Titulares de Cambio: Una Fábula*

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Afortunadamente ya se comienzan a ver los resultados de la reciente conferencia de prensa en la que, presididos por los Reyes Magos y Santa Claus, todos los mágicos benefactores de la fantasía y los buenos deseos presentaron su plan estratégico para salvar a Puerto Rico.

La primera evidencia del poder de los fascinadores y poderosos de la quimera fue el desayuno cumbre que tuvo Luis G. Fortuño con Thomas Rivera Schatz, Jennifer González, Héctor Ferrer, Fernando Martín y 12 líderes comunitarios, obreros y del tercer sector, con el propósito de establecer un plan de trabajo conjunto que combine las iniciativas principales de partidos políticos. Todo por el bien de Puerto Rico. Las expresiones de entusiasmo de los líderes incluyeron los conceptos de reconciliación y unión nacional, responsabilidad política, mandato del pueblo, calidad de vida y desarrollo económico. Desde ese momento los titulares de cambio no dejan de asombrar.

Por ejemplo. Con la firma de más de cien líderes políticos, del sector empresarial y laboral, junto a intelectuales y representantes de la sociedad civil, se selló el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico 2010-2020. El Plan contempla, entre otros, la forma específica de alcanzar los siguientes objetivos: Prohibir so pena de despido el activismo político en el empleo público; romper el control que tienen los partidos sobre el sistema electoral para propiciar la entrada de candidatos independientes y eliminar la inversión política; enmendar la Constitución para implantar una legislatura unicameral, establecer la obligatoriedad de los mandatos del pueblo y el poder del referéndum revocatorio para el gobernador y el presidente de la legislatura; implantar una verdadera reforma contributiva y fiscal para asegurar la efectiva inversión de los recursos del Estado en beneficio del Pueblo; lograr una reforma integral de los programas de beneficencia pública para incentivar la entrada de las personas al mundo del trabajo; implantar un plan universal de salud; comenzar la revolución del sistema de cuidado de la salud mental con el establecimiento de un programa de medicación de adictos para destruir los réditos del narcotráfico y reducir sustancialmente los delitos contra la persona y la propiedad; reestructurar toda la legislación urbanista y de permisos para evitar el desorden urbano y lograr armonía con el ambiente; reducir sustancialmente la dependencia del automóvil con el establecimiento de un sistema integral de transportación en toda el país; y, reenfocar los recursos de inversión y delegación regional de poderes a consorcios municipales para propiciar cinco polos de desarrollo económico y distribuir de manera equitativa la riqueza del país. Inmediatamente se convocó una sesión extraordinaria para considerar el primer grupo de medidas de implantación del Plan y los presidentes legislativos se mostraron optimistas de que puedan aprobarlas en los próximos treinta días.

Por otro lado, el liderato legislativo de ambas cámaras del Congreso federal recibieron la delegación tripartita de puertorriqueños ilustres y líderes gubernamentales con el propósito de discutir una larga lista de iniciativas producto del Plan Estratégico. Portavoces del Congreso manifestaron su apoyo y compromiso con el resultado de la Asamblea Constitucional de Status, la inmediata exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje, la limpieza de Vieques y otros lugares seriamente contaminados por la actividad militar e industrial y apoyo económico para la transición hacia el nuevo status no colonial.

Por último, en un movimiento sin precedentes a tono con el ánimo de perdón, reconciliación nacional y tolerancia, los principales líderes religiosos del país se reunieron con representantes de los movimientos de derechos humanos y de las personas homosexuales y acordaron endosar propuestas específicas de cambios al Código Civil de Puerto Rico que eliminen el discrimen por preferencia sexual para que todos las personas puedan hacer una vida normal en reconocimiento y balance de los principios de la libertad religiosa y de conciencia, la intimidad y la dignidad humana.

* Este artículo se publicó en el año 2008. Por su pertinencia y actualidad se reedita nuevamente.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

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¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Que la magia, los buenos deseos y las acciones de paz, nos traigan una Navidad llena de alegrías y esperanzas de que el año 2010, nos brindará la luz y el camino para ser mejores personas, en un pueblo libre, educado, en desarrollo constante y total armonía con nuestro ambiente.

Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

MEDIDAS URGENTES PARA CONTROLAR EL PARTIDISMO

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Como explicamos la semana antepasada, el partidismo y sectarismo político están corroyendo nuestra sociedad.  El partidismo político es la división artificial que existe entre tres organizaciones políticas que tienen reconocimiento del estado como partidos y el sectarismo político son los grupos o grupúsculos que pululan en esas organizaciones y que pugnan por el control o hegemonía desde sus entrañas o la periferia. 

A pesar de que el partidismo político tiene fundamento constitucional en los derechos de asociación y libertad de expresión, estas prerrogativas no son absolutas y pueden ceder a intereses fundamentales del estado.  Por ejemplo, en los Estado Unidos, a pesar de los derechos constitucionales mencionados, la ley Hatch limita considerablemente el activismo político de los funcionarios o empleados federales y a algunos empleados estatales que trabajan en conexión con fondos federales. Aunque en Puerto Rico tenemos reglas de regulación del activismo político, estás son limitadas, inefectivas y no se imponen sanciones agresivas para erradicar esta mal del gobierno. 

Es indispensable imponer reglas efectivas cuya violación acarree el despido para romper con el partidismo y sectarismo dentro del servicio público.  No se debe permitir el activismo político de los empleados gubernamentales ya sea dentro o fuera de las agencias e instrumentalidades públicas. En ese sentido, en conjunto con estas medidas, cada entidad pública debe implantar rigurosamente el principio de mérito para que los empleados públicos desarrollen una carrera que dependa de su conocimiento y experiencia en la materia y no de su afiliación política o sectaria.  Debe implantarse además, un sistema de evaluación rigurosa de las ejecutorias de los empleados públicos y limitar dramáticamente la capacidad del gobernador, legisladores y los jefes de agencia para nombrar empleados de confianza que con pocas excepciones, son personas incondicionales, sin conocimiento y experiencia en los asuntos de la agencia y que se nombran como validación incuestionable del Principio de Peter.

Otro asunto que es importantísimo para romper el partidismo es revolucionar la Ley Electoral para que les dé acceso a los candidatos independientes y a los partidos minoritarios o de intereses particulares como los ecológicos o que defienden minorías marginadas.  La Ley Electoral está hecha para mantener el bipartidismo de manera artificial haciendo muy difícil que otros partidos y candidatos independientes puedan participar del proceso político.  Flexibilizar la Ley Electoral para que otros grupos puedan entrar fácilmente a participar en las elecciones, aumentará la oferta política y el interés de personas capacitadas, preparadas, inteligentes y libres de ataduras, para que puedan prestar el mejor servicio público. El aumento de la competencia intelectual y personal de los candidatos a cargos públicos los hace más independientes y honestos, porque pueden resistir las presiones del partidismo ciego, irracional y contrario a la lógica, conciencia y ética pública. 

Ese partidismo y sectarismo ciego lo sufrimos en la Región Sur, pues es el que motiva que no se aprobaran en la Cámara de Representantes por temores, celos, rencillas e inmadurez, los proyectos de Ley aprobados en el Senado para beneficiar y hacer avanzar las obras del Puerto de las Américas, para aumentar la influencia de DISUR, ordenar el traspaso del Aeropuerto Mercedita a Ponce, establecer que la Junta del Puerto tenga miembros residentes bonafide de la región sureña, entre otras importantes iniciativas.

