Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
24 de junio de 2009
La Ley 212 del 2002, concede créditos contributivos por mano de obra y materiales a los que inviertan dinero en proyectos de construcción en los cascos urbanos. La Ley hace viables los proyectos porque permite que el banco que financia la construcción compre el crédito y lo pueda aplicar a la hipoteca, reduciendo sustancialmente los costos de financiamiento. Bajo esta Ley se han invertido decenas de millones de dólares en proyectos meritorios de revitalización del centro histórico Ponceño. Actualmente existen varios proyectos terminados esperando por el crédito contributivo, decenas de proyectos en etapas de construcción que dependen del crédito contributivo para su viabilidad, y 148 proyectos en diferentes etapas de concepción, diseño, permisos o financiamiento, con una inversión privada planeada de $155.6 millones.
Estos tres escenarios de inversión y esperanza de crecimiento se fueron abajo con la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, conocida como la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal. La Ley 7 estableció una moratoria en la consideración u otorgación de incentivos contributivos bajo la Ley 212. Esto interrumpió inmediatamente cualquier empeño de invertir un centavo en nuestro centro histórico, lo que representa un rudo golpe a las aspiraciones de crecimiento económico de la ciudad de Ponce.
Como la Ley 7 se aprobó a la carrera, se construyó una Torres de Babel, pues a pesar de la intención de paralizar el crédito contributivo de los cascos urbanos, se equivocaron, y el que afectaron fue el de las obras de infraestructura. Al percatarse de este error, el Secretario de Hacienda decidió, sin encomendarse a nadie, determinar que aunque la Ley 7 no estaba afectando el incentivo de los cascos urbanos, él lo iba a paralizar de todos modos. Esta determinación la hizo por encima de la Ley, y nadie lo ha reprendido hasta el presente, a pesar de todas las gestiones y advertencias que se han hechos de que esa acción es ilegal y gravemente perjudicial.
Los proponentes de proyectos de Ley 212 y los líderes políticos regionales, iniciaron entonces una serie de confusas gestiones para enfrentar el dilema de un estado de derecho claro sobre qué crédito contributivo se había paralizado, pero con la oposición y amargura de personas con poder político descomedidas y con la ofuscación de la impunidad.
Este dilema creo dos teorías de cursos de acción, uno ingenuo que planteaba que el Secretario de Hacienda tenía que obedecer la Ley como estaba; y otro realista, pero cuesta arriba, que planteaba que la Ley debía enmendarse para evitar el efecto retroactivo de la paralización del crédito y para fortalecer el lenguaje de protección al incentivo de cascos urbanos.
Los proponentes de proyectos se han reunido bajo el auspicio del corredor de bienes raíces Abraham García, y se ha recibido en varias ocasiones a líderes políticos que incluyen al Senador Larry Seilhamer, la Alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri y los Representantes Luis “Tato” León, Salvador Vassallo y Luis Farinacci. Todos los debates bizantinos sobre el curso de acción a seguir para enfrentar el dilema de la Ley versus el Secretario de Hacienda no han conseguido una solución satisfactoria al ser inefectivos por trivialidades que incluyen ingenuidad, intriga, rivalidades, mentiras y mera ignorancia. Todo parece circunscribirse a marginalidades del tema, olvidándose de que la unión firme y valiente de todos los sectores sureños es indispensable para defenderse de este ataque del poder político del norte. Lamentablemente, a solo días de que termine la Sesión Legislativa el 30 de junio de 2009, todavía no existe certeza sobre qué va a pasar con la Ley 212.
La relación entre la Ley 7 y la Ley 212 es una tragicomedia de errores y horrores. En el centro del problema está el error legislativo de querer una cosa y aprobar otra, junto a un Secretario de Hacienda que no respeta lo que dice la Ley. Por un lado, los legisladores electos por el Partido Nuevo Progresista en la Región Sur votaron a favor de la Ley 7, que paraliza la Ley 212; por otro lado, ahora todos están haciendo gestiones desesperadas para que se corrija este problema. Por arriba, la Alcaldesa Dr. María Meléndez Altieri dice que la Ley 7 no debe enmendarse, pero no plantea cómo hacer que el Secretario de Hacienda la obedezca; y por abajo, entre dos aguas contradictorias, los proponentes de proyectos abogan porque se enmiende la Ley para que se evite la incertidumbre y la banca vuelva a confiar protegiendo los tres escenarios de inversión.
Si no se corrige el problema de la Ley 212 antes del 30 de junio de 2009, se profundizará la crisis económica que sufre el Municipio de Ponce y se malograrán las posibilidades de desarrollo de nuestra Región Sur. Es indispensable un esfuerzo final y contundente de unidad y de estruendo de todos los sectores para que se enmiende la Ley 7 de manera que fortalezca la Ley 212 y puedan salvarse todos los escenarios de inversión. A saber, los proyectos con certificado de elegibilidad de la Oficina de Ordenación Territorial, los que están en construcción y los ya terminados.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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