La creación de 3,041 empleos y una inversión estimada de $213.4 millones podrían no concretarse en el municipio de Ponce durante el periodo de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, como resultado de la moratoria de la Ley 212 – Ley para la Rehabilitación de los Centros Urbanos, según enmendada por la Ley 7, conocida como Ley de Emergencia Fiscal.
Así lo reveló un estudio realizado por la Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), una organización que promueve el desarrollo sostenido y sustentable en la región sureña.
La Ley 212, ofrece incentivos contributivos para revitalizar los cascos urbanos e incrementar la actividad económica. “La congelación de esos incentivos como parte del plan de estabilización fiscal del gobierno de Fortuño ha profundizado la crisis económica, ya que la consecuencia inmediata ha sido la paralización de las obras de construcción, la pérdida de empleos y la disminución en la actividad económica en el casco histórico de Ponce,” sentenció Rolando Emmanuelli-Jiménez, presidente de la organización Alianza Pro Sur.
Según un estudio realizado por el economista Luis Rey Quiñones Soto, de Alianza Pro Sur, para el periodo del 1 de enero 2009 al 31 de diciembre de 2011, la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce tenía 223 proyectos bajo la Ley 212; los cuales proyectan una inversión privada de $213.4 millones, contando con créditos contributivos a otorgar en su momento por $164.2 millones. Esos proyectos, a su vez, contemplan la creación de 1,057 viviendas, lo que produciría 3,041 nuevos empleos y $74.7 millones en salarios para trabajadores directos de construcción.
El estudio concluye que por cada dólar de crédito contributivo concedido o a concederse, la economía recibe de manera directa $1.18, de los cuales 27 centavos regresan a las arcas del gobierno. En esa misma dirección se comporta la inversión total en construcción, pues por cada dólar invertido en construcción, 23.1 centavos es inversión que proviene del bolsillo del proponente y los restantes 76.9 centavos son los que se otorgan como crédito por parte del gobierno.
Por consiguiente, desde las arcas gubernamentales, la aportación neta se reduce a 49.9 centavos por cada dólar de inversión para la construcción de los proyectos en el centro histórico de Ponce bajo la Ley 212.
El economista explicó que para la realización del estudio tomó en cuenta los proyectos construidos, en construcción o con permiso de construcción, o algún otro permiso, de la oficina municipal. “Esos tres escenarios imponen diferentes itinerarios al otorgamiento del crédito contributivo por parte del Departamento de Hacienda, lo que le permite al fisco importantes ingresos, al menos dos años antes de otorgar el crédito”, aseguró el economista.
“Es miope la visión de que la Ley 212 afecta la estabilidad económica del gobierno. Todo lo contrario y este estudio lo sustenta. El proceso de construir o remodelar bajo la Ley 212 genera una actividad e inversión intensiva que beneficia la economía y las arcas públicas, el dinero fluye y crecen los indicadores económicos impactando casi todos los sectores económicos: el empleo, la venta de materiales, los contratistas, entre otros”, apuntó Emmanuelli-Jiménez.
Para reestructurar y relanzar la economía Alianza Pro Sur recomendó que, el procedimiento para la solicitud y concesión de crédito contributivo por inversión en los centros urbanos continúe de manera expedita; que el crédito contributivo esté disponible como instrumento negociable en el mercado para año natural 2009 para los proyectos construidos en o antes de 2008, pero que todavía no le han sido otorgados el crédito o que el mismo no esté disponible. También recomienda que se hagan disponibles, de inmediato, los créditos contributivos, como instrumento negociable, para aquellos cinco proyectos, con créditos contributivos de $4.5 millones otorgados para año contributivo 2008. Además sugieren, que los proyectos que inicien construcción en el año natural 2009 puedan reclamar crédito contributivo para el año contributivo 2011.
Desde febrero de 2008 a febrero de 2009, Ponce perdió 3,818 puesto de trabajo, el desempleo creció de 10.5 % a 13.4 % para el mismo lapso, y aparecieron 1,618 nuevos desempleados. “La corrección de la Ley 7 para mantener con vida la Ley 212 evitando su efecto retroactivo, provocaría un efecto económico multiplicador e inmediato para la revitalización de nuestro casco urbano y evitar mayor deterioro de las condiciones económicas de la ciudad de Ponce.”, concluyó el abogado.
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