que tenemos actualmente.
En la pasada columna discutimos la necesidad de adoptar un seguro universal de salud que rompa con las contradicciones e ineficiencias de la reforma de salud. Otro asunto contra el cual es necesario enfrentarse con soluciones dramáticas es el problema de la drogadicción. La drogadicción es una enfermedad y la fuente de la criminalidad. Sin embargo, es paradójico que mientras más esfuerzos se hacen para reprimirla y tratar de eliminarla, más florece. El tráfico de drogas responde a los mismos elementos socioeconómicos del tráfico ilegal del alcohol cuando se prohibió en los Estados Unidos a principios del siglo XX. La prohibición dio base al surgimiento de las pandillas y el crimen organizado. Esto porque mientras más esfuerzos se hacen para controlar el alcohol o las sustancias adictivas, por las leyes de oferta y demanda, más caro se pone el producto, y por ende, el adicto tiene que delinquir para conseguir el dinero adicional para adquirirlo. Esto resulta en la paradoja de que si el Estado incauta más drogas mediante la campaña de represión, más crímenes se cometen.
Por otro lado, los que trafican con el producto ilegal, se enriquecen cuando el Estado reprime e incauta el producto a otros competidores, porque entonces la escasez hace que su precio suba, y por ende, su margen de ganancia. El alto margen de ganancia hace que siempre haya gente disponible para entrar al tráfico ilegal. Por eso es que se arriesgan a matar por mantener su hegemonía. Arrestan o matan al tirador, y al otro día tenemos una persona que le sustituye. Por eso es que en el tráfico de drogas cada vez hay personas más jóvenes manejando los puntos. La campaña de represión del Estado ocasiona las guerras de pandillas por el dominio de este lucrativo mercado. Esto hace que la ola de asesinatos resulte incontrolable.
El secretario de Corrección, Lcdo. Miguel Pereira, planteó valientemente que debe utilizarse la alternativa de la medicación de la droga. La medicación y control de la droga por parte del Estado permitiría que los adictos tengan acceso a procesos de rehabilitación, porque no tendrían que adquirir la droga en la calle a precios exorbitantes. Si ya no hay tanta demanda por el producto, baja el interés de lucro, y por tanto, el de las personas que quieren entrar al tráfico de drogas por las ganancias que obtendrían. Esto reduciría las guerras y asesinatos pandilleros. Por otro lado, y tal vez el efecto más importante, los adictos que estén bajo programas de medicación de drogas no tendrían la necesidad de delinquir y podrían diseñarse estrategias para reincorporarlos a la vida productiva.
Hace falta olvidarnos de planteamientos moralistas que impiden las soluciones efectivas. La droga es mala. Pero también el alcohol. Sin embargo, el enfoque con el alcohol, de licenciamiento y control, ha sido tremendamente efectivo para controlar el crimen organizado y callejero. Hoy en día, nadie mata por una caneca de ron. Ese es el enfoque que debe tenerse también con la drogadicción. Ese es el cambio paradigmático que necesita Puerto Rico para resolver el problema de la criminalidad.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como dijimos en una columna anterior, para enderezar la democracia debemos hacer los planteamientos de manera valiente y exigir a los aspirantes a cargos públicos la adopción de las propuestas de los entendidos en las materias que con más probabilidad puedan resolver los serios problemas que tiene Puerto Rico. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los políticos le piden el voto a los ciudadanos a base de propuestas acomodaticias, sin imaginación y que está probado que no resuelven los graves problemas que tenemos actualmente.
En la pasada columna discutimos la necesidad de adoptar un seguro universal de salud que rompa con las contradicciones e ineficiencias de la reforma de salud. Otro asunto contra el cual es necesario enfrentarse con soluciones dramáticas es el problema de la drogadicción. La drogadicción es una enfermedad y la fuente de la criminalidad. Sin embargo, es paradójico que mientras más esfuerzos se hacen para reprimirla y tratar de eliminarla, más florece. El tráfico de drogas responde a los mismos elementos socioeconómicos del tráfico ilegal del alcohol cuando se prohibió en los Estados Unidos a principios del siglo XX. La prohibición dio base al surgimiento de las pandillas y el crimen organizado. Esto porque mientras más esfuerzos se hacen para controlar el alcohol o las sustancias adictivas, por las leyes de oferta y demanda, más caro se pone el producto, y por ende, el adicto tiene que delinquir para conseguir el dinero adicional para adquirirlo. Esto resulta en la paradoja de que si el Estado incauta más drogas mediante la campaña de represión, más crímenes se cometen.
Por otro lado, los que trafican con el producto ilegal, se enriquecen cuando el Estado reprime e incauta el producto a otros competidores, porque entonces la escasez hace que su precio suba, y por ende, su margen de ganancia. El alto margen de ganancia hace que siempre haya gente disponible para entrar al tráfico ilegal. Por eso es que se arriesgan a matar por mantener su hegemonía. Arrestan o matan al tirador, y al otro día tenemos una persona que le sustituye. Por eso es que en el tráfico de drogas cada vez hay personas más jóvenes manejando los puntos. La campaña de represión del Estado ocasiona las guerras de pandillas por el dominio de este lucrativo mercado. Esto hace que la ola de asesinatos resulte incontrolable.
El secretario de Corrección, Lcdo. Miguel Pereira, planteó valientemente que debe utilizarse la alternativa de la medicación de la droga. La medicación y control de la droga por parte del Estado permitiría que los adictos tengan acceso a procesos de rehabilitación, porque no tendrían que adquirir la droga en la calle a precios exorbitantes. Si ya no hay tanta demanda por el producto, baja el interés de lucro, y por tanto, el de las personas que quieren entrar al tráfico de drogas por las ganancias que obtendrían. Esto reduciría las guerras y asesinatos pandilleros. Por otro lado, y tal vez el efecto más importante, los adictos que estén bajo programas de medicación de drogas no tendrían la necesidad de delinquir y podrían diseñarse estrategias para reincorporarlos a la vida productiva.
Hace falta olvidarnos de planteamientos moralistas que impiden las soluciones efectivas. La droga es mala. Pero también el alcohol. Sin embargo, el enfoque con el alcohol, de licenciamiento y control, ha sido tremendamente efectivo para controlar el crimen organizado y callejero. Hoy en día, nadie mata por una caneca de ron. Ese es el enfoque que debe tenerse también con la drogadicción. Ese es el cambio paradigmático que necesita Puerto Rico para resolver el problema de la criminalidad.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
miércoles, 17 de octubre de 2007
INDISPENSABLE UN SEGURO DE SALUD UNIVERSAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El reciente documental del cineasta Michael Moore titulado “Sicko”, explica en términos claros y contundentes la necesidad de una revolución en el sistema de salud de Puerto Rico. El modelo de la reforma de salud contiene una contradicción inherente e insalvable, pues expone a los médicos al dilema de determinar el tratamiento que se le va a brindar a un paciente médico indigente, siempre en contra de su interés pecuniario. Esto ocurre porque el médico recibe de la compañía aseguradora una cantidad fija mensual por cada paciente, que se conoce como “capitación”. Si el paciente tiene que hacerse un análisis de sangre o una prueba radiológica, el gasto de esas pruebas se le resta al ingreso del médico. Por tanto, mientras el médico más recete u ordene exámenes y pruebas diagnósticas, menos dinero gana.
La mayoría de los médicos ejercen este balance con mucho cuidado y sensibilidad hacia el paciente. Lamentablemente, las situaciones en las cuales se “racionan” los servicios a los pacientes son cada vez más frecuentes. Esa es una de las razones por las cuales se creó la Oficina de la Procuradora del Paciente. Sin embargo, no existen los recursos económicos que puedan fiscalizar adecuadamente este asunto, porque el problema puede surgir con cada paciente, con cada tratamiento, con cada receta. Racionar servicios por razones económicas no es legal ni moral. Cualquier persona que haya sufrido daños por esta conducta, puede recurrir al tribunal para reclamar daños y perjuicios.