La Ley Electoral también debe revolucionarse para que las vacantes por renuncia, incapacidad o muerte de funcionarios electos, no pertenezcan a los partidos políticos, sino que correspondan al pueblo.  De esa manera, en caso de vacante, el pueblo puede elegir a los funcionarios en una elección general o particular dependiendo de la circunstancia. 

El partidismo político también puede atacarse mediante la legislación para extender los términos de incumbencia de jefes de agencias, miembros de juntas de directores y directores ejecutivos de corporaciones públicas.  De esa manera, los jefes de agencias y estos directores no estarían sujetos a los vaivenes políticos partidistas que nos azotan con las elecciones cada cuatro años.  Esto es así actualmente en caso del contralor, de la Oficina de Ética Gubernamental y algunas procuradurías.  Esto garantiza independencia de criterio de estos funcionarios por encima de gríngolas políticas. 

También debe limitarse el poder absoluto de nombramiento del gobernador para que además del consejo y consentimiento del Senado, cuente con consejos asesores no políticos que tengan nombramientos de más de seis años, y que deliberen  y escojan ternas de candidatos idóneos de las cuales el gobernador pueda seleccionar el mejor para someterlo al Senado. De esta forma se garantiza que el criterio rector sea la competencia y compromiso con el servicio público y no el partidismo o sectarismo. Además, se podrá evitar la comedia de errores que ocurre en Puerto Rico a la hora de que el gobernador escoge a sus jefes de agencia.

Por otro lado, la unión entre los intereses del partido y los del pueblo pueden fortalecerse si se establecen mecanismos de diálogo continuo entre los políticos y el pueblo, luego de las elecciones.  Estos mecanismos de diálogo deben ser de naturaleza formal para que el pueblo pueda continuar sugiriendo y participando en los procesos de formulación de política pública y de legislación.  Esta participación canalizará los mejores deseos del pueblo, evitará frustraciones que conduzcan a violencia y permitirá que los políticos tengan que responder apropiadamente a los requerimientos ciudadanos.

Es indispensable además, que los funcionarios nombrados o electos principales incluyendo gobernador, presidente de la Cámara de Representante, presidente del Senado y jueces del Tribunal Supremo, estén sujetos al procedimiento del referéndum revocatorio.  El procedimiento del referéndum revocatorio existe en muchos países con democracias avanzadas y hasta en estados de la unión americana como California.  El referéndum revocatorio no debe ser un mecanismo muy fácil que pueda crear controversia política constante, pero sí debe ser una de las opciones para que el pueblo pueda revocar el mandato de un funcionario inepto o corrupto.

Mientas se mantenga el control ferreo de los partidos sobre el proceso electoral y democrático, solamente se dedicarán a velar por sus propios intereses y no por los del pueblo.  El proceso de diálogo nacional que estamos proponiendo debe atender esta situación exitosamente.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

EL PODER DE CONVOCATORIA Y CONVENCIMIENTO DE DISUR

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Hago un paréntesis en la serie de artículos sobre un diálogo nacional para atender la crisis social, política y económica que vivimos, con el propósito de reseñar hoy un evento importante en los planes de desarrollo de la Región Sur.

El pasado jueves 3 de diciembre, el Comité Ejecutivo de Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR), se reunió por varias horas con el Honorable Luis Fortuño Burset, para presentarle su misión y visión, junto al estado de los trámites y actividades que calladamente ha estado desarrollando en los últimos meses.

DISUR es una corporación bajo la Ley de Municipios Autónomos que integra los esfuerzos de los 15 municipios que componen la Región del Sur de Puerto Rico, con la academia y el sector empresarial, con o sin fines de lucro, con el propósito de establecer iniciativas de planificación regional y propiciar el desarrollo socioeconómico sustentable, sostenido y nuestra calidad de vida. En ese sentido, tiene como designio el fortalecer los recursos y procesos de planificación urbana, rural, ambiental e industrial de una manera coherente y costo eficiente para toda la Región Sur.

En los últimos cinco años me he acostumbrado a decir que el Puerto de las Américas es el proyecto estratégico más importante de la Región Sur. En estos momentos entiendo que DISUR es el proyecto de desarrollo estratégico más importante y que el Puerto de las Américas es su principal herramienta de implantación.

En la reunión con el gobernador se obtuvieron los siguientes logros:

1.    El gobernador quedó sorprendido y entusiasmado en cuanto al grado de preparación, consenso y organización que se ha logrado en DISUR, fundándose en la Agenda Empresarial, el Manifiesto por el Sur, Porteco y el Plan Estratégico Regional.

2.    El gobernador expresó que está comprometido con la regionalización de país y que es necesario luchar por modificar la mentalidad de algunos funcionarios del gobierno permanente de Puerto Rico que no entiende el concepto o lo toman como una amenaza.

3.    Quedó clara el deseo y la necesidad de definir legalmente el Sur como los quince municipios desde Guánica hasta Patillas, pasando por el centro con Adjuntas, Jayuya, Villalba y Coamo.

4.    Se discutieron los planes existentes para lograr que DISUR sea autónomo y autosustentable, de forma que no dependa de cuotas de los municipios y esté listo para asumir las responsabilidades de promoción comercial e industrial global y la planificación territorial regional.

5.    Se presentaron los proyectos estratégicos regionales que DISUR impulsa en primera instancia tales como, la creación de un polo turístico sureño, el renacer de la agroindustria del pollo en Salinas y pueblos limítrofes, una nueva línea aérea para vuelos al Caribe y Centro América, una red de Internet de banda ancha para impulsar las comunicaciones regionales y globales, y Porteco -un plan para desarrollar una ecología portuaria para toda la región Sur.

6.    Los alcaldes y alcaldesas tuvieron la oportunidad de presentar los proyectos de sus municipios que requieren ayuda inmediata del gobierno central para materializarse.

7.    Se acordó realizar una reunión para presentar al gabinete del gobernador el proyecto Porteco que contiene la base de datos y análisis para el plan de uso de terrenos del Sur.

8.    Se acordó una reunión de seguimiento con el gobernador en marzo de 2010, donde los protagonistas serán los proyectos de desarrollo universitarios y los de la empresa privada con o sin fines de lucro.

9.    El gobernador percibió una Región Sur viva y unida a través de DISUR y con su entusiasmo convenció a algunos detractores de que el futuro del desarrollo del Sur, su fuerza política y de acción social, dependen de esta importante organización.

10.     Esta reunión demostró que las energías  de los miembros deben estar enfocadas en que DISUR se convierta en un organismo supra-municipal que capitalice sobre los activos regionales y coordine las voluntades de política pública de los municipios para evitar la duplicidad de esfuerzos, potenciar iniciativa de desarrollo económico que incluyan varios municipios o subregiones, abogar colectivamente por la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo, y promocionar y mercadear la región a nivel global como una zona de alto valor para la inversión turística, empresarial e industrial.

La reunión fue excelente en el cumplimiento de sus metas de mostrar unidad de propósito y voluntad, ahora falta la acción y el compromiso del gobierno central con la regionalización.

En estos momentos DISUR se encuentra en un proceso de consolidación de las fuerzas más vivas de la Región. La membresía está abierta para cualquier empresa, comunidad o entidad educativa que quiera fortalecer su conocimiento de la Región Sur e influenciar en la formulación de políticas de desarrollo económico para nuestra Región. Les exhorto a que llamen al 787-284-8424 para que inicien las gestiones para incorporarse a esta importante organización.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

LA TRAGEDIA DEL PARTIDISMO

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.


