Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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