El modelo de salud de Puerto Rico no está cumplimiento su cometido y es además demasiado costoso, porque existe un intermediario que es la compañía de seguros, quien se lleva en ganancias una parte de los fondos públicos que debieran dedicarse al cuidado médico.
Michael Moore demuestra que el sistema de Estados Unidos y por ende, el de Puerto Rico, que está basado en compañías de seguros, está en una crisis. Moore documenta una serie de casos terribles en los cuales las compañías aseguradoras deniegan cubierta de servicios en detrimento de sus clientes y en violación a los contratos de seguro. Para colmo, en Estados Unidos hay más de cuarenta millones de personas que no tienen seguro médico. Estas personas se exponen a que en cualquier momento un problema médico los lleve a la ruina económica.
Durante la presidencia de Bill Clinton, la ahora precandidata presidencial Hillary Clinton, se encargó de promover una revolución de salud que establecería un seguro universal parecido al de Canadá, Inglaterra o Francia. En estos países el sistema médico es financiado por el Estado, pero a base de unos criterios de calidad y excelencia extraordinarios.
Es indispensable reexaminar todo nuestro sistema de salud. Hay que mirar los que son exitosos en el resto del mundo. La implantación de un sistema de seguro universal de salud puede ser la alternativa que ofrezca equidad y libre acceso a los servicios médicos. Esta es una idea que los políticos en Puerto Rico tienen que abordar de frente. Alguno debe defender al pueblo apoyando la idea de un seguro de salud universal.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
El reciente documental del cineasta Michael Moore titulado “Sicko”, explica en términos claros y contundentes la necesidad de una revolución en el sistema de salud de Puerto Rico. El modelo de la reforma de salud contiene una contradicción inherente e insalvable, pues expone a los médicos al dilema de determinar el tratamiento que se le va a brindar a un paciente médico indigente, siempre en contra de su interés pecuniario. Esto ocurre porque el médico recibe de la compañía aseguradora una cantidad fija mensual por cada paciente, que se conoce como “capitación”. Si el paciente tiene que hacerse un análisis de sangre o una prueba radiológica, el gasto de esas pruebas se le resta al ingreso del médico. Por tanto, mientras el médico más recete u ordene exámenes y pruebas diagnósticas, menos dinero gana.
La mayoría de los médicos ejercen este balance con mucho cuidado y sensibilidad hacia el paciente. Lamentablemente, las situaciones en las cuales se “racionan” los servicios a los pacientes son cada vez más frecuentes. Esa es una de las razones por las cuales se creó la Oficina de la Procuradora del Paciente. Sin embargo, no existen los recursos económicos que puedan fiscalizar adecuadamente este asunto, porque el problema puede surgir con cada paciente, con cada tratamiento, con cada receta. Racionar servicios por razones económicas no es legal ni moral. Cualquier persona que haya sufrido daños por esta conducta, puede recurrir al tribunal para reclamar daños y perjuicios.
El modelo de salud de Puerto Rico no está cumplimiento su cometido y es además demasiado costoso, porque existe un intermediario que es la compañía de seguros, quien se lleva en ganancias una parte de los fondos públicos que debieran dedicarse al cuidado médico.
Michael Moore demuestra que el sistema de Estados Unidos y por ende, el de Puerto Rico, que está basado en compañías de seguros, está en una crisis. Moore documenta una serie de casos terribles en los cuales las compañías aseguradoras deniegan cubierta de servicios en detrimento de sus clientes y en violación a los contratos de seguro. Para colmo, en Estados Unidos hay más de cuarenta millones de personas que no tienen seguro médico. Estas personas se exponen a que en cualquier momento un problema médico los lleve a la ruina económica.
Durante la presidencia de Bill Clinton, la ahora precandidata presidencial Hillary Clinton, se encargó de promover una revolución de salud que establecería un seguro universal parecido al de Canadá, Inglaterra o Francia. En estos países el sistema médico es financiado por el Estado, pero a base de unos criterios de calidad y excelencia extraordinarios.
Es indispensable reexaminar todo nuestro sistema de salud. Hay que mirar los que son exitosos en el resto del mundo. La implantación de un sistema de seguro universal de salud puede ser la alternativa que ofrezca equidad y libre acceso a los servicios médicos. Esta es una idea que los políticos en Puerto Rico tienen que abordar de frente. Alguno debe defender al pueblo apoyando la idea de un seguro de salud universal.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
A ENDEREZAR LA DEMOCRACIA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Por circunstancias particulares y que no es necesario discutir en este momento, la democracia puertorriqueña no ha logrado su razón de ser. La democracia es su definición más simple, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, la democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos y la han virado al revés. El secuestro de la democracia por los partidos políticos es lo que ha llevado a los extremos de la debacle legislativa que estamos viviendo, las pugnas intrapartidistas y la traición del mandato del pueblo en torno a la unicameralidad.
El aspecto más sobresaliente del secuestro de nuestra democracia es que hemos permitido que sean los candidatos y los partidos políticos los que presenten ideas para el desarrollo económico y social de nuestro país. Las propuestas de los partidos han resultado ineficaces y nos tienen sumidos en una recesión y en una ausencia total de esperanza. No obstante, todavía se vislumbra luz al final del túnel.
La democracia actual hay que enderezarla. Corresponde a los ciudadanos, las organizaciones con y sin fines de lucro, la entidades de profesionales y a todos los grupos de interés, exponer y debatir con el pueblo las ideas para hacer el programa de gobierno que se debe exigir a los funcionarios electos, no importa el partido al que pertenezcan. Los políticos y partidos pueden seguir preparando su plataforma, pero a la hora de la implantación, el pueblo es el que tiene que definir la agenda y exigir su cumplimiento específico. Para que esto ocurra efectivamente hace falta el apoyo de todas las entidades preocupadas por el futuro del país.
Al recoger ideas de la ciudadanía, debatirlas y organizarlas para que los políticos se comprometan con ellas, estamos dictando cuál es el mandato del pueblo en torno al desarrollo económico, político y social. Las Cámaras de Comercio se encuentran en posiciones privilegiadas para palpar las realidades vigentes y poder hacer propuestas inteligentes de desarrollo. Por ende, la exhortación es que asuman un papel proactivo, que se consulte, se discuta y se presente a los políticos la agenda mandatoria del pueblo puertorriqueño. Estamos en una época ideal para este trámite pues las primarias se celebrarán en marzo de 2008. Los políticos que no se comprometan con esta agenda deben rechazarse en las urnas. Es la única manera que podemos salvar nuestra democracia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Por circunstancias particulares y que no es necesario discutir en este momento, la democracia puertorriqueña no ha logrado su razón de ser. La democracia es su definición más simple, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, la democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos y la han virado al revés. El secuestro de la democracia por los partidos políticos es lo que ha llevado a los extremos de la debacle legislativa que estamos viviendo, las pugnas intrapartidistas y la traición del mandato del pueblo en torno a la unicameralidad.
El aspecto más sobresaliente del secuestro de nuestra democracia es que hemos permitido que sean los candidatos y los partidos políticos los que presenten ideas para el desarrollo económico y social de nuestro país. Las propuestas de los partidos han resultado ineficaces y nos tienen sumidos en una recesión y en una ausencia total de esperanza. No obstante, todavía se vislumbra luz al final del túnel.
La democracia actual hay que enderezarla. Corresponde a los ciudadanos, las organizaciones con y sin fines de lucro, la entidades de profesionales y a todos los grupos de interés, exponer y debatir con el pueblo las ideas para hacer el programa de gobierno que se debe exigir a los funcionarios electos, no importa el partido al que pertenezcan. Los políticos y partidos pueden seguir preparando su plataforma, pero a la hora de la implantación, el pueblo es el que tiene que definir la agenda y exigir su cumplimiento específico. Para que esto ocurra efectivamente hace falta el apoyo de todas las entidades preocupadas por el futuro del país.