En nuestro pasado artículo discutimos la reforma de nuestro sistema político enfrentando la solución del problema del coloniaje mediante la Asamblea Constitucional de Status.

Paralelamente con la atención de este problema, existen otras contrariedades de naturaleza política que incapacitan nuestra voluntad de actuar en común para alcanzar objetivos indispensables. Por tanto, debemos enfrentar un proceso de diálogo nacional para romperle el espinazo a la perversidad de la política partidista.

Nuestro sistema político está dominado por dos partidos que se alternan el poder, por lo que su razón de existir es administrar el presupuesto; y uno de minoría, que subsiste de elección en elección y tiene como único fin el sostenimiento económico de su infraestructura burocrática.

Para los tres partidos la satisfacción de las necesidades del pueblo está subordinada a mantener sus objetivos primordiales. Alcanzar o mantenerse en el poder los dos de mayoría, y no salir de la nómina electoral el de minoría. Todo lo que amenace esto, está fuera de los límites de su quehacer político. Por eso el PPD se aferra a la idea aberrada del pacto con lo mejor de los dos mundos para mantener sus votos; el PNP afirma que la estadidad es para los pobres para seducir al 60% pobre de la población; y el PIP, prefiere primero inscribirse electoralmente a analizar y actuar sobre las causas de sus graves derrotas electorales en las pasadas dos elecciones. Nada de esto tiene que ver con lo que el Pueblo de Puerto Rico necesita ahora.

Para alcanzar estos objetivos los partidos mayoritarios recaudan dinero de forma legal e ilegal. Por tanto, responden en primer término a los que les dan dinero. Esto ha quedado crudamente demostrado con la imposición violenta de las medidas legislativas y ejecutivas que protegen a los ricos y fastidian a los pobres como lo son la Ley de Cierre; la Ley 7 de despidos y de desmantelamiento de servicios a la sociedad; la usurpación de los terrenos del Caño a las 8 comunidades dueñas; la eliminación del Corredor Ecológico del Noreste; las APP para enriquecer a inversionistas y que el Pueblo pague en exceso por el uso de las autopistas y otras obras de infraestructura; la distorsión y disloque del desarrollo del Puerto de las Américas; la Riviera del Caribe en Ceiba con su "such is life", etc.

La idea cumbre de Fortuño en este afán de beneficiar a los suyos, es que el presupuesto gubernamental que sobre, se reparta entre sus empresarios donantes que mediante la privatización ofrecerán servicios deficientes, motivados por ganancias, y por ende, más caros que los que ofrecían los empleados despedidos.

Los partidos políticos mienten constantemente en sus promesas al Pueblo. "No voy a imponer un IVU", y Aníbal puso el IVU. "No voy a despedir a nadie que no sea Aníbal Acevedo Vilá" y ya Fortuño va a llegar a 20 mil despidos.

No se atreven a tomar decisiones fundamentales por miedo a perder votos. Todos son temerosos de lo que diga el americano y los fundamentalistas. Se encierran en sectas, comisiones y grupúsculos impenetrables en donde impera todo para los míos, y sólo desprecio y exclusión para los otros. Contratan a los suyos aunque no sepan un pepino de los asuntos públicos, y despiden a los anteriores, por si las dudas pertenecen al otro partido, aunque sean los que saben más que nadie sobre los asuntos pertinentes. Cuando alguien que no sea del partido o la secta les tiende la mano, pues le viro la cara, lo declaro non grato o digo que tuvo un mal día.

La cosa empeora cuando los partidos se dividen en sectas, porque existen sectas dentro de los partidos que luchan encarnizadamente, por ejemplo, Roselllistas y Fortuñistas, autonomistas y soberanistas, etc. En esas luchas los partidos se desorientan y hasta pierden sus propios instintos egoístas de supervivencia.

Como la lucha es por un presupuesto, -como una muchedumbre en hambruna por un saco de trigo- los partidistas se enfrentan en combates crudos, torpes y hasta soeces. Cuando se encuentran sus caravanas en las carreteras, los pugilatos son de piedras, palos, puños y bofetás.

Durante el tiempo en que están en el poder, tratan de esquilmar el presupuesto para su beneficio tomando prestado a costa de la sociedad. Cuando Hernández Colón dejó la gobernación, la deuda pública era de 12 mil millones. Ya Fortuño, con la ayuda de sus predecesores, la lleva por encima de 60 mil millones. Eso es impagable. ¿Qué va a pasar cuando los acreedores no puedan esperar por las moratorias y pagos insuficientes del gobierno de Puerto Rico? Pues agárrese en su asiento. Lo pagaremos nosotros, los que no somos ricos ni corporaciones foráneas que se llevan 30 mil millones del país sin pagar contribuciones razonables. Lo pagaremos con nuevos impuestos de la propiedad, de los ingresos y con un IVU del ¡10% o más!

El sistema político puertorriqueño por herencia norteamericana protege constitucionalmente a los partidos políticos. En Puerto Rico se ha llegado al extremo de decir que los escaños y cargos de alcaldes pertenecen a los partidos en vez de al Pueblo cuando muere un legislador o un alcalde. Se muere el Alcalde de mi querido pueblo y no puedo votar por el sucesor porque eso queda en manos del partido. El sistema electoral está controlado por los partidos, por lo que no tenemos verdadera democracia, tenemos una aberrada partidocracia. Vivimos una partidocracia en donde los candidatos piden el voto hasta el 4 de noviembre de cada cuatrienio y luego se creen que se acabó la conversación con el Pueblo hasta las próximas elecciones.

Para colmo de todos los males, cuando el Pueblo se equivoca y elije a un o una incompetente ratificando el Principio de Peter, que postula que una persona puede ser ascendida o electa a su nivel máximo de incompetencia personal o profesional, pues nos lo tenemos que sufrir por cuatro años. Esto ocure porque no existen mecanismos electorales revocatorios ni moral o dignidad política para que el líder entienda cuándo fracasa, y que se impone entonces el deber ineludible de renunciar, para dejar a otro que sepa hacer bien las cosas.

Bajo esta partidocracia, lo único que nos queda a este pacífico Pueblo es protestar masivamente y fuerte, tirar huevos y abuchear enérgicamente cuando se atreven a asomarse a las actividades públicas y deportivas. Ya veremos el abucheo de la década cuando Fortuño inaugure los Juegos Centroamericanos en Mayagüez el año que viene.

El problema del partidismo es muy grave. Pero tiene solución. El Pueblo de Puerto Rico debe iniciar una gran conversación para acabar con esta rémora que impide nuestro desarrollo y calidad de vida. De eso, hablaremos la semana que viene.
 

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

LA REFORMA DE NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Uno de los asuntos fundamentales que tiene que enfrentar un proceso de diálogo nacional para establecer un nuevo pacto social es la reforma de nuestro sistema político.

Sin duda el problema político fundamental de Puerto Rico es su relación colonial con los Estados Unidos. Ya el Estado Libre Asociado no representa un modelo de desarrollo económico y social viable. Este problema ya es reconocido por respetados líderes del PPD que por décadas ocultó de manera institucional la verdadera naturaleza colonial de nuestro país. Es necesario revisar profundamente la relación con la metrópolis para eliminar el coloniaje. 

