Estas fuentes de financiamiento o ingresos podrían ser empresas estatales eficientes y productivas o impuestos razonables a las cadenas de valor, importación o exportaciones o en los procesos que tienen costo ambiental, social o económico que requieren reparación.
En el caso de empresas estatales eficientes y productivas esto no debiera ser problema por la capacidad del gobierno de fundar monopolios sobre productos o servicios esenciales que les permita generar ganancias y distribuirlas equitativamente en el conjunto social. El problema es que el control del partidismo las hace vulnerables al saqueo de sus recursos y por eso tenemos una AAA y AEE, que a pesar de ser empresas monopolísticas, tienen pérdidas económicas, porque son botines de guerra de los partidos que se turnan en el poder.
En los casos de las empresas que tienen un costo ambiental, social o económico, podríamos tomar como ejemplo un impuesto a las empresas que emiten dióxido de carbono o cualquier otro contaminante, no para conferirles impunidad, sino para estimularlas a buscar maneras eficientes y limpias de producir los bienes y servicios. Bajo este sistema, la Autoridad de Energía Eléctrica tendría dos opciones, o se mueve a la energía verdaderamente verde y renovable, o paga cuantiosos impuestos por el daño ambiental que nos ocasiona todos los días de año.
En el caso de las cadenas de valor, se pueden imponer impuestos a las etapas de producción, mercadeo y distribución de bienes y servicios no esenciales de manera que no afecten a los más pobres en la satisfacción de sus necesidades básicas y que se conviertan en meros costos de producción. Estos impuestos no pueden tener naturaleza regresiva o que afecten a los ciudadanos en desproporción a su condición económica. De modo que no representen una carga irrazonable a las personas de menos recursos económicos.
Estas maneras de financiar el Estado deben propiciar la innovación, el trabajo, el ahorro, la transparencia y la productividad para lograr ganancias individuales y corporativas disminuyendo la evasión contributiva que ocurre con el disimulo u ocultación de las ganancias.
Un Estado con la capacidad de funcionar sin imponer tributos sobre los ingresos netos individuales o colectivos tiene que contar con unas reglas de disciplina fiscal muy estrictas y con mecanismos de responsabilidad y control que permitan a los ciudadanos revocar los mandatos de los funcionarios que las violen.
Por supuesto que estamos hablando del Estado ideal. Puerto Rico dista mucho de contar con estas características.
En Puerto Rico tenemos impuestos en todas las etapas de la producción, cadena de valor, importaciones y exportaciones, la propiedad, los ingresos y las ventas de consumo. Encima de esto, el Estado y sus empresas monopolísticas derrochan el dinero y no existen maneras de control ciudadanos para impedir la impunidad en la irresponsabilidad fiscal ni la revocación del mandato de funcionarios delincuentes en asuntos fiscales.
Para colmo de males, tenemos una crisis fiscal sin precedentes producto de la irresponsabilidad partidista y del colapso del modelo económico que sostenía la estructura de producción del país. Esto con el agravante de que el gobierno carece de imaginación para estructurar un nuevo modelo económico sostenible por incompetencia crasa y porque entiende que le puede perjudicar en sus intenciones de obtener la Estadidad Federada que se amparan en aumentar la dependencia, pobreza y marginación de la mayoría del Pueblo, para que se aferre al anexionismo como mecanismo de subsistencia y seguridad económica.
Esto es lo que le produce los votos al PNP para que luego puedan disponer impunemente y esquilmar el presupuesto para beneficios exclusivo de los Señores del partido.
El gobernador Fortuño, que tiene la desfachatez de querer volver a ser reelecto gobernador en el 2012, está asediado por dos años de desatinos y gobierno para los poderosos, despidos, nuevos impuestos confiscatorios, ingresos fiscales en curva descendente perpetua, destrucción de los servicios estatales para las personas más vulnerables, menoscabo malintencionado de las protecciones del ambiente y los derechos de las comunidades, abuso policiaco y represión de libertades, criminalidad y deterioro de la salud mental sin precedentes, caída en espiral de la condición económica de los ciudadanos y las empresas, abandono de los proyectos de estratégicos de desarrollo y por dar palos a ciegas para tratar de revitalizar la economía.
Es por eso que el gobernador ahora se inventa la llamada reforma contributiva que de ninguna manera atiende los fundamentos que hemos expresado previamente que deben existir para que sea equitativa y que fomente el desarrollo económico.
La reforma de Fortuño se funda en propósitos políticos partidistas. Sólo pretende aliviar temporeramente el bolsillo de las personas de ingresos limitados, lo que es loable, pero no con el propósito de aumentar disminuir la dependencia y sustentar las funciones del Estado para lograr desarrollo. No, su único propósito es que estas personas se olviden de lo que ha pasado en estos dos años y voten por Fortuño en el año 2012.
La reforma de Fortuño es temporera porque por admisión de su Rasputín, Marcos Rodríguez Pujada, no existen mecanismos para financiarla luego del 2012. Es decir, que los alivios contributivos presentes no tienen probabilidades de continuidad. Por eso constituyen otro engaño monumental de Fortuño. Es un coje bobos para cazar votos para su posible reelección.
La reforma contributiva no puede fundarse en propósitos meramente electorales.
Una reforma contributiva integral tiene que atender y balancear muchos asuntos como financiar apropiadamente el gobierno, desalentar el consumismo; reducir la economía subterránea; reducir sustancialmente la tasa de contribución sobre ingreso; promover el ahorro en la clase empresarial y de las personas asalariadas; y, que este ahorro pueda invertirse en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Dentro de la crisis económica actual, una reforma contributiva debe estar dirigida primordialmente a atender el problema económico no a la pesca de votos.
Los proyectos sometidos por Fortuño deben denunciarse y rechazarse si no pueden enmendarse para que apoyen nuestro desarrollo económico y social.
Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
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