Al recoger ideas de la ciudadanía, debatirlas y organizarlas para que los políticos se comprometan con ellas, estamos dictando cuál es el mandato del pueblo en torno al desarrollo económico, político y social. Las Cámaras de Comercio se encuentran en posiciones privilegiadas para palpar las realidades vigentes y poder hacer propuestas inteligentes de desarrollo. Por ende, la exhortación es que asuman un papel proactivo, que se consulte, se discuta y se presente a los políticos la agenda mandatoria del pueblo puertorriqueño. Estamos en una época ideal para este trámite pues las primarias se celebrarán en marzo de 2008. Los políticos que no se comprometan con esta agenda deben rechazarse en las urnas. Es la única manera que podemos salvar nuestra democracia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
MÁS ALLÁ DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS Y EL VALOR AÑADIDO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como explicamos en una columna previa la humanidad ha pasado por diferentes olas de desarrollo económico y social. La primera ola fue la agricultura, la segunda la industrialización, y la tercera es la época del conocimiento. Existen países como China en los cuales coinciden paralelamente esos tres grandes movimientos. Coexisten primitivos agrícolas, grandes industrias, y los más importantes en este momento, los sectores que manejan servicios, información y conocimiento. Ejemplos de estos sectores son la investigación, la conceptualización de nuevos productos, los profesionales, la banca y las telecomunicaciones. Estos sectores no fabrican productos, estos sectores ofrecen servicios o información pertinente y procesada, y por tanto, conocimiento.
Puerto Rico tuvo su época agraria hasta aproximadamente el año 1950, donde comenzó la industrialización. La industrialización basada en los incentivos industriales ha entrado en una profunda incertidumbre y recesión. El Puerto de Las Américas es un elemento esencial entre el paso de la época de la industrialización que se encuentra moribunda y la ola del conocimiento. Para poder desarrollar la economía del conocimiento es indispensable atender la investigación y desarrollo, no solamente en la biotecnología, sino en todas las ramas del desarrollo humano. Por ende, es correcto, aunque insuficiente, el enfoque que ha asumido el gobierno de Puerto Rico de privilegiar la biotecnología.
El desarrollo de una economía del conocimiento en Puerto Rico requiere que nos insertemos en los mercados internacionales mediante la globalización. La iniciación de Puerto Rico en la globalización no se puede dar sin el desarrollo pleno del Puerto de Las Américas “Rafael Cordero Santiago”. El Puerto de Las Américas es la entrada a la vinculación de Puerto Rico con los demás países del mundo que están desarrollando sus economías de conocimiento, y tenemos los recursos intelectuales y humanos para poder aprovecharnos de esta importante tendencia. Por ende, debemos como transición inescapable para el desarrrollo de la época del conocimiento, que desarrollar al máximo el Puerto de Las Américas. Pero debemos mirar por encima de ese horizonte, y visualizar que el objetivo último es después del valor añadido y desarrollar al máximo la economía de conocimiento.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como explicamos en una columna previa la humanidad ha pasado por diferentes olas de desarrollo económico y social. La primera ola fue la agricultura, la segunda la industrialización, y la tercera es la época del conocimiento. Existen países como China en los cuales coinciden paralelamente esos tres grandes movimientos. Coexisten primitivos agrícolas, grandes industrias, y los más importantes en este momento, los sectores que manejan servicios, información y conocimiento. Ejemplos de estos sectores son la investigación, la conceptualización de nuevos productos, los profesionales, la banca y las telecomunicaciones. Estos sectores no fabrican productos, estos sectores ofrecen servicios o información pertinente y procesada, y por tanto, conocimiento.
Puerto Rico tuvo su época agraria hasta aproximadamente el año 1950, donde comenzó la industrialización. La industrialización basada en los incentivos industriales ha entrado en una profunda incertidumbre y recesión. El Puerto de Las Américas es un elemento esencial entre el paso de la época de la industrialización que se encuentra moribunda y la ola del conocimiento. Para poder desarrollar la economía del conocimiento es indispensable atender la investigación y desarrollo, no solamente en la biotecnología, sino en todas las ramas del desarrollo humano. Por ende, es correcto, aunque insuficiente, el enfoque que ha asumido el gobierno de Puerto Rico de privilegiar la biotecnología.
El desarrollo de una economía del conocimiento en Puerto Rico requiere que nos insertemos en los mercados internacionales mediante la globalización. La iniciación de Puerto Rico en la globalización no se puede dar sin el desarrollo pleno del Puerto de Las Américas “Rafael Cordero Santiago”. El Puerto de Las Américas es la entrada a la vinculación de Puerto Rico con los demás países del mundo que están desarrollando sus economías de conocimiento, y tenemos los recursos intelectuales y humanos para poder aprovecharnos de esta importante tendencia. Por ende, debemos como transición inescapable para el desarrrollo de la época del conocimiento, que desarrollar al máximo el Puerto de Las Américas. Pero debemos mirar por encima de ese horizonte, y visualizar que el objetivo último es después del valor añadido y desarrollar al máximo la economía de conocimiento.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
domingo, 23 de septiembre de 2007
LAS INTERROGANTES DEL DEBATE SOBRE LA CARGA SUELTA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Hace varias semanas publicamos un artículo titulado El Dilema de la Carga Suelta. En aquella ocasión dijimos que el gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan a Ponce, crea una situación muy compleja que es necesaria evaluar detenidamente.
En primer término, los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Segundo, existe un debate muy álgido sobre el verdadero impacto económico en el mercado de la transportación de la carga suelta. ¿Será más caro o barato operar desde Ponce? Tercero, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer, pero esto no debe ser a cuenta del desarrollo futuro del puerto. Cuarto, el lugar donde se pretende establecer las operaciones de carga suelta en Ponce es un muelle que va a desaparecer a corto plazo, pues será dragado para dar paso al canal de la tercera fase del Puerto de las Américas. Es decir, que dentro de tres a cuatro años tendremos el mismo problema de tener que volver a relocalizar las operaciones de carga suelta. ¿Dónde se van a ubicar? ¿En el área de furgones que es esencial para el valor añadido? ¿Sufriremos los rigores de la controversia actual en pocos años cuando haya que eliminar el muelle? Quinto, ¿quién debe beneficiarse de la operación desde Ponce? ¿Debe la Autoridad de los Puerto arrendar el muelle al Municipio de Ponce, cuando se puede contratar sin intermediarios con los operadores de carga suelta? ¿Si es así, cuánto debe pagar al Municipio de Ponce? ¿Cuánto más se incrementará el costo de operación si el dueño del muelle de Ponce, se lo arrienda a la Autoridad de los Puertos y esta entidad a los operadores? ¿Hace falta ese intermediario en la cadena de valor?
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está estudiando todas esas interrogantes para hacer una recomendación responsable sobre el futuro de la carga suelta. La situación recomienda prudencia y análisis sosegado. Esperamos por su respuesta.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Hace varias semanas publicamos un artículo titulado El Dilema de la Carga Suelta. En aquella ocasión dijimos que el gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan a Ponce, crea una situación muy compleja que es necesaria evaluar detenidamente.
En primer término, los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Segundo, existe un debate muy álgido sobre el verdadero impacto económico en el mercado de la transportación de la carga suelta. ¿Será más caro o barato operar desde Ponce? Tercero, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer, pero esto no debe ser a cuenta del desarrollo futuro del puerto. Cuarto, el lugar donde se pretende establecer las operaciones de carga suelta en Ponce es un muelle que va a desaparecer a corto plazo, pues será dragado para dar paso al canal de la tercera fase del Puerto de las Américas. Es decir, que dentro de tres a cuatro años tendremos el mismo problema de tener que volver a relocalizar las operaciones de carga suelta. ¿Dónde se van a ubicar? ¿En el área de furgones que es esencial para el valor añadido? ¿Sufriremos los rigores de la controversia actual en pocos años cuando haya que eliminar el muelle? Quinto, ¿quién debe beneficiarse de la operación desde Ponce? ¿Debe la Autoridad de los Puerto arrendar el muelle al Municipio de Ponce, cuando se puede contratar sin intermediarios con los operadores de carga suelta? ¿Si es así, cuánto debe pagar al Municipio de Ponce? ¿Cuánto más se incrementará el costo de operación si el dueño del muelle de Ponce, se lo arrienda a la Autoridad de los Puertos y esta entidad a los operadores? ¿Hace falta ese intermediario en la cadena de valor?