Hasta ahora todos los esfuerzos internos y externos basados en proyectos de ley para consultar al Pueblo de Puerto Rico han fracasado. Esto ocurre porque los plebiscitos están matizados por el partidismo que presenta definiciones de status acomodaticias a sus intereses electorales y que no tienen viabilidad política y económica. El último esfuerzo en esa dirección es el proyecto Pierluisi al cuál se le adjudican pocas probabilidades de éxito.

Las Naciones Unidas establecieron que todas las naciones tienen un derecho inalienable, que significa que nadie no los puede impedir, a la autodeterminación e independencia.  La autodeterminación es el derecho que tenemos de decidir nuestro futuro político sin intervención extranjera. Este derecho puede ejercerse mediante la integración, la republica asociada o la independencia.

El proceso de solución de nuestro problema colonial tiene que ser racional y producto de un diálogo sosegado por personas representativas de los diversos sectores que estudien detenidamente las diferentes alternativas hasta hacer una recomendación específica para ratificación por el Pueblo.

La manera lógica, coherente y efectiva de ejercer el derecho a la autodeterminación es mediante el mecanismo de Asamblea de Pueblo que se conoce como Asamblea Constitucional de Status.

Es necesario aclarar que esta Asamblea de Pueblo no es el mecanismo de Asamblea Constituyente del Artículo VII de la Constitución del ELA. Este mecanismo no es útil porque la Sección 3 contiene una limitación colonial a la naturaleza de las enmiendas que se propongan al decir que cualquier enmienda o revisión deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimoprimero. Por ende, esta cláusula no sirve para revisar la relación con los Estados Unidos.

La Asamblea Constitucional de Status se convoca mediante ley para que se celebren unas elecciones que elijan los mejores representantes de la sociedad civil que puedan llevar a cabo una investigación detallada sobre las circunstancias políticas, sociales y económicas de Puerto Rico, con el propósito de deliberar sobre la viabilidad de las diferentes propuestas de status.

Esta Asamblea de Pueblo permitiría conocer definitivamente la opinión de los norteamericanos sobre si están dispuestos a conceder la estadidad y bajo qué condiciones; sobre cuáles serían las condiciones de negociación de una república asociada; y cuáles serían las condiciones de transición para una independencia.  Esto pondría fin a la manipulación y demagogia de los partidos políticos sobre las definiciones viables de solución al problema colonial. Habiéndose concluido por la Asamblea Constitucional de Status cuáles son las definiciones viables de las diferentes opciones, el pueblo estaría mucho más informado para escoger mediante su voto la que convenga.

Una vez el pueblo vote aprobando una opción, se procedería a constituir una comisión que represente a la Asamblea de Pueblo para que negocie con los Estados Unidos dentro del marco de éste mandato.

Basta ya de mera retórica de déficit democrático o de insuficiencia constitucional.  Puerto Rico es una colonia y hay que resolver el problema lo antes posible.


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HACIA UN PROCESO DE NUEVO PACTO SOCIAL

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Puerto Rico sufre una crisis estructural en todos los renglones que está deteriorando rápidamente nuestra calidad de vida.  La semana pasada nos expresamos sobre la necesidad imperiosa de replantear todos nuestros supuestos políticos, económicos y sociales para hacer viable a nuestro país. Sobre los cambios necesarios hay muchos ideas y planteamientos. La gran pregunta es ¿Cómo pueden organizarse canales de comunicación, foros o estructuras de diálogo que permitan la participación de todos los sectores para que pueda llegarse a un entendido nacional sobre cuál debe ser el futuro de Puerto Rico, incluyendo un proceso razonable y rápido de implantación?

Existen varios obstáculos en el proceso de organizar un diálogo nacional. El gobierno ha asumido una estrategia de organizar pequeños comités excluyentes, que no son representativos de nuestra compleja sociedad y por eso producen resultados que no satisfacen a los sectores mayoritarios del país.  Eso lo vinos en el CAREF, en el JEREF y ahora en un nuevo consejo de economistas. Añadiendo sal a la herida, han generado una crisis de confianza en el gobierno actual, por la manera unilateral y violenta en que quieren implantar sus decisiones.

El problema de fondo de las actuaciones del gobierno es que como señala mi estimado amigo Dr. Daniel Nina, parten de la premisa de que una vez los políticos salen electos el 4 de noviembre, se creen que se les han delegado todos los poderes plenipotenciarios, excluyendo el que la sociedad continúe participando y dialogando.  Ese fenómeno ocurre tanto a nivel central como en los gobiernos municipales. Por eso todavía existen líderes municipales que temen o rehúyen a reunirse con los líderes cívicos y las organizaciones no gubernamentales.

La sociedad puertorriqueña no ha renunciado a su derecho a participar por el mero hecho de que votó en las elecciones del 4 de noviembre.  Todo lo contrario, quiere seguir participando en los procesos decisionales y plantear soluciones activas a los problemas comunes. Si todos participamos en el análisis del problema y en los procesos para su solución, remamos en la misma dirección y alcanzamos los objetivos.

Existen diferentes mecanismos de diálogo que se pueden ensayar. El éxito de estos mecanismos depende de que se continúe la expresión pública de rechazo a las políticas arbitrarias y unilaterales, junto con propuestas pensadas de cómo salir del atolladero. No se puede ser ingenuo y pensar que el gobierno dialogará sin que se mantenga una presión pública constante. Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las comunidades especiales, el sector religioso y el empresarial, tienen que seguir como líderes representativos planteando sus propuestas y manifestándose en contra de las que no son aceptables.  El poder de este tipo de expresión es muy grande y crea un desgaste político que va a obligar a los gobernantes a poner el oído en tierra.

Con presión social y política, pública y constante,  el gobierno sentirá el calor y podría llamar a un diálogo más allá de comités para escuchar de manera amplia a los diferentes sectores, pero para que exista confianza en el proceso, deben asegurarse los mecanismos de cumplimiento de los compromisos.

Por otro lado, podría argumentarse que es necesario convocar una convención constituyente para consignar o fortalecer los principios que deben regir en esta sociedad y darle estructura a los derechos económicos que están asediados por esta administración gubernamental.  Sin embargo, esto sería un proceso complejo y peligroso por su dependencia del poder político, particularmente, a la luz del radicalismo que está imperando en los sectores gubernamentales. La convención constituyente podría ser una alternativa una vez maduren los mecanismo de diálogo menos formales.

El reconocimiento del gobierno central de que es indispensable dialogar con los diferentes sectores no es una muestra de debilidad, es una claro modelo de madurez ante la debacle que vivimos y lo que van a enfrentar en el año 2012.  El diálogo puede comenzar inmediatamente sobre proyectos estratégicos comunes, como por ejemplo, el desarrollo del sistema educativo, la reforma de salud, los pequeños y medianos empresarios y otros proyectos de importancia regional y nacional como el Puerto de Las Américas.  No tienen que resolverse todos los asuntos en una sola conversación.  Puede ir abordándose unos tras otros hasta generar consensos que puedan materializarse en legislación concreta.  Para el éxito de la gestión, hace falta en todos los sectores confianza, voluntad y palabra.

