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La intención de la administración del gobernador Alejandro García Padilla de exigir pruebas de dopaje a los aspirantes a jueces podría ir en contra de la jurisprudencia de los Estados Unidos, cuyo Tribunal Supremo ha resuelto que este tipo de práctica podría constituir un registro ilegal.
La controversia sobre el uso de drogas en la judicatura comenzó la semana pasada, luego que el Tribunal Supremo local destituyera y separara de la práctica de la abogacía al ahora exjuez Reinaldo Santiago, quien presuntamente usaba cocaína y golpeaba constantemente a su esposa.
Los cuestionamientos de constitucionalidad surgen del caso Chandler vs. Miller, un caso resuelto en el 1997 por el Supremo estadounidense en el que se revoca una ley del estado de Georgia que le requería pruebas de drogas a los aspirantes a cargos electivos.
Según el abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, la jurisprudencia establece que este tipo de pruebas constituyen un registro, regulado por la cuarta enmienda de la Constitución estadonidense, por lo que para llevarse a cabo el gobierno necesita una sospecha fundada e individual de que se está cometiendo un delito.
Es una exigencia similar al allanamiento o registro de una casa, explicó el profesor de derecho, Rolando Emmanuelli. "Para que la Policía entre a tu casa necesita una razón justificada, avalada por un juez con anterioridad".
En este caso, el estado de Georgia alegaba que el uso de narcóticos ilegales es incompatible con la posesión de un puesto de alto rango en el estado ya que pone en riesgo el juicio, la integridad y mina la credibilidad del público en sus ejecutivos.
Debido a esto, se pedía una excepción al estatuto constitucional permitiendo las pruebas de dopaje, como ocurre con los oficiales que manejan casos de drogas, según se desprende de la propia decisión que tiene fecha del 15 de abril de 1997 y que fue escrita por la juez asociada Ruth Bader Ginsburg.
"En Chandler y otros casos del Supremo se estableció que una prueba de orina, aun tomada en la intimidad y siguiendo un protocolo, no podría ser requerida por ley para tomarse de forma generalizada", explicó, por su parte, el abogado constitucionalista Carlos Ramos.
Hay que probar el problema
Parte de la decisión del Supremo federal se debe a que el estado no pudo probar que había un problema generalizado al punto de que se presumiera que los aspirantes a cargos electivos tenían que probar que estaban limpios de narcóticos ilegales.
Ese problema de uso generalizado de sustancias entre los oficiales tampoco se ha evidenciado aquí en Puerto Rico. La discusión pública, hasta el momento, se ha concentrado sobre el uso de drogas por parte del ahora exjuez Reinaldo Santiago y no se ha sabido, hasta el momento, de que se trate de un mal que afecte a otros jueces o que esté presente en todos los tribunales del País, explicó Emmanuelli.
"No le auguro un futuro muy prometedor a la directriz del gobernador (de pedir pruebas de dopaje a los aspirantes a jueces)", expresó, por su parte, Gorrín Peralta tras señalar que la única diferencia significativa entre el caso y la discusión actual es que el poder nominador de los jueces lo tiene el gobernador.
La Constitución de Puerto Rico tiende a ser más protectora de los derechos de los ciudadanos y el derecho a la intimidad, entre otros estatutos, se interpreta con mucha más amplitud que en la Constitución estadounidense.
Esto sugiere, según Ramos y Gorrín Peralta, que si se cuestionara la validez de pruebas de drogas para los aspirantes a la judicatura localmente, probablemente se alcanzaría una decisión similar al caso Chandler vs. Miller.
Dopaje privado
Esta jurisprudencia no necesariamente aplica cuando se trata de empleados de organizaciones privadas ya que la protección constitucional en controversia aplica principalmente cuando se trata de una acción del Estado en contra de los ciudadanos.
Gorrín Peralta señaló, sin embargo, que esto no implica que estas pruebas se pueden hacer sin velar por los derechos de las personas.
Por lo general, señaló, las pruebas de dopaje en el sector privado están acompañadas por una serie de protocolos que aseguran que los derechos individuales no sean menoscabados.
El panorama legal, sin embargo, cambia un poco en lo que respecta a los jueces que ya están en funciones y figuran en la plantilla de empleados de la Rama Judicial.
Ayer, el juez presidente del Tribunal Supremo puertorriqueño señaló que "en lo que respecta a nosotros, estamos haciendo un examen completo de la jurisprudencia para ver si se debe requerir pruebas de dopaje a los jueces en funciones y bajo qué circunstancias a la luz del ordenamiento constitucional aplicable".
Gorrín Peralta entiende que los jueces que ya están dentro del sistema judicial, por lo que ya no son aspirantes, podrían estar sujetos a este tipo de exámenes siempre y cuando la Rama Judicial cumpla con una serie de requisitos y procedimientos que no violenten los derechos de los jueces.
Entre las disposiciones más usuales para estas pruebas, explicó el profesor de derecho, está que no sea un proceso arbitrario y que las reglas que se impongan impidan, en este caso a la Rama Judicial, usar la prueba para ir en contra de los propios derechos de los jueces en funciones.