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está estudiando todas esas interrogantes para hacer una recomendación responsable sobre el futuro de la carga suelta. La situación recomienda prudencia y análisis sosegado. Esperamos por su respuesta.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
lunes, 17 de septiembre de 2007
El IMPACTO DEL PROSUMERISMO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El renombrado científico social Alvin Toffler, escribió un libro fundamental en la década de los 70 que se tituló “El Shock del Futuro”. En este libro Toffler advirtió a la humanidad sobre los cambios que ocasionaría el desarrollo de la economía y la tecnología. Gran parte de los cambios que predijo en esa época ya se han materializado. La historia económica de la humanidad ha pasado por tres inmensas olas. La primera, la agricultura. Luego, la época de la industrialización. Finalmente, estamos viviendo desde la década de los 50, la ola del conocimiento. Toffler plantea que ésta tercera ola está alcanzando su máximo desarrollo en occidente, ya concurre con las otras anteriores en el oriente y está cambiando todas las relaciones globales de producción, sociedad y economía. Uno de los elementos interesantes de sus proposiciones es el concepto del “prosumerismo”. En su último libro titulado “Riqueza Revolucionaria”, Toffler amplía su análisis sobre este concepto y explica algunas de sus consecuencias.
Si bien a partir del desarrollo de la era industrial todos nos fuimos convirtiendo en consumidores, según Toffler, los prosumidores somos ahora el sector fundamental de nuestra economía. El prosumidor es aquella persona que produce algunos o muchos de los bienes o servicios que finalmente consume. Cada vez que cortamos la grama del patio, reparamos algún equipo en el hogar, ayudamos a nuestros hijos en su educación o consultamos la Internet para indagar sobre alguna pregunta médica o jurídica, estamos produciendo y consumiendo. Toffler estima que el crecimiento del prosumerismo tiene un valor económico igual al de toda la economía global. El desarrollo del prosumerismo tiene grandes implicaciones para los modelos económicos contemporáneos, como por ejemplo, en las profesiones de servicio.
En la medida en que el consumidor puede utilizar la Internet para indagar sobre su salud física o mental, está resolviendo un problema de salud sin tener que recurrir a un médico o a un hospital. De la misma forma, cualquier persona que busque en el Internet puede encontrar información sobre las leyes y jurisprudencia de Puerto Rico. Los consumidores, clientes o pacientes están cada día más informados y recurren diariamente a construir sus soluciones sin tener que consultar a los profesionales licenciados por el Estado. Esto tiene ventajas y desventajas. Como ejemplo podemos señalar un ahorro en los costos por los servicios, pero también existe el peligro de que se cometan errores que afecten la salud o el tráfico jurídico. Sin embargo, la disponibilidad de la información hace improbable que se impida su aplicación personal, ya que las leyes sobre las profesiones lo que generalmente prohíben es que personas sin licencia ofrezcan el servicio a otras personas, pero no impiden que apliquen esos conocimientos en sus asuntos personales. Por ende, los profesionales como los médicos, abogados, contables van a sufrir una merma en solicitudes de sus servicios si es que no adoptan otras formas de prácticas profesionales.
Si disminuye la demanda por servicios profesionales porque muchas personas recurren a auto diagnosticarse, auto tratarse o auto ayudarse, qué alternativas le quedan a los profesionales. Se está creando un cambio paradigmático en el sector de servicios. Las profesiones tienen que ampliar la calidad de sus ofrecimientos para poder insertarse en la cadena de valor del prosumerismo. Ese es uno de los nuevos retos que trae la era del conocimiento. Sin duda, tenemos que estar pendiente y analizar lo que significa el prosumerismo para nuestra sociedad y economía para que podamos aprovecharlo para el desarrollo auto sustentable de nuestra país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El renombrado científico social Alvin Toffler, escribió un libro fundamental en la década de los 70 que se tituló “El Shock del Futuro”. En este libro Toffler advirtió a la humanidad sobre los cambios que ocasionaría el desarrollo de la economía y la tecnología. Gran parte de los cambios que predijo en esa época ya se han materializado. La historia económica de la humanidad ha pasado por tres inmensas olas. La primera, la agricultura. Luego, la época de la industrialización. Finalmente, estamos viviendo desde la década de los 50, la ola del conocimiento. Toffler plantea que ésta tercera ola está alcanzando su máximo desarrollo en occidente, ya concurre con las otras anteriores en el oriente y está cambiando todas las relaciones globales de producción, sociedad y economía. Uno de los elementos interesantes de sus proposiciones es el concepto del “prosumerismo”. En su último libro titulado “Riqueza Revolucionaria”, Toffler amplía su análisis sobre este concepto y explica algunas de sus consecuencias.
Si bien a partir del desarrollo de la era industrial todos nos fuimos convirtiendo en consumidores, según Toffler, los prosumidores somos ahora el sector fundamental de nuestra economía. El prosumidor es aquella persona que produce algunos o muchos de los bienes o servicios que finalmente consume. Cada vez que cortamos la grama del patio, reparamos algún equipo en el hogar, ayudamos a nuestros hijos en su educación o consultamos la Internet para indagar sobre alguna pregunta médica o jurídica, estamos produciendo y consumiendo. Toffler estima que el crecimiento del prosumerismo tiene un valor económico igual al de toda la economía global. El desarrollo del prosumerismo tiene grandes implicaciones para los modelos económicos contemporáneos, como por ejemplo, en las profesiones de servicio.
En la medida en que el consumidor puede utilizar la Internet para indagar sobre su salud física o mental, está resolviendo un problema de salud sin tener que recurrir a un médico o a un hospital. De la misma forma, cualquier persona que busque en el Internet puede encontrar información sobre las leyes y jurisprudencia de Puerto Rico. Los consumidores, clientes o pacientes están cada día más informados y recurren diariamente a construir sus soluciones sin tener que consultar a los profesionales licenciados por el Estado. Esto tiene ventajas y desventajas. Como ejemplo podemos señalar un ahorro en los costos por los servicios, pero también existe el peligro de que se cometan errores que afecten la salud o el tráfico jurídico. Sin embargo, la disponibilidad de la información hace improbable que se impida su aplicación personal, ya que las leyes sobre las profesiones lo que generalmente prohíben es que personas sin licencia ofrezcan el servicio a otras personas, pero no impiden que apliquen esos conocimientos en sus asuntos personales. Por ende, los profesionales como los médicos, abogados, contables van a sufrir una merma en solicitudes de sus servicios si es que no adoptan otras formas de prácticas profesionales.
Si disminuye la demanda por servicios profesionales porque muchas personas recurren a auto diagnosticarse, auto tratarse o auto ayudarse, qué alternativas le quedan a los profesionales. Se está creando un cambio paradigmático en el sector de servicios. Las profesiones tienen que ampliar la calidad de sus ofrecimientos para poder insertarse en la cadena de valor del prosumerismo. Ese es uno de los nuevos retos que trae la era del conocimiento. Sin duda, tenemos que estar pendiente y analizar lo que significa el prosumerismo para nuestra sociedad y economía para que podamos aprovecharlo para el desarrollo auto sustentable de nuestra país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
PROBLEMAS COMUNES EN LA ADMINISTRACIÓN DE UNA CORPORACIÓN
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Actualmente el proceso de incorporar una empresa parece muy sencillo. Se puede recurrir a la página de la Internet del Departamento de Estado y obtener el formulario de incorporación que tiene sólo dos páginas, y que permite que una vez se paguen los derechos, se inscriba la corporación. La mayoría de las personas comienzan a operar sus negocios con la creencia de que ya han cumplido con los requisitos de ley. Nada más lejos de la verdad.