Mi apuesta es que los procesos de diálogo comiencen a nivel local y regional.  Desde hace meses funciona una alianza multisectorial que agrupa decenas de líderes y organizaciones regionales que abogan por el desarrollo socioeconómico de la Región Sur. Por otro lado, recientemente escuchamos al senador Seilhamer invitando al Lcdo. José Enrique Ayoroa Santaliz, presidente de Ponceños de Verdad, para unir esfuerzos para reclamar en San Juan lo que le corresponde a Ponce, a la luz de la sentencia judicial del caso de Ponce en Marcha.  El Lcdo. Ayoroa Santaliz, a su vez, invitó a la Alcaldesa de Ponce, de quién aguardamos su respuesta y acción. Esa son semillas de alianzas estratégicas que fomentan el diálogo local, regional y que pueden tener impacto nacional.

Si trasladamos esta situación a la Región Sur, es indispensable generar un diálogo utilizando el foro de DISUR, en donde se agrupan los sectores principales de la región, que permita canalizar nuestros proyectos y expectativas de calidad de vida de una manera firme y con gran poder político ante el gobierno central.

Recientemente hemos conversado sobre el poder constituyente de lo local.  Ponce y la Región Sur deben dar el ejemplo fortaleciendo el foro de DISUR.  El diálogo debe comenzar con nosotros.



El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

UN NUEVO PACTO SOCIAL

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com

Ante el evidente deterioro en todos los aspectos sociales, económicos y políticos que vive Puerto Rico, varios líderes de diferentes sectores han planteado la necesidad de celebrar una actividad de resultados autoejecutables que cuente con el apoyo del gobierno y los sectores no gubernamentales, a los fines de reestructurar nuestra sociedad para implantar planes consensuales que permitan un desarrollo integral y el balance apropiado de los diferentes intereses y posturas. Esta actividad es indispensable ante la incapacidad del gobierno para articular planes balanceados, sensibles y coherentes para sacar a Puerto Rico del atolladero.

El objetivo sería aprobar con fuerza de ley durante el año 2010 una recomendación documentada y apoyada por todos los sectores participantes de nuestra sociedad y con el visto bueno y final del Pueblo, para establecer un Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico 2011-2021.

El Plan contemplaría, entre otros asuntos, la forma específica de alcanzar los siguientes objetivos: Prohibir so pena de despido todo tipo de activismo político en el empleo público; romper el control que tienen los partidos sobre el sistema electoral para propiciar la entrada de candidatos independientes y eliminar la inversión política; enmendar la Constitución para implantar una legislatura unicameral, establecer la obligatoriedad de los mandatos del Pueblo, establecer medidas y mecanismos de democracia participativa y el poder del referéndum revocatorio para el gobernador y el presidente de la legislatura; implantar una verdadera reforma contributiva y fiscal para asegurar que cada uno pague conforme a sus recursos, la efectiva inversión de los dineros del Estado en beneficio del Pueblo y la reducción de la deuda pública; lograr una reforma integral de los programas de beneficencia pública para incentivar la entrada de las personas al mundo del trabajo; establecer un plan universal de salud; comenzar la revolución del sistema de cuidado de la salud mental con el establecimiento de un programa de medicación de adictos para destruir los réditos del narcotráfico y reducir sustancialmente los delitos contra la persona y la propiedad; reestructurar toda la legislación urbanista y de permisos para evitar el desorden urbano y lograr armonía con el ambiente; reenfocar los recursos de inversión y delegación regional de poderes a consorcios municipales para propiciar cuatro polos de desarrollo económico y distribuir de manera equitativa la riqueza del país; reducir sustancialmente la dependencia del automóvil con el establecimiento de un sistema integral de transportación en toda el país; establecer un mecanismo procesal apropiado para resolver el problema colonial de Puerto Rico que incluya la inmediata exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje, la limpieza de Vieques y otros lugares seriamente contaminados por la actividad militar e industrial, y apoyo económico para la transición hacia el nuevo status no colonial.

Todos estos objetivos tienen ramificaciones importantes que se deben atender paralelamente y que deben abordarse con la misma seriedad, como por ejemplo: La aprobación de un nuevo Código Civil; el reconocimiento y protección de los derechos de personas que pertenecen a sectores marginados socialmente; la creación de un Código Laboral sensible y que asegure los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, etc.

El asunto más importante en este momento es crear el mecanismo procesal apoyado por todos los sectores que permita el que las personas representativas se puedan sentar y discutir libre y responsablemente cómo alcanzar estas metas y la manera de implantarlas de manera inmediata. Estas conclusiones deben pasar a la evaluación del Pueblo para asegurar su participación plena y democrática. La semana que viene escribiremos sobre el mecanismo preciso para alcanzar estos objetivos.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

EL DERRUMBE DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SUEÑOS

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Los primeros 10 meses del gobierno de Fortuño han ocasionado una total desilusión de la gente que de buena fe confió en sus promesas de mejorar la economía, bajar los costos de los servicios públicos y las contribuciones sobre ingresos.  Además de faltar a su palabra, el gobierno fortuñista ha realizado un asalto disparatado y violento con el anacrónico neoliberalismo con resultados funestos para nuestro país.

Veamos:

1.    Paralizó los planes y el calendario del Puerto de las Américas motivado por diferentes luchas intrapartido por el control del poder decisional de su Junta de Directores.

2.    No ha asignado los fondos necesarios para lograr la construcción de las obras de infraestructura requeridas para el valor añadido del Puerto de las Américas que se certificaron desde el año 2003.

3.    Pretende cambiar la misión y diseño del Puerto de las Américas a uno que privilegia la carga suelta y el cabotaje sobre el transbordo con valor añadido que es la única fuente de creación de empleos.

4.    En la Autoridad del Puerto de las Américas se están asesorando con representantes de intereses creados del puerto de San Juan, lo que va a terminar con la destrucción final de la misión y visión del Puerto, como uno de transbordo internacional de contenedores, con valor añadido, zona libre y fuera de las leyes de cabotaje.

5.    Fracasaron sin explicación pública las negociaciones con UCW América que hacía dos años estaba trabajando con el interés de ser el operador de calibre internacional del Puerto de las Américas.

6.    A pesar de lo que dice a la prensa y a la Alcaldesa de Ponce, Fortuño paralizó la implantación de las obras de Ponce en Marcha, pues sus jefes de agencia no dan muestra de cumplimiento a la sentencia judicial final y firme desde el año 2000.

7.    A pesar de las promesas en contrario, despidieron 20,000 personas en el sector público lo que va a agravar la terrible situación económica que se está viviendo en el país.

8.    La justificación e implantación de los despidos es irracional y motivada únicamente por intenciones político partidistas de acaparar antes del 2012 los puestos públicos para empleados precarios e incondicionales a Fortuño, que le permitan un ejército político para luchar en una primaria y en las elecciones.

9.    A pesar de los despidos, varias agencias están contratando nuevos empleados y han pedido a los líderes del Partido Nuevo Progresista las listas de las personas que pertenecen a esa colectividad con el fin de ir sustituyendo a los despedidos por razones económicas.

10.    Ha impuesto numerosas contribuciones al pueblo, sin tocar el bolsillo de las empresas foráneas que se llevan más de 30 mil millones de dólares anuales de Puerto Rico sin pagar impuestos.

11.    Dice que no puede imponer contribuciones a las compañías foráneas porque afectaría los contratos de exención contributiva en violación constitucional de la cláusula contra el menoscabo de las obligaciones contractuales, y sin embargo la Ley 7 dejó sin efecto unilateralmente todos los contratos laborales con las uniones y sin embargo, la cláusula constitucional no tuvo efecto o presentó impedimento alguno.

12.    Han comenzado una ofensiva para desmantelar el poder y autogestión de las comunidades destruyendo la Oficina de las Comunidades Especiales, desmantelando la Comunidad del Caño en Hato Rey y eliminando la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste.