La inscripción y pago de derechos en el Departamento de Estado es el primer paso en el proceso de cumplir con todos los requisitos de ley para lograr una corporación válida. Una de las ventajas fundamentales de tener un negocio incorporado es que existe responsabilidad limitada. Responsabilidad limita significa que generalmente las personas que son accionistas no responden por las obligaciones de la corporación. Al no responder por las obligaciones de la corporación, pueden llevar a cabo sus negocios con la seguridad de que los problemas corporativos no afectarán la estabilidad financiera personal o familiar. Esto es fundamental para el sistema económico capitalista. Sin embargo, si la corporación no está debidamente constituida porque faltan los trámites después del registro, esta responsabilidad limitada no existe.
Para que la corporación esté debidamente constituida es indispensable que se lleve a cabo la acción o reunión de los incorporadores; la elección de la junta de directores; la primera reunión de la junta de directores; la emisión de la cantidad y los tipos de acciones que correspondan; la apertura de la cuenta bancaria corporativa; la elección del sello corporativo; la aprobación del reglamento; y, que la junta de accionista ratifique los nombramientos de la junta de directores y sus actuaciones hasta ese momento.
Posteriormente, todas las determinaciones corporativas de envergadura deben consignarse por escrito en las minutas corporativas. Además, no se pueden mezclar los fondos corporativos con los personales. La contabilidad debe ser totalmente separada. Una corporación que no siga estos procedimientos, no protegerá a los accionistas. Para poder hacer estos trámites de manera confiable, consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Actualmente el proceso de incorporar una empresa parece muy sencillo. Se puede recurrir a la página de la Internet del Departamento de Estado y obtener el formulario de incorporación que tiene sólo dos páginas, y que permite que una vez se paguen los derechos, se inscriba la corporación. La mayoría de las personas comienzan a operar sus negocios con la creencia de que ya han cumplido con los requisitos de ley. Nada más lejos de la verdad.
La inscripción y pago de derechos en el Departamento de Estado es el primer paso en el proceso de cumplir con todos los requisitos de ley para lograr una corporación válida. Una de las ventajas fundamentales de tener un negocio incorporado es que existe responsabilidad limitada. Responsabilidad limita significa que generalmente las personas que son accionistas no responden por las obligaciones de la corporación. Al no responder por las obligaciones de la corporación, pueden llevar a cabo sus negocios con la seguridad de que los problemas corporativos no afectarán la estabilidad financiera personal o familiar. Esto es fundamental para el sistema económico capitalista. Sin embargo, si la corporación no está debidamente constituida porque faltan los trámites después del registro, esta responsabilidad limitada no existe.
Para que la corporación esté debidamente constituida es indispensable que se lleve a cabo la acción o reunión de los incorporadores; la elección de la junta de directores; la primera reunión de la junta de directores; la emisión de la cantidad y los tipos de acciones que correspondan; la apertura de la cuenta bancaria corporativa; la elección del sello corporativo; la aprobación del reglamento; y, que la junta de accionista ratifique los nombramientos de la junta de directores y sus actuaciones hasta ese momento.
Posteriormente, todas las determinaciones corporativas de envergadura deben consignarse por escrito en las minutas corporativas. Además, no se pueden mezclar los fondos corporativos con los personales. La contabilidad debe ser totalmente separada. Una corporación que no siga estos procedimientos, no protegerá a los accionistas. Para poder hacer estos trámites de manera confiable, consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
LA LEY 212 de 2002
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Ley 212 del 2002 establece incentivos contributivos a los que inviertan dinero en obras de construcción en los centros históricos. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está convencida de que la Ley 212 de 2002 es una de las leyes más extraordinarias para revitalizar los cascos históricos. Conforme a la Ley 212 y la de Municipios Autónomos, el Municipio de Ponce tiene la autoridad plena para evaluar los proyectos que se van a construir en el casco histórico para que cumplan con las disposiciones de Ley, de manera tal que se les conceda los créditos contributivos conforme a la inversión en materiales y mano de obra en que se incurra. Es decir, una vez que el Municipio Autónomo de Ponce evalúa una inversión que cumpla con los parámetros de la Ley 212, debe evidenciar la existencia de un crédito contributivo equivalente al valor en mano de obra y los materiales para que lo reconozca el Departamento de Hacienda.
Hay que recalcar que una de las principales bondades de esta Ley es que la inmensa mayoría de los proyectos de reconstrucción o desarrollo de edificios en el casco histórico de los municipios no son viables económicamente y que sin el crédito contributivo no sería posible obtener el objetivo de que nuestros cascos históricos vuelvan a ser los centros de actividad de vivienda, tráfico jurídico y comercial que fueron en el pasado y que es indispensable que vuelvan a convertirse.
Por otro lado, no puede perderse de vista que una vez se autoriza la construcción de un proyecto bajo la Ley 212, la inversión impacta casi todos los sectores económicos: El empleo, la venta de materiales, los contratistas, etc. El dinero fluye y crecen los indicadores económicos. Por tanto, el impacto que pueda tener el crédito contributivo en los recaudos del fisco se compensa por otras vías como el CRIM, arbitrios municipales, contribuciones sobre ingreso, etc. Es miope la visión de que la Ley 212 afecta la estabilidad económica del gobierno.
Lamentablemente, el Departamento de Hacienda aprobó un reglamento que reduce sustancialmente la cuantía de crédito contributivo lo que lo hace ineficaz para apoyar la viabilidad de los proyectos de construcción. El reglamento es contrario a las disposiciones claras de la Ley 212. Por tanto, debe declararse nulo. El Municipio Autónomo de Ponce ha impugnado este reglamento, sin embargo, lo ha aplicado a las solicitudes de beneficios bajo la Ley 212. Esto obliga a que cualquier solicitante que reciba el incentivo reducido que se concede bajo el reglamento del Departamento de Hacienda debe revisar administrativamente esta determinación en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, dentro de los 20 días a partir de que se deposita en el correo la notificación de la decisión. Si no se hace este trámite, podría ocurrir que no se pueda corregir la deficiencia en la concesión del incentivo, aunque eventualmente el Municipio de Ponce gane su impugnación del reglamento del Departamento de Hacienda.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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La Ley 212 del 2002 establece incentivos contributivos a los que inviertan dinero en obras de construcción en los centros históricos. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está convencida de que la Ley 212 de 2002 es una de las leyes más extraordinarias para revitalizar los cascos históricos. Conforme a la Ley 212 y la de Municipios Autónomos, el Municipio de Ponce tiene la autoridad plena para evaluar los proyectos que se van a construir en el casco histórico para que cumplan con las disposiciones de Ley, de manera tal que se les conceda los créditos contributivos conforme a la inversión en materiales y mano de obra en que se incurra. Es decir, una vez que el Municipio Autónomo de Ponce evalúa una inversión que cumpla con los parámetros de la Ley 212, debe evidenciar la existencia de un crédito contributivo equivalente al valor en mano de obra y los materiales para que lo reconozca el Departamento de Hacienda.
Hay que recalcar que una de las principales bondades de esta Ley es que la inmensa mayoría de los proyectos de reconstrucción o desarrollo de edificios en el casco histórico de los municipios no son viables económicamente y que sin el crédito contributivo no sería posible obtener el objetivo de que nuestros cascos históricos vuelvan a ser los centros de actividad de vivienda, tráfico jurídico y comercial que fueron en el pasado y que es indispensable que vuelvan a convertirse.
Por otro lado, no puede perderse de vista que una vez se autoriza la construcción de un proyecto bajo la Ley 212, la inversión impacta casi todos los sectores económicos: El empleo, la venta de materiales, los contratistas, etc. El dinero fluye y crecen los indicadores económicos. Por tanto, el impacto que pueda tener el crédito contributivo en los recaudos del fisco se compensa por otras vías como el CRIM, arbitrios municipales, contribuciones sobre ingreso, etc. Es miope la visión de que la Ley 212 afecta la estabilidad económica del gobierno.
Lamentablemente, el Departamento de Hacienda aprobó un reglamento que reduce sustancialmente la cuantía de crédito contributivo lo que lo hace ineficaz para apoyar la viabilidad de los proyectos de construcción. El reglamento es contrario a las disposiciones claras de la Ley 212. Por tanto, debe declararse nulo. El Municipio Autónomo de Ponce ha impugnado este reglamento, sin embargo, lo ha aplicado a las solicitudes de beneficios bajo la Ley 212. Esto obliga a que cualquier solicitante que reciba el incentivo reducido que se concede bajo el reglamento del Departamento de Hacienda debe revisar administrativamente esta determinación en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, dentro de los 20 días a partir de que se deposita en el correo la notificación de la decisión. Si no se hace este trámite, podría ocurrir que no se pueda corregir la deficiencia en la concesión del incentivo, aunque eventualmente el Municipio de Ponce gane su impugnación del reglamento del Departamento de Hacienda.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
HÁGALO AHORA Y SIN ESTRÉS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
No queda duda de que estamos atravesando una severa recesión económica. Las recesiones económicas tienen impactos materiales y emocionales. En muchas ocasiones el impacto emocional ocasiona desánimo y cautela extrema que impiden el que las empresas alcancen sus metas y objetivos o que tomen riesgos económicos que produzcan resultados extraordinarios. En momentos de crisis económica, es indispensable que todo empleado o ejecutivo pueda hacer sus tareas de la manera más rápida, efectiva y sin estrés. Parte de la crisis empresarial y gubernamental que estamos atravesando es por falta de ejecución. Cada día se posterga más en las empresas y en el gobierno. El problema no es de planes o de estrategias, sino de cómo poner en vigor esos planes y estrategias.
Ejecutar es el proceso de materializar una idea o un plan. El no poder ejecutar tiene tremendo impacto emocional que ocasiona ansiedad, depresión y fracaso económico. Es en los momentos de crisis donde la creatividad y las ejecutorias extraordinarias distinguen a los líderes emprendedores. Por eso es que es indispensable planificar y tener las herramientas efectivas para poder ejecutar.
Para atender esta necesidad, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebrará su sexto seminario el día 30 de agosto del 2007 titulado “Hágalo ahora y sin estrés... el arte de la disciplina profesional para el éxito”. Este seminario será en el salón de la legislatura del Municipio Autónomo de Ponce, a las 6:00 de la tarde y cuenta con el co-auspicio de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. El seminario será libre de costo pero los espacios son limitados. Para reservar un espacio debe llamar al Bufete Emmanuelli C.S.P. al (787) 848-0666.
La Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli, C.S.P., se estableció el pasado mes de enero con el objetivo de proveer asesoramiento, consultoría y apoyo en las áreas Derecho y Administración de Empresas. Persigue educar a la comunidad empresarial sobre las oportunidades de negocio que representa el desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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No queda duda de que estamos atravesando una severa recesión económica. Las recesiones económicas tienen impactos materiales y emocionales. En muchas ocasiones el impacto emocional ocasiona desánimo y cautela extrema que impiden el que las empresas alcancen sus metas y objetivos o que tomen riesgos económicos que produzcan resultados extraordinarios. En momentos de crisis económica, es indispensable que todo empleado o ejecutivo pueda hacer sus tareas de la manera más rápida, efectiva y sin estrés. Parte de la crisis empresarial y gubernamental que estamos atravesando es por falta de ejecución. Cada día se posterga más en las empresas y en el gobierno. El problema no es de planes o de estrategias, sino de cómo poner en vigor esos planes y estrategias.
Ejecutar es el proceso de materializar una idea o un plan. El no poder ejecutar tiene tremendo impacto emocional que ocasiona ansiedad, depresión y fracaso económico. Es en los momentos de crisis donde la creatividad y las ejecutorias extraordinarias distinguen a los líderes emprendedores. Por eso es que es indispensable planificar y tener las herramientas efectivas para poder ejecutar.
Para atender esta necesidad, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebrará su sexto seminario el día 30 de agosto del 2007 titulado “Hágalo ahora y sin estrés... el arte de la disciplina profesional para el éxito”. Este seminario será en el salón de la legislatura del Municipio Autónomo de Ponce, a las 6:00 de la tarde y cuenta con el co-auspicio de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. El seminario será libre de costo pero los espacios son limitados. Para reservar un espacio debe llamar al Bufete Emmanuelli C.S.P. al (787) 848-0666.
La Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli, C.S.P., se estableció el pasado mes de enero con el objetivo de proveer asesoramiento, consultoría y apoyo en las áreas Derecho y Administración de Empresas. Persigue educar a la comunidad empresarial sobre las oportunidades de negocio que representa el desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
CÓMO EVITAR DEMANDAS EN EL TRIBUNAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Uno de los riesgos más grande que enfrenta un pequeño o mediano negocio es que confronte una demanda laboral o por daños y perjuicios. Esto obliga a la contratación de servicios profesionales y eventualmente, podría obligar al pago de una compensación monetaria que podía afectar severamente las finanzas de la empresa.
El proceso judicial es largo y costoso, pero no es el único mecanismo que existe para resolver las disputas. En Puerto Rico existe una política pública a los fines de que se atiendan las controversias personales o empresariales sin tener que recurrir al tribunal. Entre esos mecanismos de resolución de disputas que son alternativas al tribunal podemos mencionar la negociación, la mediación, la intervención neutral y el arbitraje. Cada uno de estos mecanismos tiene ventajas y desventajas que los empresarios deben evaluar con sus abogados a la hora de establecer cómo van a resolver sus disputas. Lo cierto es que generalmente son más económicos.
La ley establece que si dos partes contratan que cualquier disputa se resolverá recurriendo a un mecanismo alternativo de resolución, esto es vinculante y no se puede ir al tribunal hasta que no se cumpla con dicho procedimiento. En ese sentido, conviene a las empresas contratar en todos los aspectos, ya sea interna o externamente, cláusulas de resolución alternativa de conflictos, para que en caso de un problema, no se pueda recurrir al tribunal sin agotar el mecanismo de resolución de disputas.
Uno de los sectores que aprovecha muy bien los mecanismos de resolución de disputas es el de la construcción, ya que sus contratos generalmente tienen cláusulas de arbitraje. De esta manera, las partes tienen que ir a un procedimiento de arbitraje antes de que pueda recurrirse al tribunal. Toda empresa debe poner cláusulas de resolución de disputas en todos sus contratos, manuales, reglamentos y políticas. Estas cláusulas pueden redactarse de manera escalonada, de modo que se apliquen diferentes mecanismos de resolución de disputas antes de que haya la oportunidad de recurrir al tribunal.
El evitar riesgos que puedan perjudicar la empresa es indispensable para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Para más detalles consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Uno de los riesgos más grande que enfrenta un pequeño o mediano negocio es que confronte una demanda laboral o por daños y perjuicios. Esto obliga a la contratación de servicios profesionales y eventualmente, podría obligar al pago de una compensación monetaria que podía afectar severamente las finanzas de la empresa.
El proceso judicial es largo y costoso, pero no es el único mecanismo que existe para resolver las disputas. En Puerto Rico existe una política pública a los fines de que se atiendan las controversias personales o empresariales sin tener que recurrir al tribunal. Entre esos mecanismos de resolución de disputas que son alternativas al tribunal podemos mencionar la negociación, la mediación, la intervención neutral y el arbitraje. Cada uno de estos mecanismos tiene ventajas y desventajas que los empresarios deben evaluar con sus abogados a la hora de establecer cómo van a resolver sus disputas. Lo cierto es que generalmente son más económicos.