13.    Implantaron a la carrera y en exabrupto discriminatorio la descolegiación de los abogados.

14.    Desmantelaron los servicios de las procuradurías que velan por los derechos mínimos de los sectores marginados y desaventajados de nuestra sociedad.

15.    El proyecto para los ricos de la Riviera del Caribe, que sustituyó el portal del Futuro en la base Roosevelt Road en Ceiba, es una improvisación que no tiene estudios, planos ni permisos, por lo que eso no va a generar ningún tipo de beneficio socioeconómico en un futuro a corto o mediano plazo.

16.    El proyecto de las Alianzas Público Privadas es una apuesta sobreestimada y arriesgada, ya que los dos países que tienen más desarrollo en las APP, que son Irlanda y Chile, en quince años solo han podido desarrollar no más de 6,000 millones de dólares cada uno en proyectos de APP.

17.    El proyecto de ley de permisos pendiente de aprobación, no va a poder entrar en vigor en un tiempo razonable de forma que acelere el proceso económico, ya que después que se apruebe requiere la preparación de 36 reglamentos que tomará varios años para que estén listos.  Esto sin señalar que la ley de permisos adolece de numerosos defectos que ponen en riesgo la confiabilidad de los permisos y la protección de los recursos naturales.

18.    El plan económico de Fortuño, además de la ley de permisos y las APP, descansa en el estímulo federal y el criollo, que tendrán una duración máxima hasta el año 2012.  Después del año 2012, no se sabe que va a pasar y ya se habla por los expertos de una depresión mucho más profunda de la actual.

19.    La banca puertorriqueña se encuentra en su peor momento histórico y no presta dinero por lo que no hay expectativas de que mejore la industria de la construcción o mejore el sector de las pequeños y medianos negocios.

La política económica aberrada y de desmantelamiento de todas las instituciones que ha utilizado Fortuño para la implantación de un modelo neoliberal, augura tiempos de desolación, marginación, pobreza y oscurantismo.

Para colmo de males, los partidos políticos de oposición están desarticulados y silentes. La única solución está en el Pueblo y en las organizaciones no gubernamentales. Veremos si existe la voluntad. La pregunta sobre la mesa es ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros?

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA INTOLERANCIA

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Cuando en la década de los 30 del siglo pasado, el abominable dictador Francisco Franco consolidó su poder en España, una de las primeras órdenes que impuso fue la eliminación de los colegios profesionales.  Esto ocurre porque los colegios profesionales siempre han sido una voz militante en la defensa de los derechos del pueblo. Además, constituyen entes reguladores de la calidad profesional y ética de sus miembros. Ambas características no son deseables por los regímenes totalitarios.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico siempre ha tenido que intervenir en controversias jurídicas donde ocurren violaciones de los derechos constitucionales.  Por diseño político y jurídico, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos constitucionales en Puerto Rico ocurren únicamente por el Estado.  En ese sentido, el Colegio de Abogados ha tenido que hacer frente a todas las administraciones políticas para defender ciertos derechos y  prerrogativas.

Uno de los principios que ha defendido con mayor ahínco, por ser esencial dentro de nuestro ordenamiento, es el derecho a la libertad de expresión y el acceso de las personas marginadas al sistema de Justicia.  Esto ha hecho que el Colegio de Abogados se involucre como mediador en luchas sociales y en procedimientos judiciales en donde el Estado ha sentido la amenaza del poder legitimo y democrático del pueblo. Además, ha creado diversos programas y servicios para que los indigentes puedan tramitar sus asuntos judiciales que en muchos casos reclaman contra el gobierno.

Cuando un gobierno carece de conocimiento y es incompetente, se vuelve intolerante y carpetea o etiqueta a toda persona que no esté de acuerdo con sus postulados como disidentes, delincuentes, sediciosos, opositores, comunistas, independentistas, terroristas, y muy recientemente chavistas.  Esa es su manera de dividir la sociedad en buenos y malos, para justificar acciones represivas, porque tienen profundo miedo e ineptitud que les impide entender las diferencias que son parte integral del régimen político y económico en que vivimos. 

El Colegio de Abogados sufrió una serie de ataques judiciales, tanto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde se cuestionó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Ambos tribunales resolvieron que la colegiación compulsoria es constitucional y se establecieron remedios apropiados y válidos jurídicamente para proteger los derechos de las personas que no están de acuerdo con algunas posturas que asuma el Colegio de Abogados. Por ende, el argumento de que la colegiación compulsoria viola el derecho constitucional a la asociación es flagrantemente falso.  Por tanto, no solamente el Colegio de Abogados ha existido desde el 1840, sino que ha sido objeto de revisiones y determinaciones judiciales que han validado su existencia y legalidad.

Las organizaciones internacionales que agrupan los Colegios de Abogados han entendido que la colegiación compulsoria es la mejor manera de organizar la profesión y la mayoría de los estados de la Unión Europea y Estados Unidos tienen formas de colegiación compulsorias.

¿Qué pasó con el Colegio de Abogados?  El Colegio de Abogado se ha manifestado solidario con las personas que han sufrido los embates de los despidos de la Ley 7.  También ha participado como mediador y observador en situaciones de tensión entre estudiantes y la Policía de Puerto Rico. La Ley 7 suspendió las garantías constitucionales de los empleados gubernamentales a un debido proceso de ley, al principio de mérito, a su permanencia; y el derecho de las uniones obreras a que no se menoscaben sus obligaciones contractuales. ¿Qué mejor escenario para la intervención legítima de una organización que defiende los derechos constitucionales?

La respuesta antidemocrática y Franquista del Gobernador y del Presidente del Senado de Puerto Rico fue bajar por descargue para aprobación una ley repudiada por la ciudadanía y el Colegio de Abogados. Esto se hizo sin tener ningún tipo de evaluación y sin que se hubiera presentado un informe positivo sobre su aprobación.  La actuación de Rivera Shatz, admitido por él, fue a petición del Gobernador y para desviar la atención sobre el paro que se llevaría a cabo en 15 de octubre.  Fue una manera de castigo y represalia al estilo Francisco Franco.  Fue lamentable ver al gobernador Fortuño, quién como un niño horripilado, firmó la ley esa misma noche.  Lo hizo tan rápido como si se tratará como una emergencia nacional. Lo hizo, como un perseguido de los hijos gemelos de Ares y Afrodita de la mitología griega que representan el miedo. Phobos es el pánico y Deimos, el terror.

Lo cierto es que se trató de un exabrupto discriminatorio que va a tener consecuencias gravísimas en el ejercicio de la profesión, en el acceso de los pobres a la justicia, en la intervención del Colegio como mediador en los conflictos sociales, en la separación de poderes gubernamentales y en la independencia de nuestra judicatura.

La Ley aprobada está plagada de errores. Tiene una serie de fechas de implantación que ya pasaron; confunde conceptos básicos de derecho constitucional, y tiene el único propósito de asfixiar económicamente al Colegio de Abogados.  No conforme con esto, existen otros proyectos que están intentando cortar fondos por diferentes áreas y programas de ayuda a los indigentes para tratar de eliminar la voz del Colegio.

Sin embargo, la voz del Colegio sigue viva, elocuente y militante.  Este pasado domingo se celebró una asamblea en Caguas con la presencia de más de 1,300 abogados y abogadas, que escucharon la explicación del contenido de la Ley y los diferentes proyectos que están pendientes. Además, avalaron la determinación de crear una comisión que estudie a la brevedad posible las consecuencias de esta legislación torcida y recomiende el curso de acción en los diferentes frentes disponibles.

Un gobierno que se dedica a desmantelar las instituciones en el país es uno que se sabe acorralado y que ha perdido la confianza del pueblo de Puerto Rico.  Bajo esas circunstancias, si nos cruzamos de brazos, podrían continuar destruyendo instituciones necesarias y apreciadas. El Colegio de Abogados merece el apoyo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para evitar este daño social. Invitamos a todos los abogados y abogadas a mantener su colegiación y defender al Colegio.

Por mi parte, yo me considero un colegiado orgulloso e inquebrantable.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Letter to the President of the USA: 15 October 200

Hon. Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President

We are writing to you as members of the Puerto Rican Civil Society, to bring to your attention the current state of affairs of our nation, Puerto Rico, and our opposition to our government's policies. Our country is on the brink of a civil conflict of significant proportions, promoted by the current administration of Governor Luis Fortuño (Republican), due to its insistence on actively imposing a public policy of dismantling cherished civil institutions and vital government services. Said policy practically amounts to a political coup, contrary to basic democratic principles, in so far as it is opposite to the peoples’ mandate in the recent local elections and our general well being.

It is for this reason that the government of Puerto Rico is increasingly depending on the state repressive apparatus to support its unpopular and illegitimate policy. As a result the people have called for a national strike today, October 15, 2009, which comes as a consequence of the failed attempts to establish a dialogue with the current government.

Since 1950, through the US Congressional Act 600, your government offered self-rule to the people of Puerto Rico, while leaving us, contradictorily, under the plenary powers of the U. S. Congress. Later, in 1953, it made a concrete yet unfulfilled commitment before the United Nations General Assembly to continuously respect and promote our people’s inalienable right to self- determination and self-government. Although we may have differences as to the nature and implementation of these legal prescriptions, under the applicable International Law concerning decolonization, we all agree that as a people --even with all the present limitations of our territorial status, and the encumbering interference of the three branches of the Federal Government and the US Armed Forces-- we have clearly established our people's firm commitment to social justice and democracy during the past 59 years.

However, the current political administration, in dire violation of the spirit of the 1950-53 constitutional framework, the political and cultural democratic tradition, and the civil, constitutional and human rights of our people, has launched in the past 10 months an open campaign to dismantle civil institutions and the local government and to increase the level of repression against all sectors of society who oppose these measures. Moreover, in certain occasions it has even contravened Puerto Rico constitutional and legal framework, notwithstanding the aforementioned illegitimacy of its actions.

As an example, the current government has activated the Puerto Rico National Guard, to be potentially used against the civilian population in case of civil disturbances. Of particular interest is the fact, in the context of the Posse Comitatus Act of 1878, that the governor has delegated such authority - to call the local National Guard - to his Chief of Police, which is in contravention of the applicable legal framework under which the Commander-in-chief is the governor. In addition, most recently, the Governor’s Chief of Staff, together with the Chief of Police and the Secretary of Justice, threatened the population with the application of the USA Patriot Act of 2001, if anyone incurs in public demonstrations which they, in advance, label as acts of terrorism.

As intellectuals and academics, we are deeply opposed to these measures and we are particularly concerned with the rapidly deteriorating state of affairs of our nation. While engaging in every opportunity for protest and in every effort to reestablish dialogue, we are aware of the political and psychological clout that your government has on our elected officials. We consider that no effort should be spared in order to avert the increasingly confrontational and violent nature of the present crisis. Thus, we remind you of your express commitment, as a presidential candidate, to our people's right of self-determination and political and economic development, and your most recent manifest commitment, as President, to peaceful and democratic progress for all nations.

In Puerto Rico, 15 October 2009

50 Intellectuals and Academics

ENDORSEMENTS

1. Luis Nieves Falcón

2. Antonio Martorell

3. Silverio Pérez

4.Magalí García Ramis

5. Danny Rivera

6. Liliana Cotto

7. Dolores Miranda

8. Marithelma Costa

9. Rolando Emmanuelli

10. Carlos Rivera Lugo

11. Héctor J. Huyke

12. Rafael Trelles

13. Miguel Rodríguez

14. Marta Moreno Vega

15. Daniel Nina

16. Alfredo Villanueva

17. Edwin Quiles

18. Sheila Vélez

19.George Kamarinos

20. Carlos del Valle Cruz

21. José Rivera Santana

22. Nitza Hernández

23. Luis Raul Albaladejo

24. Inés Aponte

25. Ruth Nina

26. Marel Malaret Badrena

27. Magaly Quiñonez

28. Rosabel Oton

29. Juan Meléndez

30. Ana María Fuster

31. Marielba Torres

32. Orlando Portela

33. Jessica Reyes

34. Yvonne Denis Rosado

35. Marie Ramos

36. Pedro J. Rivera

37. Alberto Martinez

38. Nydia Suaréz Marín

39. Jose Toro Alfonso

40. Juan Carlos Rivera

41. Norma I Peña

42. Maximiliano Dueñas

43. Javier Santiago Lucerna

44. José Luis Vargas

45. Manuel Bahamonde

46. Roberto Mori

47. Humberto Figueroa

48. María Gisela Rosado

49. Marines Bengoa Duprey

50. Errol Montes Pizarro
 

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

La Razón de los Despidos

Por Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com


El país ha sido sacudido por el despido de casi 17,000 servidoras y servidores públicos. La única razón articulada como criterio para decidir a quién se despedía fue la antigüedad en el empleo. No se tomó ninguna acción afirmativa de protección a casos especiales o meritorios. No importó si se despidió un matrimonio, una mujer embarazada, una madre soltera o una persona con impedimento. Estos despidos, sumados a los realizados en los pasados 8 meses, resultan en alrededor de 20,000 personas despedidas, que por la composición familiar promedio, implican una pérdida económica dramática para por lo menos 60,000 personas. Estas personas no van a poder pagar sus obligaciones ni sostenerse a los niveles acostumbrados y necesarios para mantener una persona, economía y sociedad saludables.

El poder ejecutivo y el legislativo intentan justificar esta demoledora acción con el déficit gubernamental que se fue montando sin control desde el año 1993 y con un supuesto gigantismo gubernamental. Prácticamente todos los sectores importantes de nuestra sociedad propusieron alternativas coherentes y válidas para evitar tener que recurrir a los despidos. Estas propuestas fueron rechazadas por el gobernador y sus asesores sin explicaciones. Recientemente se publicó un estudio científico de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR que comparó nuestro gobierno con los de los 50 estado de Estados Unidos y se destruyó el mito de nuestro gigantismo gubernamental.

A pesar de estas propuestas y evidencias contundentes, se le impuso tributos irrazonables a la clase media y no se tocó la fuente de tributos más importante disponible en el país que son las ganancias de las corporaciones foráneas que ascienden a alrededor de $30,000 millones de dólares al año. Con un mero impuesto temporero de 5% a estas ganancias se obtendrían $1,500 millones al año que junto a otras medidas que no implican despidos paliarían la totalidad del déficit. Estas empresas no se van a ir del país por ese impuesto, pues en otros países competitivos cumplen con impuestos similares. Fortuño no acoge esta solución evidente, porque es contraria a su filosofía republicana de privilegiar y proteger el poder del capital, aún a costa de los derechos del Pueblo.