La ley establece que si dos partes contratan que cualquier disputa se resolverá recurriendo a un mecanismo alternativo de resolución, esto es vinculante y no se puede ir al tribunal hasta que no se cumpla con dicho procedimiento. En ese sentido, conviene a las empresas contratar en todos los aspectos, ya sea interna o externamente, cláusulas de resolución alternativa de conflictos, para que en caso de un problema, no se pueda recurrir al tribunal sin agotar el mecanismo de resolución de disputas.
Uno de los sectores que aprovecha muy bien los mecanismos de resolución de disputas es el de la construcción, ya que sus contratos generalmente tienen cláusulas de arbitraje. De esta manera, las partes tienen que ir a un procedimiento de arbitraje antes de que pueda recurrirse al tribunal. Toda empresa debe poner cláusulas de resolución de disputas en todos sus contratos, manuales, reglamentos y políticas. Estas cláusulas pueden redactarse de manera escalonada, de modo que se apliquen diferentes mecanismos de resolución de disputas antes de que haya la oportunidad de recurrir al tribunal.
El evitar riesgos que puedan perjudicar la empresa es indispensable para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Para más detalles consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
EL PLEITO DE CLASE EN CONTRA DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS POR SOBREFACTURACIÓN
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Recientemente transcendió en la prensa que un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había divulgado un esquema de facturación indebido, que perjudicaba a todos los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El esquema de facturación se basaba en un sistema de estimar la factura que resultaba en lecturas más altas de lo que debían ser y que muy pocos de los abonados hacían la reclamación, por lo que la mayoría pagaba el exceso facturado. Todos sabemos que ir a las oficinas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a reclamar un ajuste en la factura, es un trámite que toma varias horas. En muchas ocasiones, la respuesta de los funcionarios de la Autoridad, no es satisfactoria o toma mucho tiempo en que se ponga en vigor una investigación. Ante esta situación, muchos clientes aceptan pagar el exceso. La actuación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es ilegal y perjudica a los consumidores de una manera irrazonable por lo que se han radicado varios pleitos de clase en los que se reclama la devolución de los millones de dólares sobrefacturados.
Uno de los pleitos radicados es el de Amaris Coya Soto y otros vs la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la que se pide la devolución del dinero sobrefacturado a todas las personas afectadas. Un pleito de clase es un pleito en el cual si una parte puede representar adecuadamente los intereses y las reclamaciones que tiene y son similares a las de múltiples partes, puede llevar la acción en representación de todas las personas perjudicadas. Para esto, hay que probar que existe coincidencia entre las reclamaciones de la parte demandante y de los miembros de la clase, y se debe probar, en otras cosas, que se puede proteger adecuadamente sus intereses. El resultado de este pleito podría ocasionar el que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados revise todas las facturas desde el año 1994 y que haga un ajuste por todo el dinero sobrefacturado.
El pleito de clase es el mecanismo que existe para que se puedan revindicar los derechos de grandes sectores de la sociedad. En Puerto Rico prácticamente el 99.9% de las familias, son abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ya que tiene el monopolio de este servicio. Es indispensable que se haga justicia si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha sobrefacturado. De esta manera se protege el Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Recientemente transcendió en la prensa que un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había divulgado un esquema de facturación indebido, que perjudicaba a todos los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El esquema de facturación se basaba en un sistema de estimar la factura que resultaba en lecturas más altas de lo que debían ser y que muy pocos de los abonados hacían la reclamación, por lo que la mayoría pagaba el exceso facturado. Todos sabemos que ir a las oficinas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a reclamar un ajuste en la factura, es un trámite que toma varias horas. En muchas ocasiones, la respuesta de los funcionarios de la Autoridad, no es satisfactoria o toma mucho tiempo en que se ponga en vigor una investigación. Ante esta situación, muchos clientes aceptan pagar el exceso. La actuación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es ilegal y perjudica a los consumidores de una manera irrazonable por lo que se han radicado varios pleitos de clase en los que se reclama la devolución de los millones de dólares sobrefacturados.
Uno de los pleitos radicados es el de Amaris Coya Soto y otros vs la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la que se pide la devolución del dinero sobrefacturado a todas las personas afectadas. Un pleito de clase es un pleito en el cual si una parte puede representar adecuadamente los intereses y las reclamaciones que tiene y son similares a las de múltiples partes, puede llevar la acción en representación de todas las personas perjudicadas. Para esto, hay que probar que existe coincidencia entre las reclamaciones de la parte demandante y de los miembros de la clase, y se debe probar, en otras cosas, que se puede proteger adecuadamente sus intereses. El resultado de este pleito podría ocasionar el que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados revise todas las facturas desde el año 1994 y que haga un ajuste por todo el dinero sobrefacturado.
El pleito de clase es el mecanismo que existe para que se puedan revindicar los derechos de grandes sectores de la sociedad. En Puerto Rico prácticamente el 99.9% de las familias, son abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ya que tiene el monopolio de este servicio. Es indispensable que se haga justicia si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha sobrefacturado. De esta manera se protege el Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
LAS PRIMARIAS EN PONCE: MOMENTO PARA DEFINIR EL FUTURO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Por primera vez en mucho tiempo habrá primarias en el Partido Popular Democrático, en las que se reta al alcalde de Ponce. Este tipo de reto debe ser uno en el que los electores puedan decidir, a base de criterios objetivos, cuál es el candidato que conviene a nuestra ciudad. Para ello, no se puede depender en los ataques partidistas a los que recurren los políticos tradicionales para defender sus aspiraciones a los cargos electivos. El futuro de una ciudad no se puede desperdiciar en debates estériles. Es necesario abordar los asuntos de importancia de manera inteligente y sosegada.
Los aspirantes a la Alcaldía de Ponce deben definirse claramente sobre el futuro del Puerto de las Américas. El Puerto de las Américas debe ser el instrumento principal de desarrollo económico de la Región Sur, y para ello tiene que ser un Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido. Cualquier intención o esfuerzo de cambiar el puerto a otro concepto como el de carga suelta, uno turístico o cualquier otro que no permita que alcance su máximo desarrollo en transportación de productos de valor añadido, debe ser rechazado por los electores en las urnas.
Las zonas de valor añadido del Puerto de las Américas necesitan la atención inmediata del gobierno central, para que estén a tiempo a la hora en que termine la segunda fase del Puerto. Lamentablemente, no se ve un esfuerzo público de parte de las autoridades para que las zonas de valor añadido estén listas. Debe apoyarse la inversión privada para su desarrollo. Los propietarios de las fincas zonificadas como valor añadido pueden ser el motor fundamental de su implantación. Por tanto, hace falta legislación de incentivos industriales y de desarrollo privado para estas zonas.
El Aeropuerto Mercedita requiere la atención inmediata de las autoridades municipales para que sea el aeropuerto del Puerto de las Américas. Lamentablemente, el gobierno central estima que el aeropuerto del Puerto de las Américas, es el Aeropuerto de Aguadilla. Esto no tiene sentido, ya que el Aeropuerto Mercedita se encuentra a 10 minutos del Puerto. El desarrollo estratégico del Puerto de las Américas se verá gravemente afectado por esta política. Debe lucharse de frente y sin dilación por la ampliación de la pista para que pueda manejar carga y pasajeros y de manera que comience a tramitar vuelos internacionales.
La Ciudad de Ponce se merece un sistema de transportación público y políticas de desarrollo urbano que eliminen la dependencia en el automóvil. No es posible alcanzar un desarrollo auto sostenible a la luz del Puerto de las Américas, si la ciudad no cuenta con un sistema de transportación adecuado y nuevos criterios de desarrollo urbano. Ya es tiempo de que los líderes de la ciudad empiecen a plantearse de forma detenida este asunto. Las necesidades de convivencia social y el calentamiento global exigen un cambio radical en la forma en que nos transportamos y construimos viviendas.