Para colmo, hay que señalar que el proceso de despido fue totalmente arbitrario e irracional. La única razón articulada como criterio para decidir a quién se despedía fue la supuesta antigüedad en el empleo. El despido masivo estuvo plagado de errores en el cómputo de antigüedad de los empleados; se despidió a personas cuya fuente de los fondos para los salarios proviene de fondos federales; se echó a personas que tienen mayor preparación, experiencia y competencia que otras no destituídas y que se quedarán haciendo las mismas funciones. Además, toda esta irracionalidad condujo a la destrucción de servicios esenciales a la ciudadanía como los de salud, educación y procuradurías de personas con limitaciones o con desventajas personales o sociales. Tomará muchos años y esfuerzos concertados para que se puedan restablecer los servicios demolidos con estos despidos.

La determinación de despedir a miles de personas se ha tomado sin considerar el enorme costo personal, social y económico señalado por los expertos. El gobernador y sus asesores ni siquiera tuvieron el más mínimo olfato político para calcular el costo político de despedir alrededor de 20,000 personas.

¿Son tan torpes los líderes del poder ejecutivo y legislativo para crear este caos social y económico, sin implantar alternativas válidas y menos onerosas, por el mero hecho del déficit y gigantismo gubernamental? No creo. Es evidente que existen muchas otras razones no aparentes para esta acción que el gobernador, sus asesores o los legisladores de mayoría no van a expresar abiertamente.

Como dije, el gobernador y sus asesores han despedido utilizando como único criterio el tiempo de antigüedad en el empleo sin consideraciones de necesidad del servicio y de la competencia de los empleados. Esto es totalmente irracional. El proceso de despidos por economías en una empresa privada está regido por la Ley 80 sobre despido injustificado. Bajo la Ley 80 se puede tomar en cuenta el criterio de la necesidad de las funciones que se requieren en la empresa y la competencia, conocimiento y destrezas de los empleados. Esto permite que el proceso de reducción de personal por razones de economías sea racional y permita mantener las operaciones de la empresa. Es evidente entonces que el gobernador y sus asesores podían hacer un análisis similar para no afectar las operaciones y retener a las personas más expertas o valiosas para las operaciones o los servicios indispensables. Es claro que no les importó el servicio público ni la competencia de los empleados y tenían otras cosas en mente al ejecutar los despidos.

La primera razón que salta la vista con fundamento oculto para los despidos es eliminar los empleados con no coincidan con la visión política del gobernador Fortuño. Esta visión tiene dos dimensiones. La primera es pertenecer al PNP. La segunda es que no apoyen al presidente del Senado Rivera Schatz. Los primeros cómputos de antigüedad de los despedidos se referían a 8 años, lo que confirmaba que deseaban despedir a todas las personas sin distinción racional alguna que hubieran sido contratados por las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, mientras se fue recrudeciendo la lucha intrapartido entre la Fortaleza y el Senado, se extendió la línea de despido hasta 13.5 años, lo que implicó el despido de todas las personas que comenzaron a trabajar desde el comienzo del segundo cuatrienio del gobernador Pedro Rosselló.

No cabe duda de que la lucha rosellista y fortuñista persiste bajo el liderazgo del Presidente del Senado Rivera Schatz. Los últimos acontecimientos demuestran que en esta lucha resalta prominentemente el Alcalde de Yauco Abel Nazario Quiñones como vanguardia de Fortuño en la defensa de los despidos. En mi plano personal considero esto lamentable ya que está manchando ante su Pueblo la reputación que el alcalde Nazario Quiñones ha forjado como líder vertical, imparcial y comprometido con las causas justas de los pobres, particularmente los de la Región Sur. Lo invitamos sinceramente a reconsiderar su postura y a no defender lo indefendible.

Con los despidos de la semana antepasada, Fortuño y sus asesores eliminaron toda la plantilla de empleados contratados desde Rosselló hasta Acevedo Vilá. Estas personas despedidas estarán en un registro de elegibles por un año. Es decir, si la plaza se vuelve a abrir, se debe contratar a la persona que fue despedida. Esto no va a ocurrir, por razones político partidistas. Fortuño no va a contratar a nadie en el gobierno de quién no esté seguro que sea un incondicional.

La apuesta de Fortuño es que con las transferencias de dinero de Obama y su estímulo criollo se pueda reactivar la economía para el año 2011. Por ende, entiende que –aunque sea por poco tiempo- se pueda balancear el presupuesto a niveles similares del presente. Con esta estrategia y despidos el gobernador ha dejado abierto el camino para la contratación de sus seguidores a partir del año 2011, para formar entonces su ejercito de incondicionales para prepararse para la batalla política con Rivera Schatz por la candidatura a la gobernación.

Esta estrategia crea una plantilla de incondicionales que llevarán poco tiempo en el empleo y durante el periodo de 2011 al 2012 estarán en periodo probatorio de un año. Es decir, que pueden ser despedidos en cualquier momento antes de las elecciones. Esto crea empleo precario porque no existe seguridad y la única manera de mantener el puesto es actuando y destacándose en actividades políticas del gobernador.

Pero la lucha intrapartido no es la única razón encubierta para los despidos. Fortuño es republicano y entiende que el gobierno debe ser desmantelado para darle paso a la privatización de servicios esenciales como la limpieza y mantenimiento de las escuelas, la energía, la educación pública, la salud y a otros proyectos públicos estratégicos mediante las alianzas público-privadas. Por ende, el desmantelamiento de los servicios con los despidos sólo a base de antigüedad, no sólo permitirá la creación de empleo precario de incondicionales, sino también permitirá la oportunidad de que los miembros del partido se organicen en corporaciones para dar los servicios esenciales desmantelados, y por la naturaleza del sistema capitalista, tendrán un mayor costo para los contribuyentes, porque no sólo hay que pagar el servicio, sino que hay que dejar margen para costos administrativos y ganancias.

La crisis económica global ha forzado un nuevo estudio de las doctrinas de John Maynard Keynes quién con su filosofía y estudios a partir de la Gran Depresión en Estados Unidos de los años 30 fundó la base teórica de un estado capitalista fuerte que interviene agresivamente en la economía para balancear las fuerzas de la oferta y la demanda.  No cabe duda de que el modelo Neoliberal contrario a Keynes, que impuso el Presidente Reagan en los años ochenta, ha fracasado estrepitosamente en Estados Unidos y en el resto del globo. Las políticas de Fortuño son una representación pedestre de estas políticas porque Puerto Rico no tiene poderes políticos para implantarla con alguna probabilidad de éxito. Por tanto, lamentablemente las consecuencias sociales de pobreza extrema, caos, violencia y desasosiego se observan en el horizonte cercano.

Los despidos entran en vigor el 6 de noviembre. No queda otra alternativa de que el pueblo sensible y víctima de esas políticas se una de manera masiva y totalmente pacífica. Parafraseo a la Dra. Carmen Inés Rivera Lugo cuando dijo recientemente que la indignación, las acciones concertadas y la desobediencia civil colectivas, son reflejos claros de una salud mental robusta. Debemos evitar en lo que queda de mes el que se materialice esta debacle, lograr que se transformen las políticas económicas para acoger las propuestas válidas y que protegen al Pueblo, y que ocurra un encuentro cumbre que permita un pacto social nuevo con un viraje hacia la solidaridad, la racionalidad, la prudencia, respeto a la diversidad y los derechos del humanos, para poder salvar a nuestra Nación.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.