Por último, es indispensable que el próximo Alcalde de Ponce se convierta en un campeón de los derechos y prerrogativas de la ciudad ante la cultura histórica del gobierno central de asignar el grueso de los recursos fiscales al desarrollo del área metropolitana. La agenda que hemos mencionado requiere una defensa férrea de nuestras prerrogativas como lo hizo Rafael Cordero Santiago. Si hay que ir al tribunal a reclamar, tenemos que hacerlo, aunque sea para litigar contra el gobierno que controla el partido. Hace falta un campeón que enfrente al gobierno central en defensa de los derechos de la ciudad. Sin este campeón, no podremos abordar los retos del futuro y lograr el desarrollo auto sostenible que nos merecemos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Por primera vez en mucho tiempo habrá primarias en el Partido Popular Democrático, en las que se reta al alcalde de Ponce. Este tipo de reto debe ser uno en el que los electores puedan decidir, a base de criterios objetivos, cuál es el candidato que conviene a nuestra ciudad. Para ello, no se puede depender en los ataques partidistas a los que recurren los políticos tradicionales para defender sus aspiraciones a los cargos electivos. El futuro de una ciudad no se puede desperdiciar en debates estériles. Es necesario abordar los asuntos de importancia de manera inteligente y sosegada.
Los aspirantes a la Alcaldía de Ponce deben definirse claramente sobre el futuro del Puerto de las Américas. El Puerto de las Américas debe ser el instrumento principal de desarrollo económico de la Región Sur, y para ello tiene que ser un Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido. Cualquier intención o esfuerzo de cambiar el puerto a otro concepto como el de carga suelta, uno turístico o cualquier otro que no permita que alcance su máximo desarrollo en transportación de productos de valor añadido, debe ser rechazado por los electores en las urnas.
Las zonas de valor añadido del Puerto de las Américas necesitan la atención inmediata del gobierno central, para que estén a tiempo a la hora en que termine la segunda fase del Puerto. Lamentablemente, no se ve un esfuerzo público de parte de las autoridades para que las zonas de valor añadido estén listas. Debe apoyarse la inversión privada para su desarrollo. Los propietarios de las fincas zonificadas como valor añadido pueden ser el motor fundamental de su implantación. Por tanto, hace falta legislación de incentivos industriales y de desarrollo privado para estas zonas.
El Aeropuerto Mercedita requiere la atención inmediata de las autoridades municipales para que sea el aeropuerto del Puerto de las Américas. Lamentablemente, el gobierno central estima que el aeropuerto del Puerto de las Américas, es el Aeropuerto de Aguadilla. Esto no tiene sentido, ya que el Aeropuerto Mercedita se encuentra a 10 minutos del Puerto. El desarrollo estratégico del Puerto de las Américas se verá gravemente afectado por esta política. Debe lucharse de frente y sin dilación por la ampliación de la pista para que pueda manejar carga y pasajeros y de manera que comience a tramitar vuelos internacionales.
La Ciudad de Ponce se merece un sistema de transportación público y políticas de desarrollo urbano que eliminen la dependencia en el automóvil. No es posible alcanzar un desarrollo auto sostenible a la luz del Puerto de las Américas, si la ciudad no cuenta con un sistema de transportación adecuado y nuevos criterios de desarrollo urbano. Ya es tiempo de que los líderes de la ciudad empiecen a plantearse de forma detenida este asunto. Las necesidades de convivencia social y el calentamiento global exigen un cambio radical en la forma en que nos transportamos y construimos viviendas.
Por último, es indispensable que el próximo Alcalde de Ponce se convierta en un campeón de los derechos y prerrogativas de la ciudad ante la cultura histórica del gobierno central de asignar el grueso de los recursos fiscales al desarrollo del área metropolitana. La agenda que hemos mencionado requiere una defensa férrea de nuestras prerrogativas como lo hizo Rafael Cordero Santiago. Si hay que ir al tribunal a reclamar, tenemos que hacerlo, aunque sea para litigar contra el gobierno que controla el partido. Hace falta un campeón que enfrente al gobierno central en defensa de los derechos de la ciudad. Sin este campeón, no podremos abordar los retos del futuro y lograr el desarrollo auto sostenible que nos merecemos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
domingo, 22 de julio de 2007
EL DILEMA DE LA CARGA SUELTA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Esto tendrá el efecto de que sea necesario mover operaciones de carga suelta para otra instalación portuaria en Puerto Rico. Se está considerando que este puerto sea el de Ponce. La carga suelta es la carga que no puede transportarse en contenedores, tales como maquinaria, piedra, arena, chatarra, etc. Los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Si se toma esta decisión, y ante la probabilidad de que se tengan que trasladar las operaciones al Puerto de Ponce, de seguro se ocasionará inconvenientes a las empresas que ya están ajustadas a la operación en San Juan.
Por otro lado, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan, crea un dilema que es necesario evaluar detenidamente.
Como regla general, la carga suelta no genera valor añadido. Por otro lado, ocupa mucho espacio en los puertos, lo que reduce su rentabilidad económica. En este momento el Puerto de Ponce no tiene la capacidad necesaria para manejar la carga suelta que se pretende mover desde San Juan, sin comprometer o afectar las oportunidades de desarrollo para manejar contenedores que son el futuro rentable del puerto. En ese sentido, aunque por un lado es importante que se muevan otras operaciones de carga al Puerto de Ponce, también es requisito que estas operaciones sean compatibles con el futuro del Puerto de las Américas.
El futuro del Puerto de las Américas es el manejo de furgones que traigan productos que puedan trabajarse en las áreas de valor añadido. No debe moverse la carga suelta al Puerto de Ponce si el objetivo del gobierno central es meramente resolver un problema al Puerto de San Juan, sin tomar en cuenta las necesidades del Puerto de las Américas. El Alcalde de Ponce, los directivos encargados del Puerto de Ponce, de la Autoridad del Puerto de las Américas y de la Autoridad de los Puertos del ELA, deben discutir este dilema a los fines de no perjudicar el futuro del desarrollo económico de la Región Sur.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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El gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Esto tendrá el efecto de que sea necesario mover operaciones de carga suelta para otra instalación portuaria en Puerto Rico. Se está considerando que este puerto sea el de Ponce. La carga suelta es la carga que no puede transportarse en contenedores, tales como maquinaria, piedra, arena, chatarra, etc. Los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Si se toma esta decisión, y ante la probabilidad de que se tengan que trasladar las operaciones al Puerto de Ponce, de seguro se ocasionará inconvenientes a las empresas que ya están ajustadas a la operación en San Juan.
Por otro lado, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan, crea un dilema que es necesario evaluar detenidamente.
Como regla general, la carga suelta no genera valor añadido. Por otro lado, ocupa mucho espacio en los puertos, lo que reduce su rentabilidad económica. En este momento el Puerto de Ponce no tiene la capacidad necesaria para manejar la carga suelta que se pretende mover desde San Juan, sin comprometer o afectar las oportunidades de desarrollo para manejar contenedores que son el futuro rentable del puerto. En ese sentido, aunque por un lado es importante que se muevan otras operaciones de carga al Puerto de Ponce, también es requisito que estas operaciones sean compatibles con el futuro del Puerto de las Américas.
El futuro del Puerto de las Américas es el manejo de furgones que traigan productos que puedan trabajarse en las áreas de valor añadido. No debe moverse la carga suelta al Puerto de Ponce si el objetivo del gobierno central es meramente resolver un problema al Puerto de San Juan, sin tomar en cuenta las necesidades del Puerto de las Américas. El Alcalde de Ponce, los directivos encargados del Puerto de Ponce, de la Autoridad del Puerto de las Américas y de la Autoridad de los Puertos del ELA, deben discutir este dilema a los fines de no perjudicar el futuro del desarrollo económico de la Región Sur.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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